El PSPV se opuso al dictamen del PP por considerar que sólo plantea propuestas «antiguas» y «autocomplaciones», que además son «escasas» y no incluyen «ni novedad ni modernidad en sus enfoques», mientras que EU-Entesa aseguró que las aportaciones que pretende realizar este informe están «obsoletas» y son propias de planteamientos políticos del siglo XIX como los que formulaba en esa época Joaquín Costa. Tanto socialistas como EU-Entesa anunciaron que mantendrán sus conclusiones para el pleno a través de votos particulares.

El PP rechazó durante el debate una petición que le planteó el PSPV de que rectificara su dictamen de conclusiones para eliminar del mismo la afirmación de que el Ministerio de Medio Ambiente se negó a facilitar los informes que le reclamó la comisión de la sequía.

El socialista José Antonio Godoy tildó de «gran mentira» esta acusación, ya que, según alegó, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no se negó a entregar estos informes, sino que pidió que, en aplicación de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se solicitaran a través del Consell de la Generalitat.

El parlamentario del PSPV aseguró que Narbona lo expresó en un escrito que dirigió en septiembre al presidente de las Corts, Julio de España, en el que, además, le comunicaba que no comparecería en la Cámara. El presidente de la comisión, el popular Rafael Maluenda, rechazó que ese informe hubiera llegado a la Mesa de este órgano, y acusó a Godoy de haberlo «ocultado», una acusación que motivó un cruce de acusaciones entre ambos.

El diputado socialista le respondió que el escrito fue registrado en la Cámara y se preguntó por las razones por las que De España no se lo había «pasado» al PP, mientras que Maluenda insistió en que la Mesa de la comisión no recibió ese escrito, aunque reconoció que sí supo, a través de la letrada, que Narbona había excusado su no comparencia, pero argumentó que la comisión «es soberana para solicitar directamente al ministerio» los documentos.

El portavoz del PP en la comisión, Joaquín Soler, mantuvo sus críticas al «boicot» realizado, en su opinión, por el PSPV y por el Ministerio de Medio Ambiente a los trabajos de la comisión. Soler negó además que el documento incluya ninguna «mentira» y destacó que, al contrario de los presentados por la oposición, el suyo se ajusta a los trabajos de una comisión «modélica» y constata la necesidad de los trasvases y el «fracaso» de las alternativas que plantea el Gobierno central para paliar el déficit hídrico.

Soler rechazó además las críticas a la falta de «pluralidad» de los comparecientes que han participado en la comisión, y subrayó en este sentido que resulta «muy difícil contrarrestar opiniones» cuando tanto la ministra de Medio Ambiente, como el director general del Agua, Jaime Palop, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, o los alcaldes socialistas de Aspe y Villena «se han negado a venir». También alegó que no han comparecido primeros ediles o usuarios de la Ribera, porque la oposición no solicitó su presencia.

Autocomplacencia

Por su parte, el diputado socialista José Antonio Godoy señaló que el dictamen del PP incluye «muchas horas» de trabajo mecanográfico, pero «pocas propuestas», y además «antiguas» y «autocomplacientes», porque que no incluyen «ni una sola gota de crítica al Consell». El parlamentario denunció que «ha faltado la representación de la mitad del pueblo valenciano» en esta comisión, en la que el 95 por ciento de los comparecientes defendían las tesis del PP, partido que ha pretendido «amordazar» a los discrepantes y que, según agregó, tampoco quiso la comparecencia de ningún alcalde ni de ningún representante de los regantes de la Ribera.

Godoy insistió en la oferta de diálogo al PP para llegar a acuerdos y defender posturas conjuntas en Madrid, especialmente cuando se están realizando reivindicaciones estatutarias por parte de otras comunidades que afectan a los intereses de la Comunitat Valenciana, y lamentó que el Consell se niegue a aceptar este consenso que, sí es posible, recriminó, en comunidades como Aragón o Castilla-La Mancha.

El portavoz de EU-Entesa Joan Ribó EU-Entesa denunció que las conclusiones del PP son «obsoletas» y propias de planteamientos políticos del siglo XIX, con los que se pone fin a una comisión «de adoctrinamiento» y de «propaganda» que no incorpora, dijo, medidas para hacer los «deberes» en materias como la reutilización de agua, la mejora de las redes de distribución o la modernización de regadíos.

Oltra, que se pronunció de esta manera en declaraciones a los medios de comunicación, denunció la «hipocresía» del acuerdo tomado en Castilla-La Mancha y afirmó que supone «un motivo de extrema preocupación» para la Comunitat, puesto que con el agua del Tajo, dijo, «se está regando una buena parte» del territorio alicantino.

