La reserva de agua en los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, aumentó ocho hectómetros cúbicos la última semana y alcanza ahora los 345 hectómetros cúbicos de agua embalsada, el 13,94 por ciento de su capacidad total de 2.474 hectómetros cúbicos.

Según informó hoy la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía aumentó dos hectómetros cúbicos en los últimos siete días y tiene 203 hectómetros cúbicos, el 12,38 por ciento de su capacidad total, que es de 1.639 hectómetros cúbicos.

El pantano de Entrepeñas tiene seis hectómetros cúbicos más que la semana anterior y embalsa ahora 142 hectómetros cúbicos de agua, el 17,00 por ciento de su capacidad, que es de 835 hectómetros cúbicos.

El Consejo de Ministros autorizó el 2 de marzo un trasvase de 38 hectómetros cúbicos para abastecimiento humano desde la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura.

El trasvase de estos 38 hectómetros cúbicos se distribuye en el trimestre marzo-abril-mayo, y el destino es abastecer a la población atendida por la Mancomunidad Canales del Taibilla (2,5 millones de personas de 79 municipios de Murcia, Alicante y Albacete) y a los municipios almerienses dependientes de la entidad pública Galasa.

En función de la evolución de las lluvias y del comportamiento del sistema de la cabecera del Tajo, el Gobierno podría revisar este acuerdo.

Los trasvases de agua de la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura pueden ser autorizados por el Consejo de Ministros, según fija la ley, mientras exista una reserva mínima de 240 hectómetros cúbicos de agua embalsada en Buendía y Entrepeñas.

Los dirigentes de la organización agraria Asaja de Murcia, Alicante, Albacete y Almería firmaron ayer un documento sobre la escasez de agua en el Sureste español, en el que critican la política del Gobierno central en materia de planificación hidrológica. El presidente de Asaja Albacete, José Pérez Cuenca, aseguró que ‘jamás hemos reñido por el tema del agua’ entre estas organizaciones, ‘porque queremos que nos den las herramientas para poder crear riqueza’, señaló en referencia al agua, y consideró ‘un disparate’ la situación actual sobre política hidráulica.

‘Los problemas que monta la clase política están bastante lejos de la necesidad’, añadió, y achacó a algunos políticos el que hablen de agua ‘como cortina de humo para tapar problemas importantes de la sociedad normal, los que trabajan día a día’. ‘Lo peligroso -agregó Pérez Cuenca- es que si en la sociedad cayéramos en esas trifulcas se podría caer en el desasosiego’.

En el documento firmado ayer se rechaza el anteproyecto de ley de aguas en lo referente al incremento del coste del agua para la agricultura y la falta de representación de los regantes y otros usuarios en los órganos de decisión de los organismos de cuenca. Asimismo incluye el mantenimiento del acueducto Tajo-Segura con su actual régimen de explotación, con garantías de recursos hídricos suficientes para los regadíos de la cuenca cedente y un estudio de alternativas para mejorar las aportaciones a la cabecera del Tajo.

La interconexión de cuencas hidrográficas que permita repartir el agua sobrante entre comunidades autónomas es otra cuestión incluida en el documento, así como una solución al déficit estructural de las cuencas mediterráneas, que, según este escrito, ‘pasa por la ejecución del trasvase del Ebro tal y como estaba contemplado’.

El polígono industrial de Romica disfrutará ‘a partir de esta semana’ de una reivindicación histórica: poder beber del mismo agua del Júcar del que se está abasteciendo la ciudad. Lo confirmó ayer el alcalde, Manuel Pérez Castell, tras reunirse, junto al concejal de Promoción Económica, Ramón Sotos, y parte de la Junta Directiva de Adepro (Asociación de Empresarios del Polígono de Romica).

Hasta ahora, los empresarios de este polígono, el segundo en importancia y antigüedad en la capital, tenían que abastecerse con agua que les llevaban mediante cisternas y esa situación ha llegado a su fin. ‘No era de recibo que aún Romica no tuviese la misma agua que nosotros’, dijo.

‘Hoy concretamos una serie de reivindicaciones con el Ayuntamiento que redundarán no sólo en beneficio de los asociadoos de Adepro sino también de todas aquellas personas que acuden diariamente hasta nuestro polígono’, destacó el presidente de Adepro, José Ramón Carrasco. La del agua, dijo, era fundamental y la disfrutarán en cuanto terminen de realizarse las pruebas.

Suelo reservado

El del abastecimiento a Romica no fue el único anuncio que realizó Pérez Castell ayer durante su comparecencia. ‘El nuevo Plan de Ordenación Municipal contemplará -dio a conocer- la reserva de no menos de diez millones de metros cuadrados de suelo industrial para satisfacer la demanda de los próximos veinte años’.

