Los regantes de La Ribera no aceptarán un cambio del trasvase del río Júcar al Vinalopó. Y los principales partidos de la oposición al PP en la Comunidad Valenciana, tampoco. “No vamos a consentirlo: somos solidarios pero no tontos”. Así de tajante se ha mostrado José Pascual Fortea, presidente de la Comunitat de Regants de Sueca y portavoz de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) en el acto simbólico de apertura de compuertas para la temporada de riego de la capital de la Ribera Baixa. Este año no hubo representación institucional del Consell. “No están aquí porque la Comunitat de Regants de Sueca no les ha invitado”, explicó Fortea. Del Partido Popular (PP) tan solo asistió María Ángeles Ureña, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y José Segarra, director-conservador del parque natural de L’Albufera, ambos naturales de Sueca.

   Fortea ha lanzado durante el acto un mensaje claro a los Gobiernos autonómico y estatal de rechazo a la pretensión de los agricultores del Vinalopó de cambiar la toma de agua construida para el trasvase en el tramo final del Júcar. El presidente de los regantes de Sueca se ha mostrado crítico con la política en materia de aguas del PP y ha pedido el apoyo de los partidos de la oposición a los planteamientos de los usuarios del Júcar, zsegún recoge Josep Blay en www.elpais.com.

   “Creo que no existe un ejemplo de solidaridad más grande que el nuestro”, ha expresado para poner como ejemplo el Canal Júcar-Turia, por el que se abastece a Valencia y Sagunto, así como el actual transvase al Vinalopó, pendiente de entrar en funcionamiento. “Saben en Alicante que no va a haber problema de suministro urbano en casos de sequía extrema, como ya se ha hecho, incluso a Benidorm, a través de los Canales del Taibilla”, ha recordado Fortea.

   Durante los discursos, Pedro Arrojo, tras afirmar que “los regantes de este país han hecho muy bien sus deberes, trabajando de manera sostenible y siendo respetuosos con el medio ambiente”, ha llamado a la unidad de todos. Y ha alentado a trabajar contra una posible privatización del agua y de los ríos “por encima de las ideologías, por un Júcar vivo, L’Albufera y los caudales ecológicos”. Los representantes de los partidos se han pronunciado en términos parecidos.

    El turno de palabras lo ha cerrado Ureña, presidenta de la CHJ, quien ha asegurado que el proyecto del nuevo plan de cuenca del Júcar “mejorará con las alegaciones aportadas y, aunque nunca se puede contentar a todos, será un buen plan”.

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Las Cortes de Aragón van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Evaluación Ambiental por considerar que permite llevar a cabo un trasvase del río Ebro. Los cinco Grupos Parlamentarios han votado a favor de esta iniciativa de Chunta Aragonesista (CHA) y la Mesa y Junta de Portavoces en la sesión extraordinaria del Pleno parlamentario. El recurso se interpone contra la disposición adicional décimo quinta, la transitoria segunda, el apartado tercero de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta. Por su parte, El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha defendido la plena constitucionalidad de la Ley, «ya que no supone ninguna vulneración de las normas del bloque de la constitucionalidad a las que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional» y niega que se abra la puerta a más trasvases.

    El pleno de las Cortes aprobaronel recurso al entender que abre la puerta a los trasvases. Hubo un acuerdo unánime entre todos los grupos, lo que no evitó quelos partidos se enzarzasen en el ya tradicional debate en torno a las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy de llevar agua del río Ebro a Levante.

   Los silencios del presidente del Ejecutivo central convierten el trasvase en un enemigo invisible que está siempre a punto de llegar. Su sombra se llama ahora Ley de Evaluación Ambiental. Así se puso de manifiesto en el hemiciclo. Un contundente informe de los servicios jurídicos del Parlamento estimó que la disposición adicional décimo quinta, la transitoria segunda, el apartado tercero de la disposición derogatoria única y las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta son anticonstitucionales y atentan contra las competencias de Aragón.

