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El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, busca soluciones frente a la paralización de las plantas de purines por la reforma eléctrica del Gobierno y «presiona» para conseguir unas tarifas eléctricas diferenciales para los regantes. Así lo ha defendido el Arias Cañete en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a preguntas de los parlamentarios. Sobre el problemas de las tarifas eléctricas -los regantes denuncian que su alto coste hace insostenible la actividad agraria-, ha planteado que la agricultura debería beneficiarse de una cuota de potencia distinta a la de otros sectores económicos.

   Ha recordado que algunas industrias necesitan una cuota de potencia constante todo el tiempo, pero, en cambio, «es razonable» que los regantes tengan una diferenciación para atender sus necesidades específicas de consumo, como cuando bombean el agua.

Reconoce que "presionaremos" para lograr contratos específicos

    En este sentido, ha reconocido la «enorme preocupación» por el coste energético denunciado por el sector agrícola, pero ha puntualizado que el Ministerio «está sensibilizado» sobre la problemática y «presionamos» para lograr unos contratos específicos.

     También se ha referido a la situación creada por la paralización de la actividad de las plantas de tratamiento de purín ante la previsible aprobación del nuevo sistema retributivo de energía del Ejecutivo, que recortará las ayudas a renovables, cogeneración y tratamiento de purines, según los temores expresados por dichos sectores.

Este aspecto ha sido planteado por CiU, preocupada por el futuro de esta actividad tan vinculada a Cataluña. Arias Cañete ha detallado que la semana pasada tuvo una reunión con los agentes económicos involucrados con este sector para analizar la situación real y sus costes de producción, así como las posibilidades de actuación.

    «Consideramos a estas plantas como plantas generadoras de energía», deben buscarse soluciones y alternativas para evitar cualquier impacto ambiental derivada de esta actividad, ha remarcado. «Somos muy sensibles» a este tema, por lo que analizan posibles soluciones con el Ministerio de Industria y Energía, ha recalcado Arias Cañete.

    «Hoy no tengo la solución, pero les garantizo que está en las prioridades que tengo sobre la mesa», ha precisado.

Sobre su elección como candidato europeo: ni sí, ni no

     Así lo ha afirmado tras una comparecencia en la Comisión de Agricultura, en la que algún diputado le llegó a felicitar en caso de que decidiera cambiar de destino profesional y que culminó con una sesión de fotos con miembros de su partido.

     A preguntas de la prensa sobre si estas fotos sonaban a despedida cariñosa, Arias Cañete ha insistido en que «no me he despedido; me hago fotos con mis compañeros de partido, que han sido muy amables y han estado toda la comparecencia conmigo».

    «No tengo ningún dato que avale que yo me vaya a ir», ha zanjado el ministro, tras reconocer que no suele hacerse fotos con sus compañeros de partido: «Solo cuando salen bien» las cosas.

    A raíz de una valoración en su intervención que podría sonar a despedida, el ministro ha aclarado: «No, no, no. También he dicho que tenía dos años de trabajo para hacer la internacionalización del sector agrario español y que me iba a dedicar dos años a abrir mercados».

    «Así que mi intervención es de continuidad en estos momentos», ha resaltado.

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«No tengo ningún dato que avale que me vaya a ir», ha asegurado el ministro en referencia a las quinielas que lo sitúan como posible cabeza de lista del PP a los próximos comicios europeos.

Las organizaciones agrarias COAG y UPA creen que, «como mínimo, todos» los agricultores perderán un 13% de las ayudas del pago básico y del «greening», en comparación con la aportación única del sistema anterior de la Política Agraria Común (PAC). En un comunicado, ambas Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) han considerado que la reforma de la PAC tiene como consecuencia que salgan perjudicados los profesionales de la agricultura en general. Se han pronunciado «radicalmente en contra» de la decisión de excluir a los sectores de frutas y hortalizas y viñedo, «señas de identidad de nuestra agricultura». A su juicio, en la elección de los años de referencia «se ha dado oportunidad a la especulación, pudiendo beneficiarse determinados perceptores de ayudas».

