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El nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN) no será aprobado en la presente legislatura. Así lo vino a reconocer ayer en Murcia el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Jaime Haddad, cuando, al ser preguntado por ese proyecto, y sobre la posibilidad de que salga adelante antes de que expire la legislatura, respondió: «Es complicado, no sabría decirle».

Las palabras del alto cargo ministerial le han dado la razón al presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, José Manuel Claver, quien manifestó el lunes en Lorca que el Gobierno central «se ha arrugado» y que no piensa aprobar el PHN en lo que resta de legislatura, pese al compromiso que contrajo en el año 2011 y a su mayoría parlamentaria, que facilitaría el trámite. Claver añadió que el Ministerio pretende condenar a los regantes a consumir agua desalinizada con un precio desorbitado, casi cinco veces superior a lo que cuestan los caudales trasvasados desde el Tajo. Haddad, no obstante, insistió en que el PHN «no se ha abandonado, ni mucho menos» y aseguró que la prioridad era «evitar la multa de la Comisión Europea con la aprobación de los planes de cuenca».

Las ayudas contra la sequía no convencen a los agricultores

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«Y como saben ustedes -añadió, los planes de cuenca se han rematado hace un par de meses, y son las herramientas fundamentales para poder trabajar sobre el paso siguiente, que sería un PHN». Haddad insistió en que, en estos momentos, «se está trabajando» en el PHN, aunque advirtiendo de que «tiene la complicación suficiente como para no poder ponerle fecha». En cualquier caso, garantizó que el Plan Hidrológico Nacional es una herramienta en la que el Ministerio «lleva ya trabajando tiempo y se están haciendo todos los análisis».

En este sentido volvió a dejar constancia de que el Ministerio ha conseguido cerrar «por primera vez» los planes de cuenca de todos los ríos que son competencia del Estado en España, «cumpliendo y evitando, de esta manera, graves sanciones por parte de la Comisión Europea».

Por lo que se refiere a las medidas para combatir los efectos de la sequía, Haddad se refirió a la posibilidad de que la Administración central colabore en la replantación de arbolado, si bien advirtió que es prematuro hacer una valoración de los efectos. «Es pronto para valorar el daño causado realmente por la sequía», afirmo en la sede de la Consejería de Agricultura, al tiempo que advirtió que «alguna media habrá que adoptar para ayudar a superar el hecho de que hay muchos árboles que se han secado».

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Tal y como anunció durante el fin de semana, la alcaldesa, Carmen Bayod, Carmen Bayod, junto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), ha presentado un escrito de alegaciones recurriendo el canon de regulación del agua para el año 2015 publicado recientemente por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Los alegantes, según indicó la primer edil, consideran que la tarifa de utilización del agua es «injusta, desproporcionada y absolutamente falta de motivación». A este respecto, Bayod explicó que «una vez más el equipo de Gobierno del Ayuntamiento sale en defensa de los intereses del agua de la ciudad con el consenso de la Junta de Comunidades y los regantes».

En el texto de las alegaciones municipales, registradas ante la CHJ con fecha de ayer, día 7, se recuerda que este organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 26 de septiembre un anuncio por el que se sometían a información pública las tarifas de utilización del agua y canon de regulación correspondientes al año 2015. Entre los aspectos que dan a conocer se encuentran el canon de regulación del subsistema de Alarcón y Tous para el próximo año, así como el canon de regulación de los nuevos usuarios, que afecta al abastecimiento de la ciudad de Albacete, a la sustitución de bombeos de la Mancha Oriental y a la consolidación y mejora de regadíos en esta zona albacetense.