     Durante el pleno, se aseguró que el debate hidráulico surgido a tenor de la Ley de Evaluación Ambiental terminará «abriendo en canal» al Parlamento, donde se exigió a los populares que resuelvan los problemas que generan la opiniones de los presidentes de Levante: Alberto Fabra –de la Comunidad Valenciana– y Ramón Luis Valcárcel –de Murcia–, o las de la de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Antonio Torres (PP) insistió una vez más en la posición que mantiene su partido, contraria al trasvase y que por eso votaban a favor del recurso… a excepción de Luisa Fernanda Rudi.

Negativa del Magrama

    La respuesta del Ministerio no ha tardado en llegar y ha ha defendido la plena constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental, ya que no supone ninguna vulneración de las normas del bloque de la constitucionalidad a las que se refiere el artículo 28.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, según afirma en una nota.

    El Ministerio explica que las disposiciones en materia de aguas previstas en la nueva Ley de Evaluación Ambiental que se pretende impugnar desde la Comunidad Autónoma de Aragón han sido elaboradas conforme al procedimiento legalmente establecido. Contrariamente a lo defendido en el informe de las Cortes de Aragón, «no existe ni en la Constitución, ni en las normas del bloque de la constitucionalidad, una regla según la cual el monopolio de la iniciativa de la planificación hidrológica corresponda únicamente al Gobierno», asegura.

    En consecuencia, afirma que «no hay inconveniente constitucional para que tales cambios puedan ser introducidos en el Congreso de los Diputados a través de una enmienda, como se hizo en este caso».

Ni se vulnera el Estatuto ni se abre la puerta a nuevos trasvases

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aclara también que, en ningún caso, se ha vulnerado el Estatuto de Autonomía de Aragón, ya que éste no resulta de aplicación a las disposiciones legales que se pretenden recurrir.

    Tampoco se produce vulneración alguna del principio de reserva de ley, recogido en el artículo 132 de la Constitución, como argumenta el informe de las Cortes de Aragón, «porque este principio no implica que cualquier aspecto que afecte de una u otra forma a los bienes de dominio público deban estar recogidos en una norma con rango legal; sino que el régimen jurídico de los bienes de dominio público se regule en una disposición con rango legal. Lo que no impide que ciertos aspectos puedan desarrollarse por normas reglamentarias, sobre todo cuando se trata de cuestiones técnicas como las que prevén en las disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura en la Ley de Evaluación Ambiental».

    Por otro lado, el MAGRAMA subraya que carecen de fundamento las interpretaciones de quienes pretenden vincular las disposiciones contenidas en la Ley con trasvases que no existen como el del Ebro. La norma recoge el acuerdo histórico con 5 Comunidades Autónomas (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Región de Murcia) sobre el trasvase Tajo-Segura, el más importante del país.

    En definitiva, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente considera «totalmente infundadas» las afirmaciones de quienes pretenden atacar la constitucionalidad de la Ley de Evaluación Ambiental mediante una interpretación de las previsiones en materia de trasvases que esta norma no contempla.

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D. M./J. L. F. / alicante

Día 28/02/2014

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Aragón ha reabierto con carácter «preventivo» la guerra del agua en torno al Ebro, que parecía –al menos de momento– superada. A pesar de que la Comunidad nunca ha renunciado expresamente a reclamar el trasvase derogado por el PSOE en 2004, esta reivindicación había quedado aparcada hasta que se aprobasen los planes de cuenca (el del Júcar acaba de terminar su periodo de exposición pública) y se iniciase la negociación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional.

Pese a todo, el pleno de las Cortes de Aragón aprobó ayer por unanimidad, a propuesta de la Chunta Aragonesista (CHA), recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de evaluación a mbiental –precisamente, la que «blindaba» el trasavase Tajo-Segura tras el aumento de la reserva mínima en los embalses de cabecera–, al considerar que abre la puerta al trasvase del Ebro. El recurso se presentará contra varias disposiciones de la ley, en base a un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, que los portavoces de los grupos consideraron «contundente» e «incontestable».

Incluso el PP aragonés, que gobierna con apoyo del PAR, consideró que a la vista del citado informe su única opción era votar a favor de presentar dicho recurso. Ello a pesar de que su portavoz señaló que la ley ambiental «no abre puertas» al trasvase y admitió que regula únicamente el del Tajo-Segura. Tanto la CHA como el PSOEe IU, en cambio, consideraron lo contrario, y acusaron al PP de querer retomar el trasvase del Ebro. El efecto colateral que podría tener el recurso al Constitucional, sin embargo, sería el de anular una norma que ha garantizado la continuidad del Tajo-Segura y que precisó del consenso de cinco autonomías y el Gobierno central.