    En su nota, LA ALIANZA UPA-COAG muestra sus «más que razonables dudas sobre si el proceso de negociación nacional de la PAC entre Gobierno y Comunidades Autónomas se ha diseñado para beneficiar a determinados propietarios de tierras».

    Por eso, señala que el «l hermetismo sobre temas como las regiones con diferentes cuantías de ayuda, el año de referencia o el valor medio de los importes nos hace temer lo peor, y que por lo tanto se esté encubriendo un proceso de posicionamiento de determinados propietarios para beneficiarse del nuevo sistema».

    Incluso han dejado entrever que «el diseño del proceso de la negociación puede estar beneficiando a determinados propietarios de tierras que podrían llevar meses contando con información privilegiada y realizando movimientos para resultar beneficiados».

La definición de agricultor activo permite a muchos adaptarse a tiempo

   De hecho, LA ALIANZA UPA-COAG desde el inicio ha tachado como muy negativa la reforma de la PAC anunciada días atrás, por muchos y variados temas, y ese es el motivo de la manifestación que tendrá lugar el próximo 25 de febrero en Valladolid.

   Así afirman que aparte del riesgo que corren los fondos de desarrollo rural por falta de capacidad económica para cofinanciarlos," los agricultores perderán un 13% de las ayudas del pago básico más el pago greening, en comparación con el pago único del sistema anterior".

   Además la decisión de basar la decisión de la reforma de la PAC en el mantenimiento de las ayudas actuales "tiene como consecuencia que salgan perjudicados los profesionales de la agricultura y ganadería, así como los agricultores jóvenes y determinados sectores productivos muy dinámicos en nuestro modelo de agricultura y ganadería".

   De igual forma, LA ALIANZA UPA-COAG recuerda que en la elección de los años de referencia se ha dado oportunidad a la especulación, pudiendo beneficiarse determinados perceptores de ayudas que poco tienen que ver con la agricultura productiva.

     Los cálculos realizados por esta organización es que 70.000 perceptores de ayudas saldrían del sistema por la aplicación de la definición del agricultor en activo a nivel nacional, pero sin embargo "nuestra organización considera que la definición es tan laxa que está permitiendo que aquellos productores que pudieran verse afectados por la medida tomen decisiones para que eso no ocurra. Lo único que tendrían que hacer sería incrementar los ingresos por venta de productos necesarios para cumplir con el 20% del total de ingresos agrarios, y además, tienen 2 años para conseguirlo, hasta 2015".

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Los agricultores y ganaderos españoles conocerán «a finales de este semestre» y «con un detalle muy aproximado» las condiciones bajo las cuales podrán recibir sus subvenciones a partir de 2015, primer año de aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) a las ayudas directas. Así lo ha afirmado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, quien comparece en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) para explicar los acuerdos para la aplicación de la PAC, el reparto de las partidas al desarrollo rural, distribución de los TAC’s y cuotas pesqueras o el protocolo entre la Unión Europea (UE) y Marruecos. Según ha explicado Arias Cañete, el Gobierno «está cumpliendo con el calendario» de la reforma de la PAC y que España «está yendo por delante de otros Estados Miembros. Desde la oposición no se mostró tanto optimismo.

    El ministro ha subrayado el “elevadísimo grado de consenso que hemos alcanzado con las Comunidades Autónomas en el proceso de reforma de la Política Agrícola Común (PAC)”. También ha destacado el “diálogo fluido” con el sector, cuyas propuestas se han incorporado al debate, de forma que algunas se recogen en el resultado final.

    Gracias a este consenso, el ministro ha recalcado que “se ha podido acordar un modelo de aplicación de la nueva PAC en España para que todos los sectores agrarios y ganaderos sigan siendo competitivos y realicen su actividad con unos niveles de apoyo similares a los anteriores”.

