http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130807/abcp-gobierno-reserva-caudales-para-20130807.html

Una de las medidas más controvertidas aprobadas por la Conferencia Sectorial de Agricultura ha sido que se ha establecido un umbral mínimo de 300 euros para poder recibir ayudas directas de la PAC a partir de 2015.Sin embargo, teniendo en cuenta la petición de algunas organizaciones agrarias y de algunas autonomías, se ha estableciendo de igual forma un periodo transitorio para que los beneficiarios que estén por debajo de ese umbral puedan acordar fórmulas asociativas y mecanismos que les permitan agruparse y seguir accediendo a las ayudas. De igual forma, y en aras de la simplificación, se ha establecido un régimen de pequeños agricultores para todos los perceptores que reciben menos de 1.250 euros, que no estarán sujetos a la convergencia interna.

    En el desglose de algunas de las medidas consensuadas entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, también se ha dejado claro que se ha establecido que el umbral máximo para la percepción de ayudas sea de 300.000 euros, para evitar que los grandes terratenientes puedan acapar la mayor parte de los fondos.

    Sin embargo, para calcular este importe, el ministro ha explicado que se podrán deducir los costes laborales del beneficiario y no se tendrá en cuenta el importe de la ayuda procedente del pago verde. Igualmente, se tendrán en cuenta las circunstancias específicas de la agricultura asociativa, para que no salga perjudicada, en especial en un momento en el que se está apostando por el cooperativismo como fórmula de futuro del sector.

    Respecto a la también controvertida decisión de que no se aplique el pago adicional a las primeras hectáreas, o que tampoco se haya considerado que los productores y superficies de viñedo, frutas y hortalizas, que hasta ahora no percibían ayudas de la PAC, se incorporen al nuevo modelo de ayudas, lo que ha provocado el enfado de dos comunidades tan impliadas en esta decisión como La Rioja o Murcia, el ministro MIguel Arias cañete ha aclarado que, si se hubieran incorporado, habría que haber reducido las ayudas de otros agricultores y ganaderos, una decisión que no contó con el respaldo de la mayoría de las autonomías.

    En este sentido, se ha decidido también que el  importe de 142,7 millones de euros, que el programa de apoyo al sector vitivinícola destinó al régimen de pago único, se incorpore de forma definitiva al régimen de pagos directos. Arias Cañete también ha avanzado que se impulsará la aprobación de la normativa nacional relativa al reconocimiento de organizaciones de productores en todos los sectores agrarios, a los agricultores y productores que se agrupen y cumplan con los requisitos que se establezcan.

    De igual forma, se ha creado asimismo un grupo de trabajo de alto nivel para definir la figura de agricultor activo, incluida la ampliación de la lista negativa de organismo y entidades que dejarán de percibir ayudas, así como otro grupo en relación con los pagos acoplados, que analizará la problemática de cada sector. A este respecto, la Conferencia Sectorial considera que deberá utilizarse el porcentaje máximo del 15%, y que los sectores ganaderos, en particular, deberán tener una consideración prioritaria dentro de estos pagos. 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente creará cinco grupos de trabajo para definir el modelo de aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) 2014-2020, unos 50.000 millones de euros, avanzó a Efeagro el secretario general de COAG, Miguel Blanco. Los grupos se encargarán de definir el nuevo modelo sobre: definición de agricultor activo; modelo de regionalización y convergencia; incorporación de viñedo y frutas y hortalizas; ayudas acopladas y qué sectores incluir y, por último, sobre posible trasvase de fondos del segundo pilar (desarrollo rural que deberían cofinanciar comunidades autónomas) al primero de ayudas directas. Así lo ha apuntado Blanco a Efeagro tras participar este martes día 23, junto a UPA y ASAJA, en la reunión del Comité Asesor Agrario, que estuvo presidido por el ministro, Miguel Arias Cañete, un día antes de que este último se encuentre con los responsables de agricultura regionales.

   Sobre el desarrollo del modelo que se aplicará en España, el dirigente agrario constata que «esto está todavía en una negociación incipiente» y que «va a ser muy difícil que pueda haber un acuerdo político del Gobierno con las comunidades autónomas en julio».

Un acuerdo político casi imposible en julio

    Y es que ahora «se abre el debate y la discusión o negociación a determinados grupos de trabajo, que bajo nuestro punto de vista es positivo», ha puntualizado Blanco.

    Concreta que los nuevos grupos de trabajo tendrán que analizar en septiembre los asuntos sobre los que hay un desacuerdo más profundo, por lo que el debate sobre la PAC seguirá en próximos meses.

    Reconoce que los puntos donde hay mayor desacuerdo hacen referencia a la definición de agricultor activo, la incorporación de nuevos productores al viñedo y hortalizas y a qué ámbitos se permite seguir recibiendo ayudas acopladas (vinculadas a la producción) en el nuevo sistema de la PAC, en el que se prima a la hectárea.

    También debe negociarse un posible trasvase de fondos de desarrollo rural al primer pilar para atender necesidades de zonas desfavorecidas, por ejemplo, o qué porcentaje de fondos se reserva a los jóvenes agricultores para que haya relevo generacional, si un 2% como pide COAG, o en menor porcentaje como algunas regiones piden.

La definición de agricultor activo, en el eje de todas las discusiones

    En cambio, sí hay más consenso sobre la limitación de superficies para evitar que los agricultores pierdan fondos y también sobre el régimen especial que apoya a los pequeños perceptores.