Además, incidió en que demuestra la «hipocresía» de «determinados partidos políticos, especialmente del PP», en el tema del agua, ya que, a su juicio, «no se puede estar constantemente en la guerra del agua» en la Comunitat, mientras en la comunidad vecina «vota a favor de liquidar un trasvase que en estos momentos es fundamental para nuestros intereses».

Oltra subrayó que esta actitud «responde a una política meramente hipócrita, falsa y agresiva a los intereses de la Comunitat Valenciana»,sobre todo cuando Castilla-La Mancha «nos niega ese recurso y, además, está sobreexplotando el principal río valenciano, que es el Júcar, ante la inhibición de los señores del PP tanto en Castilla-La Mancha como en el País Valenciano».

«Ya está bien de jugar con los intereses nuestros en aras de posibles réditos electorales», espetó el portavoz de EU-Entesa, quien señaló que su grupo también está «preocupado» por la actitud del PSOE en este tema, ya que, según Oltra, «creemos que no se han tenido en cuenta suficientemente las necesidades de nuestra comunidad, máxime en momentos en los que se ha hecho una apuesta descarada por un urbanismo gran consumidor de recursos hídricos que no se tienen».

También señaló que esta «polémica pone de actualidad el gran error que sería depender de nuevo de recursos hídricos provinientes de otras comunidades», como es el caso del trasvase del Ebro, y apuntó que el acuerdo de Castilla-La Mancha «se debería tomar de ejemplo para solucionar nuestros problemas con nuestros propios recursos».

Eso quiere decir, explicó, «construir lo que se pueda construir, y no al ritmo vertiginoso que se está haciendo; aprovechar mejor los recursos y las nuevas tecnologías», e instó a «ser responsables de nuestros propios recursos y a no depender de otras comunidades autónomas», en lugar de «reabrir batallas del agua y guerras del agua entre comunidades vecinas». Por todo ello, defendió que se busquen soluciones «desde el diálogo, el consenso y una perspectiva sostenible del territorio».

En este sentido, indicó que «el agua es un recurso natural fundamental para el presente y el futuro de todos los españoles», así como «transferencia de riqueza, de prosperidad y de bienestar entre todos los españoles». Asimismo, apuntó que España es «una nación de territorios autonómicos solidarios que permiten la transferencia de riqueza de unas comunidades autónomas a otras» y aseveró que en España «hay agua para todos los españoles». Demandó a la administración central inversiones para hacer un uso «eficaz» de este recurso».

Camps realizó estas declaraciones tras presidir en el Palau de la Generalitat la firma de un protocolo de colaboración entre el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) y la Cooperativa Valenciana d´Habitatges para la promoción de viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana, al ser preguntado por la inclusión en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que se aprueba, de la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura.

Lamentó que «a veces, cuando se plantean los trasvases, se plantean como cuestiones sacadas del contexto general del uso del agua». Insistió en que «los recursos naturales, la prosperidad y riqueza de toda España es para todos los españoles» y resaltó que en la Comunitat Valenciana «pedimos, por lo tanto, los excedentes, lo que sobra, para que venga a nuestro territorio».

El jefe del Consell señaló que «por eso, voy a seguir defendiendo el trasvase del Tajo al Segura, del Ebro a la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería, del Júcar al Vinalopó y que el agua de España es de todos los españoles». Al mismo tiempo, consideró que «no podemos crear compartimentos estancos ni en el agua, ni en la energía eléctrica, ni en cualquier otro tipo de recurso que hace que España sea una nación de territorios autonómicos solidarios que permiten que haya transferencia de riqueza de unas comunidades autónomas a otras».

En consecuencia, pidió que el debate del agua «no se convierta en un debate de tensión entre territorios sino en una apuesta de futuro para todas las comunidades autónomas españolas». Reiteró así que en España «el agua es de todos» y destacó que además «hay agua para todos».

Francisco Camps aseveró que «hasta el momento, nadie me ha podido demostrar que no haya agua para todo el mundo». Apuntó que lo necesario es que el agua «se utilice con sentido, con equilibrio, con seriedad y con responsabilidad» y consideró que «hacen falta  apuestas de inversión de uso eficaz y eficiente del agua en toda España para que el agua se utilice en las mejores condiciones posibles».  

Manifestó que la Comunitat Valenciana «ya está liderando el uso eficaz del agua y las inversiones en uso eficiente del agua» y reclamó al Gobierno central «que se dedique a poner en marcha proyectos que mejoren el uso eficaz del agua en toda España» porque, según apuntó, «los hectómetros cúbicos que recorren toda la península son suficientes para el consumo humano de agua, para la agricultura, la industria, el medio ambiente, los parajes y humedales».