Un anuncio que realizó el alcalde como consecuencia de los datos que se desprenden del funcionamiento del Polígono industrial de Romica. Este parque que alberga fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas -salvo las excepciones como Gamesa, Helicsa, los talleres formativos de Asprona, Amiab y Afaeps y el Simulador de Riesgos Laborales- ‘ha crecido espectacularmente en los últimos cinco años’, manifestó el alcalde.

Actualmente, en sus 2,7 millones de metros cuadrados de superficie, hay instaladas 250 empresas y 2.500 trabajadores ocupando una superficie de 1,7 millones de metros cuadrados y ‘en cinco años habrá un parque empresarial de 1.500 empresas y más de 4.000 trabajadores’, calculó Pérez Castell. Un dato que fue refrendado por el presidente de Adepro, que dio a conocer que, de media, ‘cada semana se instala en Romica una empresa’.

Otras de las actuaciones asumidas por el Ayuntamiento de Albacete en favor de los empresarios de este polígono, y que ayer se dieron a conocer, son la decisión de ceder 1.000 metros cuadrados para instalar las Oficinas de la Asociación y de la entidad de conservación y la firma de un convenio por 50.000 euros para que esta entidad de conservación gestione el mantenimiento del polígono. ‘La entidad urbanística de conservación es una figura nueva, tutelada por el Ayuntamiento, a la que nos tenemos que ir acostumbrando’, explicó el secretario de Adepro, Leonardo Carrasco, que señaló que la segunda entidad se creará en el de Ajusa.

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó hoy una resolución que insta al Gobierno de España a cumplir las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura mientras exista, apoya a la Junta en su recurso al último trasvase y pide al Ministerio de Medio Ambiente ‘controles exhaustivos’ del uso del agua.

La propuesta de resolución presentada por el grupo socialista fue aprobada con los votos de los diputados del PSOE y con la abstención de los del PP, quienes habían planteado una propuesta alternativa que fue rechazada por la mayoría socialista.

La resolución aprobada considera ‘improcedente’ el acuerdo del Consejo de Ministros del 2 de febrero que autoriza un trasvase de once hectómetros cúbicos de agua desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura y exige al Gobierno que cumpla las reglas de explotación del trasvase mientras éste exista.

Además, en la resolución se ‘apoya’ a la Junta de Castilla-La Mancha en su decisión de recurrir ese acuerdo del Consejo de Ministros, así como otros actos administrativos ‘que vayan contra los intereses de Castilla-La Mancha’.

También las Cortes castellano-manchegas instan por medio de esta resolución al Ministerio de Medio Ambiente a llevar a cabo ‘controles exhaustivos’ del uso del agua para los cultivos de regadío leñosos y solicitudes previas y justificaciones ‘caso por caso’ de las asignaciones a las comunidades de regantes.

La resolución del PP que fue rechazada instaba a la Junta a realizar obras y a acometer infraestructuras para que las poblaciones de Castilla-La Mancha tengan agua en condiciones salubres para el consumo, así como para el regadío que beneficie al desarrollo.

También pedía esta resolución presentada por la oposición que la Junta ‘aclare el destino’ de los 81 millones de euros de ‘compensación’ por el trasvase Tajo-Segura.

Además, incluía otro punto que instaba a la Junta a rechazar ‘todo trasvase que no sea para consumo humano’.

La consejera de Obras Públicas, María Encina Alvarez, intervino en el debate general de la Cámara e indicó su extrañeza por las dudas de la líder del PP, Dolores de Cospedal, sobre si apoyar al gobierno regional en el recurso a la decisión del Gobierno de España.

Alvarez recordó que De Cospedal dijo ayer, miércoles, en Valdepeñas que ‘lo más seguro’ apoyaría el recurso, horas después de que la portavoz parlamentaria de su partido, Ana Guarinos, asegurase el apoyo.

En cualquier caso, Alvarez ironizó acerca de si De Cospedal ha pedido permiso ‘a su jefe de filas’, el presidente del PP, Mariano Rajoy, para apoyar el recurso.

En la explicación de las propuestas, el diputado del PP Miguel Angel Montserrat pidió unidad a la hora de defender el acuerdo logrado para la reforma del Estatuto.

También lamentó que en el Gobierno de España tuviera ‘más peso ERC que (el ex presidente de Castilla-La Mancha, José) Bono y se derogase el trasvase del Ebro’ y el Plan Hidrológico Nacional (PHN).

Montserrat señaló que a su grupo parlamentario le interesa saber dónde se gasta el agua una vez trasvasada por el acueducto Tajo-Segura, pero también el uso del trasvase, ya que han sido invertidos 81 millones de euros para el canon.

El diputado del PSOE Francisco Moya explicó que ese montante ha sido invertido en obras hidráulicas en municipios ‘ribereños’, entre los que incluyó no sólo a los de los embalses Buendía y Entrepeñas, sino también a los que son ‘ribereños’ del río Tajo o de sus afluentes, como Cuenca capital.

