Durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados para explicar los mismos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha anunciado que España cumplirá en 2013 el Protocolo de Kioto, es decir logrará su compromiso de reducir sus emisiones de CO2 en un 15% en relación a 1990.

Ramos ha detallado que la partida para Costas se eleva a 48,7 millones de euros. El año pasado fueron 104 millones.

También ha sufrido recortes la dotación destinada a la Oficina Española de Cambio Climático, que pasa de 49,4 millones del 2012 a los actuales 46,5.

Por direcciones generales, la del Agua se lleva 413 millones, cifra a las que hay que sumar los 979 millones de las Confederaciones Hidrográficas y la mancomunidad de canales de Taibilla. El año pasado esta partida fue 946 millones.

Las Sociedades Estatales contarán con un presupuesto de 824 millones de euros en 2013, mientras que saneamiento y depuración tienen 175 millones, dirigidos principalmente al programa de calidad de agua, que según Ramos permitirá afrontar la ejecución del saneamiento de Nerja (Málaga), Gijón, Campo de Gibraltar, o las depuradoras de Vigo, Orense, Ciudad Real o Burgos.

La Dirección General de Costas, cuenta con los ya citados 48,7 millones, para impulsar el cumplimiento, entre otros objetivos, de lo compromisos adquiridos y la realización de las obras ya contratadas.

A la mejora de las playas, se dedicarán 18,6 millones.

En cuanto a calidad y evaluación ambiental y medio natural, el presupuesto de esta Dirección se eleva a 23,8 millones.

La dotación para Parques Naturales es de 39,3 millones y la Agencia Estatal de Meteorología dispondrá de 82,6 millones de euros, lo que supone un 5% menos.

Ramos ha reconocido que no son los presupuestos que a un gestor más le gustan pero son «los necesarios para superar la situación que es la que tenemos y nos viene dada».

No han opinado lo mismo los grupos de la oposición, principalmente Izquierda Plural, cuya portavoz Laia Ortiz, ha considerado que no existe ministerio de Medio Ambiente y ha criticado el recorte de 8,5 millones en parques naturales y la reducción en un 36% de las actuaciones en la costa.

Para la diputada del Grupo Socialista, María Jose Rodríguez, el presupuesto «raquítico» constata la nula ambición de las políticas medioambientales de este Gobierno.

Según esta diputada, la reducción en medio natural es de un 13%, en conservación de biodiversidad un 38% y de un 41% menos en parques naturales.

El Día Mundial del Medio Ambiente celebra su 40 aniversario. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF lo celebran haciendo hincapié en 40 demandas ambientales que  faciliten la creación de empleo y su viabilidad de cara al futuro. Asimismo, prevén solicitar una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes de la cumbre de Río +20, que se celebra en junio.

Las 40 demandas para proteger el medio ambiente que las organizaciones ecologistas consideran imprescindibles para salir de esta crisis verde, pueden englobarse en estas temáticas:

– Cambio climático y energía: reducir de forma ambiciosa las emisiones causantes del cambio climático; incorporar objetivos ambiciosos en la Ley de eficiencia energética y energías renovables; detener el comercio especulativo de créditos; cerrar las centrales nucleares; apostar por una Ley de cambio climático. 

– Transporte y movilidad: detener la construcción de nuevas infraestructuras hasta la correcta evaluación de la demanda real; aprobar una Ley de movilidad sostenible; apostar por el ferrocarril como medio de transporte de pasajeros y mercancías.

– Calidad del aire: reducir a cero antes de 2015 el porcentaje de población que respira aire contaminado.

– Residuos: aumentar los porcentajes y calidad de la reutilización y el reciclado de residuos; fomentar los Sistemas de depósito y retorno de envases; prohibir la distribución gratuita de bolsas de un solo uso antes de 2013.

– Biodiversidad: Garantizar la adecuada gestión de Red Natura 2000; cumplir el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y elaborar los planes sectoriales.

