El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Ceuta y de Melilla, los primeros con los que cuentan ambas Ciudades Autónomas. Con éstos ya son 13 los planes hidrológicos aprobados por el actual Ejecutivo en poco más de año y medio. A los dos aprobados hoy se unen los de las Islas Baleares, Duero, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Guadiana, Guadalquivir, Miño-Sil, Galicia-Costa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. El Plan Hidrológico del Ebro se encuentra ya en su última fase administrativa tras el informe favorable del Consejo Nacional del Agua.

   Los Planes Hidrológicos de Ceuta y de Melilla, elaborados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, son el elemento básico de gestión de cada una de estas demarcaciones y tienen como objetivos principales conseguir el buen estado de las aguas y la adecuada protección del dominio público hidráulico.

    Así, estos Planes establecen las pautas para atender las demandas de agua, respetando el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial en cada Ciudad Autónoma.

185 millones de inverisón para el Plan de Melilla

    El Plan Hidrológico de Melilla define los usos del agua de la demarcación y sus prioridades y establece y controla los objetivos medioambientales en las masas de agua definidas: una masa de agua de la categoría río (río Oro), tres masas costeras y tres masas de agua subterránea.

   El Plan establece, además, un programa de medidas a ejecutar hasta 2015 con un importe global de 185 millones de euros, a sufragar entre todas las administraciones.

   Entre estas medidas destacan las que tienen como objetivo paliar la contaminación puntual, con una inversión de 56,9 millones de euros; las relativas a la satisfacción de la demandas, en las que se prevé una inversión de 49,9 millones de euros; así como las destinadas al incremento de la eficiencia de los usos del agua, en las que se invertirán 45,7 millones.

129 millones entre todas las administraciones en Ceuta

    El Plan Hidrológico de Ceuta, por su parte, define los usos del agua de la demarcación y sus prioridades, y establece y controla los objetivos medioambientales en las masas de agua definidas: tres masas costeras y una masa de agua subterránea.

    El Plan establece, también, un programa de medidas a ejecutar hasta 2015 con una inversión global, entre todas las administraciones, de 129 millones de euros.

   En concreto, el plan contempla unas inversiones de 38,6 millones de euros para paliar la contaminación puntual, de 37,3 millones para adoptar medidas relativas a la satisfacción de la demandas, y una inversión de 26,1 millones de euros para incrementar la eficiencia de los usos del agua.

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El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Andrés del Campo, teme que la reforma del sector eléctrico impulsada por el Gobierno para reducir el déficit tarifario provoque «la paralización de la modernización de 1,1 millones de hectáreas en regadío». Según Del Campo García, «las tarifas actuales pueden además hacer fracasar el Plan Nacional de Regadíos (PNR) de 2002» y convertirse «en la ruina de más de 700.000 agricultores regantes de España». Fenacore ha calculado que la aprobación de la orden IET/1491/2013 el pasado mes de agosto y que encarece los costes fijos, en término de potencia, de los peajes de acceso a la energía, se traducirá en un sobrecoste de cien millones anuales para el sector agrario.

   «A este sobrecoste hay que sumar que muchos de los riegos que se han transformado pueden ser ahora inviables», ha subrayado. En España hay en la actualidad 3,5 millones de hectáreas en regadío, de las que 1,1 millones cuentan aún con sistemas de riego antiguo por gravedad y de superficie.

    La implantación de sistemas de riego moderno por presión ha aumentado la productividad -ahora la de una hectárea en regadío equivale a la de 5,5 hectáreas de secano-, pero también ha provocado que la factura eléctrica aumente hasta el 41 % de los costes de producción en regadío, según los datos que maneja esta federación.

Un 50% del regadío moderno puede llegar a "desaparecer"

    «Peligran los sistemas de regadío moderno en más del 50% de la superficie» en la que están implantados, «podrían llegar a desaparecer o podría darse un paso atrás y volverse a la utilización de los tradicionales de superficie, con menor eficiencia en el uso del agua pero sin costes energéticos», ha advertido.

    Del Campo, que también es presidente de la EIC, la asociación europea de regantes (Euro-Mediterranean Irrigators Community), ha alabado en cambio el trabajo del ministro Miguel Arias Cañete en defensa en materia de regadío en la negociación del nuevo paquete de la política agrícola común (PAC).

