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Soriano anima a los agricultores de Castilla-La Mancha a apostar por un cultivo “alternativo y rentable” como el pistacho

La cosecha récord de este año se debe a que las plantaciones de finales de los años noventa están a pleno rendimiento, con hasta 1.500 kilos por hectárea en regadío.

La alta calidad, el mayor calibre y el carácter ecológico del pistacho de Castilla-La Mancha le abre las puertas de los mercados más exigentes de Europa.

La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha animado a los agricultores de la región a “diversificar sus producciones apostando en mayor medida por cultivos alternativos y de buena rentabilidad, como es el caso del pistacho, que cuenta con una demanda internacional al alza”.

Así lo ha señalado esta mañana en Ciudad Real durante su visita con motivo del final de la campaña de pistacho al Centro Agrario El Chaparrillo, dependiente de la Consejería de Agricultura, del que ha destacado el “fuerte impulso que ha dado a este cultivo gracias a su labor investigadora, divulgadora y de asesoramiento, así como de su reparto gratuito de yemas”.

Soriano ha informado de que la producción en Castilla-La Mancha se acercará en esta campaña a las 800 toneladas, con un aumento del 40 por ciento con respecto a la anterior, lo que confirma la consolidación de este novedoso cultivo en buena parte de Castilla-La Mancha, cuya superficie ha rondado las 7.500 hectáreas, un 25 por ciento más que en 2013.

En este sentido, ha expuesto que este récord de cosecha se debe a que, pese a la sequía imperante, la mayor parte de las plantaciones realizadas en la década de los 90 ya están proporcionando buenas producciones, que de media anual pueden aproximarse a los 1.000 kilos por hectárea en los secanos más comunes y a los 1.500 kilos por hectárea en los regadíos.

Exportaciones a los mercados más exigentes de Europa

La titular de Agricultura ha destacado las buenas cotizaciones que alcanza el pistacho de Castilla-La Mancha en los mercados, gracias a su alta calidad, buen calibre y carácter ecológico, lo que le está permitiendo abrirse hueco en los mercados más exigentes de Europa, que demandan calidad y producción ecológica.

Por ello, el Gobierno presidido por María Dolores Cospedal está impulsando este cultivo, principalmente a través del Centro Agrario El Chaparrillo, iniciativa que está siendo bien acogida por los agricultores de Castilla-La Mancha, que optan por alternar el pistacho con otras producciones gracias a su buena rentabilidad a medio y largo plazo, circunstancia difícil de conseguir con cultivos más tradicionales.

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Pastor pide al Júcar 12 hectómetros cúbicos para consumo desde el embalse de Alarcón

La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, del PP, ha pedido a los regantes del Júcar que faciliten el envío de 12 hectómetros cúbicos de agua apta para consumo urbano a la comarca de l’Alacantí a través del embalse de Alarcón.

Tras participar en la inauguración del I Congreso Internacional de Derecho del Agua, que se celebra en Alicante organizado por el colegio de abogados provincial y patrocinado por la Fundación Aquae a favor de Unicef, Pastor ha explicado que los regantes del Vinalopó tienen «todo el derecho del mundo a reivindicar ese agua», una cantidad «irrisoria» con respecto a las cantidades que se demandaban hace unos años en el derogado trasvase del Ebro.

Ha argumentado que esos 12 hectómetros cúbicos a l’Alacantí (desde Alarcón a través del Tajo-Segura y captados por el Taibilla) aliviarían la sobreexplotación de los acuíferos del Vinalopó y ayudaría a pagar a sus regantes el resto del agua que llega desde el azud de La Marquesa, muy cara y que únicamente vale para el campo.

Pastor ha recordado que el campo alicantino es «deficitario en agua» y ha añadido que desde la provincia «no se quiere nada que no les sobre a los demás, ni quitar los derechos a nadie».

Ha puesto como ejemplo que, pese a las diferencias iniciales, se ha alcanzado un acuerdo en el Tajo-Segura mediante renuncias tanto por parte de Alicante como de Castilla-La Mancha, lo cual ha permitido que haya un agua «garantizada», y ha confiado en lograr lo mismo en el Júcar-Vinalopó.

La presidenta de la Diputación ha subrayado que la falta de calidad del agua del azud de La Marquesa para el consumo urbano provoca que los regantes no puedan, como únicos pagadores, asumir el coste del trasvase, sobre todo por el gasto energético que conlleva elevar el recurso desde el nivel del mar tierra adentro.

Sin embargo, con agua para consumo el coste se repartiría y los regantes podrían abonar su parte del gasto.