Camps señaló que los valencianos «seguiremos reivindicando las transferencia y los trasvases de agua que necesitamos para nuestro presente y futuro», al tiempo que estimó que el «único responsable de los problemas que estamos teniendo en nuestro país en materia de agua es el gobierno socialista de Madrid». Añadió que hasta que el PSOE llegó al Ejecutivo central «había un plan que solucionaba todos los problemas de agua en toda España» y acusó al Gobierno de haber abierto «tensión, incertidumbre y desconfianza entre territorios que se había culminado en un plan consensuado por la práctica totalidad de comunidades». Resaltó que «no hay alternativa la Plan Hidrológico Nacional (PHN)».    

Sostuvo que la Comunitat Valenciana «está viviendo años de importante prosperidad» que han llevado a la creación de empleo y a que mucha gente se haya desplazado a vivir a esta autonomía. Dijo que esto es «crear prosperidad para toda España» y estimó que la valenciana es «una comunidad leal y solidaria que nunca ha puesto en duda la transferencia de recursos de cualquier tipo hacia otros lugares para que toda España crezca con fuerza, ilusión y confianza».

En esta línea, Francisco Camps subrayó que «de igual manera que jamás permitiré que haya la más mínima sensación de atisbo egoísta por parte de la Comunitat Valenciana en relación al resto de comunidades autónomas españolas, exigiré que no haya atisbo alguno de interés por parte de alguien de compartir con los valencianos aquellos recursos que podemos compartir todos». Manifestó que esto lo hará «con la seriedad y responsabilidad que significa para la Comunitat Valenciana el buen uso del agua».  

El presidente del Gobierno valenciano se comprometió de modo «personal» a «seguir invirtiendo para poder justificar hasta la última gota de agua que se consuma en la Comunitat Valenciana».  Aseguró que esta autonomía «lleva muchos años invirtiendo en sistemas de eficacia en el uso del agua» y resaltó que cuando los valencianos «pedimos trasvases de agua, del Tajo al Segura o del Ebro hacia las cuencas de la Comunitat, Murcia o Almería, lo hacemos porque toda la vida hemos sido suficientemente responsables en el uso eficaz del agua al servicio de la prosperidad, de la creación de empleo y de la riqueza para todos los españoles».

Afirmó que «la inversión y la eficacia del uso del agua en esta comunidad lleva a que los valencianos tengamos el mayor número de hectáreas de cultivo modernizado de toda España», a que «estemos reciclando la mitad de todo el agua que se recicla en toda España», a que «contemos con iniciativas que ya son realidad para poder ahorrar hasta un 28 por ciento en el consumo de agua» y a apostar por la depuración de aguas. Indicó que «podemos decir desde la Comunitat que per cápita somos los que menos agua consumimos de toda España».

El conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, consideró que el agua del actual trazado del trasvase del Júcar-Vinalopó «sólo será para regar las calles porque no puede utilizarse para otra cosa», al tiempo que insistió en que no tiene ningún sentido tal como se plantea, «sin ningún consenso, sin usuarios y presionando a Ayuntamientos para que digan que sí».

El conseller hizo estas declaraciones en su visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Novelda a la que también acudió la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Así, el conseller reiteró que los regantes no quieren este trasvase y «lo han demostrado de todas las maneras posibles».

A este respecto, declaró que «no la quieren porque es un agua que se toma desde la desembocadura y la calidad y el coste no es igual». Además, criticó que el Ministerio haya cambiado la forma de financiar el proyecto y «diga que va a gravar a todos los regantes del Vinalopó, utilicen o no utilicen el trasvase actual».

Igualmente, el conseller censuró el programa socialista AGUA porque «tras tres años en funcionamiento, no hay más agua y los gastos son tremendos». Asimismo, opinó que «hacer grandes desaladoras para que se pueda regar aquí y en la zona de Murcia nos parece una barbaridad total», ya que los regantes no pueden pagar el precio.

Según Navarro, la culpa de esta situación la tiene la «sobreexplotación del acuífero de la Mancha Oriental, que a pesar de haberse aprobado al inicio de la legislatura una Proposición node Ley del Congreso pidiendo su cese, la realidad es que se sigue produciendo, con un coste medioambiental que puede alcanzar la muerte del propio río», según la parlamentaria.

En este sentido, el ejecutivo central señala que «en el caso de Alzira, la situación es especialmente grave por los retrasos producidos en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Alzira y colectores de Alzira, Carcaixent, Pobla Llarga y Villanueva de Castellón, que debieron terminarse en lso años 2002 y 2004».