    Durante este nuevo curso político, ha avanzado que Fenacore continuará defendiendo la mejora de la factura eléctrica para los regantes, «para que paguen por la potencia real registrada en la época de riego (de abril a octubre) y no por la teórica contratada», e intentará reactivar la modernización de los regadíos.

    «También colaboraremos con la Administración para que se aprueben los planes hidrológicos de todas las cuencas -faltan las del Tajo, Segura y Júcar- y así poder tener un nuevo Plan Hidrológico Nacional», ha añadido.

    El presidente de esta federación se ha mostrado muy orgulloso del sistema de organización de las comunidades de regantes en España en la que sus miembros gestionan e incluso se «autosancionan» por el uso del agua y cuyo origen data de hace más de 1.200 años.

    «Es un modelo apolítico de gestión que ha sido referencia y es estudiado en muchos países, entre los que se encuentran Marruecos, Egipto, Turquía, China, India, México, Estados Unidos o Costa Rica».

    El próximo mes de octubre, la EIC celebrará su asamblea general ordinaria en Bucarest, en la sede del Ministerio de Agricultura del país, cuyo titular, Daniel Constantin, visitó en julio España con el propósito de optimizar la administración y gestión del agua para regadío en Rumanía.

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http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=92143

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=92164

La consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, ha mostradou «malestar», respecto a la última regulación eléctrica del Gobierno central, porque «lo único» que provocará la medida es «poner en peligro la modernización de regadíos». Clemente, que ha visitado en Canal del Páramo y que se está conviertiendo en la voz más ‘opositora’ a las medidas del Gobierno central de su partido, ha explicado en declaraciones a los periodistas en Bustillo del Páramo (León), que «el objetivo» de una modernización es «gastar menos energía y consumir menos agua», por lo que esa nueva regulación debería «tener en cuenta el carácter estratégico de la agricultura».

   Por ello, ha apostado por implementar «tarifas adaptadas» para los profesionales de este sector, porque la medida provocará un incremento del 20 por ciento los costes de producción a los agricultores, que se sumaría al aumento del 60 por ciento en materia eléctrica que padecen desde el año 2007.

Apuesta por el modelo francés de pagar cuando se vaya a utilizar

    Frente a la nueva regulación eléctrica, la consejera propone el «modelo francés», que permite acceder a la potencia eléctrica «cuando se vaya a utilizar», frente al sistema actual en España en el que los profesionales deben contratar «toda la potencia todo el año».

    «El campo necesita apoyo específico porque es estratégico y el Ministerio de Industria tiene que tomar nota», ha indicado Clemente, que ha afirmado que la Asociación Ferduero de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero «está en la misma línea».

    La Junta y el colectivo remitirán al Gobierno un documento con las «pretensiones» para «hacer más fuerza».

    La infraestructura beneficiará a más de 6.500 agricultores que trabajan en una superficie agrícola de casi 17.000 hectáreas, que pertenecen a las 32.000 que se han modernizado ya en la provincia de León, lo que supone el 60 por ciento del total de las 60.000 de toda Castilla y León.

    Silvia Clemente ha destacado el «esfuerzo» de las propias comunidades de regantes que han «entendido» que «la modernización es necesaria y es buena», de la misma forma que lo consideran las administraciones, que han «impulsado la captación de fondos para llevar a cabo nuevos regadíos».

    La infraestructura permitirá un ahorro de entre el 30 y el 40 por ciento del agua, lo que conlleva menores costes de producción, un uso más eficiente del recurso, el ahorro en energía y lograr más competitividad, a la vez que favorece la alternancia de cultivos que «el mercado haga más interesantes».

    Un marco sobre el que, según la consejera, se puede favorecer «la regeneración y el relevo generacional».

    Silvia Clemente ha expresado su voluntad de que en el próximo Programa de Desarrollo Rural de la Política Agraria Común (PAC) hasta el año 2020, la modernización de infraestructuras de regadío «siga teniendo un lugar preferencial».

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La toma de posiciones respecto al plan de cuenca del Tajo -y el aumento de la reserva mínima en los embalses de cabecera del trasvase al Segura que contempla dicho plan- ha sacado a relucir las contradicciones de los socialistas en materia hídrica. Mientras el PSPV se presenta en la Comunidad como defensor de la transferencia y arremete contra el Consell porque, a su juicio, no está defendiendo los intereses de la región, sus compañeros de partido en Castilla-La Mancha han presentado una batería de alegaciones al plan que, de aceptarse, supondrían el cierre del trasvase.