    En este contexto, COAG reclama que «no aceptaremos que se sigan cobrando ayudas de la PAC de manera indiscriminada como ahora», pero este objetivo no se conseguirá -añade- si no hay una adecuada definición de agricultor «activo».

     En su opinión, éstos deben ser aquellos que al menos obtengan el 25 % de sus ingresos de la agricultura y, además, coticen a la seguridad social agraria como profesionales de este sector.

    En todo caso, desde COAG afirman que el Ministerio deja claro que habrá una «aplicación nacional» de la PAC, pero haciéndolo compatible con un sistema de regionalización que permita mantener aproximadamente los mismos cheques regionales actuales.

UPA no lo ve nada claro y cree que el debate está "muy verde"

    Ramos ha recordado que hay «partes muy importantes» de la aplicación de la nueva PAC 2014-2020 que quedan abiertas y que analizarán distintos grupos técnicos de expertos que el Ministerio se ha comprometido -matiza- en crear.

    Entre los temas que aún quedan abiertos, el dirigente agrario apunta que «no hay definición» aún para el «agricultor activo» -aquél que se considerará prioritario para recibir los pagos-. «Para UPA deben ser los perceptores cuyos ingresos procedentes de la agricultura representen más del 25 % del total», agrega Ramos.

    Destaca Ramos que hay «muchas dudas» aún sobre la mesa entre Gobierno y comunidades sobre si debe permitirse pasar fondos del segundo pilar (del desarrollo rural que, además, exige cofinanciación autonómica) al primero (ayuda al agricultor) para atender necesidades de zonas desfavorecidas, por ejemplo.

Diferencias sobre los pagos acoplados

    También hay diferencias en cuanto a los sectores que deban recibir pagos «acoplados» o vinculados a la necesidad de producir, un sistema que conviviría con el nuevo sistema que impulsa la nueva PAC, basado en las ayudas por la hectárea hasta 2020.

    Unas ayudas asociadas que UPA cree imprescindibles para sectores como la ganadería y el lácteo, los cultivos industriales o para impulsar cultivos «protéicos» que sirvan para alimentar el ganado con menores costes y menor dependencia como ahora de la importación.

    Otro de los debates abiertos -añade Ramos- es si deben incluirse en el nuevo sistema de ayudas de la PAC a los agricultores que entren en el cultivo del viñedo y de las frutas y hortalizas, una posibilidad que UPA sí exige aunque, según agrega, el Ministerio no comparte al asegurar que implicaría recortar a otros productores. «Nosotros creemos que hay que sacar dinero de los perceptores que no son agricultores activos» realmente, añade el dirigente agrario.

    Ramos asegura que en septiembre continuarán las conversaciones entre Gobierno, comunidades autónomas y sector agrario. «Creo que tendrán problemas con algunas comunidades autónomas porque algunas dicen ya que no aceptarán un cheque menor al que perciben en la actualidad», afirma Ramos.

ASAJA cree que hay tiempo para hacer "las cosa ordenadas"

    Para Pedro Barato existen una serie de temas lo suficiente importantes para que haya un consenso como el del «agricultor activo, el presupuesto para el vino, las zonas específicas de montaña, si se va a pagar del primer pilar o si se va a producir transferencia del segundo pilar».

    Una serie de cuestiones que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado en la reunión dy que «nosotros así lo consideramos». Por ello se crearán comisiones el próximo mes de septiembre para intentar clarificar todo lo que es la aplicación de la PAC. En su opinión «lo que el agricultor quiere que se le diga todavía no es posible».

    Respecto a la Conferencia Sectorial que se celebrará esta semana entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas para debatir el modelo de aplicación de la PAC, Barato considera que al igual que ha pasado con las organizaciones agrarias habrá cosas en las que haya acuerdo y otras en las que se crearán grupos de trabajo para llegar a un consenso «lo más amplio posible».

Finalmente, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha afirmado a Efeagro que las comisiones que se crearán en septiembre para clarificar la aplicación de la Política Agraria Común (PAC), dan un tiempo para «hacer las cosas ordenadas y que los temas se puedan ir terminando».Por su parte, el secretario general de la organización agraria UPA, Lorenzo Ramos, ve aún «muy verde» el acuerdo político entre Gobierno y comunidades autónomas para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España y mucho menos que se zanje en conferencia sectorial de esta semana.

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha anunciado que en la reunión que mantendrá este miércoles día 17 con representantes de las organizaciones agrarias regionales se fijará una postura «unánime» sobre las principales demandas de la región en el futuro desarrollo de la Política Agraria Común (PAC). Soriano ha indicado a preguntas de los periodistas tras presentar en rueda de prensa la nueva página web ‘Unidad Ganadera Virtual’ (UGV), que en la cita se analizará el documento que ha remitido la Unión Europa (UE) al Ministerio de Agricultura acerca del modelo agrícola que se va a adoptar en España con la PAC.

    «Abordaremos ese cuestionario, las preguntas que, de manera más singular, pueden afectar a Castilla-La Mancha y poder llevar al Ministerio», en debate que junto al resto de comunidades autónomas se desarrollará en Madrid los próximos 24 y 25, «una respuesta unánime, consensuada con todos los sectores, en defensa de nuestros intereses, así como para el Programa de Desarrollo Rural», ha dicho.

    En la reunión está prevista la presencia de los interlocutores de las organizaciones agrarias, ganaderas y de las industrias agroalimentarias de la comunidad.

