La Asociación de Productores de Cebolla de Castilla-La Mancha (Procecam) tiene previsto celebrar una reunión de ámbito nacional, el próximo día 3 de diciembre, en Villarrobledo para analizar y proponer soluciones al «complicado escenario» que padece el sector en este ejercicio y que pone «en grave peligro» su viabilidad de cara a las próximas campañas.

La situación que describen los productores es una crisis de precios que tiene que ver con un exceso de producción que, este año, no solo se da en el ámbito nacional, sino también en el europeo, cuyos mercados de consumo son el principal destino de las exportaciones de este producto.

En el ámbito nacional, al mismo tiempo, la superficie cultivada se ha incrementado en un 20% y los rendimientos se han mantenido elevados, llegando en algunos casos «a los 100.000 kilos por hectárea» según estimaciones del sector productor.

La provincia de Albacete, la principal productora nacional, es un buen ejemplo de esta situación. Según el Servicio Estadístico del Ministerio de Agricultura, pasó de cultivar unas 5.450 hectáreas de cebolla en 2013 a llegar a las 6.175 hectáreas en el 2014.

En términos de producción, eso supone que Albacete pasó de producir 391.950 toneladas a 455.125 en un año. En el ámbito nacional, se pasó de 1.186.588 toneladas a 1.284.415.

mínimo «histórico». Este incremento de producción ha influido a la baja en los mercados pues, según los datos ofrecidos por Procecam, el precio medio que percibe el productor asciende, en estos momentos, a tres céntimos de euro el kilo, lo que representa un «mínimo histórico», pues es menos de la mitad del coste de producción, que oscila entre los siete y los 11 céntimos de euros por kilo.

En años anteriores, este problema se podría haber aliviado con un aumento de las exportaciones -en un año normal, casi la mitad de la producción se exporta- pero resulta que el principal mercado exterior, el comunitario, se encuentra en una situación similar, tal y como adelantó La Tribuna de Albacete hace unas semanas en estas mismas páginas, dando cuenta de una reunión en Madrid entre representantes del Comité de Cebolla de Fepex -del que forma parte Procecam- y del Ministerio de Agricultura.

En ese reunión, se habló de los síntomas de «saturación» que manifestaba el mercado europeo, provocada por el crecimiento de la producción en prácticamente todos los grandes países de la UE.

La exportación total de cebolla de España en 2013 ascendió a 287.357 toneladas, siendo Reino Unido y Alemania los principales mercados, según datos de la Dirección General de Aduanas de la AgenciaTributaria.

De esa cantidad, sólo 22.171 tienen como destino países extracomunitarios, esto es, de fuera de la UE, por lo que una medidas que se estudian para aliviar esta situación sería apostar por estos destinos, a través de la participación en ferias comerciales o la organización de misiones comerciales.

En la actualidad la zona de Europa que más cebolla exporta fuera de la UE son los Países Bajos, con casi 700.000 toneladas en el año 2013.

ENLACE A NOTICIA: http://www.latribunadealbacete.es/noticia/Z7BA1F1D8-C467-1485-D503CAF6B492BB91/20141128/procecam/convoca/todo/sector/cebolla/encuentro/villarrobledo

BOP CUENCA PLAN DE EXPLOTACIÓN 2015.pdf: Ver PDF

BOP ALBACETE PLAN DE EXPLOTACIÓN 2015.pdf: Ver PDF

El pleno de las Cortes aragonesas ha aprobado la Ley de aguas y ríos de Aragón, cuyo objetivo es regular las competencias de la Comunidad autónoma en esta materia y, en particular, las reconocidas como exclusivas en el Estatuto y las que puedan ser ejercidas mediante transferencia, encomienda o convenio con la Administración General del Estado.

El texto inicial, una proposición de ley del PAR, recibió 190 enmiendas presentadas por los diferentes grupos del Parlamento autonómico, de las que en su tramitación en ponencia se han aprobado 149, consenso que ha subrayado tanto el coordinador de la misma y portavoz del PAR, Alfredo Boné, como el resto de diputados que han formado parte de ella.

