El secretario autonómico de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Alfredo González, ha exigido en la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) una concesión directa para el abastecimiento de agua de la comarca de la Ribera, según un comunicado de Generalitat. En relación a la posible permuta para los abastecimientos de la Ribera, Alfredo González ha indicado que el abastecimiento con agua de calidad a esta comarca valenciana «es desde hace unos meses una realidad, y ha sido la Generalitat quien se ha encargado de su financiación». González ha señalado que en su momento «el único marco normativo que permitía efectuar este suministro era mediante la permuta y de este modo se está llevando a cabo en la actualidad».

Ha agregado que la postura del Consell ya se expresó en las alegaciones al plan de cuenca del Júcar vigente, donde solicitó una concesión directa para este abastecimiento urbano al igual que la tienen Valencia, Sagunt y Albacete, «concesión que debe ser suficiente para sustituir las concesiones actuales de aguas subterráneas por agua superficial del Júcar».

El secretario autonómico de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua ha recordado que esta es la postura que sigue manteniendo la Generalitat y lo que va a demandar próximamente en el Consejo del Agua de la Demarcación del Júcar.

En este sentido, ha precisado que el texto de la normativa finalmente aprobada por el Gobierno Central mantiene la permuta en la asignación correspondiente, pero permite que ésta pueda efectuarse en parte sin sustitución en función de las disponibilidades del sistema.

Además, ha añadido que la Generalitat «votó a favor del plan aprobado con esta redacción en aras del consenso, ya que la prioridad era abastecer a la población de la comarca Ribera».

Para el nuevo plan de cuenca del Júcar, que se ha de aprobar en 2015, Agricultura reclamará a la CHJ que la normativa del plan contenga la asignación directa de todos los volúmenes de agua superficial de calidad del río Júcar que sean necesarios para abastecer a los municipios de la comarca.

Actualmente, la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de la Ribera abastece al conjunto de la zona Ribera II, que incluye una población de 200.000 personas de los municipios de Alzira, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara y Llaurí.

Además, se prevé que, a lo largo del primer semestre de 2015, pueda abastecer la zona Ribera III, formada por Algemesí, Sueca, Polinyà de Xùquer, Albalat de la Ribera, Benicull de Xùquer, Fortaleny y Riola.

La inversión destinada por la Generalitat para estas infraestructuras asciende a cerca de 60 millones de euros y beneficiará a una población total de más de 350.000 ciudadanos con residencia fija y estacional.

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La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, defendía recientemente que para finales de septiembre o primeros de octubre la PAC estaría ya cerrada. La primera fecha ya ha pasado y para la segunda quedan todavía en el aire muchas dudas, ya que aunque todas la organizaciones y CCAA ya disponen de todos los borradores de los reales decretos que determinarán las normas de la reforma agraria, todavía queda el complicado trámite de sentarse a rubricar una PAC que sigue provocando más dudas que expectativas, en especial porque el tiempo se acaba y antes de comenzar la siembra de otoño los agricultores ya deben saber qué hacer para no quedarse fuera de las ayudas. De hecho, no sólo las organizaciones agrarias están haciendo verdaderas giras por toda la geografía nacional para explicar sus pormenores, sino que el propio Magrama ha iniciado una campaña en su página web para intentar aclarar dudas sobre las preguntas más frecuentes que se están planteando.

Y esta situación empieza a preocupar a todo el mundo, ya que se reconoce que hay un porcentaje demasiado alto de perceptores que siguen sin saber muy bien qué deben hacer o cómo les va a afectar los cambios que conlleva esta nueva PAC, «en especial porque aún no hay un documento oficial que puedan mirar cómo les afecta, sino sólo borradores que nadie sabe si al finla se van a cambiar o no». Y el problema de fondo es que una mala tramitación puede hacer perder a muchos agricultores y ganaderos un dinero que pueden merecer pero que, por falta de información, pueden acabar viendo cómo se les escapa de las manos por una mala gestión administrativa.