– Medio Marino: No modificar la Ley de costas; reformar la Política Pesquera Común para que garantice el futuro de la pesca; completar la Red Natura 2000 marina.

– Agua: fijar el precio real del agua para que refleje los costes de extracción, transporte y purificación; abandonar definitivamente la construcción de nuevos grandes embalses y trasvases entre cuencas; declarar sobreexplotados todos los acuíferos en esta situación y revisar todos los pozos para finales del 2015.

– Medio rural: Apostar por el mundo rural defendiendo una nueva PAC basada en la biodiversidad, el comercio local, la producción extensiva y los pequeños agricultores; prohibir el cultivo de transgénicos; fomentar la agricultura ecológica y local. 

– Fiscalidad ambiental: aprobar una Ley de fiscalidad ambiental que rebaje los impuestos indirectos a los productos realmente «más verdes», grave con cargas adicionales las actividades dañinas para el entorno e incentive a las empresas con actividades sostenibles.

Estas propuestas no solo permitirían a la sociedad velar por el medio ambiente y los escasos recursos naturales con los que cuenta, si no comenzar a seguir unas directrices que faciliten la creación de empleo y su viabilidad de cara al futuro. 

Las cinco ONG ecologistas insisten en la necesidad de tratar el medio ambiente y a las personas como los recursos más valiosos de los que disponemos, y apostar por ellos para salir de la crisis económica, ecológica y social que estamos viviendo.