El texto inicial, una proposición de ley del PAR, recibió 190 enmiendas

Boné ha recalcado que «en temas de aguas los representantes de los aragoneses trabajan en la misma dirección», para asegurar que el objetivo de su grupo ha sido «aprobar esta ley con el máximo consenso» para indicar que Aragón «es un país de ríos» y tiene necesidad de competencias sobre su red hidrológica, «desde el respeto a la unidad de cuenta, que significa una planificación coordinada entre los diferentes agentes y sujetos implicados, más que centralizada».

El portavoz del PAR ha destacado que la nueva norma «establece nuevas garantías» en contra del trasvase del Ebro, que «se blinda» y se «consolida» la Comisión del Agua como órgano de participación, para concluir que «hemos dado la talla desde el punto de vista político en beneficio de Aragón y los aragoneses».

El diputado del PP, José Manuel Cruz, ha explicado que las 19 enmiendas de su grupo han ido encaminadas en su mayoría a «mejorar la definición de determinados conceptos, el régimen económico financiero y el sancionador» y ha recordado que la aprobación de esta ley estaba incluida en el acuerdo de gobernabilidad PP-PAR para esta legislatura.

El Estatuto, catecismo de la ponencia

La diputada del PSOE, Elisa Sancho, ha opinado que «nos hemos aproximado a una buena ley; veremos los resultados cuando se ponga en marcha», tras un trabajo en el que ha habido «el máximo respeto al Estatuto de Autonomía de Aragón, que ha sido el Catecismo de la ponencia» y en el que se ha tratado de conjugar las competencias de todas las instituciones.

El parlamentario de CHA, Joaquín Palacín, se ha mostrado «satisfecho» con una parte de la ley, pero «no la compartimos al cien por cien» puesto que hay algunas cuestiones en las que «estamos muy alejados» porque «entendemos la gestión el agua de una forma diferente» ya que «no compartimos la entrada de los intereses privados», ni «marcar el límite» de los 6.550 hectómetros cúbicos de reserva hídrica para Aragón.

En representación de IU, Miguel Aso, ha sostenido que «las enmiendas que hemos realizado y aportado han mejorado notablemente el texto», para «no renunciar a las competencias aragonesas, mejorar los derechos sobre el agua de calidad y la recuperación de costes, planes para prevenir e indemnizar por sequía e inundaciones y una mejor definición de la gestión de las comarcas y municipios», si bien ha lamentado que «no hayamos conseguido garantizar la gestión pública del agua».

ENLACE A NOTICIA: http://www.iagua.es/noticias/espana/ep/14/11/27/luz-verde-ley-aguas-y-rios-aragon-que-establece-garantias-trasvase-ebro

La guerra del agua declarada entre los agricultores valencianos y alicantinos desde que se pusiera en marcha en trasvase del Júcar al Vinalopó lleva camino de convertirse en un enfrentamiento entre regantes y ecologistas, sobre todo a raíz de la propuesta que maneja la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj) de permitir el trasvase de 12 hectómetros cúbicos de agua anuales desde el pantano de Alarcón a cambio de que los regantes alicantinos hagan frente al gasto de la energía necesaria para extraer esa misma cantidad de agua desde los denominados pozos de sequía o acuíferos de la plana sur de Valencia.

Por una parte, la plataforma ecologista Xúquer Viu denunció ayer que el acuerdo planteado por Usuj pone en serio riesgo las aportaciones de agua que vaya a recibir el cauce del Júcar, la Albufera y los acuíferos valencianos, y que los regantes de Valencia la han aceptado porque van a recibir una contraprestación económica de sus homólogos alicantinos. Además, advierten que este pago se repercutirá en el recibo del agua de los consumidores domésticos de las principales ciudades alicantinas, por lo que trasladarán todas estas cuestiones a las autoridades de la Unión Europea.