Así, el pasado viernes -último día de plazo para presentar alegaciones- unos 40 alcaldes socialistas de Castilla-La Mancha, con el secretario general del PSOE de Toledo (y alcalde del municipio de Escalona), Álvaro Gutiérrez, presentaron sus propias alegaciones para pedir que la reserva mínima en los embalses de Entrepeñas y Buendía se eleve hasta los 900 hectómetros cúbicos, frente a los 400 que contempla el plan de cuenca. Cabe recordar que, en la actualidad, la reserva mínima está establecida en 240 hectómetros.

La solicitud del PSOE de Castilla-La Mancha, de aceptarse (cosa que parece poco probable) supondría de hecho el fin de la transferencia, dado que Entrepeñas y Buendía no almacenan esa cantidad de agua más que en momentos excepcionales. En estos momentos, sin ir más lejos, los dos embalses de cabecera almacenan juntos 729 hectómetros

Negociación

La media de los últimos diez años de estos dos embalses no ha superado la barrera de los 900 hectómetros ni en los meses más húmedos, aunque es cierto que en momentos puntuales (como en 2011) sí lo ha hecho.

Mientras, en la Comunidad, el PSPV se ha sumado al PP en la Diputación de Alicante para presentar una batería de alegaciones conjuntas -negociadas en la Mesa del Agua, de la que también forman parte los usuarios- que piden, en esencia, que se establezca una reserva mínima flexible condicionada a la existencia de periodos de sequía.

Por su parte, el Consell, Murcia y el Ministerio de Medio Ambiente negocian en la mesa técnica -de la que forman parte también ingenieros, técnicos, expertos y regantes de las regiones implicadas y del resto de España- el contenido final del memorándum, que debe garantizar la supervivencia del trasvase Tajo-Segura a pesar del incremento de la reserva hasta los 400 hectómetros en los embalses de cabecera.

Como desveló ayer ABC, la intención de la mesa técnica es que la versión definitiva del memorándum -que será la que adopte rango de ley, según anunció la semana pasada el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete- esté lista para el fin de semana de El Pilar, de forma que pueda conjugarse su entrada en vigor con la del plan de cuenca, que será aprobado por el Consejo Nacional del Agua, previsiblemente, en diciembre.

Entre las aportaciones al memorándum destaca la derogación de la denominada «ley Narbona», que preveía la sustitución paulatina de los caudales del trasvase por agua desalada, a medida que se pusieran en marcha las plantas proyectadas.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.abc.es/local-alicante/20130925/abci-alegacion-psoe-cerrar-tajo-201309251148.html

El futuro del trasvase Tajo-Segura afronta una semana clave. Según ha podido saber ABC, la comisión técnica que ultima el memorándum pactado entre Gobierno, Murcia y la Comunidad (integrada sobre todo por regantes y técnicos de las administraciones implicadas) quiere terminar el documento antes del fin de semana del Pilar. Para ello, esta semana se celebrarán dos reuniones que se antojan clave.

Según las fuentes consultadas por ABC, las aportaciones de regantes y expertos al memorándum se dieron por terminadas el pasado 31 de julio, y a partir de ahora las tres partes negocian el contenido final del texto. De ese contenido, y de la posibilidad de que al memorándum se le de rango de ley, como pretenden el Consell y el Gobierno de Murcia, depende en buena medida el futuro del Tajo-Segura.

El plan de cuenca del Tajo, que eleva la reserva mínima –por debajo de la cual no se puede trasvasar– de 240 a 400 hectómetros, terminará el plazo de exposición pública en diciembre

Mejor gestión

Si bien las negociaciones se llevan con absoluta discreción –pocos son los que conocen el contenido del documento–, ABC ha podido conocer algunas de las aportaciones realizadas por los regantes alicantinos. La mayoría son de carácter técnico, para mejorar la gestión del agua en la cabecera del trasvase y asegurar así que existan excedentes que trasvasar. En este apartado se enmarca también la «auditoría hídrica» que, tal como desveló este periódico el pasado abril, servirá para controlar el uso que del agua se hace en Castilla-La Mancha.