Por eso, y en ocasiones casi asumiendo más el papel del propio Ministerio, las organizaciones agrarias llevan unas semanas dando un paso al frente para acercar la realidad de la nueva PAC a todos los sectores afectados. Desde charlas técnicas hasta aplicaciones informáticas sobre cómo calcular lo que se puede percibir, pasando especialmente por una campaña de concienciación para que se pongan en manos de los técnicos a la hora de cerrar sus tramitaciones, todo vale para que la PAC llegue directamente a quienes deben cobrarla.

Según reconocen desde alguna OPA, «nuestro problema ha sido que hemos hablado demasiado de lo que exigíamos y de nuestro planteamientos sobre determinadas cuestiones, como la figura del agricultor activo o el greening, que al final se nos ha olvidado explicárselo a los propios afectados».

De hecho, ambas cuestiones son las que más problemas están generando, aunque destaca en especial el llamado pago verde. El greening permite conceder un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico siempre que se respeten determinadas prácticas medioambientales. Este pago se pondrá en marcha en la Solicitud de Ayudas PAC del año 2015 por lo que los cultivos que se vayan a sembrar en el otoño de 2014 ya deben tener en cuenta, en su caso, las obligaciones derivadas del mismo.

Por eso, se reclama que «cuanto antes» se dé paso al cierre definitivo de la PAC para impedir que se pierdan fondos y se perjudique aún más a unos sectores que están pasando momentos especialmente complicados por cuestiones como la sequía, el veto ruso y, sobre todo, la caída de los precios en origen.

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La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha calificado como «insuficientes» las medidas puestas en marcha por la Administración para terminar con la plaga de conejos. La proliferación de la especie sigue haciendo estragos en numerosas explotaciones agrarias de toda la región. A pesar de que la Organización Agraria valore la continuidad de las reuniones para hacer un seguimiento continuo de la problemática con la Dirección General de Montes y Espacios Naturales, ASAJA CLM considera que no se han tomado en cuenta las propuestas presentadas y la plaga sigue ocasionando numerosas pérdidas económicas para los agricultores.

En este sentido, critica que todavía no se ha efectuado la revisión del Decreto 10/2009, de 10 de febrero de 2009, por el que se declara el conejo de monte como especie cinegética de interés preferente y se aprueba el Plan General de la especie en Castilla-La Mancha. La Organización Agraria, que considera que las estadísticas y los informes en los que se basa el Plan «están obsoletos», insiste en la necesidad de modificar los artículos referidos a los daños causados en las explotaciones agrarias y el fomento de la actividad cinegética.

También las confederaciones hidrográficas han hecho caso omiso a las propuestas de ASAJA CLM para que limpien o autoricen la limpieza de los cauces de los arroyos y los ríos. Ni si quiera se llegó a establecer entre Administraciones un acuerdo para llevar a cabo un protocolo ágil para intervenir rápidamente en las zonas de sus competencias.

Por su parte, según destacabn en una nota, los seguros tampoco han mejorado las condiciones y los productores continúan desprotegidos, de tal manera que cuando el agricultor declara daños por conejos reincidentemente, las pólizas dejan de indemnizarlos, asumiendo ellos unos costes de una problemática de la que no son responsables.

En cuanto a los permisos excepcionales de caza para controlar la población de la especie, la Organización Agraria considera que, aunque alivien la situación, no es suficiente para terminar con los daños provocados.

Tampoco está ayudando demasiado la inclusión del hurón como modalidad cinegética, pues la Administración «no ha cumplido todavía con el compromiso de rebajar las tasas, con carácter extraordinario, para poder implantar el microchip obligatorio, suponiendo un coste para los propietarios de igual valor que el propio hurón».

En relación a las medidas preventivas para evitar que en los próximos años se repita la situación, la Organización Agraria insiste en que son necesarias actuaciones, tales como mallas conejeras y vallados tupidos y efectivos para evitar el acercamiento de la especie a los cultivos. Además, hace un llamamiento para que las empresas responsables de la captura y vaciado de los conejos en las cunetas, agilicen los trabajos para retardar la proliferación de la especie.

Por último, ASAJA de Castilla-La Mancha lamenta que en otras comunidades autónomas nos lleven la delantera para terminar con las plagas, tal y como hace Castilla y León con su particular plaga de topillos, donde están autorizando para el control de la especie, la quema de cunetas, lindes y regatos, como mecanismo de limpieza de la cubierta vegetal».