El agua también estuvo ayer de actualidad en Alicante, puesto que Asaja aprovechó la presencia del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, en una reunión con los empresarios de Coepa para reivindicar que se complete la obra de túneles y el trasvase Júcar-Vinalopó se materialice en la toma original de Cortes de Pallás. «Es una inversión pequeña y es de justicia, porque en el Azud de la Marquesa no hay agua, eso es porquería», indicó su presidente, Eladio Aniorte.

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ABC / TOLEDO

Día 26/02/2014

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La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha se suma a las movilizaciones de hoy, convocadas en Albacete y Toledo en protesta por los efectos del incremento de las tarifas eléctricas en las explotaciones agropecuarias, especialmente las de riego.

Bajo el lema «El regadío agoniza, no al tarifazo eléctrico», Asaja de Castilla-La Mancha se adhiere a los actos reivindicativos contra la subida de los costes eléctricos, en los que estarán presentes los representantes de la organización de las cinco provincias, según informó Asaja en nota de prensa.

Los actos se llevarán a cabo en la Subdelegación del Gobierno en Albacete, a la que también acudirá la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y UPA Castilla-La Mancha; y en la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en Toledo, en la que estará presente la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Alberche.

Estas movilizaciones, que comenzarán a partir de las 12.00 horas, se desarrollarán de manera sincronizada con la del resto del regadío nacional, las cuales estarán c

Situación peor

Según Asaja, «la situación ha ido empeorando desde la desaparición de las tarifas especiales de riego en el año 2008 como consecuencia de la liberalización del mercado de la electricidad», por lo que esta organización defiende una revisión del tratamiento dado a las explotaciones de regadío, «que pagan durante todo el año una cuota de potencia muy elevada cuando solamente riegan entre dos y seis meses al año, en función del cultivo».

Por este motivo, Asaja propone que se reconozca el carácter estacional del sector del regadío y se permita modificar el término de potencia contratada en los períodos en los que no hay actividad o ésta es mínima.

Asimismo, denuncian que las explotaciones ganaderas de Castilla-La Mancha también están sufriendo los efectos de este «incremento desmesurado» del precio de la electricidad, lo que se suma «al aumento de otros costes de producción y a la crisis de precios en origen en sectores como el vacuno y el ovino de leche, que está llevando al cierre de granjas ganaderas en la región». Por eso reclaman medidas eficaces que ayuden al sector a afrontar mejor la actual situación.

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Según se acerca el miécoles día 26, cada vez son más la voces que se suman a las protestas convocadas para ese día por los regantes de toda España en contra del ‘tarifazo’ eléctrio que van a sufrir con las subidas de las tarifas decretadas por el Ministerio de Industria. Pese a los mensajes de clama y de búsqueda de soluciones por parte de Miguel Arias Cañete, que sin embargo aún no se han concretado en nada, lo cierto es que nada parece que vaya a frenar la convocatoria que se ha hecho por parte de las OPAS y de todas las comunidades de regantes a cerca de medio millón de agricultores que dependen de este sobecoste para poder mantener sus explotaciones. Según FEREBRO, se está pagando «entre 600 y 700 euros por hectárea y año» cada regante, por lo que «antes de cometer una modernización uno se lo piensa».

    Así en Andalucía se espera que más de 4.000 regantes procedentes de toda comunidad se concentrarán ante la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de manera sincronizada con la del resto de regantes de España. En este caso, ara escenificar la situación a la que aboca el regadío la subida de los costes eléctricos, los regantes llevarán varios burros que portarán cántaros de agua. “Esa será la forma de regar a la que volveremos, como nos descuidemos, porque desde luego lo que está claro es que, con estas tarifas eléctricas, los modernos sistemas de riego no nos sirven porque elevan los costes fijos a niveles que hacen nuestras explotaciones no sean rentables”, ha explicado Margarita Bustamante, presidenta de Feragua, asociación que coordina la concentración del regadío andaluz, a la que se han sumado unánimemente todas las asociaciones andaluzas de regantes: Areda, Rega, Corehu, Feral, Coreca, Acoregra, Freshuelva, Asociación de Citricultores de Huelva Grupo Remolachero, las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG, y UPA, y la Federación de Cooperativas Agrarias de Andalucía, FAECA.