‘Si hoy -dijo Moya- hablamos de fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura es gracias a José María Barreda’, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Moya achacó a la líder del PP regional, María Dolores de Cospedal, que mantenga un discurso sobre política hidráulica en Castilla-La Mancha y otro diferente junto a sus compañeros de partido de Murcia y Valencia.

También indicó que el grupo socialista rechazaba la propuesta del PP porque instaba a algo que los gobiernos regional y estatal ‘ya hacen’, como obras e infraestructuras hidráulicas, algo que, recordó, no hacía el Gobierno del PP, y el PP regional votaba en contra de resoluciones para ello.

Moya subrayó que hoy se ha aprobado en las Cortes Generales el Estatuto de Aragón con el visto bueno del PP, y remarcó que en ese Estatuto se establece una reserva de agua en favor de Aragón de 6.500 hectómetros cúbicos para el desarrollo de la comunidad aragonesa.

En réplica a Montserrat acerca de la derogación del PHN, Moya señaló que ‘esa traición que consideraban a Bono está ahora en nuestro Estatuto’, por lo que pidió prudencia a la hora de tratar un tema sobre el que hubo consenso entre el PSOE y el PP para aprobar la reforma estatutaria.

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, anunció hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados la puesta en marcha de un nuevo Plan de regadíos con horizonte 2013 acorde con las directrices definidas en el Plan Estratégico y en el Marco Nacional de Desarrollo Rural.

Así lo avanzó Espinosa en respuesta a la diputada socialista Ma Teresa Villagrasa sobre las medidas del Gobierno en política de regadíos para la consolidación de un sector agrario competitivo y sostenible.

La ministra indicó que se trataría de una nueva programación donde se valorará la viabilidad del regadío desde una vertiente económica, social y medioambiental.

Destacó el compromiso del Gobierno y la necesidad de seguir impulsando la aplicación de nuevas tecnologías en el uso del agua, reducir su consumo, disminuir el impacto ambiental y, en definitiva, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y el nivel de vida de los agricultores en política de regadíos.

Señaló que estos objetivos son compartidos por las Administraciones Públicas y por las Comunidades de Regantes, que también están comprometidos con la modernización y con la sostenibilidad.

Informó de que la inversión prevista en el Plan de Regadíos ha sido superada a día de ayer en un 35 por ciento, y el Plan de Choque, aprobado el año pasado para llevar a cabo obras urgentes y reducir el consumo de agua, se está desarrollando de acuerdo con las previsiones.

Añadió que en la Conferencia Sectorial de la pasada semana expuso a los responsables autonómicos, la necesidad de llevar a cabo una revisión de la política de regadíos, que necesariamente incluirá medidas de ahorro de agua y de energía.

Espinosa recordó que la semana pasada pudo conocer de cerca, durante la Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada en Zaragoza, los proyectos y obras de la exposición internacional que va a tener lugar el próximo año, cuyo tema central es ‘Agua y Desarrollo Sostenible’.

Valoró el trabajo que se está realizando en Aragón en materia de agua, ‘región muy sensible con este recurso escaso, pero necesario para el desarrollo sostenible del medio rural’.

El presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, calculó hoy que el debate sobre la toma en consideración del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se celebrará en junio o a más tardar en septiembre y advirtió de que el asunto del agua será de los más delicados de resolver en la Cámara.

Marín hizo estas consideraciones durante su visita a las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se reunió con los miembros de la Mesa, con los portavoces de los grupos y con los representantes del Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y la Defensora del Pueblo.

El presidente del Congreso expuso que el texto de la reforma estatutaria castellano-manchega se debatirá al final del actual período de sesiones o al comienzo del próximo y sostuvo que, pese a que haya ‘picos con asuntos delicados’, si hay unanimidad sobre el grueso del texto no habrá problema para tramitarlo con ‘relativa rapidez’.

De hecho, recordó que las 220 enmiendas al Estatuto aragonés, que contaba con el respaldo de todos los grupos menos la Chunta Aragonesista, se resolvieron en la ponencia en sólo una semana.

Respecto al contenido de la reforma, indicó que su posición institucional implica que no deba pronunciarse sobre el mismo, pero apuntó que ‘no es ningún secreto’ que la cuestión hidráulica -que en el Estatuto castellano-manchego se traduce en la exigencia del fin del trasvase Tajo-Segura en 2015- ‘es de las más delicadas’ de resolver en el Congreso.

De hecho, recordó que el Estatuto valenciano y el catalán han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional por este motivo, que el recurso al Estatuto andaluz ya ha sido anunciado y que el texto aragonés ‘probablemente’ seguirá el mismo camino.

‘Y yo creo que los castellano-manchegos se lo esperan también’, dijo Marín, quien sostuvo en cualquier caso que la fecha de caducidad del trasvase está ‘legítimamente’ planteada en el Estatuto y apuntó la posibilidad de que el Constitucional se pronuncie sobre los recursos presentados antes de que el texto castellano-manchego salga del Congreso.