La reforma energética acometida por el Ministerio de Industria hace ahora un año ha provocado que cerca del 70% de la factura de la luz del regadío corresponda ya a costes fijos que pagan durante todo el año aunque sólo consuman electricidad entre tres y siete meses al año, lo que ha disparado el gasto anual energético del sector hasta los 700 millones de euros, según datos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE).

Para los regantes, esta modificación legislativa llevada a cabo con «agostidad» y «alevosía» dió la puntilla a más de seis años de subidas indiscriminadas en el precio de la luz, que se traducen en un incremento medio superior al 1.000% en los costes fijos y al 100% en el total de la factura desde 2008, fecha en la que desaparecieron las tarifas especiales para riego.

Con semejante subida, amortizar los más de 6.000 millones de euros invertidos en modernización de regadíos para producir más con menos agua, en línea con las indicaciones de la FAO, se hace prácticamente imposible, lo que está condenando al regadío a la desaparición, a pesar de alzarse -junto con la biotecnología- como la solución más efectiva para atajar el déficit de alimentos, máxime cuando una hectárea de estos cultivos produce cinco veces más que una de secano.

A día de hoy, con 7.000 millones de habitantes en todo el mundo y más de 1.200 millones por debajo de los umbrales de desnutrición, la producción de alimentos deberá apoyarse en el regadío para alcanzar el objetivo de aumentarla más de un 45% antes de 2030 y más de un 70% antes de 2050 si se quiere garantizar el abastecimiento de una población mundial creciente, que alcanzará los 9.100 millones dentro de poco más de tres décadas.

La Administración, por su parte, no parece ser consciente de la importancia de esta actividad -que representa el 15% del PIB junto con toda la industria agroalimentaria asociada-, a juzgar por la falta de voluntad política mostrada hasta la fecha para diseñar un escenario energético más justo y dar con una fórmula tarifaria que evite a los regantes pagar todo el año por un servicio eléctrico que sólo utilizan durante la campaña de riego, de abril a octubre.

En este sentido, el presidente de Fenacore recuerda que «el tiempo pasa» mientras Industria parece centrada en su compromiso de cubrir el agujero económico del déficit de tarifa con las compañías eléctricas, que ha seguido manteniendo su ritmo de crecimiento a pesar de la reforma, siendo ya un 27% superior al año pasado, con 3.332 millones de euros.

Asunto marginal en la agenda política

De esta forma, los regantes denuncian cómo el regadío se ha convertido en un asunto marginal en la agenda política cuando lo cierto es que no piden ningún tipo de subvención, sino una distribución racional de los costes acorde con su condición de consumidores estacionales; aunque por otra parte estamos ante el segundo demandante nacional de energía, sólo por detrás del ente de infraestructuras ferroviarias Adif.

Según el presidente de la Federación, Andrés del Campo, «este totum revolutum donde entran toda una serie de impuestos -primas a las renovables, moratoria nuclear, subvenciones al carbón, intereses de la deuda energética, etc.- que después se convierten en los costes fijos de la electricidad, deberían de algún modo pasar a cargo de los Presupuesto Generales del Estado para evitar discriminar actividades que tengan un consumo estacional como es nuestro caso».

Por lo pronto, los regantes -que protagonizaron en febrero a las puertas de la campaña de riego movilizaciones generalizadas en toda España- prosiguen sus negociaciones con el Gobierno. Y dando muestra de la máxima flexibilidad y voluntad de colaboración proponen despenalizar los contratos de temporada, abonar únicamente la potencia realmente utilizada en lugar de la contratada o incluso, que la legislación permita realizar más de un contrato al año con las compañías eléctricas.

También solicitan la aplicación de un IVA reducido en el suministro eléctrico, tomando como antecedente el caso de Italia o la articulación de la normativa marco adecuada para facilitar la producción de energía distribuida en las zonas regables para autoconsumo, conocida como balance neto o Net Meetering, y que permite además inyectar a la red nacional la producción que no se necesite.

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