    Miguel Arias Cañete ha comparecido en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el Congreso de los Diputados, para detallar los acuerdos alcanzados por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se celebró los días 20 y 21 de enero pasados en el marco de la aplicación en España de la Reforma de la PAC, así como de otras cuestiones relativas al sector pesquero.

Defiende que las posiciones "divergentes han sido minoritrias"

    En su intervención, Arias Cañete ha apuntado que, una vez logrado el acuerdo político en la Unión Europea para la reforma de la Política Agraria Común, las decisiones a nivel interno se han plasmado en los acuerdos alcanzados en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de julio de 2013 y la celebrada los pasados 20 y 21 de enero. “En ambos casos, las posiciones divergentes han sido minoritarias”, ha asegurado.

    En relación con la participación de las organizaciones profesionales agrarias en la Reforma, el ministro ha recordado cómo en los últimos dos años se han mantenido más de cien reuniones y, en particular, se ha convocado al Comité Asesor Agrario en siete ocasiones.

   “Solo gracias a la negociación que hemos llevado a cabo en Europa y a los acuerdos consensuados en España, podemos hoy mirar con optimismo el futuro de nuestro sector agrario con la vista puesta en 2020”, ha explicado el ministro, tras recordar que España cuenta con una ficha financiera para el periodo 2014-2020 de 47.000 millones de euros cuando hace tan solo dos años “la financiación de la PAC estaba en el aire, con un gran número de Estados miembros dispuestos a reducir el presupuesto de la UE a costa de la PAC o a favor de otras políticas”.

Las ayudas medias se mantendrán "a un nivel similar al actual"

    Miguel Arias Cañete ha detallado los avances conseguidos en el diseño de un modelo de regionalización del territorio con arreglo al cual se concederán las ayudas del Pago Base y el Pago Verde. Según el ministro, este acuerdo minimiza los efectos negativos de la convergencia de las ayudas sobre la rentabilidad de las explotaciones agrarias. “Ello, junto con la limitación de la superficie máxima elegible, permitirá que la intensidad de ayuda media en las explotaciones se mantenga a un nivel similar al actual”, ha asegurado.

    Además, el titular de Agricultura ha señalado que esta reforma permite corregir los defectos del sistema de ayuda actual y orientar los pagos directos hacia una agricultura realmente activa. Según Arias Cañete, “esta es la primera vez en la historia que se establecen este tipo de criterios para la concesión de las ayudas del primer pilar de la PAC”.

    Es decir, ha aclarado, que los beneficiarios de las ayudas directas ahora sí que tendrán que serán activos, ya que el beneficiario de las ayudas deberá ser el responsable de la actividad económica que declara, el que corra con el riesgo empresarial de la actividad, de la que debe obtener ingresos más allá de las ayudas. Para el ministro, “esta mejor orientación de las ayudas era necesaria para evitar el abandono de la actividad agraria”.

    Asimismo, el ministro se ha referido al apoyo a los jóvenes agricultores, para los que se acordó, en la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio, dedicar hasta 97 millones de euros en concepto de ayuda complementaria al Pago Base, que podrán recibir durante cinco años.

   Arias Cañete también se ha referido al acuerdo alcanzado sobre los criterios y los sectores que van a percibir las ayudas acopladas. Según ha explicado, estas ayudas buscan evitar el abandono de aquellos sectores más vulnerables o que resulten más afectados por el nuevo sistema de pagos directos, “asegurando que la diversidad productiva que caracteriza a nuestra agricultura tenga cabida en la nueva PAC”.

    Sobre la aplicación de la reforma, Arias Cañete ha avanzado que los agricultores y ganaderos podrán conocer con un detalle muy aproximado, las condiciones bajo las cuales podrán recibir ayudas a partir de 2015, primer año de aplicación de esta reforma a las ayudas directas. “Desde el Gobierno estamos cumpliendo con el calendario de la reforma de la PAC, yendo muy por delante de otros Estados miembros”, ha subrayado.