LISTA DE 40 DEMANDAS AMBIENTALES EN EL 40 ANIVERSARIO DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

• 1. Fijar un tope máximo de uso de recursos naturales a nivel español, garantizando un reparto justo para satisfacer las necesidades básicas de las personas.
• 2. Cerrar las centrales nucleares fijando su vida útil en no más de 30 años. Abandonar los planes de cementerios nucleares hasta que exista un calendario de cierre de las centrales.
• 3. Implantar objetivos de reducción de de emisiones vinculantes y más ambiciosos que los asignados por la UE y el Protocolo de Kioto.
• 4. Incorporar objetivos ambiciosos en la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables: contribución de renovables al consumo de energía final de al menos un 30% en 2020 y un 100% en 2050 y reducción de la demanda total de energía respecto a 2007 del 30% en 2020 y del 50% en 2050.
• 5. Reducir drásticamente los topes de emisión susceptibles de ser comercializados, con mecanismos para detener el comercio especulativo de créditos.
• 6. Cancelar las iniciativas que fomenten la quema y extracción de carbón y suprimir la financiación pública a proyectos de CAC.
• 7. Abandonar los planes de búsqueda y extracción de combustibles fósiles en nuestro territorio, incluida la prohibición de gas de esquisto.
• 8. Establecer criterios estrictos para los agrocombustibles, descartando las importaciones y salvaguardando los aspectos sociales y ambientales.
• 9. Ampliar la representación de las ONG ambientales en los consejos consultivos en las distintas políticas del Gobierno con implicaciones ambientales.
• 10. Reforzar y reformar el sistema judicial para que garantice el respeto al medio ambiente consagrado en la Constitución.
• 11. Detener la construcción de todas las nuevas infraestructuras del PEIT hasta la correcta evaluación de la demanda en función de la crisis económica, ambiental y social.
• 12. Reducir a cero antes de 2015 el porcentaje de población que respira aire contaminado dando carácter obligatorio a los Planes de Acción de Reducción de la contaminación.
• 13. Aprobar una Ley de Movilidad Sostenible que en 2016 reduzca un 20% el tráfico por carretera.
• 14. Apostar por el ferrocarril tanto en el transporte de pasajeros como de mercancías y frenar el crecimiento del tráfico aéreo estabilizándolo a niveles de 1990.
• 15. Aumentar los porcentajes y la calidad de la reutilización y el reciclado de residuos apostando por una moratoria en la construcción de nuevas plantas de incineración.
• 16. Fomentar los Sistemas de Depósito y Retorno de Envases y la recogida separada de bioresiduos para destinarlos al compostaje.
• 17. Prohibir la distribución gratuita de bolsas de un solo uso antes de 2013, independientemente del material con el que estén hechas.
• 18. Garantizar la adecuada gestión de Red Natura 2000 mediante fondos de políticas sectoriales como la PAC e impulsando un nuevo modelo de desarrollo rural.
• 19. Cumplir el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y elaborar los planes sectoriales.
• 20. Desarrollar Estrategias Nacionales para la recuperación de especies en peligro de extinción, teniendo en consideración el impacto del cambio climático.
• 21. Aprobar unas Directrices de Ordenación de los Recursos Naturales ambiciosas,que aseguren la ordenación del 100% del territorio español.
• 22. Aprobar mecanismos que impidan la recalificación de terrenos a urbanizable y el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Suelo.
• 23. No modificar la Ley de Costas.
• 24. Asegurar el futuro del sector pesquero defendiendo una Política Pesquero Común que recupere, antes del 2015, todas las pesquerías y sus ecosistemas.
• 25. Completar la Red Natura 2000 marina y la Red de Áreas Marinas Protegidas hasta al menos el 10% de la superficie de nuestros mares.
• 26. Fijar el precio real del agua para que refleje los costes de extracción, transporte y purificación.
• 27. Abandonar definitivamente la construcción de nuevos grandes embalses y trasvases entre cuencas.
• 28. Reducir la demanda de agua, mejorar la depuración e implantar caudales ecológicos, poniendo en marcha los Planes de Cuenca y estableciendo una Red de reservas naturales fluviales.
• 29. Declarar oficialmente como sobreexplotados todos los acuíferos en esta situación y revisar todos los pozos para finales del 2015.
• 30. Dotar de presupuesto, e impulsar, al Plan Nacional de Calidad de Aguas, al deslinde del Dominio Público Hidraúlico y al Plan Nacional de Restauración de Ríos.
• 31. Apostar por el mundo rural defendiendo una nueva PAC basada en la biodiversidad, el comercio local, la producción extensiva y los pequeños agricultores/as.
• 32. Prohibir el cultivo de transgénicos y establecer mecanismos que garanticen la trazabilidad y el etiquetado de productos que contengan transgénicos.
• 33. Fomentar la agricultura ecológica promoviendo y apoyando la conversión de nuevas fincas, fomentando el consumo interno a través de redes de canales cortos de distribución que garanticen precios justos para productores/as y consumidores/as.
• 34. Aprobar una Ley de Fiscalidad Ambiental que rebaje los impuestos indirectos a los productos realmente "más verdes", grave con cargas adicionales las actividades dañinas para el entorno e incentive a las empresas con actividades sostenibles.
• 35. Eliminar todos los incentivos contrarios a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad o que fomenten el cambio climático y el derroche de residuos.
• 36. Aplicar políticas de reparto del trabajo que incluyan el empleo remunerado y aquel trabajo no pagado que se realiza en el ámbito de los hogares.
• 37. Minimizar la contaminación electromagnética mediante el control restrictivo del despliegue de infraestructuras eléctricas y de comunicación y mediante el Principio de Mínima Emisión Técnicamente Posible.
• 38. Reformar la Ley de Responsabilidad Ambiental para que sea aplicable a las empresas españolas que operan en el exterior.
• 39. Descartar los créditos públicos a cualquier proyecto en el exterior, público o privado, que no cuente con auditoría previa de impacto ambiental y social.
• 40. Cumplir la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, no vendiendo material de defensa a países en conflicto armado o donde se produzcan violaciones de los derechos humanos.

http://www.que.es/toledo/201106071246-espana-tiene-doble-planes-hidrologicos-epi.html

España tiene el doble de planes hidrológicos que otros países europeos con el mismo número de ríos principales (siete), cuya política hidrológica es «menos compleja, consiguiendo así una mayor coordinación en la gestión del agua y una menor inversión pública en medios técnicos y humanos en esta materia», según el informe ‘Planes hidrológicos de cuenca en Europa’ de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

Concretamente, el informe señala que España tiene 25 demarcaciones demográficas, mientras que Portugal y Alemania cuentan con diez, Francia tiene doce e Italia ocho. Así, el trabajo pone de manifiesto que «mientras que Europa tiende a optimizar al máximo sus recursos hídricos organizando la gestión del agua bajo el paraguas de los ríos de mayor tamaño, la corriente española es a la inversa».