Desde Usuj quisieron ayer contestar a estar manifestaciones y aclarar que, por el contrario, su propuesta es la mejor para todas las partes. El secretario general de la entidad, Juan Valero de Palma, recordó que, en la actualidad, el acuífero de la plana sur tiene una disponibilidad de 70 hectómetros cúbicos al año «que ahora están ociosos porque no son necesarios», por lo que no habría problema en compensar los 12 hectómetros de Alarcón. Además, comentó que su extracción requiere un elevado gasto energético que encarece, por tanto, el precio final del agua, pero que los regantes alicantinos están dispuestos a asumir.

«Ganamos todos»

En esta línea, añadió que el agua del pantano de Alarcón se destinará, exclusivamente, para el consumo doméstico, pero que su repercusión en el recibo del agua será «insignificante». También precisó que el beneficiario de este trasvase será la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baja, conformada tanto por agricultores como por consumidores urbanos. Por tanto, los 12 hectómetros cúbicos de Alarcón se destinarán al consumo doméstico y servirá para abaratar el agua de riego procedente de la denostada toma del Azud de la Marquesa, en Cullera, que está siendo rechazada por los regantes alicantinos precisamente porque es demasiado cara.

Por todo ello, Valero opina que, con esta alternativa, «ganamos todos». Por un lado, Alicante recibe agua de calidad para el consumo urbano desde Alarcón con una infraestructura que ya está construida, como es la prevista en el trasvase Tajo-Segura. Esta alternativa, además, les facilita que puedan asumir el coste del agua del Azud de la Marquesa. Los regantes valencianos, por su parte, no pierden «ni un solo litro de aporte» de agua en el Júcar y reciben una contraprestación para poder mantener los citados pozos de sequía. Además, esta alternativa hace económicamente viable el azud de la Marquesa y, con ella, se descartaría completamente el viejo anhelo de los regantes alicantinos de una toma en Cortes de Pallas, en la cabecera del Júcar, que requeriría una inversión de 160 millones de euros y que «sería absolutamente inviable», además de que, en esta zona, sí perjudicaría el ya de por si deficitario caudal del río valenciano. «Ahora tenemos que trasladar el acuerdo al resto de usuarios del Júcar, pero somos optimistas», destacó.

ENLACE A NOTICIA: http://www.lasprovincias.es/comunitat/201411/27/compensaran-trasvase-desde-alarcon-20141127214901.html

Cuando prácticamente se da por finalizada la recogida de las 1.760 hectáreas de patata con las que contaba León, a estas alturas se puede calificar los precios registrados como «vergonzosos», según se señala desde la Lonja de León, ya que están oscilando entre los 25 y los 50 euros la tonelada, con unos rendimientos medios según estimación de la Comisión de Estadística de la Junta de Castilla y León de 48,5 toneladas por hectárea. En cuanto al sector de los cereales se sigue observando una estabilidad en los precios, a excepción de la avena, que parece que subida tras subida, a día de hoy no tiene techo.

Con respecto a la patata, a cada agricultor la hectárea de tubérculo le supone un desembolso de su bolsillo de 2.000 euros, ya que producir una hectárea de patatas tiene un coste de 3.800 euros y el agricultor por la venta del género sólo obtiene 1.800 euros. Se salvan un poco de esta situación las 700 hectáreas contratadas a un precio medio de 120 euros la tonelada.

En cuanto al sector de los cereales siguela estabilidad en los precios, a excepción de la avena, que mantiene subida tras subida, tanto que a día de hoy no tiene techo. Cabe recordar que desde esta lonja se advirtió en su día que cereales como la avena, donde no existe importación, eran los que más potencial de subida tenían, dada la escasa cosecha en España.

En la sesión celebrada el miércoles día 26 el trigo ha cotizado a 172 €/t, la cebada a 169 €/t, el centeno a 156 €/t y la avena a 171 €/t. El maíz por su parte repite, cotizando a 171€/t.

