El plan del Júcar entrará en vigor con un trasvase de urgencia al Vinalopó

Los agricultores de la provincia de Alicante esperan con impaciencia a que se celebre el Consejo de Ministros de esta semana, en el que –salvo sorpresa de última hora– está previsto que se apruebe definitivamente el Plan de Cuenca del Júcar, que terminó hace unos meses su periodo de exposición pública y alegaciones. La aprobación del documento que regulará los usos del agua en la cuenca del Júcar, que discurre mayoritariamente por la Comunidad, se ha convertido en una cuestión de pura supervivencia: tan pronto como entre en vigor, se podrá realizar un trasvase de urgencia a través de la conexión Júcar-Vinalopó.

Tal como adelantó ABC el pasado 29 de abril, el Consell está ultimando el postrasvase para poder repartir el agua del Júcar-Vinalopó este mismo mes de julio. Los usuario de la transferencia esperan que, una vez que el plan de cuenca entre en vigor, el trasvase pueda ser una realidad en un plazo no superior a una semana. Según las fuentes consultadas, se enviarían unos ocho hectómetros cúbicos desde el azud de la Marquesa, con las condiciones del convenio que firmó el verano pasado la Junta de Usuarios del Vinalopó-Alacantí con la sociedad estatal Acuamed ante la necesidad de vaciar el embalse de San Diego, en Villena –que almacena el agua trasvasada antes de proceder a su reparto–, por las fugas que presentaba.

De esta forma, los regantes volverán a pagar el metro cúbico a un precio simbólico (18 céntimos de euro), del que, además, la mayor parte se destinará a seguir amortizando la deuda bancaria originada por la obras del trasvase. Con el vaciado de San Diego del pasado mes de septiembre, se destinaron a tal fin unos 500.000 euros (a razón de 100.000 euros por hectómetro), por lo que resta por cancelar otro medio millón de euros.

Mientras, al margen de este riego de emergencia, los usuarios siguen negociando con el Ministerio una solución alternativa que permita disponer también de agua para abastecimiento y abaratar el coste del trasvase. Sobre la mesa está la opción de tomar el agua en el embalse de Alarcón.

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Ponen en marcha un sistema que permite ahorrar el 80% del coste del regadío

Fruto del impulso y de la colaboración de AIMCRA-Plan 2020, la ingeniería Riego Solar y la cooperativa Estrella de S. Juan, se ha hecho realidad el proyecto de riego y energía de mayor impacto innovador de las últimas décadas, mediante la puesta en marcha de un demostrador a gran escala denominado Bombeo Solar Directo de Alta Potencia con Presión y Caudal Constante, con el que se consigue reducir más de un 80% el coste del riego y un 100% las emisiones de CO2. El sistema Riego Solar, que ha sido desarrollado y patentado por la empresa española Riego Solar, es capaz de mantener la presión constante en riegos por aspersión de cualquier tamaño, tanto coberturas como pivotes o cañones, sin recurrir al uso de energías convencionales, ni al almacenamiento de energía en baterías o de agua en grandes balsas.

Este nuevo sistema de bombeo, también mejora la eficiencia energética e hidráulica de la instalación y automatiza por completo el manejo y la programación de los riegos en función de las necesidades del cultivo.

La primera instalación a gran escala se localiza en Torrecilla de la Abadesa (Valladolid), en ella han colaborado empresas punteras del mundo del riego y de la energía: RKD, Senninger, Krannich solar, Omron, Grundfos, Silver Hidráulica y Regaber, Raesa, Vyrsa e ITC.

Según señala la empresa en una sin duda lo más atractivo para el agricultor es el bajo coste de la energía, que resulta 5 veces inferior a las energías utilizadas hasta ahora, gasóleo y electricidad de red. En esta instalación el coste del agua ha pasado de 16,9 céntimos de €/m3 (1.000 €/ha-año en remolacha azucarera) utilizando gasóleo a 3,1 céntimos de €/m3 (171 €/ha-año) utilizando energía solar, correspondiente este coste a la amortización de la instalación, pues en energía solar no se factura.