Documentación. El documento de la alcaldesa añade que en el plazo establecido se ha consultado la documentación referente a este canon de regulación, en el que se definen las cuantías repercutibles, las equivalencias entre los diferentes usos, los usuarios que deben pagar y el importe resultante. En este sentido, Bayod afirma que la Jcrmo considera que los cánones aprobados no se ajustan a derecho, por lo que piden su nulidad. Entrando de lleno en el contenido de las alegaciones, el escrito indica que la CHJ vulnera lo establecido en la legislación de aguas en cuando a los obligados al pago del canon de regulación, y para hacer esta aseveración se afirma que este importe no afecta a todos los usuarios que se benefician del Júcar. «Sin ánimo de ser exhaustivos, no se contempla a los municipios de la Ribera del Júcar de Valencia, ni a los destinatarios del agua del Júcar en el Vinalopó, Alacantí y Marina Baja», lo que consideran un reparto «injusto y contrario a la normativa».

En otro punto, las alegaciones señalan que se incumple la gestión unitaria del sistema, «generando subsistemas a efectos del cálculo del canon de regulación», lo que «conculca» el principio general de gestión unitaria del denominado Sistema Júcar, contemplado en el plan hidrológico de esta cuenca.

Además, tampoco se contemplan en el cálculo del canon los volúmenes de agua trasvasable del Júcar al Vinalopó, por lo que en las alegaciones se indica que sería «razonable» que quienes se aprovechan del tramo final del Júcar contribuyan con el canon de regulación que cuestiona la ciudad de Albacete.

Pero además, la alcaldesa se refiere a los errores aparecidos en la publicación de la CHJ, al confundir dm3 (decímetros cúbicos) con Dm3 (decámetros cúbicos).

La alcaldesa pide por último que se declaren nulas de pleno derecho las tarifas, y que la Confederación las recalcule de acuerdo a los criterios expresados en las alegaciones; que para 2015 se suspenda con el propósito que no se haga efectivo su pago, y que mientras tanto, se apliquen las mismas tarifas de 2014.

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El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Federico Ramos, ha mantenido una reunión con los titulares de las Confederaciones Hidrográficas, de las Sociedades Estatales de Agua y de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para seguir avanzando en la coordinación en las políticas nacionales de Agua.

Ramos les ha prestado su “apoyo y colaboración en el nuevo curso”, y les ha instado “a seguir mejorando la gestión de las políticas en esta materia tan sensible, de un modo unificado y coordinado entre todos nosotros, diferentes actores del Ministerio en materia de Agua, con la prioridad y el objetivo de siempre: garantizar el suministro de agua, en cantidad y calidad, en todo nuestro país”.

En el encuentro, en el que Ramos ha estado acompañado por la directora general del Agua, Liana Ardiles, han estado presentes los presidentes de las nueve Confederaciones Hidrográficas de las demarcaciones hidrográficas españolas (Cantábrico, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Segura y Júcar), los directores generales de las dos Sociedades Estatales de Agua (Aguas de las Cuencas de España –AcuaEs– y Aguas de las Cuencas Mediterráneas –AcuaMed–) y el delegado del Gobierno en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

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Las dudas jurídicas sobre la modificación por parte de Industria de la metodología de asignación de los costes del transporte y la distribución en los peajes eléctricos, cuya potestad otorga una directiva europea a la CNMC, ha llevado al Gobierno a reforzar dicha modificación para dotarla de rango de ley, evitando así problemas en los tribunales.

El pasado 3 de septiembre, el Ministerio de Industria remitió para su informe a este organismo un proyecto de real decreto relativo a los territorios eléctricos no peninsulares, que incluía varias disposiciones que suponían un cambio en la metodología aprobada por la CNMC en mayo. El objetivo último de este cambio era poder rebajar los peajes eléctricos a la industria vasca y cumplir con el compromiso adquirido por el Gobierno de Mariano Rajoy con el PNV el pasado mes de diciembre.

Ahora, tal como avanzó ayer eldiario.es una enmienda del Grupo Popular en el Congreso (la 58) al proyecto de Ley de Metrología (norma ajena al sector) propone incluir una disposición final con varias modificaciones de la Ley Eléctrica. La enmienda persigue habilitar al Gobierno para que pueda modificar la estructura de los peajes. Para el Gobierno, la metodología de la CNMC es una mera asignación de costes, pero la determinación de los peajes corresponde al ministerio que, como viene a señalar la enmienda, es el verdadero regulador.