«En el Plan Hidrológico se preveían más de 2.000 hectómetros cúbicos, con Isabel Tocino se rebajó a mil y pico y ahora pedimos 12. Creo que más generosos no podemos ser. Si no podemos llegar a un acuerdo, creo que esta provincia no se lo merece», ha apuntado antes de reflejar que hay 90.000 empleos ligados a las explotaciones agrarias que se «tambalean» por la falta de agua.

Asimismo, Pastor ha incidido en que si llega ese agua los recibos de los consumidores urbanos subirán (para pagar el coste de la transferencia) pero ha continuado que estos sabrán que el incremento sirve para que «se conserven los cultivos de la provincia».

La presidenta de la Diputación alicantina ha comentado que la última decisión en cuanto a la cuantía de la transferencia desde el Júcar la tiene el Ministerio, aunque éste desea pronunciarse previo consenso de los regantes del Júcar y del Vinalopó, que está pendiente.

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ASAJA exige al Gobierno la urgente entrada en vigor de la reforma del Código Penal

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ASAJA vuelve a instar a los representantes políticos del Gobierno de la Nación a que aprueben de inmediato la entrada en vigor de la reforma del Código Penal. Durante la última reunión del Comité, sus miembros lamentaron que hace ya más de año y medio (abril de 2013) el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expresó su “compromiso firme” de incluir dentro de la reforma del Código Penal propuestas contra los robos en el campo, contemplando mayores penas para los delincuentes multireincidentes. Por ello, exigen al nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, la urgente entrada en vigor de dicha reforma y que no se demore más, “pues ya lleva demasiados meses de retraso y mientras agricultores y ganaderos siguen sufriendo robos en sus fincas y explotaciones”.

Los representantes de ASAJA valoran muy positivamente el trabajo y esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial, de la Guardia Civil, con numerosas detenciones, pero “desgraciadamente, es una realidad que sigue habiendo robos en el campo y su labor debe estar respaldada por unas leyes firmes contra los delincuentes”.

Los representantes de ASAJA afirman que “resulta imposible de entender que delincuentes con decenas de detenciones por robos y asaltos no ingresen en prisión, lo que propicia que continúen con su actividad delictiva, arruinando la economía y la forma de vida de las gentes del campo”.

Reconocimiento a la Guardia Civil

Por otra parte, demandan mayor vigilancia en el campo, especialmente en horario nocturno y fines de semanas y festivos, que es cuando los robos se incrementan.

Por otra parte, desde ASAJA agradecen a la Guardia Civil de Ciudad Real el reconocimiento público otorgado a la Organización durante la celebración de su patrona, la Virgen del Pilar, y reiteran su intención de seguir colaborando con el Instituto Armado.

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El PSOE quiere modificar tres leyes estatales para reducir los costes energéticos del regadío

El PSOE-A ha registrado ya en el Parlamento andaluz su iniciativa legislativa autonómica, a tramitar en el Congreso de los Diputados, en la que plantea la modificación de tres normas estatales para posibilitar la reducción de los costes energéticos en el regadío andaluz.

Concretamente, el grupo socialista plantea en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, la modificación de la ley del Sector energético, de la Ley de Economía sostenible y de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El PSOE-A propone una modificación de la Ley del Sector eléctrico de cara a ofrecer una alternativa de reducción de los costes energéticos a partir del autoabastecimiento eléctrico y de los contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos.

Aboga también por que se flexibilicen las condiciones de contratación del suministro eléctrico para las actividades intensivas en energía y con estacionalidad, como el regadío, adaptándolas a sus necesidades reales y adecuando la facturación a lo que realmente se demanda.

Mediante una modificación de la Ley de Economía Sostenible, se reclaman inversiones que favorezcan la reducción de los costes energéticos sobrevenidos por la reforma energética. Asimismo, plantea que, dado el carácter intensivo en mano de obra del regadío, se aplique un tipo reducido del 10 por ciento del IVA a la factura eléctrica.

En relación con la reforma energética iniciada por el Gobierno de la nación, PSOE-A explica que desde la desaparición de las tarifas eléctricas reguladas específicas para el regadío y, ante la imposibilidad de modificar, en un sector altamente estacional, la potencia contratada en periodos inferiores a los doce meses, el sector ha visto cómo se han disparado sus costes energéticos, habiéndose incrementado el término de potencia, dependiendo de la tarifa contratada, entre el 125 por ciento y el 1.255 por ciento desde 2008, cuando se produjo la liberalización del mercado eléctrico.