Según informa Fenacore, el trabajo elaborado con motivo del XXIX Congreso Nacional de Riegos que comienza este martes en Córdoba indica que en España «se multiplican las demarcaciones hidrográficas para hacerlas coincidir con las fronteras territoriales de las distintas provincias debido a las presiones que ejercen las propias comunidades autónomas».

También denuncia que esta política «no se ajusta a la Constitución, ya que tal y como recoge la carta magna en sus artículos 149 y 18, la gestión de cuencas supraterritoriales o intercomunitarias corresponde exclusivamente al Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas». Asimismo, precisa que cada isla canaria tiene su propia política hidrológica, así como Ceuta y Melilla después de escindirse de la demarcación hidrológica del río Guadalquivir.

Este informe de Fenacore también asegura que España «está volviendo al mismo modelo administrativo del siglo XIX, mientras que en los países del entorno se propicia una organización institucional común donde las cuencas intracomunitarias son gestionadas por las demarcaciones hidrográficas dependientes de la Administración Central».

Concretamente, recuerda que este modelo administrativo decimonónico tuvo su origen con la fundación de la Confederación Hidrográfica del Ebro en 1926 y, a su juicio, este regreso supone «romper frontalmente con el principio de unidad de cuenca que ha inspirado toda la normativa europea en esta materia».

Asimismo, advierte de que esta tendencia de «provincializar» la gestión de los ríos conlleva un reparto del agua basado en las prioridades de un territorio concreto «y pone en peligro los intereses generales» y avisa de que estos planes «pueden llevar a una falta de rigor en la toma de decisiones sobre la gestión del agua».

Finalmente, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo», aboga por que el agua «siga siendo un bien común, distribuida de un modo equitativo entre todos los habitantes de cada país y no los que la tengan más cerca». En este sentido, defiende que esto se consigue «con independencia política» y ha afirmado que «sólo así se conseguirá que la distribución del agua responda a criterios técnicos y no políticos, evitando cualquier tipo de conflictividad social».

Los profesores de Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Anna Osann y Alfonso Calera han presentado el proyecto europeo ‘Sirius’, que tiene como principal objetivo desarrollar e implementar herramientas asistidas por satélite para el buen gobierno de las cuencas hidrográficas.

Durante el acto, celebrado en el salón de actos de Caja Castilla-La Mancha (CCM), los profesores, y coordinadores del proyecto, han dado a conocer también a los grupos presentes que integran ‘Sirius’, así como los objetivos del mismo. Un proyecto que está cofinanciado por la Comisión Europea y cuenta con un presupuesto cercano a los 3 millones de euros, en el que participan 18 instituciones de 12 países en cuatro continentes, según ha informado la Universidad en nota de prensa.

El acto de presentación forma parte del conjunto de actividades que se han programado hasta el próximo viernes, 18 de diciembre, con motivo de la presentación de ‘Sirius’. De esta forma, a la apertura de las jornadas le precedió en el día de ayer una reunión plenaria, que ha servido como inicio a este proyecto, cuyos objetivos, según ha indicado el profesor Alfonso Calera, están formulados «principalmente desde el punto de vista de los usuarios». Junto a los profesores de la UCLM también ha intervenido el oficial del proyecto, Stijn Vermoote, de la Comisión Europea, y el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte.