En Desarrollo Rural se ha compensado "asignaciones de forma injustificada"

    Por otra parte, Arias Cañete ha indicado que en la Conferencia Sectorial de enero se acordó con las Comunidades Autónomas el reparto de fondos comunitarios   FEADER para los programas de desarrollo rural 2014-2020. Además, se informó sobre la futura contribución de la Administración General del Estado a estos programas y se acordó la creación de un grupo de trabajo para establecer los criterios y mecanismos que permitan las transferencias de fondos entre programas de desarrollo rural, en el caso de riesgo cierto de descompromiso.

   En concreto, el ministro ha explicado que de los 8.291 millones de euros que España dispondrá para desarrollo rural, se ha decidido repartir 8.053 millones entre las Comunidades Autónomas y destinar 238 a un programa nacional. 

   En este punto, Arias Cañete ha comentado que, al analizar la distribución de fondos comunitarios realizada en diciembre de 2006 para el periodo 2007-2013 “se observó que, a pesar de la importante reducción de fondos globales para España, algunas comunidades autónomas incrementaron su asignación de forma injustificada”.

    Así, en 2006 se obtuvo un presupuesto para desarrollo rural FEADER de 7.213 millones de euros, frente a los 8.957 millones obtenidos para el periodo 2000-2006, lo que supuso una disminución de fondos para España del 19%. Sin embargo, ha recalcado, al realizarse el reparto por comunidades autónomas, “Andalucía incrementó su asignación de fondos hasta el 133,6% de lo percibido en 2000-2006, alcanzando el 26,5% del FEADER asignado a España en 2007-2013, mientras que el resto de comunidades (excepto Extremadura) sufrieron notables reducciones de fondos de un 30% de media”.

   Por ello, “ahora se ha considerado oportuno no consolidar esta situación y repartir los fondos 2014-2020 según un sistema lo más objetivo posible”. Por lo tanto, ha añadido, se ha optado por aplicar la fórmula propuesta por la Comisión Europea que integra indicadores comunitarios de la situación económica, medioambiental y territorial. No obstante, ha aclarado, a este reparto se ha aplicado un estabilizador de pérdidas del 10% respecto de la situación actual y se ha valorado la buena ejecución de la programación actual, de forma que no se detraigan fondos a aquellas comunidades que presentan una ejecución adecuada de su senda financiera.

    Por otra parte, Arias Cañete se ha referido a la cofinanciación de los programas de desarrollo rural. Así, en el periodo 2007-2013 la Administración General del Estado financió de media el 44% del gasto nacional, debido principalmente a la pérdida de fondos comunitarios en ese periodo.

Justifica la reducción del 30% de la aportación nacional

   Sin embargo, las dificultades económicas y financieras que afectaron a todas las administraciones hicieron necesaria la modificación de los programas, disminuyendo la aportación de las administraciones autonómicas y, en consecuencia, de la Administración General del Estado.

   A esto se añade que en el periodo 2007-2013 se pasó a una situación en la que no existía programación nacional y las comunidades autónomas diseñaban su propio programa de desarrollo rural y orientaban sus medidas según su criterio. “De este modo, la aportación de la Administración General del Estado ha sido incondicional”, ha asegurado.

    A pesar de todo lo anterior, “el Gobierno ha considerado prioritario seguir apoyando las políticas de desarrollo rural regionales”. Así, la Conferencia Sectorial de enero ha decidido que la Administración General del Estado financie el 30% del gasto nacional de los programas de desarrollo rural de las Comunidades Autónomas, calculado a la tasa máxima de participación comunitaria en la financiación.

Los partido no ven tan claro tanto optimsmo

    Por su parte, el diputado socialista Felipe Jesús Sicilia ha preguntado al ministro si «de verdad» ningún agricultor o ganadero perderá con el nuevo modelo de PAC y le ha pedido que explique cuál es el modelo de regionalización concreto -número de «comarcas» y cómo se distribuirán- y los niveles de ayudas que recibirá el sector.Por último, el portavoz del PP en la Comisión, José Cruz Pérez Lapazarán, ha acusado al PSOE de «manipular» y le ha conminado a «no meter miedo» o buscar la confrontación entre agricultores y ganaderos por la aplicación de la PAC, un acuerdo que ha sido «un éxito», «despeja el camino» y garantiza su futuro con condiciones de competitividad.