Otra de sus grandes ventajas es la eliminación total de las emisiones de CO2. Con la puesta en marcha de este proyecto se evita la emisión a la atmósfera de 110.000 kg de CO2 anuales. Contribuyendo de esta manera a la reducción de emisiones en la agricultura.

Pero además el riego solar supone autonomía energética para el agricultor, que ya no depende energéticamente de ningún suministrador, lo que le permite asegurar su rentabilidad frente a futuras subidas de la energía por parte de las compañías eléctricas o de hidrocarburos.

Los primeros riegos realizados durante el presente mes de Junio han satisfecho con creces las expectativas, por lo que en las próximas semanas se comenzará una campaña de difusión entre los técnicos y los agricultores.

El demostrador instalado en Tordesillas se podrá visitar por todas aquellas personas interesadas, para ello se podrá concertar la visita a través de la página web de AIMCRA, mediante el enlace habilitado para ello, también se puede visualizar un video de la instalación funcionando.http://www.aimcra.es/Plan2014/inicio.php?seccion=14

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Los regates debatirán movilizaciones contra el tarifazo eléctrico ante la falta de respuestas

La falta de respuesta de la Administración, tanto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como del de Industria, a la posibilidad de alcanzar un acuerdo para hallar una salida al llamado ‘tarifazo eléctrico’ a los regantes, puede provocar que esta misma semana se convoquen nuevas movilizaciones del sector en otoño. Desde Feragua, la asociación de comunidades de regantes de Andalucía, ya se ha confirmado que se planteará ante la organización estatal, Fenacore, la necesidad de desarrollar en otoño nuevas movilizaciones y otras medidas de presión «que hagan comprender al Ejecutivo estatal que esto es serio, y que no vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se abandona el regadío en muchas zonas por no poder pagar el insoportable e injusto recibo de la electricidad».

En Fenacore, sin embargo, mantienen su postura de prudencia y no quieren posicionarse sobre el tema, salvo para asegura a agroinformacion.com que «ese es un punto incluido en el orden del día de la junta general del miércoles 25 y hasta entonces no podemos decir nada, porque deberá ser la propia junta la que apruebe lo que se va a hacer».

Feragua recuerda que se anuncian nueva subidas en los costes fijos

Menos paciente se muestran desde Feragua, que señalan en su boletín digital que a pesar de que la ministra de Agricultura aseguró en el Congreso de Comunidades de Regantes de Huelva que su departamento estaba trabajando para buscar ante el Ministerio de Industria fórmulas de contratación de la electricidad que se adapten al consumo estacional del regadío, «la realidad es que los días pasan, las soluciones no llegan y el regadío agoniza lentamente por unas tarifas tremendamente injustas».

Además recuerdan que «encima se anuncian nuevas subidas de los costes regulados (fijos), que pondrán aun más difícil la complicada situación del regadío español». El tarifazo de agosto pasado ha supuesto para el regadío andaluz una subida media del 20 %, llegando en algún caso al 40% de incremento de coste eléctrico, como consecuencia de hacernos pagar unos peajes de potencia que no demandamos.

Por el contrario, destacan que para la Industria básica, en régimen de utilización intensiva (superior a 4.000 horas/año) el resultado del tarifazo ha sido el descenso de la factura eléctrica, mientras que para el consumidor doméstico la subida se ha situado en el entorno del 8%.

por eso, se preguntan «¿Por qué no se busca el Gobierno un reparto más justo de costes? ¿A qué espera, a que se abandone más superficie de riego, desaparezca la agroindustria asociada a dicho regadío y se pierda el empleo del medio rural del sector agroalimentario?»

Ante la falta de respuesta, Feragua quiere implicar de una manera más activa a Fenacore a la hora de dar una respuesta a la Administración, por lo que impulsará las movilizaciones y otras protestas para exigir a los Ministerios que cambien de actitud y ofrecan una solución que no perjudique al sector de los regantes.

