La junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha aprobado una serie de medidas para la intensificación del control de los usos del agua en diversos sistemas. En concreto, para la provincia solicita más control en el uso del agua del río Palancia. Según informó ayer el Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente se trata de una acción que se acuerda en base a las recomendaciones frente a la sequía del plan especial de alerta y eventual sequía (PES).

Asimismo, se ha flexibilizado el sistema de autorizaciones de obras en diversas zonas y se han incrementado los recursos disponibles a través de la reutilización de agua depurada.

Ya fuera de la provincia de Castellón, en el sistema Vinalopó-Alacantí, se ha planteado la posibilidad de una “autorización coyuntural para el aprovechamiento de las aguas superficiales procedentes del Júcar a través de la infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó”.

EXTREMADAMENTE SECO // Fuentes del Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente también aseguraron que el presente año hidrológico está siendo extremadamente seco desde el punto de vista de la meteorología. La precipitación acumulada en el ámbito de la CHJ ha sido a principios de junio de 170 milímetros, mientras que el valor medio acumulado es de 330; es decir, este año está siendo de media la mitad de lluvioso. H

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La Confederación Hidrográfica del Júcar minimiza la sequía y no considera urgentes las medidas anunciadas por la Generalitat y, pese a que en la reunión de anteayer –entre el presidente Alberto Fabra y representantes de confederaciones, asociaciones agrarias, de riego, municipios y diputaciones– ya se encargó a las confederaciones –la del Júcar, Ebro y Segura–, que tienen que actualizar el inventario y ampliar la red de pozos de sequía para ponerlos en funcionamiento, ayer todavía esperaban a que el Gobierno autonómico marcará una nueva hoja de ruta para ponerse a trabajar.

“La sequía que está padeciendo Castellón es de secano, por la falta de lluvias, no de regadío, ya que los embalses garantizan el riego en la provincia”, aseguraban fuentes de la CHJ, quitando hierro a una situación que, según los agricultores, ya ha causado en la provincia pérdidas valoradas en unos 75 millones de euros.

Además, la cuenca del Júcar es la que tiene menos agua embalsada de todo el país y en Castellón, con 83 hm3 de agua (un 37,5%) de su capacidad, los propios regantes ya han dicho que solo hay reservas suficientes, si continúa sin llover, para pasar el verano.

Por ello, y a las puertas del verano, la puesta en marcha de medidas que palien los efectos que está teniendo la falta de precipitaciones es urgente. Lo demandan los agricultores de la Unió y de Fepac-Asaja, y expertos como el catedrático de Hidrogeología de la UJI, Ignacio Morell. “En un periodo de lluvias como el que estamos atravesando es necesario que los planes de sequía estén activados, porque desde la CHJ se tiene que compensar la escasez de agua”. “Aunque no estamos en una situación de alarma, la falta de recursos hídricos es preocupante”, explica.

Junto a las medidas para activar nuevos pozos, Morell considera primordial “racionalizar el consumo en las casas y aumentar la explotación de acuíferos, que son la reserva estratégica de más magnitud para periodos secos como este”. “Se deben explotar, pero hay que ir también con cuidado porque si se prolongara la sequía aumentaría la presión hídrica que soportan y entonces aparecerían los problemas de salinización”, explica Morell.

MESAS DE SEGUIMIENTO // Por otra parte, y dado que a las puertas del verano “todavía no se ha tomado una medida contundente”, desde la Unió de Llauradors anuncian que seguirán reclamando mesas de seguimiento de la sequía “tanto en el ámbito autonómico como estatal, en las que se aprueben acciones que sirvan para que los productores (agrícolas y ganaderos) puedan seguir viviendo de sus explotaciones y no tengan que abandonar, ya que la situación que estamos atravesando es crítica y este verano empeorará”.

Por otra parte, el diputado de Compromís por Castellón, Josep Maria Pañella, dijo ayer que “el Consell debe exigir a Madrid que pida ayudas en Bruselas contra la sequía” y recordó que “la UE dispone de fondos para hacer frente a estos desastres, pero los tienen que pedir los estados, y el gobierno de Rajoy pasa del tema”. H

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Una nueva guerra del agua se avecina. El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, y su homólogo de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, han decidido unir fuerzas en materia hídrica en mismo día en el que el Parlamento catalán ha expresado, de forma preventiva, su rechazo al trasvase del Ebro.