ENLACE A NOTICIA ORIGINAL: http://www.agroinformacion.com/noticias/79/autonomias/63428/clm%20fijara%20con%20las%20asociaciones%20agrarias%20una%20postura%20unica%20de%20cara%20a%20la%20pac.aspx

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=91198

El cuestionario que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiebte ha remitidio a todas las comunidades autónomas y a todos las organizaciones agrarias, y al que ha tenido acceso agroinformacion.com, abarca un total de 52 preguntas diferentes sobre las posibilidades distintas de de cómo aplicar la PAC. En un amplio documento de más de 27 páginas, se plantean cuestiones como si las CCAA estaráin dispuestas a aceptar actuaciones de ámbito supraautonómico, qué porcentaje del dinero asignado al desarrollo rural en España consideran que debe destinarse al programa nacional, cómo se debe definir lo que es un ‘agricultor activo’ o cómo repartir los fondos para los jóvenes agricultores.

   El cuestionario va detallando los distintos aspectos de la PAC, tras una introducción en la que recuerda que se concede un amplio margen de subsidiariedad a los Estados miembros para decidir, en cada caso, el modelo de política agraria más adecuado a las características de su agricultura. Y en base a este argumento, el MInisterio pone sobre la mesa la primera cuestión más importante, la del pago directo de las ayudas.

    En este sentido, propone que se debería basar en los siguientes principios generales: «Establecer que las ayudas directas del primer pilar de la PAC deben destinarse a las explotaciones agrarias verdaderamente activas. Garantizar a todas las explotaciones agrícolas o ganaderas las mismas reglas del juego, con independencia de su localización, para evitar distorsiones a la competencia entre agricultores y ganaderos de distintos territorios y llimitar los trasvases de ayudas entrebeneficiarios, sectores y territorios para garantizar la estabilidad y viabilidad de las explotaciones».

    La aceptación de estos tres principios básicos lleva, en su opinión, necesariamente a proponer una serie de condiciones generales que determinarán la aplicación en España del modelo de pagos directos, que serían: Establecer un modelo de regionalización que limite al máximo el efecto de la convergencia interna de las ayudas. Limitar la incorporación de nuevas superficies adicionales al sistema dado que dicha incorporación supondría una reducción de la ayuda media por hectárea.

    Ante esta situación, la primera pregunta es «¿Comparte los principios básicos y condiciones generales enunciados para la aplicación nacional del sistema de pagos directos en España? En caso de no ser así, por qué motivo y qué alternativas plantea».

Delimitación de los beneficiarios y el umbral del agricultor activo

   La segunda cuestión básica que se plantea es cómo delimitar a los beneficiarios de las ayudas y cómo definir la figura del agricultor activo. Así recuerda, que la primera asignación de derechos debe hacerse únicamente a aquellos productores que se consideren agricultores activos según el Estado miembro, por lo que dicha asignación es el momento adecuado para excluir del sistema a todos aquellos beneficiarios de ayudas directas que no cumplan los requisitos de agricultor activo a pesar de que, hasta ahora, hayan podido ser perceptores de las ayudas.

    Para ello, pregunta "¿Resulta conveniente adoptar medidas para lograr, ya desde la primera asignación de derechos, una mejor orientación de las ayudas directas hacia una agricultura y ganadería realmente activas?"  De igual forma recalca que "a la lista negativa de personas jurídicas que serían excluidas del beneficio de las ayudas, compañías que gestionan aeropuertos, ferrocarriles, suministro de agua, inmobiliarias, establecimientos deportivos o de recreo, ¿Qué otras categorías deberían añadirse a la lista propuesta a nivel comunitario?"

    Aunque quizás la pregunta clave sea la que plantea el Ministerio, al inquirir  que "el reglamento establece la posibilidad de que el requisito de ser agricultor activo sólo se aplique a los beneficiarios que perciban importes por encima de 5.000 €, pudiendo el Estado miembro establecer un umbral inferior. ¿Cuál considera que sería el umbral más apropiado para comprobar este requisito? ¿Considera apropiado que este umbral se establezca en 1.250 €,?"

La actividad agraria

   La siguiente cuestión que se plantea es intentar hallar un consenso sobre qué es la actividad agraria y qué se entiende por “actividad mínima”. Para ello, el Ministerio cree que las superficies de tierras de cultivo y de cultivos permanentes, se debe desarrollar una actividad de mantenimiento mínimo, de forma que las tierras puedan ser utilizadas para el cultivo en la campaña siguiente sin necesidad de realizar labores extraordinarias que vayan más allá de las preparatorias habituales para el cultivo a desarrollar. En base a lo anterior, no estarían desarrollando esta actividad mínima aquellos agricultores que tuviesen las superficies en condición de abandono del cultivo o aquellos que la tuviesen de manera permanente en condición de no cultivo, dado que el no cultivo reiterado conduciría también a una situación de abandono de la explotación.

    Por lo que se refiere a las superficies de pastos permanentes, considera que la actividad mínima implicaría un mantenimiento anual de la misma. Esa mínima actividad debe ir vinculada a una explotación ganadera inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA). Asimismo, con el objeto de evitar la creación de condiciones artificiales para percibir las ayudas, dicha superficie deberá situarse en la región donde se ubique la explotación o en una región limítrofe.

    Por ello, pregunta "¿Qué requisitos adicionales deberían exigirse a los productores para considerar que han respetado la obligación de mantener sus superficies agrarias en un estado idóneo para pastos o cultivo así como que han cumplido con la actividad mínima a desarrollar en las superficies mantenidas naturalmente en un estado adecuado?"

