Las dudas jurídicas sobre la modificación por parte de Industria de la metodología de asignación de los costes del transporte y la distribución en los peajes eléctricos, cuya potestad otorga una directiva europea a la CNMC, ha llevado al Gobierno a reforzar dicha modificación para dotarla de rango de ley, evitando así problemas en los tribunales.

El pasado 3 de septiembre, el Ministerio de Industria remitió para su informe a este organismo un proyecto de real decreto relativo a los territorios eléctricos no peninsulares, que incluía varias disposiciones que suponían un cambio en la metodología aprobada por la CNMC en mayo. El objetivo último de este cambio era poder rebajar los peajes eléctricos a la industria vasca y cumplir con el compromiso adquirido por el Gobierno de Mariano Rajoy con el PNV el pasado mes de diciembre.

Ahora, tal como avanzó ayer eldiario.es una enmienda del Grupo Popular en el Congreso (la 58) al proyecto de Ley de Metrología (norma ajena al sector) propone incluir una disposición final con varias modificaciones de la Ley Eléctrica. La enmienda persigue habilitar al Gobierno para que pueda modificar la estructura de los peajes. Para el Gobierno, la metodología de la CNMC es una mera asignación de costes, pero la determinación de los peajes corresponde al ministerio que, como viene a señalar la enmienda, es el verdadero regulador.

Fuentes próximas al Ejecutivo reconocen que esta propuesta va encaminada a reforzar jurídicamente una decisión que, reconocen ahora, no solo beneficiará a la industria del País Vasco suministrada en media tensión, sino también a las comunidades de regantes, a las que se dotará de una tarifa específica. Algo que Industria podrá hacer libremente al controlar la estructura de los peajes.

El cambio metodológico en cuestión supone cambiar el umbral entre la media y la alta tensión, que la CNMC mantiene en 36 kV y el ministerio quiere bajar a 30 kV. Dado que las empresas industriales del País Vasco conectadas en media tensión tienen 33 kV (el que le permite la red de distribución de Iberdrola) y que la alta goza de peajes más baratos, el coste les bajaría sin más. Concretamente, se propone desdoblar los peajes en media tensión (el 6.1) estableciendo uno para el rango entre 30 y 36 kV.

En la justificación de la enmienda, el PPdice que “la metodología debe ser genérica, para diferentes niveles de tensión y periodos horarios, únicos principios que rigen la estructura de peajes que determina el Gobierno”. Aunque con el cambio de la Ley Eléctrica el Gobierno pretende zanjar los problemas de interpretación con ciertos sectores de la CNMC, fuentes jurídicas aseguran que, “por mucho que se cambie la Ley Eléctrica y la de creación de este organismo, la decisión conculca la normativa europea”.

La enmienda subraya lo que se sospechaba desde la transposición de la directiva que otorga al organismo la potestad de fijar un método para calcular los peajes: que el Gobierno no se resigna solo a fijar su cuantía, sino que quiere también imponer su estructura y las condiciones de su aplicación.

CNMC: «se rompe el principio de peaje único en todo el territorio nacional»

La decisión del Ministerio de Industria de cambiar el límite entre la alta y media tensión, que se traducirá en una rebaja de las tarifas de acceso para la industria vasca (se desdobla la actual tarifa de media tensión en dos, y la más barata se aplicará a dicha industria, que está conectada en 33 kV), ha sido muy criticada por el resto de comunidades autónomas y las rivales de Iberdrola en el consejo consultivo de la CNMC.

Pero también por este organismo Así, en su dictamen del real decreto sobre sistemas no peninsulares que incluye esta medida y que acaba de publicar, la CNMCconsidera que en la propuesta “no se justifican los criterios técnicos o económicos que han conducido a la escisión del actual peaje 6.1 en dos diferenciados en función del nivel de tensión (entre 1 y 30 kV y entre 30 y 36 kV) solo para consumidores con potencia superior a 450 kW”.

La CNMC considera que la metodología que aprobó en una circular la pasada primavera y que ahora quiere cambiar el Gobierno, “no entra en las especificidades concretas de diseño de las redes de cada distribuidora”, que responden a muy diversos factores. “Tener en cuenta las particularidades de cada red podría llevar, en último extremo, a que cada consumidor de una misma categoría pagara un precio distinto”, lo que rompería, según el regulador, “el principio de peaje único en todo el territorio nacional que estipula la ley”.