ENLACE A NOTICIA: http://www.agroinformacion.com/noticias/2/cereales/79577/el%20precio%20de%20la%20patata%20sigue%20provocando%20perdidas%20al%20pagarse%20entre%2025%20y%2050%20euros%20la%20tonelada.aspx

El anuncio de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre las modificaciones impuestas por la CE a su modelo de regionalización de la PAC para que se van diluyendo, ya que éstas serán mucho menos reseñables inicialmente, aunque no por eso menos importantes, que lo que lo dejó entrever el consejero del ramo de Extremadura, José Antonio Echávarri, en su opinión con las organizaciones agrarias. Según diversas fuentes consultadas, la CE no ha puesto en entredicho el modelo de regionalización en su conjunto, sino algunos matices que afectarán especialmente a la transferencia de derechos. En el modelo actual del Magrama se recoge regiones donde conviven distintas producciones con una horquilla de pago similar. Sin embargo, la CE quiere que algunas de estas regiones se subdividan o se disgreguen en función de si los cultivos

Según las fuentes consultadas por agroinformacion.com, la postura de la Comisión Europea se centra en que por un lado deberán estar las superficies arables y en a otra, aunque tenga la misma horquilla de pago, la de los pastos, aunque inicialmente estén ahora dentro de la misma región.

Más burocracia administrativa y más problemas para las transferencias

Esto va a provocar no sólo una mayor complejidad administrativa, que curiosamente es lo contrario a lo que ha venido defendiendo la propia CE, sino un freno a la transferencia de derechos. Ya que, al subdividirse alguna de las actuales regiones, podría darse el caso de que no se permitiera esa transferencia que se puede dar ahora en una misma región, paralizando la posibilidad de que algún agricultor pueda ampliar su superficie de cultivo.

Lo que sí parece más claro es que no parece que vaya a haber unos cambios de regiones, tal y como se había dejado intuir por parte del consejero de Agricultura de Extremadura, o que se vaya a producir un cambio del mapa que se ha adelantado en los distintos borradores de los decretos de la PAC, sino que sólo implicará algunos cambios concretos en determinadas regiones con la citada subdivisión o segregación.

En cualquier caso, según las fuentes consultadas, aprovechando que se debe afrontar estos cambios, tampoco se puede descartar que el Magrama aproveche la ocasión de para hacer un cambio de comarcas, dada la polémica que se ha creado en algunas Comunidades Autónomas, aunque no parece que vaya a ser una opción viable.

En el mejor de los casos, los cambios podrían darse cuando se haga una revisión de la PAC en 2016, aunque la misma puede venir o bien porque el actual equipo europeo de Agricultura no es el que negoció esta PAC, y por tanto podría forzar algunas modificaciones, o bien porque para entonces no se puede saber quién gobernará en España ni qué política agrarias se querrán acometer.

Lo que sí parece cierto es que la petición de cambio de comarca solicitada por Extremadura, al amparo de esa modificación anunciada por su consejero regional, parece más un canto al sol y una manera de calmar los ánimos temporalmente que una posible realidad.

Para el Magrama, a efectos del agricultor son cambios «difícil de apreciar»

Por su parte el Magrama ha señalado que la Comisión, tras un profundo examen de dichas opciones de aplicación, ha formulado observaciones a todos los Estados miembros para que ajusten las opciones adoptadas. En el caso de España, en lo relativo a la regionalización, las observaciones de la Comisión se refieren a los tipos de superficie que componen las regiones.

El modelo de regionalización español se basa en la distinción de tres tipos de superficie, las superficies de cultivos herbáceos (de secano y de regadío), la de cultivos permanentes y pastos permanentes. En el modelo español, superficies de distinto tipo pueden agruparse en una misma región. Las observaciones de la Comisión van dirigidas a que en una misma región haya superficies de un solo tipo, de manera que, en las regiones en las que haya superficies de dos tipos o de tres tipos, deben desglosarse en dos o tres.

Según el Ministerio, «a los efectos de agricultores y ganaderos, el cambio es muy difícil de apreciar. Los mapas que ya conocen siguen siendo los mismos. Sólo varía la forma de calcular la convergencia interna de las ayudas, que será algo menor al incrementarse el número de regiones».