Fuentes próximas al Ejecutivo reconocen que esta propuesta va encaminada a reforzar jurídicamente una decisión que, reconocen ahora, no solo beneficiará a la industria del País Vasco suministrada en media tensión, sino también a las comunidades de regantes, a las que se dotará de una tarifa específica. Algo que Industria podrá hacer libremente al controlar la estructura de los peajes.

El cambio metodológico en cuestión supone cambiar el umbral entre la media y la alta tensión, que la CNMC mantiene en 36 kV y el ministerio quiere bajar a 30 kV. Dado que las empresas industriales del País Vasco conectadas en media tensión tienen 33 kV (el que le permite la red de distribución de Iberdrola) y que la alta goza de peajes más baratos, el coste les bajaría sin más. Concretamente, se propone desdoblar los peajes en media tensión (el 6.1) estableciendo uno para el rango entre 30 y 36 kV.

En la justificación de la enmienda, el PPdice que “la metodología debe ser genérica, para diferentes niveles de tensión y periodos horarios, únicos principios que rigen la estructura de peajes que determina el Gobierno”. Aunque con el cambio de la Ley Eléctrica el Gobierno pretende zanjar los problemas de interpretación con ciertos sectores de la CNMC, fuentes jurídicas aseguran que, “por mucho que se cambie la Ley Eléctrica y la de creación de este organismo, la decisión conculca la normativa europea”.

La enmienda subraya lo que se sospechaba desde la transposición de la directiva que otorga al organismo la potestad de fijar un método para calcular los peajes: que el Gobierno no se resigna solo a fijar su cuantía, sino que quiere también imponer su estructura y las condiciones de su aplicación.

CNMC: «se rompe el principio de peaje único en todo el territorio nacional»

La decisión del Ministerio de Industria de cambiar el límite entre la alta y media tensión, que se traducirá en una rebaja de las tarifas de acceso para la industria vasca (se desdobla la actual tarifa de media tensión en dos, y la más barata se aplicará a dicha industria, que está conectada en 33 kV), ha sido muy criticada por el resto de comunidades autónomas y las rivales de Iberdrola en el consejo consultivo de la CNMC.

Pero también por este organismo Así, en su dictamen del real decreto sobre sistemas no peninsulares que incluye esta medida y que acaba de publicar, la CNMCconsidera que en la propuesta “no se justifican los criterios técnicos o económicos que han conducido a la escisión del actual peaje 6.1 en dos diferenciados en función del nivel de tensión (entre 1 y 30 kV y entre 30 y 36 kV) solo para consumidores con potencia superior a 450 kW”.

La CNMC considera que la metodología que aprobó en una circular la pasada primavera y que ahora quiere cambiar el Gobierno, “no entra en las especificidades concretas de diseño de las redes de cada distribuidora”, que responden a muy diversos factores. “Tener en cuenta las particularidades de cada red podría llevar, en último extremo, a que cada consumidor de una misma categoría pagara un precio distinto”, lo que rompería, según el regulador, “el principio de peaje único en todo el territorio nacional que estipula la ley”.

La CNMC defiende su metodología basada en el pago de costes medios según niveles de tensión de las redes. Teniendo en cuenta que estos niveles de tensión no son homogéneos en todo el país, “los clientes de cada zona podrían llegar a reivindicar que sus peajes solo incluyeran los costes de las redes que realmente utilizan”, señala el dictamen.

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La reserva hidráulica española está al 62,6% de su capacidad total. Actualmente hay 35.068 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa un aumento de 264 hm3 (el 0,5% de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -84 hm³ en Duero y 553 hm³ en Guadiana.

La reserva por ámbitos es la siguiente:

•Cantábrico se encuentra al 52,6%

•Miño-Sil al 55,6%,

•Galicia Costa al 64,0%

•Cuencas internas del País Vasco al 66,7%

•Duero al 63,9%

•Tajo al 50,8%

•Guadiana al 75,6%

•Cuenca Atlántica Andaluza al 72,8%

•Guadalquivir al 72,4%

•Cuenca Mediterránea Andaluza al 57,4%

•Segura al 59,5%

•Júcar al 39,0%

•Ebro al 63,1%

•Cuencas internas de Cataluña al 85,4%

Las precipitaciones han afectado a las cuencas de la Vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 36,1 mm (36,1 l/m2).