    Sicilia ha pedido pagos «acoplados» para trigo duro y olivar «de pendiente» y ha criticado especialmente los recortes en desarrollo rural -principalmente para Andalucía- que, según sus datos, a nivel global supondrá un ahorro para el Estado de 2.000 millones de euros en cofinanciación.

    En su intervención, el diputado de UPyD Toni Cantó ha considerado que se ha diseñado una PAC «a espaldas del sector», que no acaba con los agricultores «de sofá», y ha expresado sus dudas sobre los criterios acordados para su aplicación.

    Para María Olaila Fernández Davila (BNG), el Gobierno podría haber realizado un reparto más equitativo y favorecedor para Galicia de las ayudas, además de no compartir la definición de agricultor activo, por no tener en cuenta pequeñas granjas y minifundismo.

    Joan Baldoví (Grupo Mixto) ha planteado que 37.000 agricultores de la Comunidad Valenciana que cobran menos de 300 euros dejarán de percibir estas ayudas PAC, lo que supondrá una pérdida de 10 millones de euros anuales para la región, además de cuestionar que no se incluyan subvenciones para las frutas y hortalizas.

    El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha mostrado su rechazo por el modelo de regionalización y ha pedido una mayor convergencia de las ayudas y que éstas lleguen a cultivos nuevos como la patata, mientras que, en desarrollo rural, ha acusado al Gobierno de invadir sus competencias.

    Desde CiU, Marc Solsona ha preguntado al ministro si Cataluña perdería en el próximo período de programación 140 millones de euros en cofinanciación del Estado al desarrollo rural, tras criticar el modelo «recentralizador» de la PAC.

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Como el de las obras de arte. Este el tipo de IVA que quieren pagar los regantes andaluces para mantener la rentabilidad, de lo contrario auguran un mal futuro a tenor del sobrecoste anual de unos 37 millones de euros al que han de hacer frente por la subida del recibo eléctrico. Lo ha advertido la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, durante un encuentro mantenido en Almería con representantes del sector para anunciar la concentración que llevarán a cabo los productores el próximo 26 de febrero frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Bustamante ha dado a conocer la «dramática situación» en que la subida de los costes eléctricos coloca al regadío, un sector económico de carácter estratégico para la provincia, que representa en Almería una facturación de más de 2.000 millones de euros y da empleo a más de 50.000 personas. Como ha expuesto, «el último tarifazo eléctrico» coloca al regadío en «una situación extrema, y no es ninguna exageración». La última subida contenida en el decreto del 1 de agosto «significará para el regadío almeriense un sobrecoste superior a los 4 millones de euros anuales, y para el regadío andaluz en general de 37 millones anuales».

Y es que «llueve sobre mojado» porque esta subida se suma al incremento continuado de la tarifa eléctrica que los regantes vienen soportando en el último lustro, de más del 80%, con un aumento de los costes fijos (regulados) superior al 1000% en muchas zonas regables. Este crecimiento desproporcionado, unido al mayor consumo de energía eléctrica asociado al proyecto de modernización, supone ya que de media, el 40 % de los que le cuesta el agua al agricultor de riego tenga que ser destinada al pago de la factura de la luz, llegando en algún caso a superar el 75%. Se trata de una exposición a los costes energéticos «insoportable para cualquier sector y ruinoso para un sector como el agrícola, con unos precios por los suelos, muy especialmente en el olivar, una presión impositiva más que considerable y unos márgenes que ya estaban al límite antes del último tarifazo».

Según Bustamante, «la gran paradoja es que con estas tarifas, la modernización lejos de ser una ayuda resulta una condena, porque nos permite ahorrar agua, pero nos hace gastar más energía, con lo que el futuro previsible es que nadie se modernice a partir de ahora y que, en el peor de los escenarios, las instalaciones modernizadas queden abandonadas y sin uso, volviendo los regantes a los sistemas de riego tradicionales».