‘Sirius’ contempla entre sus herramientas un módulo específico orientado a la gestión de sequías y otro a las necesidades de agua de los cultivos. Para ello se han seleccionado varias zonas piloto en distintos países como la Cuenca Hidrográfica del Júcar en España; la desembocadura del Danubio, en Rumania; la zona regable Sannio Alifano, en el Sur de Italia; la desembocadura del Nilo, en Egipto; la Cuenca del río Gediz en Turquía; el valle del río Yaqui, en Sonora, México; el río Paraiba do Sul en Brasil; y la cuenca del río Cauvery en el Sur de la India. Distintas zonas pilotos que, tal y como indican los profesores, van a permitir examinar en condiciones reales la aplicación de las herramientas asistidas por satélite a escala prácticamente global.

Según ha explicado el profesor Calera desde un punto de vista científico-técnico se pretende utilizar las secuencias temporales de imágenes de una constelación de satélites de Observación de la Tierra de alta y media resolución. A partir de estas secuencias temporales, y con información de tierra, se producirá información útil para la gobernanza de las cuencas hidrográficas como mapas de cultivos, necesidades de agua, recarga de acuíferos y otras, en tiempo y forma adecuados. En cuanto a la carga y transferencia de información, se basará en el sistema SPIDER, que utiliza tecnología webGIS de software libre para facilitar la colaboración entre todos los usuarios.

SATÉLITES

Entre los satélites que configuran la constelación de satélites a usar en ‘Sirius’ se encuentran, entre otros, Landsat y SPOT; con especial mención, tal y como añaden, el satélite DEIMOS-1 de la compañía española DEIMOS-IMAGING, que ha mostrado un funcionamiento «excelente» a lo largo del año 2010. En este sistema se van a integrar también nuevos satélites como: los dos gemelos SENTINEL de la Unión Europea, y Landsat8 de Estados Unidos, además del satélite INGENIO de España, y otros como: SPOT 6 y 7 y Pleiades 1 y 2, de la compañía ASTRIUM, de los que se ha anunciado su lanzamiento en el tiempo de vida del proyecto.

SIRIUS es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea, dentro del VII Programa Marco, con una duración de tres años, y que cuenta con un presupuesto de 2.934.817 euros, de este montante 2.499.997 euros proceden de la Comisión Europea. En él se integran 18 grupos de 12 países en cuatro continentes.

COAG-IR de Castilla-La Mancha contempla la Ley de Agua como «la manifestación clara de las aspiraciones de los castellano-manchegos en materia hídrica», pues considera que, al margen de su efectividad real, es un mensaje claro de la sociedad castellano-manchega al Gobierno de la nación de que «los derechos de los ciudadanos de esta región en relación con el agua, con el desarrollo y con el medioambiente, no están por debajo de los de otras regiones».

En nota de prensa esta organización agraria ha defendido que «es legítimo que Castilla-La Mancha quiera intervenir y participar en los órganos donde se toman las decisiones que le afectan sobre la gestión de los recursos de sus cuencas», por lo que considera que esta participación se debe regular «mediante leyes y no en los pasillos».

Respecto al trasvase, desde COAG-IR creen «oportuno» que Castilla-La Mancha reclame a través de una ley los derechos de los ciudadanos de esta región que están en la cuenca cedente y de todas las cuencas en las que los castellano-manchegos tienen intereses.

Por ello, han apuntado que «si la aplicación de la Directiva de Agua, el mantenimiento de los caudales ecológicos del Tajo y las necesidades de las poblaciones de cabecera y de la propia cuenca dicen que no se pueden hacer trasvases, no hay trasvases para nadie y punto».

Desde esta organización agraria han defendido que mientras el trasvase subsista y mientras el Gobierno «siga decidiendo que en la cabecera del Tajo hay recursos trasvasables, los castellano-manchegos estamos tan legitimados, incluso más que los ciudadanos de otras regiones, para reclamar el uso de esos recursos para cubrir nuestros propios déficits».