Las Juntas vizcaínas piden una tarifa específica de agua para agricultores

Por otra parte, las Juntas Generales vizcaínas han aprobado instar al Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia a que establezca una tarifa específica para los agricultores y ganaderos.

El acuerdo ha sido adoptado en la comisión de Economía y Hacienda de las Juntas de Bizkaia con los únicos votos a favor de EH Bildu, grupo que ha presentado la iniciativa, mientras que las otras tres formaciones representadas en el parlamento foral, PNV, PP y PSE-EE, se han abstenido.

Asier Vega, apoderado de EH Bildu, ha señalado que el Consorcio de Aguas no diferencia en sus tarifas las actividades agrícolas e industriales, lo que «contraviene» lo indicado en la normativa marco del agua de la UE.

Mediante el acuerdo adoptado, las Juntas instan al Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia a que establezca una «tarificación específica y diferenciada de los usuarios industriales para los abonados agricultores y ganaderos», así como tramos y cuotas adecuadas para el sector.

Además, la cámara foral insta a la Diputación a que defienda estas reclamaciones en la asamblea del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia

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Los autónomos agrarios y ganaderos se ‘libran’ de la reforma fiscal y mantendrán sus módulos

Los dos grandes temores del sector agrícola y ganadero del país ante la anunciada reforma fiscal parece que se van a salvar, ya que se va a mantener sin cambios la tributación del actual sistema de módulos y no habrá un aumento del IVA a los alimentos, lo que evitará una previsible y temida caída del consumo que podía tener graves consecuencias para el campo. Así lo han asegurado los dirigentes de las asociaciones de ATA y UPTA, Lorenzo Amor y Sebastián Reyna, tras reunirse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que les ha trasladado las líneas básicas de la reforma que aprobará previsiblemente el Consejo de Ministros de este viernes.

La modificación del mapa tributario, han añadido, no supondrá una subida del IVA, y aunque el sanitario deberá adaptarse a la normativa comunitaria no llegará a alguno de los productos básicos de uso general.

Además, la reducción de tipos de IRPF y Sociedades se efectuará -han dicho- en dos periodos, en 2015 y 2016.

Asimismo, según el presidente de ATA se va a atender la petición de los autónomos en cuanto a que haya una rebaja en retenciones profesionales, que será diferenciada para rentas profesionales más bajas.

Respecto al sistema de módulos, a petición de los autónomos Montoro va a estudiar que se mantenga también en el sector del transporte ligero, por furgoneta, aunque de manera transitoria, siempre según Amor y Reyna.

El comité de expertos presidido por Manuel Lagares sugería acabar por completo con el sistema de módulos por el que tributan los autónomos, han recordado los responsables de las asociaciones, que han pedido que no se vincule esta manera de tributar con el fraude fiscal.

Podría haber algún tipo de impuesto medioambiental, pero menor

Preguntados sobre la fiscalidad verde, tras su conversación con el ministro han explicado que «puede haber algún tipo de impuesto medioambiental, pero menor», ha dicho Reyna. También han opinado que las cotizaciones sociales no se tocarán en esta reforma.

Con todas estas modificaciones, en definitiva, «desde el 1 de enero habrá una reducción de impuestos, tanto en las nóminas como para los autónomos, con menos retención y por tanto con más poder adquisitivo», ha resumido Amor.

«Salimos satisfechos», ha añadido, tras «conocer las líneas básicas de la reforma» y sin entrar en la letra pequeña, que se conocerá seguramente el viernes, mientras que el lunes saldrá a consulta pública.

Además, Montoro se ha reunido con los dirigentes de CEOE, Juan Rosell, el secretario general de la patronal, José María Lacasa, el líder de CEPYME, Jesús Terciado, y la de Unespa, Pilar de Frutos.

El Gobierno aprobará este viernes la reforma fiscal, con muchas incertidumbres aún y con alguna certeza, como la reducción a 5 tramos del IRPF, la rebaja del impuesto de sociedades de forma general al 25 % y la no subida del IVA salvo en los productos sanitarios que ordena Bruselas.

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