Depuradora de Alzira 

Cuando el gobierno socialista, indican, tomó posesión, «estaba parada su construcción» y añaden que «fue el actual Ministerio de Medio Ambiente quien desbloqueó el proyecto en el marco de actuaciones del Programa AGUA». Asimismo, agregan que «hasta época muy reciente, Alzira no ha dispuesto de ordenanza municipal que le permitiera controlar los vertidos».

En este sentido, el ejecutivo central critica que «no es normal que una depuradora declarada de interés general tarde 14 ó 15 años en construirse» y aseguran que «este retraso ha hecho necesario que la Confederación Hidrográfica del Júcar haya tenido que adaptar la red de 20 kilómetros de colectores a la construcción de la plataforma del AVE, a los nuevos planes urbanísticos y a la construcción de otras infraestructuras, mediante un modificado presupuestado en 3,92 millones de euros». 

También el Ministerio de Ambiente, explican, «ha invertido otros 3,92 millones de euros en obras complementarias para mejorar ciertas fases de los procesos de depuración» y apuntan que «la inversión que está ejecutando el Ministerio de Medio Ambiente asciende a 17,25 millones de euros, «lo que duplica la inversión inicial». 

El Gobierno estima que la depuradora es «una infraestructura clave para garantizar la calidad y cantidad de agua del lago de la Albufera y para salvar el río Júcar» y por ello, el Ministerio de Medio Ambiente «está agilizando su puesta en funcionamiento y realizando otras actuaciones beneficiosas para la Albuefra a través de su programa AGUA –202 millones de euros de inversión–, afirman. 

Igualmente, añaden que «la Confederación Hidrográfica del Júcar ha impulsado un proyecto de adecuación medioambiental del río Júcar, desde Tous hasta Cullera» y las actuaciones que se están realizando «no sólo son de mejora de capacidad hidráulica del río Júcar y de las desembocaduras de los afluentes Verde y Magro, sino que además, incorpora actuaciones de restauración y de adecuación de los hábitats naturales de las zonas de ribera, así como la mejora ecológica y medioambiental de la zona tratada».

En cuanto a la inversión en cauces de la ribera del Júcar, señalan que en 2003 fue 308.914,62 euros, que en 2006 ha pasado a 2.627.204,31 euros. 

Respecto a otras actuaciones, el ejecutivo manifiesta que se están retirando especies invasoras, instalando aireadores en los azudes de Sueca y Cullera y en las inmediaciones del cementerio de Fortaleny «con el fin de oxigenar el agua del río, que ya se ha comprobado que resulta beneficioso porque crea microrefugios que permiten albergar ejemplares suficientes ante una situación crítica para la vida piscícola, garantizando su supervivencia». Además, en cada episodio de mortandad se han retirado los peces muertos y se ha limpiado.

Posibles delitos medioambientales 

El gobierno asegura que a pesar de la sequía, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha soltado permanentemente desde Tous un caudal superior al establecido en el Plan de Cuenca y en momentos puntuales, ha duplicado el caudal del río Júcar hasta 2 metros cúbicos por segundo, aportando aguas de mayor calidad desde Tous, con el fin de aumentar el flujo y diluir las escorrentías contaminantes producidas por las últimas lluvias». 

También afirma que se han incrementado los efectivos de guardería fluvial destinados en el bajo Júcar y se está desarrollando un programa intensivo de vigilancia y control de la cuenca del Júcar, integrado por 16 unidades de vigilancia fluvial, 8 de ellas localizadas en los municipios de la Ribera Alta y Baja, cyua misión es prevenir incidencias e infracciones al dominio público hidraúlico. Así, desde 2004 se han tramitado 11 expedientes sancionadores y 4 de ellos ya se han enviado al juzgado por posible delito medioambiental.

Para el ejecutivo central, «la sostenibilidad del sistema Júcar es un elemento esencial de la política del Ministerio de Medio Ambiente, no sólo del acuífero de la Mancha Oriental» y recordaron que el pasado 13 de febrero de 2006 se planteó la reducción general de los suministros subterráneos del 15 por ciento en el acuífero de la Mancha Oriental de los usos 2004-05 con un mínimo del 5 por ciento, planteando en aquellos pozos con incidencia clara en los caudales del río Júcar en su tramo medio idéntica reducción, 45 por ciento respecto a los usos de 2004-05 que en las tomas superficiales del tramo medio del Júcar». Además, la Comunidad de Usuarios del acuífero ha decidido una reducción del 20 por ciento de lo establecido de manera individualizada para cada usuario.

Asimismo, afirman que «está en estudio la aplicación de la figura de los Centros de Intercambio de Derechos del Agua, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de regadío en determinadas cuencas hidrográficas como instrumento para conseguir una reducción adicional de las extracciones subterráneas en las zonas con mayor influencia en los caudales del río Júcar, lo que permitirá mejorar los valores ambientales en el cauce».