    Los regantes andaluces calculan que la última subida contenida en el decreto del 1 de agosto significará para el regadío andaluz un sobrecoste de más de 37 millones anuales, que se suma al incremento continuado de la tarifa eléctrica que el regadío viene soportando en el último lustro, de más del 80%, con un incremento de los costes fijos (regulados) superior al 1000% en muchas zonas regables.

    Este crecimiento desproporcionado, unido al incremento del consumo de energía eléctrica asociado al proyecto de modernización (superior al 60% en las comunidades modernizadas), supone ya que de media, el 40 % de los que le cuesta el agua al agricultor de riego tenga que ser destinada al pago de la factura de la luz, llegando en algún caso a superar el 75%.

FEREBRO asegura que ya se palantean seguir o no con la modernización

    Por su parte, la Federación de Comunidades Regantes de la Cuenta del Ebro (FEREBRO) ha afirmado que los costes energéticos para los agricultores son «insostenibles» y ha reclamado soluciones al Ministerio de Industria.

   Así lo ha indicado el presidente de la Federación, César Trillo, quien ha recordado que en 2008 desapareció la tarifa eléctrica específica para regadío, desde entonces, el aumento de los costes, están llevando al sector a «una situación insostenible».

   Este incremento se debe, en parte, a que las comunidades de regantes están inmersas en procesos de «modernización», para ahorrar agua, pero al pasar a sistemas de riego por presión la mayoría de los regadíos empiezan a usar energía eléctrica.

    «Muchas comunidades se están planteando si hacen la modernización o no. El coste energético después de la modernización, sobre todo cuando se van haciendo dos cosechas, está por encima de 300 euros por hectárea y año –en el 2008 unos 140 euros–«, ha mencionado Trillo, quien ha añadido que una comunidad modernizada tiene que estar pagando esta modernización, más los gastos de la confederación y de la comunidad general y de base.

    En este punto, ha agregado que la comunidad que preside, Riegos del Alto Aragón, se está pagando «entre 600 y 700 euros por hectárea y año» cada regante, por lo que «antes de cometer una modernización uno se lo piensa».

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ABC ALBACETE

Día 25/02/2014

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Las organizaciones agrarias Asaja y UPA de Castilla-La Mancha se han adherido a la convocatoria de los regantes que se van a concentrar mañana miércoles a las puertas de la Delegación del Gobierno en Toledo y también en las capitales de provincia frente a las subdelegaciones, al igual que lo harán en otras regiones, por lo que considera la «insoportable» subida de la tarifa eléctrica que afecta especialmente al mundo rural.

Ayer, en Albacete, el responsable de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, participaba en Albacete en una rueda de prensa junto al presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, y el presidente de Asaja Albacete, José Pérez Cuenca, en una rueda de prensa para dar a conocer estas movilizaciones y explicar la situación que sufren los regantes con la subida de la tarifa eléctrica. Consideran que se ha producido una subida «insostenible» de los costes energéticos para las explotaciones agrícolas y ganaderas.

UPA ha reclamado a las principales fuerzas políticas un pacto de Estado en materia energética, «que acabe con los bandazos en las políticas relacionadas con esta materia y que trabajen para mejorar la situación energética de los agricultores españoles, en especial los de regadío». Los peajes o tarifas de acceso remuneran los costes regulados del sistema eléctrico, como las primas al transporte o la distribución, y las pagan todos los consumidores de electricidad, pero afecta especialmente a grandes consumidores, como los agricultores de regadío.

