En Zaragoza, “la ciudad de los ríos”, confluirán en 2008 dos términos ligados al hombre de este tiempo: agua y desarrollo sostenible. El avance hacia un desarrollo más sostenible compromete a todos los ciudadanos y, en particular, a los poderes públicos que deben liderar la transición hacia un modelo de producción y de consumo más eficiente y menos contaminante. Todos los países, ricos y en desarrollo, se enfrentan a problemas relacionados con los recursos hídricos; en la mayor parte de los casos no se deben a un déficit de tecnologías o de infraestructuras sino a deficiencias en la gestión.

En España persisten graves carencias relacionadas con el control público del uso de agua, de su calidad, la garantía de agua potable para abastecimiento (en particular, en el medio rural)…, así como carencias en cuanto a la eficiencia en su uso, especialmente en la agricultura, el sector al que se destina el 70% de los recursos hídricos disponibles.
La evidencia creciente del cambio climático obliga a revisar algunas “certidumbres”: el tópico de la “España seca” y la “España húmeda” va quedan-do en entredicho a medida que aparecen dificultades para garantizar agua en el País Vasco o en Cantabria.
El Gobierno, conforme al compromi-so del presidente Zapatero en su discur-so de investidura, ha emprendido una profunda reorientación de la política del agua valorando su triple dimensión económica, social y ambiental, con el objetivo de garantizar su disponibilidad y calidad a partir de un consumo más eficiente y más responsable, prestando especial atención a la protección de los ecosistemas asociados.

Para ello, la política del agua en España debe adaptarse a las exigencias europeas, en particular, a la Directiva Marco del Agua en cuanto a su necesaria gestión integral, introduciendo mayores exigencias de sostenibilidad, racionalidad económica y de participación pública. El Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) materializa esta reorientación que, entre otras cosas, supone una mayor garantía de acceso  a fondos europeos. La Comisión Europea es cada vez más exigente respecto de los requisitos ambientales de los proyectos nacionales que optan a financiación comunitaria. Desde el inicio de esta legislatura, la UE no ha rechazado ningún proyecto de política del agua. Así, están ya asegurados los 1.200 millones de euros de ayudas europeas que el anterior Gobierno pidió para el trasvase del Ebro y que no obtuvo, a la vista de  los informes negativos de diferentes instancias de la UE, y que se destinarán a proyectos del Programa AGUA en las cuencas mediterráneas.

La inversión ejecutada del ministerio en política del agua se ha incrementado respecto de la anterior legislatura en unos 800 millones de euros anuales. La licitación, a lo largo de 2006, se ha situado en 3.500 millones de euros, el doble de la media del período 2001-2003, como consecuencia del impulso a las obras del Programa AGUA, incluidos numerosos proyectos del Plan Hidrológico Nacional cuya ejecución no se había iniciado al finalizar la anterior legislatura. En 2007 se mantendrán los niveles de licitación y de adjudicación de 2006 y la inversión ejecutada se acercará a los 3.000 millones de euros.
Los 140 hectómetros cúbicos de agua potable que se obtenían en 2004 a partir de la desalinización de agua de mar se han duplicado en dos años y, con las inversiones en ejecución, se multiplicarán por cinco en cuatro años. Han entrado en funcionamiento seis plantas desalinizadoras que aportan 176 hectómetros cúbicos, evitando cortes en el abastecimiento a ciudades, en el tercer año de la peor sequía registrada nunca en el sureste español. Están en construcción seis plantas que aportarán casi 130 hectómetros cúbicos más de agua y se han adjudicado otras siete plantas, que aportarán 242 hectómetros cúbicos hacia 2008. Otras 11 plantas se encuentran en fase de tramitación.

El ministerio contempla varios proyectos de ley, como es el caso de la reforma de la Ley de Aguas. En 2008, el desarrollo del Programa AGUA permitirá debatir con rigor sobre la viabilidad de una nueva política del agua. Y también será posible intensificar la colaboración de España con los países de América Latina y del Mediterráneo, gracias al avance espectacular de las tecnologías de ahorro y eficiencia en el consumo de agua, así como de la depuración, reutilización y desalinización.