Por otro lado, la organización agraria ha pedido también en la Mesa del Agua que se cumpla el Plan Especial del Alto Guadiana, especialmente en cuanto a los presupuestos necesarios se refiere para materializar los programas de adquisición de derechos y de reforestación, y que se finalice con «prontitud» el proceso de regularización de extracciones, tanto para las explotaciones de cultivos leñosos, como para los agricultores profesionales y explotaciones prioritarias.

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Josep Puxeu, ha asegurado este jueves que la UE continuará apoyando la Política Agrícola Común (PAC) más allá de 2013.

Puxeu ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la XII Jornada Técnica de bovino de carne de Alcarràs (Lleida), acompañado del conseller de Alimentación y Acción Rural de la Generalitat, Joaquim Llena, y el presidente de la Asociación de Ganaderos de Bovino de Carne de Alcarràs, Ricard Gòdia.

El secretario de Estado ha incidido en la influencia que tendrán las perspectivas financieras, sobre las que la Comisión Europea ha publicado recientemente una Comunicación, y ha subrayado que la PAC debe asegurar un futuro sostenible para la agricultura y ganaderías europeas, compatible con el esfuerzo de modernización requerido en toda actividad económica.

Asimismo, ha resaltado que la PAC debe contar con ayudas directas que permitan mantener la actividad agraria en todo el territorio comunitario y español, y con unos instrumentos de gestión de mercados adecuados, que permitan a los agricultores enfrentarse a la volatilidad de los precios.

Puxeu ha recalcado la importancia de complementar estas herramientas con una política de desarrollo rural que ayude a mejorar la eficacia, la competitividad de las exploraciones y su adaptación a los efectos del cambio climático.

En su discurso ha hecho hincapié en la necesidad de que la reforma de la PAC coincida con los retos de Europa para salir de la crisis económica, y con las prioridades que se pretenden establecer en la Estrategia UE 2020.

Además, ha resaltado la importancia del momento actual para el sector del vacuno de carne y para el cebo y el precebo, del que Lleida es responsable de la mitad de lo producido en Catalunya.

Catalunya es la primera comunidad autónoma en número de sacrificios y produce más del 20% de la de carne de vacuno de España.

El Consejo de Gobierno ha decidido interponer un recurso Contencioso-Administrativo contra la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a que Castilla-La Mancha intervenga como parte legítima en la tramitación de determinados contratos de cesión que autorizan el aprovechamiento de aguas de Hellín (Albacete) para regadíos en la Comunidad de Murcia.

Así lo ha decidido el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha en su reunión de este martes a propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Según han informado fuentes del Gobierno regional a Europa Press, el Ejecutivo de José María Barreda ha vuelto a presentar otro recurso sobre este asunto porque quiere participar en las decisiones que toma la CHS en las que se autoriza o deniega la venta de agua por parte de agricultores de Hellín a agricultores de Albacete, ya que se opone a que se «mercadee» con el agua.

En este mismo sentido, el pasado 23 de marzo el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha decidió interponer un recurso contencioso-administrativo contra la compraventa de derechos de uso de agua entre regantes del Segura y también contra la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura a que la comunidad autónoma se presente como parte interesada en este tipo de actuaciones.

Los contratos que aquel momento se recurrieron fueron suscritos en el último trimestre de 2009 entre diversos regantes del término municipal de Hellín (Albacete) con las comunidades de Águilas y Mazarrón, en Murcia.

El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho pública la sentencia, cuyo fallo adelantó el pasado 1 de octubre, en la que se rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Región de Murcia contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, volviendo a avalar de este modo la gestión del Ebro por parte de la Generalitat, regulada en el artículo 117 de la norma.

La resolución se remite a lo señalado ya al respecto en la sentencia sobre el recurso que interpuso el PP contra el Estatut y únicamente profundiza respecto de la impugnación por la Comunidad murciana del artículo 117.1 c) de la norma catalana, que se refiere a las medidas extraordinarias en caso de necesidad para garantizar el suministro de agua respecto de cuencas hidrográficas intracomunitarias.