Cuantía mínima para cobrar los pagos directos

   El Ministerio recuerda que, los Estados miembros pueden decidir no conceder pagos directos a los agricultores que no alcancen un importe mínimo por año natural o cuya explotación no alcance una dimensión mínima. Dichos umbrales se fijan, de manera general, en 100 euros anuales (antes de reducciones y exclusiones) y en una hectárea, respectivamente. No obstante, teniendo en cuenta la diferente estructura de las economías agrícolas de los Estados miembros, es posible ajustar dichos umbrales, pudiendo incrementarlos, en el caso de España, hasta 300 euros anuales o dos hectáreas.

    Ante esta situación, el Ministerio pregunta "¿Considera adecuado establecer un umbral mínimo de 300 euros anuales para poder percibir ayudas directas?"

Pagos al sector vitivinícola, hortalizas, frutas y ganaderos

    Sobre los derechos de pagos, el Ministerio incide en las distintas posibilidades que existen según la normativa, aunque destaca tres cuestiones importantes, los pagos al sector vitivinícola, el de frutas y hortalizas y ganaderos.

    Respecto al primer punto, se destaca que en el marco del Programa de Apoyo al sector vitivinícola español 2009-2013 la medida de pago único a viticultores en forma de ayuda por hectárea, se asignaron derechos de pago único a un grupo de viticultores que en un periodo de referencia estaban “vinculados” al sector del mosto no destinado a vinificación y/o a la destilación de alcohol uso de boca. Entre estos viticultores y los productores “mixtos”, la superficie de viñedo ya integrada alcanzaba las 700.000 hectáreas en 2011, pero existirían viticultores, previsiblemente con dedicación exclusiva al cultivo del viñedo, que por no recibir ningún pago directo en 2013 no entrarían en el sistema, en caso de que así se decida.

    En esta situación se encuentra alrededor del 25% de la superficie de viñedo (230.000 hectáreas) en el año 2011. Por eso se preguta "¿Conviene asignar derechos de pago básico a aquellos agricultores que, en 2013, cultivaron viñedo sin recibir ningún tipo de apoyo en el régimen de pagos directos, aunque ello suponga reducir los apoyos a los actuales perceptores dentro de la región en la que se encuentran las nuevas superficies?"

    Respecto a la primera asignación de derechos de pago básico en los sectores de frutas, hortalizas, patata y plantas ornamentales, el Ministerio cree que se estima que más del 60% de la superficie total se encuentra ya integrada en el régimen, pero se calcula que, aproximadamente, unas 550.000 hectáreas podrían entrar por primera vez en el régimen en el año 2015.

    Por ello, se pregunta "¿Conviene asignar derechos de pago básico a aquellos agricultores que, en 2013, produjeron frutas, hortalizas, patatas para consumo humano, patatas para siembra y/o plantas ornamentales sin recibir ningún tipo de apoyo en el régimen de pagos directos, aunque ello suponga reducir los apoyos a los actuales perceptores dentro de la región en la que se encuentren las nuevas superficies?"

   Sobre los derechos de pago básico en sectores ganaderos, se recuerda que la aplicación del actual régimen de pago único ha propiciado que un número significativo de beneficiarios activen sus derechos de pago sobre superficies de pastos sin tener ganado y sin realizar ningún tipo de actividad agraria.

    Por eso se inquiere si "¿Considera oportuno que, para la primera asignación de derechos de pago básico, sólo se puedan asignar derechos sobre superficies de pastos para productores que fueran ganaderos en un año de referencia que se determine?"

Limitación del número de derechos de pago

    En este capítulo, uno de los más ha incidido España en la negociación europea, El Ministerio hace hincapié en que las derogaciones a la regla general que permiten a los Estados miembros limitar el número de derechos de pago son varias y en ocasiones consisten en una limitación cuantitativa del número de hectáreas elegibles y otras veces en restricciones cualitativas para determinados tipos de superficies.

    El texto recoge actualmente dos posibilidades para limitar el número de derechos de pago básico a asignar en 2015: limitar la superficie máxima a la declarada en 2013 o utilizar los límites del 135% ó 145% de la superficie declarada en 2009. Por eso se pregunta si "¿Está de acuerdo en aplicar mecanismos que permitan limitar la primera asignación de derechos de pago básico? En caso afirmativo, ¿Cuáles deberían ser éstos?".

Transferencia entre pilares

   El Reglamento de pagos directos establece la posibilidad de hacer transferencias de fondos entre el primer y el segundo pilar, en ambos sentidos. Para resolver esta cuestión, el Ministerio cree que habría que hacer un análisis previo de la capacidad de cofinanciación del Estado y de las Comunidades Autónomas.

   Por eso pregunta "¿Está de acuerdo en que se realicen transferencias de fondos del primer pilar al segundo pilar?" P, así como "¿Está de acuerdo en que se realicen transferencias de fondos del segundo pilar al primer pilar? En caso afirmativo, ¿Considera oportuno limitar estas transferencias para cubrir los importes necesarios de las ayudas a jóvenes agricultores y/o Zonas con Limitaciones Naturales en el primer pilar?

Régimen de pago básico

    Con esta reforma y la implantación del nuevo régimen de pago básico, la Comisión pretende asegurar una distribución más igualitaria de la ayuda directa, pues considera injustificable la existencia de importantes diferencias individuales en el nivel de ayuda por hectárea derivadas de la utilización de referencias históricas.

