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Fruto del impulso y de la colaboración de AIMCRA-Plan 2020, la ingeniería Riego Solar y la cooperativa Estrella de S. Juan, se ha hecho realidad el proyecto de riego y energía de mayor impacto innovador de las últimas décadas, mediante la puesta en marcha de un demostrador a gran escala denominado Bombeo Solar Directo de Alta Potencia con Presión y Caudal Constante, con el que se consigue reducir más de un 80% el coste del riego y un 100% las emisiones de CO2. El sistema Riego Solar, que ha sido desarrollado y patentado por la empresa española Riego Solar, es capaz de mantener la presión constante en riegos por aspersión de cualquier tamaño, tanto coberturas como pivotes o cañones, sin recurrir al uso de energías convencionales, ni al almacenamiento de energía en baterías o de agua en grandes balsas.

Este nuevo sistema de bombeo, también mejora la eficiencia energética e hidráulica de la instalación y automatiza por completo el manejo y la programación de los riegos en función de las necesidades del cultivo.

La primera instalación a gran escala se localiza en Torrecilla de la Abadesa (Valladolid), en ella han colaborado empresas punteras del mundo del riego y de la energía: RKD, Senninger, Krannich solar, Omron, Grundfos, Silver Hidráulica y Regaber, Raesa, Vyrsa e ITC.

Según señala la empresa en una sin duda lo más atractivo para el agricultor es el bajo coste de la energía, que resulta 5 veces inferior a las energías utilizadas hasta ahora, gasóleo y electricidad de red. En esta instalación el coste del agua ha pasado de 16,9 céntimos de €/m3 (1.000 €/ha-año en remolacha azucarera) utilizando gasóleo a 3,1 céntimos de €/m3 (171 €/ha-año) utilizando energía solar, correspondiente este coste a la amortización de la instalación, pues en energía solar no se factura.

Otra de sus grandes ventajas es la eliminación total de las emisiones de CO2. Con la puesta en marcha de este proyecto se evita la emisión a la atmósfera de 110.000 kg de CO2 anuales. Contribuyendo de esta manera a la reducción de emisiones en la agricultura.

Pero además el riego solar supone autonomía energética para el agricultor, que ya no depende energéticamente de ningún suministrador, lo que le permite asegurar su rentabilidad frente a futuras subidas de la energía por parte de las compañías eléctricas o de hidrocarburos.

Los primeros riegos realizados durante el presente mes de Junio han satisfecho con creces las expectativas, por lo que en las próximas semanas se comenzará una campaña de difusión entre los técnicos y los agricultores.

El demostrador instalado en Tordesillas se podrá visitar por todas aquellas personas interesadas, para ello se podrá concertar la visita a través de la página web de AIMCRA, mediante el enlace habilitado para ello, también se puede visualizar un video de la instalación funcionando.http://www.aimcra.es/Plan2014/inicio.php?seccion=14

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La falta de respuesta de la Administración, tanto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como del de Industria, a la posibilidad de alcanzar un acuerdo para hallar una salida al llamado ‘tarifazo eléctrico’ a los regantes, puede provocar que esta misma semana se convoquen nuevas movilizaciones del sector en otoño. Desde Feragua, la asociación de comunidades de regantes de Andalucía, ya se ha confirmado que se planteará ante la organización estatal, Fenacore, la necesidad de desarrollar en otoño nuevas movilizaciones y otras medidas de presión «que hagan comprender al Ejecutivo estatal que esto es serio, y que no vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se abandona el regadío en muchas zonas por no poder pagar el insoportable e injusto recibo de la electricidad».

En Fenacore, sin embargo, mantienen su postura de prudencia y no quieren posicionarse sobre el tema, salvo para asegura a agroinformacion.com que «ese es un punto incluido en el orden del día de la junta general del miércoles 25 y hasta entonces no podemos decir nada, porque deberá ser la propia junta la que apruebe lo que se va a hacer».

Feragua recuerda que se anuncian nueva subidas en los costes fijos

Menos paciente se muestran desde Feragua, que señalan en su boletín digital que a pesar de que la ministra de Agricultura aseguró en el Congreso de Comunidades de Regantes de Huelva que su departamento estaba trabajando para buscar ante el Ministerio de Industria fórmulas de contratación de la electricidad que se adapten al consumo estacional del regadío, «la realidad es que los días pasan, las soluciones no llegan y el regadío agoniza lentamente por unas tarifas tremendamente injustas».

Además recuerdan que «encima se anuncian nuevas subidas de los costes regulados (fijos), que pondrán aun más difícil la complicada situación del regadío español». El tarifazo de agosto pasado ha supuesto para el regadío andaluz una subida media del 20 %, llegando en algún caso al 40% de incremento de coste eléctrico, como consecuencia de hacernos pagar unos peajes de potencia que no demandamos.