Este aspecto no fue recurrido por el PP, por lo que ésta es la primera ocasión en la que el Tribunal Constitucional se pronuncia al respecto. Así, señala que no existe la vulneración de la autonomía local denunciada por el Gobierno murciano y tilda la propia impugnación de «meramente preventiva y, por tanto, injustificada».

A juicio del Tribunal Constitucional «nada permite concluir» que esta competencia autonómica sobre la garantía del suministro en caso de necesidad «suponga una invasión o desconocimiento de las legítimas competencias que eventualmente corresponda ejercer a las Entidades locales en materia cuando resulten directa y claramente afectados sus propios intereses».

VOTOS PARTICULARES.

La decisión ha contado con los votos particulares de los magistrados –considerados del sector conservador– Vicente Conde, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez-Zapata-, si bien éste último es el único que argumenta su decisión. El resto se remite a lo señalado en sus respectivos votos respecto de la sentencia sobre el recurso del PP.

Para Rodríguez-Zapata, sin embargo, la argumentación de la mayoría sobre el asunto del suministro en caso de necesidad es «impreciso», y la sentencia debería haber ahondado más en el asunto. Considera no obstante que la impugnación de la comunidad murciana ha sido correctamente rechazada por la falta de valor normativo del propio precepto, regulado en el artículo 117.1 c) del Estatut.

En su voto particular, Rodríguez-Zapata se queja de que esta resolución se remita casi en su integridad a lo dicho sobre la gestión del agua en la sentencia por el recurso del PP, ya que dichas remisiones «en blanco» -sin resumir o extractar doctrina- a una sentencia tan compleja ni incrementa la seguridad jurídica ni ayudan a esclarecer las dudas».

«COMPETENCIA EXCLUSIVA»

Entre otras cosas, el artículo del Estatut recurrido por Murcia, el 117, establece que, en materia de agua, corresponde a la Generalitat la «competencia exclusiva» para su gestión y las obras e instrumentos específicos que tengan que ponerse en marcha.

También dice que la Generalitat debe participar en la planificación y en los órganos de gestión estatales de los recursos hídricos sobre cuencas hidrográficas intercomunitarias y estipula que el Gobierno catalán tiene que emitir un «informe preceptivo» para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial.

En la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, la que evaluaba el recurso presentado por el PP, los magistrados ya se pronunciaron sobre el artículo 117, que consideraron plenamente constitucional.

En el fundamento jurídico que razonaba la constitucionalidad de este artículo, los magistrados explicaban que la atribución por el Estatuto de competencias exclusivas sobre una materia «no puede afectar a las competencias sobre materias o submaterias reservadas al Estado.

En concreto, respecto a la competencia autonómica sobre cuencas hidrográficas intracomunitarias precisaban que «ha de cohonestarse con el legítimo ejercicio por parte del Estado de los títulos competenciales que puedan concurrir o proyectarse sobre dicha materia».

Por lo que refiere a la participación de la Generalitat en los órganos de gestión estatales –artículo 117.3, cuestionado por el PP y por el Gobierno de Murcia–, explicó el Constitucional que corresponde al legislador estatal «determinar con entera libertad la participación expresada, su concreto alcance y su específico modo de articulación, que no podrá tener lugar en órganos de carácter decisorio».

Igualmente, en relación con el informe preceptivo que la Generalitat emitirá sobre las propuestas de trasvase de cuencas –artículo 117.4–, la sentencia sobre el recurso del PP estimaba su constitucionalidad dado que se trata de un informe que «aunque preceptivo» no es «vinculante», por lo que «se compadece con el principio de cooperación que ha de presidir las relaciones entre el Estado y la comunidad autónoma».

Una vez conocida esta sentencia, queda pendiente el resultado de los recursos presentados por el Gobierno de La Rioja y el Defensor del Pueblo. El pasado 9 de septiembre el alto tribunal ya resolvió los planteados por Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana, igualmente desestimando sus impugnaciones.

