MADRID.- El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, calificó hoy los Planes Especiales de Alerta y Eventual Sequía en las distintas Confederaciones Hidrográficas de “incompletos” ya que -si bien incluyen un completo análisis técnico y ambiental- carecen de los informes jurídicos, económicos, políticos y reglas de explotación necesarios para abordar el problema de la sequía desde un punto de vista profundo y multidisciplinar.
Del Campo, que participó en una jornada técnica sobre «Restricciones para el Regadío» organizada por Fenacore en Madrid, apuntó que estos planes de sequía son esenciales para hacer frente a la escasez de lluvias existente en España, pero advirtió que si no se completan con los informes pertinentes, no permitirán avanzar realmente en la gestión del escaso recurso de agua ni resolver los conflictos hídricos existentes entre comunidades a través de un reparto ordenado y equitativo de este recurso.
Una evaluación del coste/beneficio para medir su eficacia
El presidente de los regantes señaló que los planes de sequía y las medidas adoptadas carecen de una evaluación económica que permita conocer en términos de coste/beneficio los efectos de su aplicación en el regadío y los diferentes sectores productivos. Asimismo, propuso que se cuantifiquen las pérdidas que representa el lucro cesante para el sector agroalimentario y la sociedad como consecuencia de las restricciones de caudales.
Por otro lado, Andrés del Campo señaló que los planes no hacen referencia a las medidas compensatorias necesarias para paliar estos perjuicios sobre los regadíos; y recordó que la Ley de Aguas reconoce la posibilidad de conceder indemnizaciones por los perjuicios causados a los usuarios afectados, con el fin de paliar las restricciones de agua para uso agrícola de determinadas cuencas en beneficio del abastecimiento urbano ante una situación de sequía.
Según el presidente de Fenacore, «la legislación de aguas establece una jerarquía entre todos los usos y fija quién deberá cesar ante una situación de escasez. Por ello, estas restricciones de suministro en los regadíos en beneficio del consumo humano nos parecen justas y legales, siempre y cuando se nos garantice el mantenimiento de nuestra actividad y la renta de los agricultores».
Asimismo, recordó que las medidas adoptadas durante la gestión de la sequía no pueden implicar «modificación de concesiones» sino «modificación temporal de las condiciones de utilización del recurso concedido» sin alterar el título concesional, con vigencia máxima durante el plazo de aplicación del Decreto de Sequía que se apruebe.
Cuantificar con exactitud los recursos disponibles
Por otro lado, Andrés Del Campo denunció que los Planes de Sequía parten de una planificación hidrológica no ajustada a la realidad de los recursos disponibles ya que se encuentran «sobrevalorados» al utilizar una serie histórica de datos desde 1940 que no valora adecuadamente la reducción de los últimos 25 años, cuando, en su opinión, la realidad demuestra que existe «un antes y un después» al año 1980.
Según Del Campo, «esta sobrevaloración de los recursos unido a la elevada presión de la demanda por el reconocimiento legal de nuevos usos (turístico, etc.) acentúa la sequía en lugar de aliviarla ya que conduce irremediablemente al agotamiento del sistema, la infradotación en estos usos, la escasez permanente y el conflicto continuado entre los distintos usuarios».
Las CC.AA. deben limitarse a ejercer «plenamente» sus competencias
Con respecto al análisis político de la sequía, el presidente de Fenacore criticó la «excesiva preocupación» de algunas comunidades autónomas por asumir –a través de reformas estatuarias- competencias exclusivamente estatales en materia de planificación hidrológica, en lugar de hacer más efectiva su participación en las confederaciones hidrográficas o ejercer plenamente sus competencias sobre la gestión de las demandas: modernizando las redes de abastecimientos, rehabilitando regadíos y construyendo Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs).
Del Campo advirtió que la cesión de competencias a las comunidades autónomas sobre el recurso y su planificación puede conllevar diversos riesgos, como son: el recrudecimiento de los conflictos territoriales, la distribución y reparto del agua con arreglo a intereses localistas (y no generales) y el planteamiento de nuevas demandas que acaben por generar una sequía estructural en nuestro país.
Potenciar otras medidas de gestión de sequías
El presidente de Fenacore apuntó que en situaciones de sequía resulta imprescindible la planificación y el control de la utilización de los recursos. En este sentido, recordó que la solución a la escasez de lluvias endémica que existe en España pasa por la construcción de obras de regulación y trasvases intercuencas, debidamente justificados, así como por la potenciación de otras medidas de gestión de la demanda como son la modernización de regadíos, la cesión de derechos al uso privativo del agua (bancos públicos del agua) la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, la recarga de acuíferos o la reutilización de aguas regeneradas urbanas. Muchas de estas medidas se han desarrollado en el Plan de Choque aprobado conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con una elevada inversión en modernización de regadíos.
Finalmente, Andrés del Campo elogió el compromiso público asumido recientemente por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de cumplir con el principio de recuperación de costes medioambientales y de servicios relacionados con el agua para el horizonte del año 2010 –tal como establece la Directiva Marco de Aguas (DMA)- admitiendo la singularidad de cada cuenca hidrográfica y de cada cultivo, en función de los efectos medioambientales, socioeconómicos, condiciones geográficas y climáticas de los territorios afectados, así como la excepcionalidad para determinados usos.
Entre las autoridades asistentes a la jornada celebrada hoy destacó la presencia del director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Francisco Amarillo, así como de los subdirectores generales de Infraestructuras del Ministerio de Medio Ambiente, Joaquín del Campo, y de Planificación Hidrológica, Teodoro Estrela. En el análisis de los Planes de Sequía participaron directamente el presidente del Sindicato Central Trasvase Tajo-Segura, Francisco del Amor; el presidente de la Federación de Comunidades de Regantes del Ebro, César Trillo; el presidente de la Asociación Feragua de Comunidades de Regantes de Andalucía, José Fernández de Heredia y el director Técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Joaquín Andréu.
INFORMACIÓN DE CONTEXTO
FENACORE es una asociación sin ánimo de lucro e independiente políticamente, creada en 1955, que agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el fin de defender sus intereses y derechos de uso del agua. En la actualidad, cuenta con numerosas entidades federadas de todas las provincias españolas, que suponen 700.000 regantes y alrededor de 2 millones de hectáreas, es decir, más del 50% del regadío nacional. FENACORE trabaja estrechamente con los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Además, es órgano consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y vocal nato del Consejo Nacional del Agua. En el marco internacional, FENACORE es miembro fundador de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC), que representa a todos los países miembros en Bruselas.