ENLACE A NOTICIA: http://www.abc.es/comunidad-castillalamancha/20140225/abcp-organizaciones-agrarias-rebelan-contra-20140225.html

Pese a que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Caete, ha anunciado que se está estudiando un nuevo tipo de contrato eléctrico para los regantes, estos mantienen e incrementan su presión sobre el Gobierno, sumando apoyos a las protestas del día 26. Mientras, el propio Arias Cañete asegura que el problema existente es el «encaje técnico» de ese contrato dentro de la reforma energética, aunque no es capaz de poner una fecha pese a que ve «receptivo» al ministro Soria. Asimismo, ha dejado claro que esta posibilidad sería «sólo» para los regantes y no para ningún otro sector.

    Este fin de semana, Miguel Arias Cañete ha vuelto a hablar del tema, aunque no ha despejado ninguna cuestión clave, en especial sobre cómo sería ese nuevo contrato que se afirma que se está estudiando entre su departamento y el de Industria. En sus declaraciones en Jerez, el titular de Agricultura señaló que «lo que está ocurriendo es que el Ministerio de Industria y Energía está en constante contacto con la Federación Nacional de Comunidades de Regantes para ver qué medida se puede regular la cuota de potencia de los contratos adaptada a las peculiaridades exclusivamente del sector agrario, es decir exclusivamente de la agricultura y el regadío español», con lo que podría estar dejando fuera al sector ganadero, en especial el de vacuno de leche que también se vienen sumando a las críticas por el incremento del coste que representa esta nueva subida energética en sus explotaciones.

    Tras asumir que se lleva muchos meses hablando de esta cuestión, ha reconocido que Fenacore «ha hecho un estudio  técnico importante y en este momento el Ministerio está en la búsqueda de una posibilidad. El ministro Soria me ha dicho que es muy receptivo a esta  idea y se está buscando el encaje técnico para que sea una solución sólo para la agricultura. Yo confío en que se alcance pronto», añadía Miguel Arias Cañete.

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Sin fecha para lograr una alternativa, pero con optimismo de alcanzarla

    Sin embargo, el ministro de Agricultura no era capaz de concretar aspectos concretos de la propuesta e incluso reconociía que»no sé en qué fecha se pude cerrar».

    Pese a esa declaración, Arias Cañete se muestra optimista y afirma que «lo fundamental es que busque la solución y se ponga en marcha. Ha habido conversaciones muy largas y no es porque vaya a haber una manifestación,  porque desde hace tiempo las comunidades de regantes advirtieron que éste iba  ser un problema, y somos conscientes de que debemos atenderlo. Por eso se han puesto en marcha las conversaciones técnicas y estudios pertinentes para irlo solucionando, aunque aún habrá que esperar».

Más apoyo a las protestas

     Lo que no parecen tener tiempo son los propios regantes, que no están conformes con el compromiso verbal del Gobierno y han pedido que se concrete por escrito una solución. A la espera de que ésta pueda llegar, las organizaciones agrarias siguen sumando apoyos a las manifestaciones previstas para el día 26 de este mes.

    La útima ha llegado de UPA Castilla-La Mancha, que ha anunciado que se suma a las concentraciones frente a las delegaciones de Gobierno en las diferentes comunidades autónomas para el próximo miércoles 26 de febrero, bajo el lema ‘El regadío agoniza. No al tarifazo eléctrico’, en protesta por “la subida indiscriminada de las tarifas” y para exigir su reducción.

    Desde esta organización agraria hacen un llamamiento, no solo a los regantes, sino a los agricultores y ganaderos en general y también a los consumidores en apoyo por estos abusos que repercuten en el bolsillo de todos.

    La protesta se producirá de forma simultánea con el resto de regantes de España, que se concentrarán igualmente a las puertas de las respectivas delegaciones de gobiernos regionales, coordinados por Fenacore, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes.

    Desde la organización agraria UPA CLM se han querido sumar por lo que consideran un grave daño a las rentas y a la supervivencia de miles de agricultores y ganaderos en la región. Su indignación se ha producido por la subida “insostenible” de los costes energéticos para las explotaciones agrícolas y ganaderas.

    UPA ha reclamado a las principales fuerzas políticas un pacto de Estado en materia energética, “que acabe con los bandazos en las políticas relacionadas con esta materia y que trabajen para mejorar la situación energética de los agricultores españoles, en especial los de regadío”.