Después de que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunciara su apuesta por una política hídrica “solidaria” entre las regiones, los presidentes de la Comunitat y de Murcia acordaron ayer defender de forma conjunta los intereses comunes a ambas comunidades, un objetivo que sumarán entre sus prioridades, junto al corredor mediterráneo. En concreto, Fabra apeló a la “solidaridad de todos los españoles” y defendió la “necesidad de que el agua vaya de donde sobra a donde falta”. “No vale poner límites a la solidaridad hídrica que necesitamos los valencianos y murcianos”, manifestó.

Valcárcel criticó los planes hídricos del anterior Ejecutivo socialista: “La política de trasvases es la que da rentabilidad al campo, y no la política de pagar precios absolutamente imposibles, porque no haría competitiva la actividad por el precio del agua procedente de la desalinización”. Ahora, “por fin hay un plan que pasa por el compromiso de la solidaridad interterritorial, es decir, que llevemos el agua desde donde está hasta donde no está. Hay voluntad de pacto”.

Pero se van a topar con el no de Cataluña. Precisamente, el Parlament catalán aprobó ayer una moción expresando su rechazo a cualquier tipo de trasvase de agua del río Ebro e instando al Govern a que traslade esta posición al Estado y a procurar que se respete el caudal ecológico de los ríos.

La propuesta fue secundada por CiU, PSC, ERC, ICV-EUia y Solidaridad, además de Joan Laporta, si bien PP y Ciutadans votaron en contra. ERC aseguró incluso que el PP quería el agua del Ebro para hacer realidad “grandes operaciones urbanísticas fantasmas en las costas de Castellón”. Meritxell Roigé (CiU) recordó que el presidente Mas ya dijo que tocar el río sería una “tontería”. CiU sí apoya un trasvase del río Ródano. H

El abandono de la actividad productiva agrícola en una finca no exime del pago de la cuota a la comunidad de regantes, independientemente de que no se estén utilizando las infraestructuras, un dato que muchos propietarios desconocen y que está llevando a que crezcan de manera exponencial los procesos ejecutivos judiciales para recuperar los atrasos, situación que puede derivar incluso en el embargo del terreno.

El problema es cada vez más importante, según reconocen todas las organizaciones de agricultores y regantes, que advierten que “empeorará” en el próximo ejercicio, ante el imparable incremento de los costes productivos, mientras los ingresos, y sobre todo, la rentabilidad, se mantienen en los mismos malos niveles que arrastra el sector desde hace ya muchos años en la provincia.

POR LEY // Y es que ni el enfado ni la sorpresa de los propietarios, que van a sus respectivas comunidades de riego a quejarse de que quieren darse de baja por no utilizar sus servicios, les exime de cumplir sus obligaciones económicas. De hecho, el reglamento del dominio público hidráulico en vigor establece que todas las fincas de una comunidad con derecho a riego deben contribuir con los gastos que se generan. Es más, con las nuevas directivas europeas en vigor, a esos gastos se suma el pago de las infraestructuras hidráulicas, ya sean de nueva inversión o para el mantenimiento de las mismas.

EL 10% DE COMUNEROS // Para la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), tres son los motivos que explican esta situación: la ausencia de beneficios en los negocios, con unos precios de los productos que siguen yendo a la baja; los problemas para acceder al crédito que permita refinanciarse a los propietarios; y el imparable aumento de los costes de explotación, caso de las tarifas eléctricas, que suben “desde hace 2 ó 3 años, y ahora en octubre volverá a hacerlo otro 4,8%”, un escenario que les lleva a prever que “empeorará en el 2011”.

El expresidente del Sindicato Central de Riegos del Millars y presidente de la comunidad de regantes de la capital, José pascual, estima que el problema ya afecta al 10% de los socios de las entidades y subraya que “los derechos y las obligaciones con las comunidades están ligados inseparablemente a las fincas, no a los propietarios”, lo cual implica que hay que asumirlos siempre.

El secretario de Fepac-Asaja, Doménec Nàcher, recuerda que el sistema es idéntico al que se da en las comunidades de vecinos, y recuerda que “es el riego lo que precisamente revaloriza la propiedad”, un derecho “que hay que asumir también con todas las consecuencias”.