Señala que el incremento medio del coste eléctrico en el regadío andaluz será superior al 20 por ciento, llegando en muchos casos a superar el 30 por ciento, lo que es «insostenible para un sector muy castigado por la crisis y que precisamente se ha modernizado para ahorrar agua». «Ahora tiene que asumir un incremento del coste eléctrico desmesurado, que pone en serio peligro la viabilidad de muchas zonas regables modernizadas o en proceso de modernización», según el PSOE-A.

Considera que la medida propuesta por el Gobierno sobre introducción en la reforma fiscal de una exención del 85 por ciento del impuesto especial de la electricidad para los regantes y un ajuste en el régimen de módulos del IRPF, «no es suficiente para recuperar la competitividad de un sector tan estratégico».

Según los datos del PSOE-A, los regadíos andaluces concentran el 25,2 por ciento de la superficie regada de España, lo que supone el 17,4 por ciento de su superficie agraria útil. La superficie regable andaluza ha pasado de unas 670.000 hectáreas en el año 1992 a casi 1.200.000 en la actualidad. Las provincias de Sevilla, Jaén, Granada y Córdoba son las que tienen la mayor proporción de superficie regable, sumando todas ellas el 76 por ciento del total.

En Andalucía existen más de 2.000 Comunidades de regantes, muchas de ellas recién modernizadas o en proceso de modernización, que gestionan el agua destinada al uso agrícola. Desde 1995 hasta 2008 se han modernizado más de 350.000 hectáreas de regadío en Andalucía, lo que representa el 43 por ciento de los regadíos existentes entonces.

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DESCARGA ELÉCTRICA PARA LOS REGANTES

El Gobierno cental aplica rebajas fiscales para compensar los altos precios

DESDE la eliminación de las tarifas especiales en 2008, se ha demandado al Ministerio de Industria y el de Agricultura, una descarga en los altos costes que han supuesto para el regadío los cambios en el sistema de tarifación eléctrica. Al final dicho acuerdo se ha producido entre Hacienda y Agricultura. De acuerdo con las estimaciones de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), en Andalucía supondrá un ahorro de 16 millones de euros, por debajo del sobrecoste para el regadío andaluz, de 29 millones de euros desde agosto de 2013.

El presidente del Gobierno central pidió a sus ministros que se compensara al regadío español por las pérdidas generadas con el cambio tarifario de 2013. Industria fue inflexible y se ha negado reiteradamente a aplicar contratos temporales para un consumo estacional. Ante este bloqueo, la solución alcanzada con Hacienda ha sido una buena alternativa indirecta, con efecto directo en las cuentas de resultados de las explotaciones agrarias.

Para llegar a estas cifras se han adoptado dos medidas fundamentales. La primera es la exención de un 85% sobre el impuesto de electricidad, que entrará en vigor en 2015, y la segunda el cambio en el sistema de módulos, que será efectivo antes de finales de año. Más de la mitad de la compensación económica procederá de la rebaja del sistema de tributación por módulos, aunque quedarán fuera aquellos acogidos al sistema de estimación directa, que con carácter general corresponden a las mayores explotaciones.

Las dos medidas que se han quedado en el camino han sido el pago por la potencia realmente consumida y la bajada del IVA. Esta última opción ha sido frenada por el gobierno al entender que no es el momento oportuno, dada la presión ejercida desde diferentes organismos europeos e internacionales para subir el IVA.

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UPA alerta de las consecuencias de «congelar» el presupuesto de Agricultura

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha mostró ayer su preocupación por el futuro de la región después de que el Gobierno regional «haya dejado de apostar por el sector de la Agricultura como principal motor de la economía de nuestra tierra».

En nota de prensa, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, rechazó los presupuestos de la región en las partidas que afectan al mundo rural. Para UPA, los presupuestos consolidan los «tremendos recortes» de años anteriores y «profundizan el abandono» a un sector estratégico que ha sido capaz de seguir generando empleo cuando nadie podía hacerlo y que sin embargo ha visto reducida su renta en los últimos años.

«Ante el incremento de los costes de producción que tiene que asumir el agricultor y ganadero profesional, sumado a la depreciación de sus productos, principalmente el ajo, el cereal, la uva o los frutales, entre otros; reclamábamos un apoyo especial por parte de la Administración de Castilla-La Mancha», explicó Morcillo. Y añadió que sin embargo «un año más, desde UPA CLM vemos como se mantiene prácticamente la cifra del año 2014 con 1.353 millones de euros reflejados para 2015».

Asimismo, concretó que de los 1.353 millones totales, 1.136 vienen de ingresos de fuera de Castilla-La Mancha, vía transferencias por parte de la Unión Europea, a través de los fondos Feader y Feaga; de la Administración General del Estado; u otros entes públicos. Por lo que tan solo 216 millones provienen de fondos propios de Castilla-La Mancha.