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Los agricultores españoles dedicados al cereal aseguran vivir un momento crítico y problemas de ingresos, debido a los precios excesivamente bajos y a un mercado anormalmente estancado, en este momento de la campaña. Representantes de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han declarado a Efeagro que los productores perciben precios mínimos por sus cosechas, por razones como un exceso de oferta de la mayoría de las procedencias, salvo la española, pues el clima provocó una reducción de la cosecha nacional. «El mercado está absolutamente parado, hay mucha cantidad en los puertos y muchas ventas a futuro», han explicado fuentes de ASAJA, quienes han apuntado que es previsible que esta situación siga hasta Navidad, porque, por ejemplo, los fabricantes de piensos están «abastecidos».

Desde COAG, el responsable sectorial de cultivos herbáceos, José Roales, ha subrayado que los agricultores están «en el límite del umbral de rentabilidad» en el caso del trigo y de la cebada.

Por su parte, el secretario de Agricultura de UPA, Ignacio Senovilla, ha señalado que, en Castilla y León, el cereal se ha vendido a precios de «hace 15 o 20 años», pero los gastos de los agricultores han subido: «si subsistimos es gracias a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC)».

No obstante, hay una diferencia entre el trigo blando y el duro, pues en este último caso las cotizaciones están al alza. Ante la abundante oferta internacional de cereal, las empresas tienen sus necesidades cubiertas y a veces, en lonjas como la de Toledo o León, el grano ni cotiza: «no hay operaciones y el mercado está muy pesado», según Asaja.

La situación de Ucrania crea incertidumbre y a la vez un nuevo mercado

Uno de los factores que desde hace meses más preocupan a los operadores de este sector es el conflicto entre Rusia y Ucrania -segundo suministrado al mercado español-. Pero por el contrario, según fuentes del sector, hay un mayor interés por exportar, incluso por parte de Crimea -península que estaba en territorio ucranio y fue anexionada en marzo por Moscú-.

Por otra parte, UPA ha apuntado que las medidas comerciales que la Unión Europea (UE) aprobó para ayudar a Ucrania frente al «problema ruso» han facilitado la entrada de cereales y si bien España es un país deficitario, esa circunstancia ha contribuido a «hundir» precios.

Desde ASAJA señalan que la situación «no es propia, ni mucho menos» de este momento de campaña y que «no hay motivos» para esos precios, porque el consumo es alto.

En este contexto, las organizaciones agrarias han celebrado la decisión de la Comisión Europea (CE) de incrementar los derechos de importación de maíz y varios tipos de trigo, centeno y sorgo, hasta una tasa de 10,44 euros/tonelada, porque consideran que puede frenar el desplome de cotizaciones.

No hay motivos para bajar los rpecios y para que este descenso no repercuta en el pan

Los productores recuerdan que, además, las cosechas de trigo y cebada de áreas como Castilla y León (primera autonomía productora) y Castilla-La Mancha se vieron mermadas por el clima, que perjudicó algo menos a Andalucía y Extremadura.

En cuanto al momento de la campaña española, una vez pasada la de cereales de invierno (trigo y cebada), comienza la del maíz salvo para Andalucía, donde los productores casi han acabado de recolectarlo. Las cosechas han sido «tremendas en todos sitios menos en España», según el representante de COAG, quien ha apuntado que la coyuntura actual contrasta con las tres temporadas anteriores, durante las que hubo precios «aceptables».

Según COAG, el comercio de cereal se ve sometido a «especulación pura y dura, los agricultores poco podemos hacer».

El representante de UPA ha señalado que «no hay razón» para que caigan tanto las cotizaciones en origen y que «fastidia» que esa bajada no repercuta «ni en los precios de los piensos ni en alimentos como el pan», pues cuando ocurre lo contrario el consumidor sí los compra más caros.

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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha publicado un documento que da respuesta a las preguntas más frecuentes relacionadas con el pago para las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, también conocido como greening o “pago verde”. El greening o pago verde se ha incorporado en la última reforma de la PAC y entrará en vigor en la solicitud de ayudas del próximo año 2015. El documento pretende aclarar las dudas que se les pueden plantear a los agricultores en la próxima campaña de siembra y, con ello, facilitar la toma de decisiones para que ya desde este otoño pongan en marcha las prácticas medioambientales que les sean relevantes para cobrar dicho pago en 2015.