El resto de observaciones se refieren principalmente a aspectos técnicos relacionados con la formulación de algunas ayudas acopladas que se darán a conocer a las comunidades autónomas y organizaciones agrarias con detalle en los próximos días.

ENLACE A NOTICIA: http://www.agroinformacion.com/noticias/78/espana/79571/los%20cambios%20de%20la%20ce%20a%20la%20regionalizacion%20de%20la%20pac%20solo%20afectaran%20a%20transferencia%20de%20derechos.aspx

ENLACE A NOTICIA: http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=99485

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles por unanimidad la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE-A, a tramitar en el Congreso de los Diputados, sobre la modificación de tres normas del Gobierno de la Nación para posibilitar la reducción de los costes energéticos en el regadío de la comunidad autónoma. En concreto, se plantea una modificación de la Ley del Sector Eléctrico para ofrecer una alternativa de reducción del gasto y de los contratos de acceso a las redes de transporte y distribución; otra variación en la Ley de Economía Sostenible, para inversiones que favorezcan la bajada de los costes sobrevenidos por la reforma energética; y que, dado el intensivo en mano de obra del regadío, se aplique un tipo reducido del 10% del IVA a la factura.

En relación con la reforma energética iniciada por el Gobierno de la Nación, se explica que desde la desaparición de las tarifas reguladas específicas para el regadío y, ante la imposibilidad de modificar, en un sector altamente estacional, la potencia contratada en periodos inferiores a los 12 meses, se ha visto cómo se han «disparado sus costes, habiéndose incrementado el término de potencia entre el 125% y el 1.255% desde 2008, cuando se produjo la liberalización».

Por ello, el PSOE-A señala que el incremento medio del coste eléctrico en el regadío en Andalucía «será superior al 20%, llegando en muchos casos a superar el 30%, lo que es insostenible para un sector muy castigado por la crisis y que precisamente se ha modernizado para ahorrar agua».

La superficie regable en la región ha pasado de unas 670.000 hectáreas en el año 1992 a casi 1.200.000 en la actualidad. Las provincias de Sevilla, Jaén, Granada y Córdoba son las que tienen la mayor proporción de superficie regable, sumando todas ellas el 76% del total. En Andalucía existen más de 2.000 comunidades de regantes, muchas de ellas recién modernizadas o en proceso de hacerlo, que gestionan el agua destinada al uso agrícola. Desde 1995 hasta 2008 se han modernizado más de 350.000 hectáreas de regadío en Andalucía, lo que representa el 43% del total.

El PP-A la apoya pero con críticas

Durante la intervención de los grupos, el parlamentario del PP-A Miguel Ángel Arauz ha informado del apoyo de su partido a esta iniciativa (lo que ha provocado un aplauso) pero ha criticado el «baile de la confusión» y la situación «kafkiana» que está realizando el PSOE-A, al que ha acusado de venir a este debate «con caretas» para no reconocer que fue durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «cuando se suprimieron las tarifas especiales de riego y donde empezaron todos los males» del regadío de Andalucía. «Eso no se puede olvidar», ha dicho tras advertir de que «lo más grave es que existió un borrador de decreto» para paliar esa subida de costes energéticos y el PSOE «no lo aprobó» pese a haberlo podido hacer a lo largo de más de tres años.

Desde el PSOE-A, José Muñoz ha dicho que quien defiende a los agricultores y regantes es la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y ha arremetido contra las «subidas de hasta el 500%» que ha llevado a cabo el Gobierno de la Nación «por culpa de la mala planificación del Ministerio de Industria». No obstante, ha mostrado sus dudas de que el PP vaya a apoyar estas medidas en el Congreso de los Diputados.

Finalmente, el parlamentario de IU Ignacio García ha lamentado «la tremenda realidad de las explotaciones agrarias» de la comunidad autónoma, donde los márgenes de beneficio de los trabajadores del campo «es más estrecho que nunca» por las subidas de los precios energéticos que se vienen sucediendo desde 2004 y, especialmente, desde 2008, año en el que se liberalizó el mercado, ya habían desaparecido las tarifas especiales de riego y se subió el IVA de la energía del 16% al 21%.