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Con la presencia de los alcaldes de Tobarra, Manuel Valcárcel; Hellín, Manuel Mínguez, y Chinchilla, José Martínez Correoso, concejales y el secretario general de UPA de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, se realizó una reunión con agricultores y regantes (alrededor de un centenar), con el fin de adoptar acciones conjuntas contra la declaración de sobreexplotación de las aguas subterráneas de la zona sur de la provincia de Albacete.

La reunión fue convocada por el alcalde de Tobarra, ante la publicación en el BOP de la provincia de Albacete, el pasado 19 de septiembre, del acuerdo de la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Segura, por el que se daba cuenta de la propuesta de declaración «de masas de agua subterráneas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y propuesta de adopción de medidas cautelares».

En la asamblea se puso de relieve el malestar «por la discriminación que sufren los agricultores albaceteños frente a los de otras comunidades próximas, ante las decisiones adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Segura, y en concreto el anuncio de la declaración de sobreexplotación la masa de agua Tobarra-Tedera-Pinilla, que afecta a una superficie de 151,48 kilómetros cuadrados.

Manuel Valcárcel dijo que los municipios presentes eran prioritariamente agrícolas y que necesitaban agua para subsistir. Dio la palabra a Julián Morcillo, quien trasladó a los presentes «su malestar y preocupación por las decisiones que viene tomando la Confederación». Recordó que la UPA se manifestó en contra del nuevo Plan Hidrológico del Segura, «porque se trata de un plan que no atiende las necesidades de los usuarios de la zona sur de Albacete, que declara sobreexplotado prácticamente todo el Alto Segura, mientras que en la región de Murcia se aseguran el derecho y el agua sin ningún tipo de restricción».

La concejala hellinera, Marta Pérez, dijo que los agricultores de la zona tenían las mismas necesidades: «defenderemos nuestro agua con uñas y dientes, y estamos a tiempo porque son medidas cautelares, por eso es importante que presentemos alegaciones conjuntas para hacer más fuerza». El alcalde, Manuel Mínguez, transmitió unas palabras de la consejera, en el sentido de que podían contar con su apoyo para negociar y presentar cuantas alegaciones fueran necesarias para evitar el acuerdo de la CHS.

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La UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) de Castilla-La Mancha va a explicar a cada uno de los agricultores qué dinero va a recibir en la nueva PAC y les va a simular el resultado de forma individualizada. Esta semana inicia una campaña de asambleas en la región, pueblo a pueblo, comenzando por El Bonillo y Viveros en la provincia de Albacete.

Desde UPA Castilla-La Mancha alertan de que es la primera vez que se van a reducir las ayudas provenientes de la Unión Europea a la Agricultura desde el año 1992, y que esta disminución del presupuesto evidentemente se va a trasladar a agricultores y ganaderos. UPA exige al Ministerio toda la información puesto que los agricultores españoles siguen sufriendo incertidumbre por la falta de transparencia, desde la organización no se entiende como el Ministerio sigue sin dar oficialmente el dato de la ayuda establecida para cada una de las 24 regiones en las que ha seccionado el campo español.

Es por ello que desde la organización se temen que “los que van a salir perjudicados son los agricultores y ganaderos profesionales y productivos”, ya que “se ha perdido una oportunidad histórica para legitimar a quien realmente trabaja en el campo a favor de los especuladores de subvenciones”. Una de las reivindicaciones de UPA es precisamente la defensa de una PAC dirigida a los que trabajan la tierra y no a la superficie, donde se ven beneficiados terratenientes cuya actividad profesional no depende de la agricultura y, por tanto, no les son tan necesarias las ayudas que sí son fundamentales para los pequeños agricultores y ganaderos.

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