    En este sentido, España ha ido logrando excepciones y derogaciones a la aplicación de la tasa plana que la Comisión pretendía poner en marcha en 2019. El resultado final permite limitar la convergencia interna mediante una triple vía: el estableciendo una convergencia mínima del 60% de la media de la región de que se trate; el estableciendo que aquéllos que estén ya en la actualidad por encima del 60% de la media sólo deberán converger en un tercio de la media del valor de sus derechos con respecto al 90% de la media de su región; el estableciendo un límite máximo del 30% a la reducción de las ayudas

    Por elllo, en un país tan extenso y con una agricultura tan diversa como la española,

parece conveniente regionalizar el pago básico, para adaptarlo a la realidad productiva de cada zona. Para ello, el Ministerio se plantea que el modelo de regionalización se base en los siguientes elementos: En los importes de ayuda recibidos por cada agricultor y ganadero; En los tipos de superficie declarados por cada agricultor y ganadero. A estos efectos, se distinguirán cuatro tipos de superficie: Superficies de cultivo de secano, Superficies de cultivo de regadío,o Cultivos permanentes y o Pastos.

    En la comarca agraria, como unidad geográfica perfectamente conocida por el sector, en la que se agrupan los municipios con características agronómicas semejantes. Ante estos e pregunta  "¿Está de acuerdo en que el modelo de regionalización se desarrolle conforme a estas bases?"

Jóvenes agricultores y pagos de carácter voluntario

    De cara al relevo generacional, para financiar este pago, los Estados miembros utilizarán un porcentaje del límite máximo nacional que no deberá superar el 2%.

    Por eso el Ministerio plantea las siguienets preguntas "¿Dentro del primer pilar, qué porcentaje del límite máximo nacional deberá destinarse a financiar el pago a jóvenes agricultores?". "¿Cómo considera que debe financiarse el apoyo a la primera instalación de jóvenes agricultores dentro del primer pilar: exclusivamente a cargo de sus fondos o a partir de fondos transferidos del segundo pilar?" Y por último, "¿Considera que los requisitos exigibles a los jóvenes agricultores en el primer pilar deben ser los mismos que en el segundo pilar".

    Asimismo, existe la posibilidad de complementar los pagos anteriores, de naturaleza obligatoria, con una serie de pagos voluntarios para el Estado miembro que atienden circunstancias específicas de los beneficiarios o los sectores a los que van dirigidas.

    Ante esta situación, y tras reseñar los sectores que se pueden afectados por esta situación, el MInisterio pregunta "¿Con qué criterios debería concederse una ayuda asociada?, ¿A qué sectores?"

     De igual forma inquiere "¿Dado que esta medida es de aplicación voluntaria, considera necesario conceder un pago en el primer pilar a las explotaciones situadas en determinadas subregiones que se enfrentan a problemas específicos dentro de las zonas con limitaciones naturales, en el primer pilar?"

    En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, "¿Qué porcentaje habría que destinar a esta medida, dentro del máximo del 5%?" Asimismo, "¿Qué zonas deberían delimitarse como zonas objetivo para este pago? o si "¿Considera que la financiación del pago a las explotaciones situadas en zonas con limitaciones naturales debe realizarse con fondos transferidos del segundo pilar al primer pilar?"

Pago adicional a las primeras hectáreas

    El Reglamento establece una medida de carácter voluntario de apoyo a las primeras hectáreas de cada productor. Su importe unitario es el correspondiente al 65%, como máximo, del pago medio regional o nacional. El número de hectáreas admisibles para este pago es de un máximo de 30 ó del tamaño medio nacional (24 ha en el caso de España). Pero para esta medida no hay fondos adicionales, sino que deben detraerse del límite nacional hasta un máximo del 30%, sin que se puedan establecer diferenciaciones de carácter sectorial.

    Por eso pregunta "¿Considera oportuno conceder un pago adicional a las primeras hectáreas de todas las explotaciones y de todos los sectores?". En caso afirmativo, "¿Con qué finalidad? y ¿Qué porcentaje del límite máximo nacional detraería con esta finalidad?".

Régimen simplificado para pequeños agricultores

    Supone una oportunidad para mejorar la eficacia de la gestión de las ayudas directas por la vía de la simplificación administrativa. En España podrían acogerse al mismo un significativo porcentaje de beneficiarios, que se verán exentos del seguimiento en el cumplimiento de la condicionalidad y greening. Además no se les aplicará la convergencia interna.

    Ante esto se plantea "¿Le parece apropiada la propuesta de aplicación, de oficio, del régimen simplificado para los pequeños agricultores cuyas ayudas estén por debajo de 1.250 €?" O si "¿Le parece apropiado que el cálculo de las ayudas en el Régimen de pequeños se haga en base a sus ayudas del año 2015 sin aplicar posteriormente la convergencia a los mismos?"

Organización de productores

    En este caso, el reglamento establece también una serie de requisitos para que una entidad pueda ser reconocida como organización de productores, tales como un número mínimo de miembros y/o un volumen mínimo de producción, es, por tanto, necesario disponer de una normativa nacional de desarrollo que regule éstas y otras cuestiones para que una entidad pueda ser reconocida como OP.

    Esta legislación nacional existe actualmente para el sector lácteo y para las frutas y hortalizas. Ante ello, se pregunta "¿Considera que debería establecerse normativa nacional para regular las organizaciones de productores en los sectores donde aún no se ha establecido de forma que sea posible su reconocimiento? ¿Para qué sectores y con qué prioridad?"

Organizaciones interprofesionales y el vino

    En el formulario se recuerda que hasta ahora, el sector lácteo y el azúcar eran los únicos sectores agrarios que contaba con disposiciones específicas en materia de relaciones y negociación contractual en el marco de la OCM Única, pero la reforma abre el marco de las relaciones contractuales al resto de sectores agrícolas y ganaderos, con especial incidencia en el aceite de oliva, los cultivos herbáceos y el vacuno de carne.