E n concreto, este documento divulgativo clarifica los siguientes aspectos: ¿Qué es el pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente?

¿Cuánto voy a cobrar por el “pago verde” y cómo se financiará?

¿Quién puede ser beneficiario y qué prácticas medioambientales debe respetar?

¿Qué es la diversificación de cultivos?

¿Cuándo dos cultivos son diferentes de cara a cumplir con la diversificación?

¿Qué es el mantenimiento de pastos permanentes?

¿Qué son las superficies de interés ecológico (SIE)?

¿Qué se consideran cultivos fijadores de nitrógeno?

¿Qué explotaciones están exentas de respetar las prácticas de “greening”?

Por tanto, los agricultores tendrán a su disposición una herramienta que les ayudará a conocer las posibilidades que tiene su explotación para poder cumplir con las medias medioambientales del futuro “pago verde”.

Al documento se puede acceder a través de http://www.magrama.gob.es/es/politica-agricola-comun/enlaces-interes/

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La dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, también va a tener una clara repercusión en el campo, ya que con él se va la posibilidad de aprobarse en breve la reforma del Cödigo Penal que, al margen de la polémica del aborto, también debe recoger el incremento de las penas de cárcel para los robos en el campo. Con su marcha del Ministerio, no sólo se paraliza de nuevo todo este proceso de reforma, que acaba de cumplir un año desde la aprobación por el Gobierno pero que se encuentra en punto muerto en el Congreso a la espera de una tramitación final que no llega nunca, sino que también habrá que esperar a que su sustituto, Rafael Catalá Polo, actual secretario de Estado de Infraestructuras, lo retome y que ratifique los acuerdos alcanzados con las organizaciones agrarias en su momento. Incluso se da la paradoja de que el otro adalid de esta reforma, el ex ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, también ha dejado el cargo de ministro, aunque por otras cuestiones.

Como se recordará en la reforma del Código Penal que se había logrado consensuar con el Gobierno, con el apoyo de todas las organizaciones agrarias, se recogían penas de entre uno y tres años para aquellos robos o asaltos a explotaciones agrarias o, como se iba a reflejar en la nueva ley, «lugares desprotegidos fuera de núcleos urbanos vinculados con carácter agrícola y ganadero».

Asimismo, según se habló en su momento, se barajaba la posibilidad de endurecer las condenas si afectan a conducciones de sumunistro eléctrico, telecomunicaciones, cobre o riego, además de tenerse en cuenta la reparación de los daños colaterales que se hayan cometido, como costes y tiempo de reparación o la interrupción del trabajo.

De igual modo, estuvo sobre la mesa las medidas a tomar en casos de multirreincidencia, ya que en la mayoría de los asaltos se suelen tratar de bandas organizadas, que incluiría que en el nuevo articulado de reforma del Código Penal, las penas de prisión puedan iniciarse desde los 4 años.

De igual forma, Gallardón se comprometió a incluir la posibilidad de exigir «el pago de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios derivados del hecho punible como ‘requisito indispensable’ para aplicar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad».

Por último, también estaba sobre la mesa el conseguir que los fiscales y los jueces, en el caso de detenciones con pruebas materiales, agilicen los trámites para estas sean devueltas lo antes posible a los damnificados para que puedan en su caso continuar con su actividad, si así lo requiriese, para que no cause un mayor perjuicio económico al agricultor.

Quejas del sector por los retrasos

Y aunque todo esto se dio prácticamente por hecho, incluso con el respaldo del entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que apoyó las reivindicaciones de las organizaciones agrarias y propició un encuentro entre el propio Gallardón, ASAJA y él mismo, lo cierto es que ahora todo vuelve a quedar en suspenso.

Un suspenso que, al margen de la polémica del aborto, ya estaba siendo fuertemente criticado por el propio sector agrario y ganadero, que veían cómo la actuación de los nuevos equipos ROCA lograban reducir los robos y asaltos de forma importante, pero no tanta como para frenar los robos, sobre todo en los momentos de cosecha.