No obstante, también hay aportaciones más «políticas». Así, si el memorándum sale adelante tal como lo ha planteado la comisión técnica, se derogaría parte de la conocida como «ley Narbona», es decir, el decreto por el cual el Gobierno del PSOE cambió en 2004 el trasvase del Ebro por el Plan AGUA, apoyado eminentemente en la desalación. Ese decreto abría las puertas a que, a medida que las desaladoras de Alicante y Murcia fueran terminándose y aportando agua desalada, se redujese la cantidad trasvasada del Tajo al Segura.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.abc.es/local-alicante/20130924/abci-memorandum-para-blindar-tajo-201309241303.html

La organización profesional agraria ASAJA Murcia considera que el desarrollo normativo del Memorándum firmado por los gobiernos de Murcia, Valencia y el Central sobre la continuidad del acueducto debe tener rango de Ley de inmediato, con una regulación clara y sin posibles interpretaciones sobre las condiciones de explotación del acueducto Tajo Segura, con todas las garantías para atender las demandas de los regantes murcianos. Para el Secretario General de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “desde nuestra organización mostramos nuestro rechazo a la reserva de 400 hm3 establecida para la cabecera del Tajo y considera imprescindible que por parte del Gobierno Central a través del Ministerio de Agricultura que se garanticen los desembalses de la cabecera y los caudales necesarios para los regadíos dependientes del trasvase Tajo Segura”.

   ASAJA Murcia entiende que los caudales ecológicos recogidos en el borrador del Plan del Tajo se han incrementado en exceso y que podrían atenderse con mejoras en depuración y reutilización que hasta la fecha son insuficientes en la Cuenca del Tajo.

    Según explica el portavoz de esta organización, “sería una torpeza política y una injusticia limitar los envíos de agua a los regadíos de Murcia, Alicante y Almería que tanto aportan a la economía y el empleo del país”.

   El titular de ASAJA Murcia apela al Presidente del Gobierno para que “lidere una política hidráulica en España que acabe con los desequilibrios hídricos y dote de continuidad, con el respaldo legal que sea preciso, el Acueducto Tajo Segura y lograr una planificación hidrológica en España coherente con las necesidades de recursos hídricos de nuestra agricultura”.

Oposición tajante de los ecologistas a todo el plan hidrológico

   Por su parte, Organizaciones medioambientales piden que se retire el plan hidrológico para el Tajo ya que consideran que condena al río a un «mayor deterioro medioambiental».

    Ecologistas en Acción, WWF y SEO/Birdlife, que ya han presentado alegaciones, han explicado que la incompatibilidad con las normativas, el condicionamiento del trasvase Tajo-Segura y el hecho de no tener en cuenta, a su juicio, la reducción de caudal por el cambio climático son los puntos débiles de este plan.

    SEO/Birdlife, en un comunicado de prensa, ha manifestado que el plan incumple las normativas comunitaria y nacional por la características de las masas de agua de la cuenca del Tajo y que el plan justifica, de forma inadecuada, las excepciones de impactos ambientales presentes y futuros.

    También ha apuntado que no incluye un régimen de caudales que asegure la sostenibilidad y conservación de los ecosistemas acuáticos y ha recalcado que la explotación del trasvase Tajo-Segura pone en riesgo a largo plazo la conservación de la Red Natura 2000.

    Otros de los argumentos expuestos desde SEO/Birdlife es la existencia de una explotación de embalses que no atienden a la riqueza natural propia de sus ecosistemas relacionados y los riesgos para el río derivados de nuevas modificaciones y alteraciones de las masas de agua.

    «Nuestras administraciones no van por el camino de tomar decisiones responsables, incluso quieren dejar pilares fundamentales del plan, como es el trasvase, fuera de toda participación pública», ha manifestado Roberto González, técnico de la campaña de SEO/Birdlife «Alas sobre agua», para poner en valor los humedales.

    El responsable de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín, ha declarado a Efe que «no se tiene en cuenta las reducciones de caudales a consecuencia del cambio climático y se cuenta con unos niveles de agua que no son tales, que ocasionará una tensión preocupante dentro de la cuenca».

    «Es un río muerto muy afectado desde Toledo hasta Cáceres y se sigue considerando que el Tajo tiene aguas excedentarias cuando no es así. Se echan de menos medidas de modernización y de ahorro de aguas en las ciudades, así como la eficiencia en el regadío», ha señalado desde WWF Alberto Fernández.

    El grupo político Equo también ha augurado en un comunicado «un futuro negro para el Tajo» si no se modifica el borrador.