   Un caso epecial es el del vino, recalcando que que se ha hecho una consulta a la Comisión Europea en relación al tratamiento de los beneficiarios y derechos generados por el sector del vino en estos años en caso de que el presupuesto se destine a las medidas del Programa de Apoyo. Conforme a la respuesta de la Comisión, jurídicamente es imposible excluir a los beneficiarios que generaron derechos del sector vitivinícola del régimen, ni reducir el valor de sus derechos. Por tanto, aunque se decidiera mantener el presupuesto para el Programa de Apoyo, los beneficiarios a los que se les asignó derechos de pago único “vino” permanecerían en el régimen con sus derechos adquiridos y estos importes se deberían detraer de otros beneficiarios y de otros sectores.

   Por ello, pregunta "¿Considera adecuado mantener el status quo y transferir los 142,749 M€ de forma definitiva al régimen de pagos directos?"

Desarrollo rural

    El Ministerio señala que los Estados miembros podrán presentar un programa único para todo su territorio o un conjunto de programas regionales, o en casos debidamente justificados, un programa nacional y un conjunto de programas regionales. Si un Estado miembro presenta un programa nacional y un conjunto de programas regionales, las medidas y/o tipos de operaciones deberán programarse a nivel nacional o a nivel regional, y deberá asegurarse la coherencia entre la estrategia nacional y las regionales.

   Tras detallar las ventajas de las política supraautonómicas, el Mnisterio plantea "¿Considera adecuado presentar para España un programa nacional, además de los programas regionales de las Comunidades Autónomas, con el objetivo de realizar actuaciones de ámbito supraautonómico y de interés general?" o si "¿Qué medidas u operaciones de las anteriormente citadas incluiría en un programa nacional? ¿Incluiría otras diferentes?". Asimismo, pregunta si "¿Considera interesante para su Comunidad Autónoma participar en un programa plurirregional con el objetivo de optimizar la utilización de recursos financieros y humanos?"

   Ante el marco nacional, y con el objetivo de evitar desigualdad de trato entre los beneficiarios de distintas comunidades autónomas, el Ministerio pide la opinion sobre si "¿Considera necesaria una mayor armonización de las condiciones de aplicación de determinadas medidas a través del establecimiento de elementos comunes en unmarco nacional acordado con las Comunidades Autónomas?" En caso afirmativo, "¿Qué medidas y aspectos considera que deben armonizarse a nivel nacional?" Teniendo en cuenta que el marco nacional puede incluir un cuadro financiero con la dotación de todos los PDR, ¿Considera que deben establecerse los mecanismos oportunos para flexibilizar la transferencia de fondos entre programas con el objetivo de evitar la pérdida de fondos a nivel nacional?".

Zonas con limitaciones naturales significativas

    En la nueva designación de zonas con limitaciones naturales significativas, los Estados miembros deberán efectuar un ejercicio de “ajuste fino” basado en criterios objetivos para excluir las zonas que hayan superado tales limitaciones por inversiones, actividad económica, por la evidencia de una productividad normal, o si la utilización de métodos o sistemas de producción agrarios compensan la pérdida de renta y los costes adicionales.

    Ante esto plantea "¿Considera conveniente que, para realizar la delimitación precisa (fine tuning) de las zonas, se utilicen fuentes de las propias Comunidades Autónomas o, por el contrario, considera que deben utilizarse fuentes comunes para el conjunto del territorio español?"

    De igual forma, ante el enfoque Leader, se inquiere "¿Qué porcentaje de fondos procedentes del FEADER considera que debe destinarse a la financiación de proyectos LEADER en su Comunidad Autónoma teniendo en cuenta que, según el Reglamento FEADER, se ha de destinar un mínimo del 5%?",así como que  "¿Está previsto en su Comunidad Autónoma destinar otros fondos del MEC (FSE, FEDER, FEMP) para financiar proyectos LEADER? En caso afirmativo ¿Sería partidario de financiar con FEADER exclusivamente actuaciones LEADER relacionadas con el sector agrario y que otros fondos financiaran otras actuaciones de diversificación?". De igual forma, "¿A la vista de la experiencia del periodo de programación anterior, qué porcentaje máximo de los recursos destinados a financiar proyectos LEADER debería destinarse a gastos de estructura y funcionamiento? ¿Considera que deberían limitarse los gastos de funcionamiento por debajo de lo permitido por el Reglamento MEC (25% para gastos de explotación y animación)?".

Jóvenes, mujeres y componentes verdes

    Ante el despoblamiento de las zonas rurales, y en particular el abandono de los jóvenes, y la irrupción de la mujer en estas labores, "¿Considera necesario elaborar subprogramas regionales temáticos para jóvenes agricultores y mujeres?" o "¿Considera que en el marco nacional habría que establecer elementos comunes mínimos para jóvenes agricultores y mujeres?"

   Entre las  novedades en la medida de agroambiente y clima, que aunque no incluirán las prácticas del componente verde como obligatorias, sí deberán ser más ambiciosas para evitar la doble financiación, se plantea "¿Considera oportuno establecer elementos comunes para la medida agroambiental, o submedidas concretas, en un marco nacional?" Del menú facilitado por la Comisión, "¿Qué compromisos agroambientales propone que en el territorio nacional puedan considerarse equivalentes al componente verde?".