    Los peajes o tarifas de acceso remuneran los costes regulados del sistema eléctrico, como las primas al transporte o la distribución, y las pagan todos los consumidores de electricidad, pero afecta especialmente a grandes consumidores, como los agricultores de regadío.

    En su opinión, esta subida no hace sino profundizar y aumentar la dura situación por la que está atravesando la agricultura y ganadería castellano-manchega, derivada por un lado de la falta de precios dignos de nuestros productos y por otro, del incremento de los costes de producción.

ENLACE A NOTICIA       http://www.agroinformacion.com/noticias/74/zonas%20regables/71927/los%20regantes%20esperan%20a%20ver%20cuando%20industria%20logra%20el%20encaje%20tecnico%20a%20su%20nuevo%20contrato.aspx

 enlace a noticia: http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=94805

Los agricultores y ganaderos no podrán abandonar o descuidar sus explotaciones si quieren cobrar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), unos 47.000 millones de euros para el período 2014-2020, a quienes se exigirá una actividad real. Así lo ha explicado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado. Así, las explotaciones agrarias tendrán que estar dadas de alta en los registros pertinentes de las comunidades autónomas y tener un actividad real, mientras que en el caso de los pastos se exigirá una dimensión o carga ganadera, en concreto de 0,20 UGMs por hectárea.

    Recalcó que por primera vez en la historia se exigirá a los perceptores de las ayudas del primer pilar de la PAC que sean «activos», que sean responsables de la actividad agraria, asuman sus riesgos inherentes y obtengan ingresos del campo.

    De hecho, no se considerarán «activos» los titulares que obtengan más del 80 por ciento de sus ingresos de las subvenciones.

Ni para "cazaprimas"  ni transferencias de fondos entre agricultores ni CCAA  

    O lo que es lo mismo, el 20% de sus ingresos deben provenir del mercado para que puedan acceder a los fondos de la PAC. Asimismo, el ministro criticó la «leyenda urbana» de quienes hablan de que las ayudas de Europa van a los «cazaprimas».

     Recordó que se excluirán de las ayudas a quienes reciban hasta 300 euros de la PAC, aunque estos pueden fusionarse para conservar estos pagos de Europa, y que la mayoría de las comunidades autónomas decidieron no ampliar la «lista negativa» de perceptores.

    En este caso, apuntó que las entidades públicas seguirán siendo perceptoras y nadie lo ha cuestionado porque cobran muchas ayudas administraciones como la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, como es el caso de algunos de localidades tabaqueras de Extremadura que reciben más de un millón de euros.

    Reiteró, por otra parte, que a finales de este semestre los agricultores tendrán con detalle aproximado las condiciones bajo las cuales podrán recibir ayudas desde 2015, que será realmente el primer año de aplicación de la PAC en el campo.

    El ministro defendió los acuerdos para la aplicación nacional de la PAC, el sistema de regionalización y comarcas agrarias escogido, los pagos acoplados para sectores con dificultades -como excepción al modelo de ayudas por hectárea general-, y el apoyo específico para jóvenes agricultores, a los que se suman las partidas para el desarrollo rural -fondos feader- casi 8.300 millones en el período.

Las comarcas agrarias se conocerán a final de mayo

    Criticó la gestión del Gobierno del PSOE y las negativas propuestas que se encontró el Ejecutivo del PP para la reforma de la PAC como la tasa plana, a la que consiguieron dar la vuelta.

    Arias Cañete dijo que no habrá transferencias de fondos entre agricultores ni comunidades autónomas con la nueva PAC y destacó que España va por delante de otros países en definir su aplicación.

    A finales de mayo, por ejemplo, se tendrá lista la regionalización -entre 22 y 24 regiones agronómicas- en España, un año antes de que comience a aplicarse la nueva PAC y a pesar de que la UE daba de plazo hasta agosto, un calendario que evitará además -precisó- la toma de posiciones de agentes especulativos.

A la oposición no le convence sus explicaciones

    Desde el PSOE, José María Toledo denunció que la nueva PAC consolida un modelo de apoyo a los «agricultores de sofá» y, además, deja a 78.000 productores fuera de las ayudas de la PAC.

    Criticó que los pagos acoplados o vinculados a la producción se dejen en el 12,08% y que no se agote el techo del 15 % que permitía la UE introducir sectores como el olivar de pendiente.