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El texto derogará la «ley Narbona» que cambiaba el trasvase por la desalación

El futuro del trasvase Tajo-Segura afronta una semana clave. Según ha podido saber ABC, la comisión técnica que ultima el memorándum pactado entre Gobierno, Murcia y la Comunidad (integrada sobre todo por regantes y técnicos de las administraciones implicadas) quiere terminar el documento antes del fin de semana del Pilar. Para ello, esta semana se celebrarán dos reuniones que se antojan clave.

Según las fuentes consultadas por ABC, las aportaciones de regantes y expertos al memorándum se dieron por terminadas el pasado 31 de julio, y a partir de ahora las tres partes negocian el contenido final del texto. De ese contenido, y de la posibilidad de que al memorándum se le de rango de ley, como pretenden el Consell y el Gobierno de Murcia, depende en buena medida el futuro del Tajo-Segura.

El plan de cuenca del Tajo, que eleva la reserva mínima –por debajo de la cual no se puede trasvasar– de 240 a 400 hectómetros, terminará el plazo de exposición pública en diciembre, cuando el consejo nacional del agua lo aprobará definitivamente. Los regantes alicantinos esperan que el memorándum se convierta en ley antes de esa fecha, para «blindar» la transferencia al margen de

Mejor gestión

Si bien las negociaciones se llevan con absoluta discreción –pocos son los que conocen el contenido del documento–, ABC ha podido conocer algunas de las aportaciones realizadas por los regantes alicantinos. La mayoría son de carácter técnico, para mejorar la gestión del agua en la cabecera del trasvase y asegurar así que existan excedentes que trasvasar. En este apartado se enmarca también la «auditoría hídrica» que, tal como desveló este periódico el pasado abril, servirá para controlar el uso que del agua se hace en Castilla-La Mancha.

No obstante, también hay aportaciones más «políticas». Así, si el memorándum sale adelante tal como lo ha planteado la comisión técnica, se derogaría parte de la conocida como «ley Narbona», es decir, el decreto por el cual el Gobierno del PSOE cambió en 2004 el trasvase del Ebro por el Plan AGUA, apoyado eminentemente en la desalación. Ese decreto abría las puertas a que, a medida que las desaladoras de Alicante y Murcia fueran terminándose y aportando agua desalada, se redujese la cantidad trasvasada del Tajo al Segura.

El futuro del trasvase Tajo-Segura afronta una semana clave. Según ha podido saber ABC, la comisión técnica que ultima el memorándum pactado entre Gobierno, Murcia y la Comunidad (integrada sobre todo por regantes y técnicos de las administraciones implicadas) quiere terminar el documento antes del fin de semana del Pilar. Para ello, esta semana se celebrarán dos reuniones que se antojan clave.

Según las fuentes consultadas por ABC, las aportaciones de regantes y expertos al memorándum se dieron por terminadas el pasado 31 de julio, y a partir de ahora las tres partes negocian el contenido final del texto. De ese contenido, y de la posibilidad de que al memorándum se le de rango de ley, como pretenden el Consell y el Gobierno de Murcia, depende en buena medida el futuro del Tajo-Segura.

El plan de cuenca del Tajo, que eleva la reserva mínima –por debajo de la cual no se puede trasvasar– de 240 a 400 hectómetros, terminará el plazo de exposición pública en diciembre, cuando el consejo nacional del agua lo aprobará definitivamente. Los regantes alicantinos esperan que el memorándum se convierta en ley antes de esa fecha, para «blindar» la transferencia al margen del aumento de la reserva.

Mejor gestión

Si bien las negociaciones se llevan con absoluta discreción –pocos son los que conocen el contenido del documento–, ABC ha podido conocer algunas de las aportaciones realizadas por los regantes alicantinos. La mayoría son de carácter técnico, para mejorar la gestión del agua en la cabecera del trasvase y asegurar así que existan excedentes que trasvasar. En este apartado se enmarca también la «auditoría hídrica» que, tal como desveló este periódico el pasado abril, servirá para controlar el uso que del agua se hace en Castilla-La Mancha.

No obstante, también hay aportaciones más «políticas». Así, si el memorándum sale adelante tal como lo ha planteado la comisión técnica, se derogaría parte de la conocida como «ley Narbona», es decir, el decreto por el cual el Gobierno del PSOE cambió en 2004 el trasvase del Ebro por el Plan AGUA, apoyado eminentemente en la desalación. Ese decreto abría las puertas a que, a medida que las desaladoras de Alicante y Murcia fueran terminándose y aportando agua desalada, se redujese la cantidad trasvasada del Tajo al Segura.

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