Flexibilidad entre pilares

    El marco financiero plurianual, establecen una transferencia de fondos entre pilares de hasta el 15% en el caso de trasvase de fondos del primer pilar al segundo y de hasta el 25%, en el caso de segundo a primer pilar.

    Ante esto, "¿Son partidarios de la transferencia de fondos entre pilares? ¿En qué sentido? ¿En qué porcentaje? En caso de transferencia del primer pilar al segundo, y con independencia del sentido, "¿Los fondos transferidos deberían asignarse a medidas o actuaciones concretas?" En caso de respuesta afirmativa, "¿A qué medidas?".

Reparto de los repartos FEADER

    Según la información facilitada por la Comisión en el Consejo Europeo sobre el MFP 2014-2020 del 8 de febrero, a España le corresponden 8.291 millones de euros, es decir 236 millones de euros más que en el programa anterior. Ante esto, "¿Qué porcentaje del dinero asignado al desarrollo rural en España considera que debe destinarse al programa nacional?"

    "¿Para el reparto de los fondos FEADER entre CCAA, apoyaría la utilización a nivel nacional de los mismos criterios objetivos de reparto que establece la Comisión para el reparto entre Estados miembros a nivel comunitario?" O, por el contrario, "¿Considera que deben utilizarse criterios semejantes a los empleados en el reparto 2007-2013?".

    De igual forma se plantes "¿Considera que la RRN debería tener su propio programa?" En el caso de que coexistan una programación nacional y regional, "¿Considera que la RRN debería formar parte de un programa nacional?"  De la reserva de fondos del 4% que la propuesta de reglamento prevé para asistencias técnicas, preparación, gestión, control auditoría y creación de redes, "¿Qué porcentaje considera que debería reservarse a la RRN para que desarrolle los objetivos y actuaciones previstas en FEADER?".

Innovacion agraria y forestal

    Por último, el Ministerio destaca que la innovación es un objetivo transversal del desarrollo rural y el Reglamento FEADER prevé un nuevo instrumento cuyo objetivo es acelerar la innovación en el sector agroalimentario y forestal, para lograr un sector competitivo que produzca más con menos recursos y menor impacto ambiental: La EIP de agricultura productiva y sostenible.

    Por eso pregunta, En el caso de coexistencia de un Programa Nacional y Programas Regionales, "¿Considera que deberían integrarse en el Programa Nacional las cuestiones relativas a la creación de la EIP, su funcionamiento, selección de los grupos operativos y establecimiento de redes?"

    "¿Considera adecuado incluir en el Marco Nacional los elementos para decidir la forma de incorporar la innovación en las medidas y operaciones comprendidas en los PDR?"

    Y por último, "¿Considera adecuado utilizar la RRN en la divulgación, comunicación y difusión de los resultados de los grupos operativos de la EIP?"

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El presidente de la Comunidad de Regantes de la Izquierda del Ebro, Lluís Pegueroles, se ha visto obligado a dimitir después de la polémica que generó en el seno de la entidad su voto favorable al Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro. Según ha dado a conocer en un comunicado, su Junta de Gobierno «no comparte» la decisión que tomó el presidente, lo que ha desencadenado el conflicto y la posterior dimisión que tendrá efectos a partir del próximo martes. Pegueroles ha justificado su voto afirmativo «condicionado» en que la votación del 4 de julio pasado «en ningún caso» se decidía «ningún trasvase del río».

    Ha añadido que «cuando esto se ha planteado abiertamente como en el caso de la interconexión de redes de 2008 para llevar agua a Barcelona o el trasvase del Segre, la Comunidad de Regantes de la Izquierda del Ebro y yo mismo nos hemos opuesto encarnizadamente, y me opongo y me opondré».

    «Que la totalidad de las comunidades de regantes de la Cuenca del Ebro, incluidas todas las del Ebro catalán, se dispusiesen a emitir un voto afirmativo condicionado a la adopción de determinadas medidas y ejecución de obras, valoré que el voto condicionado sería la mejor manera de defender los intereses de los comuneros regantes», ha explicado.

   En la reivindicación de ejecutar la valla salina del delta y el plan de emergencia del canal, Pegueroles pidió «que se reconociera por ley que los caudales concesionados, que además de la función específica del riego cumplen una función medioambiental, tengan un tratamiento igual al caudal ecológico determinado en la estación de aforo de Tortosa «.

   Y reclamó a los gobiernos español y catalán fondos para la lucha contra la plaga del caracol manzana.

   «Aunque estos planteamientos los he expuesto ampliamente y que eran conocidos por todos, asumo íntegramente mi responsabilidad individual de este voto condicionado», ha sentencia en la nota.

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El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado que el “Gobierno propondrá en España un modelo de aplicación nacional de la Política Agrícola Común (PAC) que tenga en cuenta las diferentes realidades agrarias”. Para ello, el Gobierno buscará “el mayor grado de consenso con Comunidades Autónomas y Organizaciones Agrarias para definir un sistema de regionalización adecuado a la diversidad de nuestra agricultura y que conlleve la menor transferencia posible de importes de ayuda entre beneficiarios, y con ello, entre sectores productivos y territorios”.

   En respuesta a una pregunta del grupo de CiU en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Arias Cañete ha explicado que uno de los logros del Gobierno español en las negociaciones de la reforma de la PAC ha sido haber conseguido “la flexibilidad necesaria para que se adapte a las peculiaridades de las agriculturas de los distintos Estados Miembros –y, en particular, la española–, pero sin perder la coherencia y el equilibrio que le otorga su carácter de Política Común”.