Los regantes andaluces han denunciado el trato discriminatorio hacia el regadío que supone el tarifazo eléctrico, que representa para los regantes una subida del 20% de media, y para determinadas comunidades de más del 40%, mientras que para otros sectores como la industria básica significará apenas un 3% o incluso una reducción de tarifa. Un trato que agrava «la situación abusiva que venimos sufriendo los regantes desde la desaparición de la tarifa especial de riego, pues nos vemos obligados a pagar durante todo el año el término de potencia que solo necesitamos unos meses, durante la campaña de riego».

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Cada día que pasa, más comunidades de regantes y provincias se suman a las protestas contra el ‘tarifazo’ eléctrico que se celebraán por toda España el día 26, salvo en Castilla y León, que será el día 20. Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, sólo desde agosto el sobrecoste energético por la reforma ha supuesto al sector 80 millones de euros. Para la federación «no estamos ante un mercado libre energético, sino ante un fuerte lobby que si no se rompe supondrá la ruina para el sector de la agricultura». Fenacore, después de las últimas ‘explicaciones’ del Ministerio de Industria negando la posibilidad de reducir esta alza, ha dado por rotas las negociaciones con la administración por su inacción. «La factura eléctrica se ha encarecido con la excusa del déficit de tarifa en una media del 70%, con un incremento de los costes fijos superior al 1.000 por cien en muchas zonas regables, que ha de pagarse todo el año cuando se trata de un servicio que sólo se usa seis meses.

    El nuevo marco legislativo pone contra las cuerdas al sector y compromete el proceso de modernización de regadíos, la cual ha permitido incorporar las nuevas tecnologías a más de un millón de hectáreas de regadío y en especial la instalación de sistemas de presión en sustitución de los antiguos sistemas de gravedad.

    Por eso, mientras los regantes de toda España se organizan bajo el lema ‘El regadío agoniza. No al tarifazo eléctrico’ para protestar de forma simultánea y coordinada por toda la geografía española, a las que en las útimas horas se ha sumado la Campiña de Jerez y toda la provincia gadiatana y los regantes de Albacete, las reclamaciones del sector siguen encima de la mesa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la espera de ser atendidas, aunque no dependan directamente de él, sino de Industria.

Tres soluciones claras para salvar al único sector que genera empleo

   Tres son sobre todo las soluciones que desde Fenacore destacan como las más viables para devolver la estabilidad al campo. Por una lado se encuentra la instauración de un nuevo IVA reducido al suministro eléctrico para regadíos. Para ello el sector toma como referencia lo sucedido en Italia, donde las gestiones directas de Roma ante la Unión Europea han favorecido la puesta en marcha de una medida similar.

   De forma paralela, Fenacore insta al Gobierno a que los regantes paguen únicamente por la potencia real registrada y no por la teórica contratada. Otras alternativas planteadas consisten en despenalizar el uso de las tarifas de temporada o bien, «poder firmar más de un contrato por año». Uno anual con una mínima potencia para el suministro básico del mantenimiento de los equipos y otro de temporada para los meses de máximo consumo.

   Asimismo, los regantes reclaman que el regadío pueda producir energía distribuida y generar electricidad en su zona regable para autoconsumo, algo que ya existe en otros países europeos, asiáticos y americanos.

Más empleo en agricultura

    De igual forma, el conjunto del sector agrariorecuerda que dio una grata sorpresa en los úlitmos datos de desempleo facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. Y es que la destrucción de empleo en 2013 afectó a todos los sectores, menos a la agricultura, que creó 6.800 puestos de trabajo, un 0,9 por ciento más en comparación con el año anterior, por lo que no entienden por qué se quiere «castigar» a unos regantes «que sólo están creando riqueza para el país».

Lo que cuesta el ‘tarifazo’ en cada comunidad

    En la actualidad, para Fenacore, la energía representa el 40% de los costes totales que conlleva el riego de los cultivos y Andalucía, Castilla-la Mancha, Castilla y León y Aragón son, por este orden, las comunidades más afectadas por la nueva reforma energética, que entro en vigor en julio pasado.