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Reparto de más de 4 millones entre las CCAA para programas agrícolas y de medio ambiente

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la distribución de 4.114.060,74 euros entre las Comunidades Autónomas para programas agrícolas y de medio ambiente. Se formalizan así los criterios de distribución y el reparto de fondos acordados en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural. De esta forma, dentro del programa de Transferencias a las Comunidades Autónomas de subvenciones, indemnizaciones y ayudas, se van a destinar 1.551.522,69 euros para la financiación de los intereses de los préstamos concedidos en 2008 a los titulares de explotaciones ganaderas.

Estos préstamos estaban destinados a los titulares de las explotaciones que durante 2007, y particularmente a partir del segundo semestre, soportaron excepcionales incrementos en los costes de producción como consecuencia de las elevadas cotizaciones de los cereales, que conllevó el encarecimiento de los piensos para el sector ganadero.

Además, dentro de la línea de actuación del Fomento de la Apicultura, se va a transferir a las Comunidades Autónomas la cantidad de 2.422.698,50 euros. En la distribución de estos fondos se han utilizado criterios como el número de colmenas registradas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), la disponibilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas y los remanentes derivados del ejercicio 2013.

Asimismo, para llevar a cabo la política de residuos, se han distribuido entre las Comunidades Autónomas 139.839,55 euros. Con esta cantidad se va a financiar un proyecto piloto para la adecuación de las instalaciones de los puntos limpios para la recogida separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

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El programa Calcula PAC 2015 ya indica que lo normal es que haya recortes en las ayudas

Dentro de la campaña de información sobre la reforma agraria que las organizaciones agrarias está llevando a cabo por toda la geografía española, los resultados que arroja el programa Calcula PAC 2015, creado por UPA para que los agricultores sepan cuánto van a cobrar, ya indican que, de partida, de cara al 2015, los normal es que las cuantías sufran recortes. Descensos que pueden ser aún mayores con el tiempo, según dónde se esté. Y es que, aún asumiendo que, en 2015, la ayuda quede igual, el beneficiario de la PAC se puede llevar una sorpresa. Y es que, en función de la región agrícola que le asignen, la ayuda puede subir o bajar entre el 2015 y el 2020.

La Unión de Pequeños Agricultores está presentando estos días su aplicación informática, llamada Calcula PAC2015, que sirve para calcular, de forma aproximada, qué cobrará cada productor, solo con dar unos pocos datos.

Sin embargo, tal y como explicaba el secretario regional de UPA CLM, Julián Morcillo, y el técnico responsable de la aplicación, Ernesto Girón, a medida que la herramienta se ha ido usando en asambleas informativas, ha ido emergiendo a la superficie una realidad muy distinta al «brillante» acuerdo de reforma de la PAC que vendieron las administraciones estatal y regional el pasado año.

«Se ha dicho que la ficha financiera, esto es, el presupuesto de la PACpara España, se iba a mantener -recordó Morcillo- y que cómo se mantenía el presupuesto, las ayudas también, y lo que estamos viendo es que, la mayor parte de las veces, esto no es así».

Se ha pasado de un pago único a desdoblarse en tres o cuatro

Morcillo recordó que, con el sistema antiguo, el agricultor recibía un «pago único» que, en teoría, agrupaba la mayor parte de las ayudas a las que tenía derecho el agricultor o ganadero. Ahora, ese pago se desdobla en tres y, en algunos casos, hasta cuatro».

Por ello recalca que «para mantener o, al menos, acercarse a lo que ya cobra, el agricultor o ganadero van a tener que cobrar no solo el pago base,sino que también deberá acreditar que tiene derecho a cobrar la ‘tapa verde’; en caso contrario, ya perdería hasta un 30%».

Así, recalca que «si la ayuda media que percibe un agricultor es, al final, menor que la media, su valor irá subiendo poco a poco, para equipararse a la media de su región -explicaron- pero, si es mayor, se puede encontrar con que la ayuda baja, en vez de subir, de año en año hasta llegar a 2020».

Por eso, para UPA si se unen, a todo lo antedicho, los cambios en la modulación, que se ha convertido en una especie de «tarifa plana» por la que los agricultores con menos de 5.000 euros en ayudas van a soportar una reducción de casi un nueve por ciento, mientras que, según explicó Morcillo «los que cobra más de 36.000 verán aumentar sus derechos»», el panorama es «el de una reforma que, al final, se mueve en una incertidumbre total, porque cada agricultor y cada ganadero va a ser un mundo completamente aparte».

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