El diputado nacional del PSOE por Toledo, Alejandro Alonso, ha pedido a la presidenta regional del PP y secretaria nacional del partido, María Dolores de Cospedal, que «desautorice inmediatamente» las declaraciones del consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, quien afirmó que «es el momento de cerrar desaladoras y aplicar la ley del trasvase Tajo-Segura porque hay agua en los embalses de cabecera para trasvasar».

En rueda de prensa, Alonso ha calificado como «intolerables e injustificables» estas manifestaciones pidiendo el cierre de las desaladoras, y ha instado a la líder del PP en la región a que desautorice las declaraciones de sus compañeros de Murcia.

«No está justificado que Cospedal, tan diligente criticando a Barreda y Rodríguez Zapatero, calle ante estas declaraciones de sus compañeros de Murcia», ha aseverado.

La Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha acordado este jueves proponer a la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que se reunirá la próxima semana, un trasvase de 230 hm3 para lo que queda de año, de los que 150 hm3 corresponderán a julio-agosto-septiembre, ya que es el periodo de «mayor consumo», y los tres meses restantes un total de 80.

Así lo ha anunciado el presidente del Scrats, José Manuel Claver, en rueda de prensa para dar cuenta de que esta reunión, según le ha comunicado por e-mail la directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Marta Morén, que presidirá la misma, se desarrollará previsiblemente el día 20 ó 22 de julio.

Claver, que ha reconocido su inquietud porque la reunión de la Comisión «se tenía que haber celebrado antes», ha mostrado no obstante la tranquilidad de los regantes, ya que, a su entender, «no debe haber ningún problema de cara a la disponibilidad de agua, ya que hay casi 200 hm2 de reserva en la cabecera del Tajo, de los que 240 son no excedentarios».

Entre las novedades de esta nueva petición, Claver ha destacado que se hará semestralmente, y no cada tres meses como se venía realizando en los últimos años, puesto que ello contribuirá a que se haga un uso eficiente del agua.

Se trata de una cuestión que ya se había sugerido a Marta Morén en anteriores ocasiones porque, en su opinión, «es algo beneficioso para la planificación que puedan realizar los regantes en función de la disponibilidad de agua».

No obstante, ha precisado que el hecho de que la petición se realice cada seis meses «no quiere decir que nos vayamos a traer el agua directamente desde la cabecera, sino que se va a procurar que los desembalses hacia la Cuenca del Segura se hagan mensualmente conforme se vayan necesitando de tal forma que se queden regulados en los embalses de cabecera».

Así, ha explicado, «durante el verano propiciará que esa lámina de agua se pueda utilizar para actividades recreativas de municipios de Entrepeñas y Buendía», por lo que cada mes se dirá cuál es el volumen de agua que demandan los regantes.

RECURSOS «SUFICIENTES»

Al hilo, ha expresado su confianza de que en una situación como la actual, «donde hay unos recursos suficientes», se pueda atender esta demanda de 230 hm3, que equivalen a 207 hm3 en destino.

Petición, ha puntualizado, «inferior a la regla de explotación que aprobó la propia Comisión, por lo que se podría pedir un volumen bastante superior, pero que nos acogeremos a los volúmenes que contempla el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura».

De este modo, ha dijo que espera que dicho volumen «se atienda por cuanto que hay recursos suficientes en la cabecera del Tajo para que así sea», más aún en un año en que «ya no está el Estatuto de Castilla-La Mancha». «Si no tenemos entonces tranquilidad, pues apaga y vámonos, porque no sé cuándo la vamos a tener», ha destacado.

Por último, el presidente del Scrats, que ha reconocido que ha sido un año «bueno» de recursos, incluso desconocido desde hacía mucho, ha resaltado que esta situación ha propiciado que en junio «hayan habido aportaciones en la cabecera del Tajo de 95 hm3».