Por el contrario, destacan que para la Industria básica, en régimen de utilización intensiva (superior a 4.000 horas/año) el resultado del tarifazo ha sido el descenso de la factura eléctrica, mientras que para el consumidor doméstico la subida se ha situado en el entorno del 8%.

por eso, se preguntan «¿Por qué no se busca el Gobierno un reparto más justo de costes? ¿A qué espera, a que se abandone más superficie de riego, desaparezca la agroindustria asociada a dicho regadío y se pierda el empleo del medio rural del sector agroalimentario?»

Ante la falta de respuesta, Feragua quiere implicar de una manera más activa a Fenacore a la hora de dar una respuesta a la Administración, por lo que impulsará las movilizaciones y otras protestas para exigir a los Ministerios que cambien de actitud y ofrecan una solución que no perjudique al sector de los regantes.

Las Juntas vizcaínas piden una tarifa específica de agua para agricultores

Por otra parte, las Juntas Generales vizcaínas han aprobado instar al Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia a que establezca una tarifa específica para los agricultores y ganaderos.

El acuerdo ha sido adoptado en la comisión de Economía y Hacienda de las Juntas de Bizkaia con los únicos votos a favor de EH Bildu, grupo que ha presentado la iniciativa, mientras que las otras tres formaciones representadas en el parlamento foral, PNV, PP y PSE-EE, se han abstenido.

Asier Vega, apoderado de EH Bildu, ha señalado que el Consorcio de Aguas no diferencia en sus tarifas las actividades agrícolas e industriales, lo que «contraviene» lo indicado en la normativa marco del agua de la UE.

Mediante el acuerdo adoptado, las Juntas instan al Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia a que establezca una «tarificación específica y diferenciada de los usuarios industriales para los abonados agricultores y ganaderos», así como tramos y cuotas adecuadas para el sector.

Además, la cámara foral insta a la Diputación a que defienda estas reclamaciones en la asamblea del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia

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Los dos grandes temores del sector agrícola y ganadero del país ante la anunciada reforma fiscal parece que se van a salvar, ya que se va a mantener sin cambios la tributación del actual sistema de módulos y no habrá un aumento del IVA a los alimentos, lo que evitará una previsible y temida caída del consumo que podía tener graves consecuencias para el campo. Así lo han asegurado los dirigentes de las asociaciones de ATA y UPTA, Lorenzo Amor y Sebastián Reyna, tras reunirse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que les ha trasladado las líneas básicas de la reforma que aprobará previsiblemente el Consejo de Ministros de este viernes.

La modificación del mapa tributario, han añadido, no supondrá una subida del IVA, y aunque el sanitario deberá adaptarse a la normativa comunitaria no llegará a alguno de los productos básicos de uso general.

Además, la reducción de tipos de IRPF y Sociedades se efectuará -han dicho- en dos periodos, en 2015 y 2016.

Asimismo, según el presidente de ATA se va a atender la petición de los autónomos en cuanto a que haya una rebaja en retenciones profesionales, que será diferenciada para rentas profesionales más bajas.

Respecto al sistema de módulos, a petición de los autónomos Montoro va a estudiar que se mantenga también en el sector del transporte ligero, por furgoneta, aunque de manera transitoria, siempre según Amor y Reyna.

El comité de expertos presidido por Manuel Lagares sugería acabar por completo con el sistema de módulos por el que tributan los autónomos, han recordado los responsables de las asociaciones, que han pedido que no se vincule esta manera de tributar con el fraude fiscal.

Podría haber algún tipo de impuesto medioambiental, pero menor

Preguntados sobre la fiscalidad verde, tras su conversación con el ministro han explicado que «puede haber algún tipo de impuesto medioambiental, pero menor», ha dicho Reyna. También han opinado que las cotizaciones sociales no se tocarán en esta reforma.

Con todas estas modificaciones, en definitiva, «desde el 1 de enero habrá una reducción de impuestos, tanto en las nóminas como para los autónomos, con menos retención y por tanto con más poder adquisitivo», ha resumido Amor.

«Salimos satisfechos», ha añadido, tras «conocer las líneas básicas de la reforma» y sin entrar en la letra pequeña, que se conocerá seguramente el viernes, mientras que el lunes saldrá a consulta pública.

Además, Montoro se ha reunido con los dirigentes de CEOE, Juan Rosell, el secretario general de la patronal, José María Lacasa, el líder de CEPYME, Jesús Terciado, y la de Unespa, Pilar de Frutos.

El Gobierno aprobará este viernes la reforma fiscal, con muchas incertidumbres aún y con alguna certeza, como la reducción a 5 tramos del IRPF, la rebaja del impuesto de sociedades de forma general al 25 % y la no subida del IVA salvo en los productos sanitarios que ordena Bruselas.