ENLACE A NOTICIA: http://www.eldiario.es/andalucia/enclave_rural/Unanimidad-Andalucia-reduccion-tarifas-energeticas_0_328618073.html

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La primera piedra que el entonces Presidente del Gobierno, José María Aznar, puso el 14 de noviembre de 2002 para marcar el comienzo de las obras de conducción entre la cuenca del Júcar y el Vinalopó no se apoyaba sobre unas bases firmes. Doce años después, sólo han sido trasvasados 8 hm3, de los 80 anuales que se preveían, y se han enterrados 400 millones de euros bajo tierra, de los que todavía hay que dar cuentas a Bruselas del buen uso de los 120 millones de la subvención recibida.

Los cimientos sobre los que se sustentaba esta gran infraestructura poco a poco han ido saltando por los aires hasta llegar a una situación actual que hace difícilmente viable su continuidad. El acuerdo inicial que recibió su aprobación, sin ningún voto en contra en el Consejo del Agua de la Cuenca de 1997, es ahora irrepetible, y lo que es peor, el trasvase ha derivado en un conflicto social de enfrentamiento entre la cuenca cedente y la beneficiaria que nunca se debería haber permitido.

Las previsiones técnicas que se contemplaban tampoco eran realistas, y así lo demostraron los estudios realizados en 2005 por la Comisión Técnica encargada de analizar la viabilidad de esta obra, que redujeron las expectativas de trasvase de los 80 hm3, a apenas unos 20 hm3, dando razón a aquellos que ya habían denunciado el reparto de agua de papel de un río Júcar imaginario entre los dos grandes artífices de la época: José Bono y Eduardo Zaplana.

La reacción entonces del Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza, de cambiar la toma de Cortes a Cullera, donde los técnicos asignaban más caudal, para uso exclusivo de riego y confiar la garantía del abastecimiento en Alicante al Plan de Desalación puesto en marcha con el programa AGUA, fue el detonante de una reacción furibunda del Partido Popular que se había enrocado en aquel lema de aroma neohippy de «Agua para todos», en que cristalizaba su política hídrica de enfrentamiento contra el gobierno socialista y el derogado trasvase del Ebro.

El cambio de toma encarecía las obras, aumentaba los costes de explotación (hay que elevar a más altura el agua), pero aunque resulte paradójico no incrementaba el coste del metro cúbico del agua trasvasada, por una razón obvia, se podía enviar más agua al Vinalopó. La negativa a este argumento económico ha sido una constante en los últimos años, pero se ha ocultado el verdadero porqué: los hogares iban a financiar con el recibo del agua el riego agrícola. La tarifa media que se fijaba en los acuerdos de 2001 era de 11 céntimos para la agricultura y de 25 para el abastecimiento, subvención que desaparecería si se ponía en marcha la desalación para el consumo doméstico de la población.

La cuerda se ha tensado hasta un límite insostenible. Las razones que permitieron la declaración de interés general de esta inversión y las condiciones fijadas por la Comisión Europea para su financiación pueden quedar en entredicho si se sigue manteniendo el conflicto actual. Elevar la inversión de los 400 millones ya gastados a más de 700, si se acometen las inversiones previstas en el Plan de Cuenca y se atienden las demandas de un nuevo cambio de toma, son sencillamente inaceptables. Al igual que es intolerable que en una provincia en que la tasa de desempleo es del 24%, y en dónde el 38% de los hogares declaran que sufren dificultades para llegar a final de mes, sea el recibo del agua el que financie la agricultura.

Las posturas están muy enfrentadas, pero resolver este conflicto pasa por respetar las necesidades ambientales del río Júcar y de la Albufera, no reducir la garantía de los usuarios de la cuenca cedente y aceptar el agua desde el Azud de la Marquesa para el regadío, intentado a toda costa que su precio sea asumible para el agricultor.