    Arias Cañete ha explicado que el modelo más adecuado se basa en establecer una división territorial por comarcas agrarias, con importes homogéneos de ayudas, por tipo de superficie. “La comarca -como agregación de municipios con las mismas características agronómicas- es la mejor aproximación a las realidades agrarias de nuestro país. Y, dentro de cada comarca, se distinguirían cuatro tipos de superficies cultivadas (cultivos herbáceos de secano, de regadío, cultivos permanentes y pastos). En todo caso, la delimitación definitiva de las regiones será uno de los resultados del acuerdo que alcancemos con CCAA y Organizaciones Agrarias”, ha detallado.

Corregir defectos europeos para adaptar la PAC a la realidad española

    Para el ministro, España ha logrado corregir los defectos de una propuesta inicial de reforma de la PAC de la Comisión Europea “muy lesiva para los intereses españoles y adaptarla a la especificidad de la agricultura española”.

    Esta propuesta de la Comisión suponía “un importe de ayuda por hectárea idéntico por Estado o región, en un proceso de convergencia interna plena”. Y, ha proseguido, “tras meses de trabajo, hemos logrado de la Comisión la flexibilidad necesaria en la definición de regiones, para que, simultaneando criterios, podamos configurar un modelo adaptado a la realidad de la agricultura española”.

    De esta manera, Arias Cañete ha insistido en que defiende la aplicación de “un modelo nacional basado en comarcas agrarias, de manera que queden contempladas sus distintas condiciones productivas”. “Un sistema de regionalización adecuado a la diversidad de realidades agrarias de nuestro país, y que minimice los trasvases de fondos entre perceptores, con una convergencia efectiva de ayudas entre agricultores dentro de cada comarca muy limitada”. Y, con este objetivo, ha sentenciado el ministro, “vamos a buscar el máximo consenso en el ámbito nacional”.

    Arias Cañete ha recordado que el Ministerio remitirá  a las Comunidades Autónomas un cuestionario sobre la aplicación de la reforma de la PAC, que abarca todos los aspectos del acuerdo alcanzado. “Se trata de conocer la posición de las Comunidades sobre las distintas alternativas, incluyendo el sistema de regionalización más adecuado a las necesidades de nuestro país”, ha explicado.

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El presidente de la Federación Española de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha mantenido un encuentro con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Miguel Arias Cañete, en la que han abordado los problemas de modernización del regadío. En declaraciones a Efeagro, Andrés Del Campo ha indicado que se ha analizado la manera de hacer posibles modificaciones para que resulte más económico el financiar las obras regadío. Durante la cita, en la que también ha estado presente la directora de Desarrollo Rural y Política Forestal, Begoña Nieto, se han tratado las dificultades que «se están encontrando para aprobar los planes hidrológicos pendientes».

    En cualquier caso, Del Campo ha valorado que «que ya se han desbloqueado algunos» como el del Ebro y el de las Islas Baleares, que irán al próximo Consejo Nacional del Agua, «que incluso puede ser en junio».

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• EUROPA PRESS. 10.06.2013

El secretario de Agua de la Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, ha asegurado que teniendo en cuenta los borradores de los planes de cuenca de los ríos Tajo y Segura «no salen las cuentas» en cuanto al aporte hídrico desde el río Tajo al Segura, por lo que ha asegurado que el Ministerio de Agricultura «o miente o no sabe sumar».

En declaraciones a los medios momentos antes de celebrar la reunión de la Ejecutiva regional del PSOE, Luengo ha aseverado que en el borrador del Plan de Cuenca del Tajo «se determinaba un aporte de 773 hectómetros, a los que hay que restar 262 que se concedían a la cabecera, otros 80 de reserva para Madrid y la Tubería Manchega y 186 que tienen que pasar por el centro de medición de Almoguera».

Con estas cuentas, según el socialista, «quedarían hipotéticamente 245 hectómetros de excedente», mientras que el Plan de Cuenca del Segura «recoge que se trasvasarán 540, 400 de ellos para regadío y el resto para abastecimiento humano».

«Se miente en alguno de los dos planes, porque las cuentas no salen, si hay 245 hectómetros como máximo», ha resaltado. «Se está actuando de una forma muy torticera y se miente tanto en los caudales de los ríos como en las reservas».

Además, ha señalado como algo «curioso» que el plan del Segura «contemple una reserva de agua de 10 hectómetros para riegos que no existen en la actualidad», algo que aunque le parece «bien», le hace preguntarse «por qué no se reservan partidas así para la cuenca del Tajo».

A su juicio, «no se puede desarrollar el Tajo con esta detracción tan grande de agua», además de que «no se entiende que no se contemple la función de las desaladoras en el Plan de Cuenca del Segura». «No entiendo por qué no se hace un estudio más real por esta opción, es la única viable y desde Europa la están esperando», ha asegurado.

Según el socialista, el plan del Segura «recoge que se quiere incrementar de 27 campos de golf a 52, y aunque dicen que no se podrán regar con agua del trasvase, las aguas destinadas allí serán recicladas y sí vendrán del trasvase».

Pide un «desarrollo igual» al del segura para el tajo

Antonio Luengo ha manifestado que desde el PSOE están «de acuerdo» con que se desarrolle la cuenca del Segura, «pero no con que no se intente un desarrollo parejo e igual en la cuenca del Tajo.

«Nuestra región está formada por muchas cuencas. Cada demarcación tiene que servir para el desarrollo de una zona, y la del Tajo no puede quedar damnificada con una mentira tan enorme», ha agregado.

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