    José María Cazalis (Grupo Parlamentario Vasco) comentó el «déjà vu» de esta Comisión, puesto que el ministro ya había comparecido en el Congreso para explicar estos mismos asuntos.

    Desde Entesa Pel Progrés y desde CiU, Francisco Boya y Josep Maldonado, respectivamente, mostraron su preocupación por los fondos de desarrollo rural que lleguen finalmente a las comunidades.

    Innovación, incorporación de jóvenes y orientación al mercado deben ser los retos ahora del sector, apostilló Cotillas.

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El portavoz de Agricultura del PP, Manuel Cotillas, resaltó los logros de la negociación del Gobierno ante la UE que contrastan con el Ejecutivo del PSOE que «daba por pérdida» la batalla y «no fue capaz de aportar al borrador de la PAC nada en defensa» del sector.

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha manifestado que es «rigurosamente falso» que el campo vaya a dejar de recibir del Estado 2.000 millones de euros para el desarrollo rural, tal y como han argumentado algunos partidos políticos. Arias Cañete ha respondido así, en el Senado, a una interpelación del senador Francisco Boya (de Entesa pel Progrés de Cataluña) sobre las medidas concretas que piensa aplicar el Gobierno ante los retos de la competitividad económica en el campo. El titular de Agricultura ha salido el paso de las críticas de Boya (PSC) y de organizaciones que han señalado que habrá una reducción de 2.000 millones en la aportación del Estado al desarrollo rural.

    Ha criticado que «alguna organización agraria en campaña electoral» y algunos partidos estén trasladando la imagen negativa del sector agroalimentario español, una imagen «falsa» ya que este segmento económico ha hecho frente a la crisis «mucho mejor que los demás».

En Jaén hay sindicatos que "mienten como bellacos al decir que el olivar perderá dnero"

    «Sé que estamos cerca de elecciones, pero no hay que engañar a los agricultores», según el ministro, quien ha recalcado que en Jaén hay «sindicatos» que «mienten como bellacos» cuando dicen que los olivareros «van a perder dinero».

    Respecto a los fondos de la Política Agrícola Común (PAC), que para España ascenderán a 47.000 millones de euros en los próximos siete años, ha valorado que ningún otro sector reciba ese tipo de apoyos.

    Ha recordado que al principio de la negociación sobre esta política «parecía que íbamos a perder hasta la camiseta».

    Por otro lado, según ha apuntado, ultima un plan para la diversificación en el medio rural y otro para reactivar el sector forestal, que podría presentar la próxima semana.

En cualquier caso, según Arias Cañete, la debilidad del campo español es «su escasa dimensión empresarial y la atomización de la oferta», pero no las políticas de desarrollo rural» que, además, ejecutan las Comunidades Autónomas.

    «El problema del campo es que el agricultor tenga una cuenta positiva, pueda comprar tractores e invertir en nuevas tecnologías»:

Habrá 592 millones en ayudas directas destinadas a los jóvenes

    Boya se ha referido al envejecimiento de la población rural, y en este punto Arias Cañete ha afirmado que habrá 592 millones de euros en ayudas directas que contribuirán a que los jóvenes se queden en el sector de la agricultura.

    El senador ha aludido a problemas como la despoblación y a la «masculinización» del campo, porque, en su opinión, las mujeres han huido a las ciudades por la «desigualdad» en el ámbito rural.

    Ha criticado el «liberalismo» del actual Gobierno, más allá del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en cuestiones como la reducción de «servicios públicos».

    En cuanto al acuerdo sobre el reparto de las ayudas de la PAC, ha opinado que ha sido un «trágala» sin el debate suficiente con el sector.

    Arias Cañete y Boya han discrepado también sobre otros problemas del sector agrario como el encarecimiento de la tarifa eléctrica para los regantes o el cierre de plantas de purines, para los que el ministro ha prometido que intentará una solución.

    Durante el debate, desde la bancada del pleno del Senado el ministro ha sido calificado de «chulo», a lo que Arias Cañete ha contestado que «con chulería no se hacen las cosas», además de defender que sus logros y proyectos legislativos han sido pactados y dialogados con autonomías y sector.

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