Enrique Lapuente es ingeniero de caminos

ENLACE A NOTICIA: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/26/valencia/1417026481_682865.html

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía FERAGUA ha comunicado a los diferentes grupos parlamentarios andaluces su apoyo a la iniciativa legislativa que va a debatirse en el Parlamento de Andalucía, a propuesta del PSOE-A, y en la que se plantea la modificación de tres normas estatales para posibilitar la reducción de costes energéticos en el regadío andaluz. La presidenta de Feragua, Margarita Bustamante, ha calificado esta iniciativa legislativa de “justa y necesaria”, y ha pedido a todos los grupos políticos que la apoyen “por su importancia para un sector tan estratégico para la economía andaluza, como es el sector del regadío, que representa una facturación superior a los 5.000 millones de euros y más de 200.000 empleos anuales y supone el 65% del VAB de la agricultura andaluza, además de ser clave para el equilibro demográfico, social y territorial de Andalucía”. La presidenta de Feragua ha señalado que las dos principales medidas adoptadas por el Gobierno para re

En este sentido, ha indicado que la reducción del 85 % del impuesto eléctrico supone sólo una reducción del 4,1 % de la factura eléctrica y ha subrayado que los beneficios fiscales diseñados excluyen a todos los regantes que son contribuyentes a través de personas jurídicas y a aquellas personas físicas que tributan por estimación directa.

Por ello, y en línea con lo que se plantea en la iniciativa legislativa que se debate en el Parlamento regional, Feragua considera necesario nuevas medidas que ayuden a aminorar los costes eléctricos del regadío, como el IVA reducido, contrato flexible y adaptado al consumo que permita modificar la potencia contratada al menos 2 veces al año, incentivos a la generación de energía renovables en el regadío y a actuaciones de mejora de la eficiencia energética, y otras medidas fiscales que beneficien a todos los regantes y no solo a los agricultores que tributan por módulos.

Según la Presidenta de Feragua, “desde la mal llamada liberalización del mercado eléctrico, y la desaparición de la energía de reserva para el regadío, la subida del precio de la electricidad para los regantes ha sido del 100%, lo que hace que la electricidad ya represente de media el 40% de los costes fijos que soporta el regadío, llegando en algún caso al 70 %, lo que pone en peligro la viabilidad de muchas explotaciones”.

La modernización y el ahorro de agua, en riesgo

La presidenta de Feragua también se ha referido al impacto que las tarifas eléctricas acabarán teniendo sobre la modernización del regadío, si no se toman medidas correctoras como las contempladas en la iniciativa legislativa que se vota hoy en el Parlamento. “Cuando se habla del esfuerzo de modernización de los regantes, no se habla de manera gratuita. Ahí están las cifras de inversión, pero no sólo. Poco a poco, y gracias a ese esfuerzo, las técnicas de riego más eficiente se están imponiendo sobre las más tradicionales y el volumen de consumo de agua consumida por el regadío sigue descendiendo”, ha explicado Margarita Bustamante, que se ha referido a los datos del volumen de agua consumido por las explotaciones agrarias en 2012, que volvió a descender, concretamente un 3,1% respecto al año anterior, bajando hasta 15.833 hectómetros cúbicos a nivel nacional, “un descenso que fue posible gracias a los nuevos sistemas de riego más eficientes”.

“Parece ilógico que se pida a los regantes el esfuerzo para consumir menos agua mientras al mismo tiempo se les penaliza ese esfuerzo con unos costes eléctricos inasumibles”, comenta la presidenta de Feragua, que concluye “que con las tarifas eléctricas actuales se hacen inviable la explotación de muchos regadíos ya modernizados, e incluso se está desincentivando la ejecución de las modernizaciones pendientes de ejecutar”.

ENLACE A NOTICIA: http://www.agroinformacion.com/noticias/74/zonas%20regables/79564/feragua%20respalda%20la%20propuesta%20de%20la%20junta%20para%20reducir%20el%20coste%20energetico%20del%20regadio.aspx