Los últimos asaltos, incluso con agresiones a los agricultores, había vuelto a sacar a la palestra el enfado con el retraso. Un retraso con el que ahora deberá lidiar el nuevo ministro… y los propios agricultores y ganaderos.

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Si en las últimas semanas han sido las organizaciones agrarias las que está desarrollando una fuerta campaña entre los agricultores y ganaderos para explicar cómo las afectará la aplicación de la nueva PAC, también por parte del Magrama se ha iniciado una serie de reuniones para explicar los beneficios que conllevará su entrada en vigor. Sin embargo, la subdirectora general adjunta de Ayudas Directas del FEGA, Silvia Capdevila, ha reconocido que «desde Bruselas nos piden que haya unas ayudas más homogéneas, por lo que unos ganarán un poco más y otros perderán otro poco, pero en general el trabajo del Magrama es para evitar que haya grandes variaciones»,

En este sentido, ha recalcado que el Ministerio está trabajando «muchísimo» para que las variaciones en el reparto de las ayudas de la nueva PAC «todo el mundo salga favorecido». La responsable ministerial ha informado a los agricultores y ganaderos sorianos sobre el estado actual de la reforma de la PAC en España, dentro del VIII Foro Soriactiva que financia el Gobierno de España y en el que se ha abordado las perspectivas del sector ganadero y la agricultura familiar.

A preguntas de los periodistas, Capdevila ha respondido que el Magrama trabaja para que las variaciones en la nueva PAC, en el reparto de las ayudas, sean las menores posibles. La reforma será positiva para todos los agricultores y ganaderos, que no perderán renta en este nuevo periodo de la PAC, ha añadido.

«El trabajo que tenemos en el Ministerio y en el FEGA es justamente evitar que exista una pérdida de rentas, aunque la realidad es que desde Bruselas nos piden que haya unas ayudas más homogéneas, por lo que unos ganarán un poco más y otros perderán otro poco, pero en general el trabajo del Magrama es para evitar que haya grandes variaciones», ha precisado.

Incentivar la agricultura verdaderamente activa

En los próximos meses hay que cerrar el modelo y, sobre todo, realizar una labor pedagógica para divulgar las nuevas medidas, ha insistido. La subdirectora general ha subrayado que lo más positivo de la reforma de la PAC es que se incentivará la agricultura realmente activa.

«Lo que se va intentar es que las personas que trabajan en el sector y viven de la agricultura, se beneficien de la reforma», ha declarado.

Capdevila ha asegurado que el Magrama tiene las cuentas al día en el pago de las ayudas de las PAC a los agricultores y ganaderos, aunque en Desarrollo Rural -competencia de las comunidades autónomas- ha reconocido que todavía no se han materializado.

Será positiva para el sector vacuno español

Por su parte, el Gobierno asegura que la nueva Política Agraria Común (PAC) 2015-2020 tendrá efectos positivos para el sector vacuno español, en general, y para el gallego en particular, tanto en lo que se refiere al nuevo modelo de pagos directos como a la nueva organización común de mercados agrarios.

Así lo ha asegurado en una respuesta por escrito en el Congreso ante tres preguntas formuladas por la diputada socialista Laura Carmen Seara en la que pide al Ejecutivo que aclare la incidencia que la Política Agraria Común tendrá en las explotaciones gallegas del vacuno de leche y de carne y en sus producciones.

En sus respuestas, el Ejecutivo recuerda que el nuevo Reglamento comunitario ha otorgado la «flexibilidad necesaria» para adoptar, de manera consensuada con las comunidades autónomas, un modelo de aplicación de la PAC que establece el «apoyo necesario para garantizar la competitividad y sostenibilidad de todos los sistemas de producción ganaderos».

Según el Gobierno, «tanto es así», que «todas» las decisiones adoptadas tienen en cuenta la especificidad de los sectores ganaderos de España, «y en particular» los condicionantes de esos sistemas de producción que se caracterizan por contar con una extensión o superficie reducida.

En su respuesta al Grupo socialista, recuerda que, de los cerca de 585 millones de euros de los pagos acoplados, 40,1 millones corresponden al vacuno de engorde; 187,7 millones a la vaca nodriza y 93,5 millones al vacuno de leche, cifra esta última que supone un incremento de más del 55 % respecto a la dotación de pagos acoplados actual.

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