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La Unión Europea ha conseguido lo más difícil, o lo más fácil dada la experiencia previa en muchas cuestiones: aprobar una norma sobre el uso de transgénicos que no satisface absolutamente a anadie, salvo quizás a España como el país que más superficie tiene plantada en toda Europa. El acuerdo político sobre la revisión de la legislación comunitaria sobre transgénicos representa en teoría que se podrán comercialziar en toda la Unión, aunque el texto pretende facilitar que los países puedan legalmente prohibir individualmente su cultivo. Esto ha provocado que el fabricante de transgénicos Monsanto afirmara que invertirá en tecnología de modificación genética fuera de Europa si se aprueba la redacción actual, mientras que la Fundación Antama, que representa al sector español de empresas de biotecnología, ha rechazado el acuerdo porque cree que «nacionalizará» su autorización y dará pie a «prohibiciones subjetivas».

La única realmente satisfecha ha sido la ministra española de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que celebró el acuerdo al considerar que beneficiará a España, y que en su opinión ayudará a la UE a dejar de ser una «isla» al margen de los avances de estos cultivos.

«Para España es importante el avance que se ha logrado, llevábamos mucho tiempo tratando de desbloquear la situación actual», afirmó García Tejerina, quien agregó que «la posición de España es apoyar las decisiones tomadas sobre las evaluaciones de los científicos» respecto a las autorizaciones de nuevos transgénicos.

El resto de países siguen tan divididos como entraron, ya que la fórmula aprobada, que permite la comercialización y la prohibición de cultivos simultáneamente, abre unas lagunas legales que nadie sabe cómo pueden acabar.

Monsanto dice que se llevará el dinero de la inversión fuera

Por su parte, Monsanto en un comunicado, además de advertir que invertirá fuera de Europa si se aprueba, señala que esta prohibición concedería a los Estados Miembro que se oponen a los cultivos modificados genéticamente (MG) la posibilidad de restringir o prohibir su siembra por motivos no científicos.

A su juicio, se podría producir a pesar de que expertos de la Unión Europea han avalado su seguridad y que estos OMGs se han cultivado con éxito en todo el mundo durante los últimos 20 años. «Sería tragicómico, si no enviara tan mala señal al resto del mundo, que está bien hacer caso omiso a la ciencia y prohibir cosas por razones populistas», ha insistido.

En su comunicado, ha considerado que el título de la propuesta -«La posibilidad de que los Estados Miembro restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en su territorio»- muestra cómo las objeciones de la UE ante los organismos modificados genéticamente son políticas más que científicas.

Una opinión que justifica porque todos los OMGs que se estarían restringiendo/prohibiendo habrían recibido una opinión positiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Para Monsanto, la posibilidad de restringirlos o prohibirlos por motivos no científicos .como «Política Pública», «Política Territorial» o «Impacto Socio-Económico»- tendría que estar previamente basada en nueva evidencia científica de efectos adversos.

Sin embargo, ha resaltado, esto ha frustrado a algunos Estados Miembro que desean introducir prohibiciones, pues «la tecnología MG ha demostrado su seguridad de forma consistente». Y h a recordado que la compañía tiene un producto MG en Europa, el maíz MON810, que ha sido cultivado con éxito en España, Portugal y en otros lugares durante más de una década (Europa Bio).

El sector de biotecnología rechaza el acuerdo por «subjetivo»

Curiosamente, similares argumentos ha provocado que la Fundación Antama, que representa al sector español de empresas de biotecnología, haya rechazado el acuerdo porque cree que «nacionalizará» su autorización y dará pie a «prohibiciones subjetivas».

Según Antama, dicho pacto demuestra «la falta de voluntad de las instituciones europeas y de los países para aplicar correctamente el marco regulador de autorizaciones de OGM aprobado con anterioridad».

«Nacionalizar una política común europea basándose en razones no objetivas es un precedente negativo y contrario al espíritu del mercado único», ha añadido.

A su juicio, con la nueva normativa un país podrá rechazar formalmente una tecnología por razones no científicas, lo que establece un «precedente peligroso y envía una señal negativa para la industria y el sector agrario europeo».

Según Antama, «debería corresponder a cada agricultor decidir lo que quiere sembrar en sus campos». En su opinión, el actual marco jurídico de la UE para el cultivo de transgénicos, aprobado en 2001, «nunca se ha sido aplicado correctamente».

Greenpeace no ve nada claro

Finalmente, la organización Greenpeace rechazó el acuerdo por sus «lagunas legales» y denunció los «riesgos» que supone, según un comunicado.

La ONG afirmó que los países que decidan finalmente prohibir el cultivo de transgénicos en su territorio carecerán de «herramientas» para defenderse en los tribunales ante los potenciales pleitos que las multinacionales propietarias de transgénicos planteen.

«No tiene base legal sólida para las prohibiciones, que podrán ser rebatidas con éxito en los tribunales por las compañías, que ganarán frente a los países», afirmó el encargado de Agricultura de Greenpeace UE, Marco Contiero.

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