    Fenacore ha detallado que, con datos de la encuesta Esyrce, las nuevas tarifas eléctricas han supuesto para los regantes andaluces un sobrecoste de 37,4 millones de euros; para Castilla-La Mancha, de 20,8 millones; Castilla y León, 19,3 millones y para Aragón, 11,3 millones de sobrecoste.

    Son las comunidades que han transformado en mayor medida sus explotaciones hacia sistemas de riego más eficientes, ha incidido Del Campo.

    Ha avanzado que mantendrá una reunión con representantes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para analizar la cuestión y que ya han remitido al Departamento las curvas de consumo medio de energía anual de las comunidades de regantes españoles para que las estudien y puedan establecer posibles soluciones.

    Por su parte, el secretario general de Fenacore, Juan Valero, ha afirmado que la situación actual está llevando a «muchos regantes» a plantearse cesar en su actividad o apostar por cultivos más de secano.

    Valero ha asegurado que el objetivo del Gobierno es «ir hacia una tarifa plana» en el regadío que «va en contra del uso eficiente de energía y del ahorro de agua».

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NOELIA BARROSO / cuenca

Día 11/02/2014

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Fresneda felicitó a la consejería de Fomento por el trabajo realizado

El secretario regional de Asaja, José María Fresneda, hizo ayer balance de los diferentes puntos que contempla el Plan Hidrológico del Júcar y aseguró que este plan supone más recursos hídricos para la región.

En concreto, el presidente de Asaja señaló que el aumento total ha sido de 36 hectómetros cúbicos que, junto a los demás planes aprobados en la región, suponen un aumento de 400 hectómetros cúbicos en total.

Según Fresneda, el borrador contemplaba una reducción de 60 hectómetros cúbicos en los regadíos de La Mancha Oriental de Cuenca y Albacete, cuestión que finalmente no se producirá así como la inclusión de la reserva de La Gineta, La Herrera y Montalvos para no depender del Plan Hidrológico Nacional.

En cuanto a la provincia de Cuenca, desde Asaja apuntaron que el borrador prevé 11 hectómetros cúbicos más que en el plan de 1998, 5 de ellos estarán destinados a los pequeños regantes y 6 para un uso más industrial.

Asimismo, se destina 8,12 para Cuenca capital y 5,12 para la Manchuela, «con lo que se garantiza el abastecimiento» con los 65 hectómetros para la provincia.

Por todo ello, Fresneda felicitó a la consejería de Fomento por este trabajo que, según apuntó se ha realizado contando siempre con los interlocutores interesados como los agricultores, aunque manifestó que «siempre habrá alguien que busque la polémica porque es un tema con muchos discursos políticos».

Una opinión que no comparte IU de Castilla-La Mancha, cuyo coordinador regional pedía ayer en Albacete «cambios sustanciales» en el borrador del Plan Hidrológico del Júcar para conseguir hacer valer los derechos de los castellanomanchegos y en contra de que «la Comunidad Valenciana nacionalice el río, atendiendo los intereses de su desembocadura».

Daniel Martínez criticó el borrador del Plan de Júcar porque «perpetúa el expolio al río con el visto bueno del PP, de María Dolores de Cospedal y del Partido Socialista, que no hizo nunca nada por el Júcar», dijo.

El dirigente regional de Izquierda Unida enumeró los ocho puntos principales de sus alegaciones, entre ellos la eliminación del pago de la ciudad de Albacete por el agua que use para consumo humano en tiempos de sequía. Martínez dijo que «los vecinos de Albacete no deben pagar peaje alguno, y menos a los regantes».

También pide IU que el Plan del Júcar prohíba el uso de la técnica prospectiva conocida como fracking, «por el impacto negativo en los acuíferos», y reclama que establezca el aprovechamiento sostenible de todos los acuíferos, no solo del de la Mancha Oriental.

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