La CNMC defiende su metodología basada en el pago de costes medios según niveles de tensión de las redes. Teniendo en cuenta que estos niveles de tensión no son homogéneos en todo el país, “los clientes de cada zona podrían llegar a reivindicar que sus peajes solo incluyeran los costes de las redes que realmente utilizan”, señala el dictamen.

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La reserva hidráulica española está al 62,6% de su capacidad total. Actualmente hay 35.068 hectómetros cúbicos (hm³) de agua embalsada, lo que representa un aumento de 264 hm3 (el 0,5% de la capacidad total de los embalses) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -84 hm³ en Duero y 553 hm³ en Guadiana.

La reserva por ámbitos es la siguiente:

•Cantábrico se encuentra al 52,6%

•Miño-Sil al 55,6%,

•Galicia Costa al 64,0%

•Cuencas internas del País Vasco al 66,7%

•Duero al 63,9%

•Tajo al 50,8%

•Guadiana al 75,6%

•Cuenca Atlántica Andaluza al 72,8%

•Guadalquivir al 72,4%

•Cuenca Mediterránea Andaluza al 57,4%

•Segura al 59,5%

•Júcar al 39,0%

•Ebro al 63,1%

•Cuencas internas de Cataluña al 85,4%

Las precipitaciones han afectado a las cuencas de la Vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián-Donostia con 36,1 mm (36,1 l/m2).

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Con la presencia de los alcaldes de Tobarra, Manuel Valcárcel; Hellín, Manuel Mínguez, y Chinchilla, José Martínez Correoso, concejales y el secretario general de UPA de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, se realizó una reunión con agricultores y regantes (alrededor de un centenar), con el fin de adoptar acciones conjuntas contra la declaración de sobreexplotación de las aguas subterráneas de la zona sur de la provincia de Albacete.

La reunión fue convocada por el alcalde de Tobarra, ante la publicación en el BOP de la provincia de Albacete, el pasado 19 de septiembre, del acuerdo de la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Segura, por el que se daba cuenta de la propuesta de declaración «de masas de agua subterráneas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y propuesta de adopción de medidas cautelares».

En la asamblea se puso de relieve el malestar «por la discriminación que sufren los agricultores albaceteños frente a los de otras comunidades próximas, ante las decisiones adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Segura, y en concreto el anuncio de la declaración de sobreexplotación la masa de agua Tobarra-Tedera-Pinilla, que afecta a una superficie de 151,48 kilómetros cuadrados.

Manuel Valcárcel dijo que los municipios presentes eran prioritariamente agrícolas y que necesitaban agua para subsistir. Dio la palabra a Julián Morcillo, quien trasladó a los presentes «su malestar y preocupación por las decisiones que viene tomando la Confederación». Recordó que la UPA se manifestó en contra del nuevo Plan Hidrológico del Segura, «porque se trata de un plan que no atiende las necesidades de los usuarios de la zona sur de Albacete, que declara sobreexplotado prácticamente todo el Alto Segura, mientras que en la región de Murcia se aseguran el derecho y el agua sin ningún tipo de restricción».

La concejala hellinera, Marta Pérez, dijo que los agricultores de la zona tenían las mismas necesidades: «defenderemos nuestro agua con uñas y dientes, y estamos a tiempo porque son medidas cautelares, por eso es importante que presentemos alegaciones conjuntas para hacer más fuerza». El alcalde, Manuel Mínguez, transmitió unas palabras de la consejera, en el sentido de que podían contar con su apoyo para negociar y presentar cuantas alegaciones fueran necesarias para evitar el acuerdo de la CHS.

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La UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) de Castilla-La Mancha va a explicar a cada uno de los agricultores qué dinero va a recibir en la nueva PAC y les va a simular el resultado de forma individualizada. Esta semana inicia una campaña de asambleas en la región, pueblo a pueblo, comenzando por El Bonillo y Viveros en la provincia de Albacete.

Desde UPA Castilla-La Mancha alertan de que es la primera vez que se van a reducir las ayudas provenientes de la Unión Europea a la Agricultura desde el año 1992, y que esta disminución del presupuesto evidentemente se va a trasladar a agricultores y ganaderos. UPA exige al Ministerio toda la información puesto que los agricultores españoles siguen sufriendo incertidumbre por la falta de transparencia, desde la organización no se entiende como el Ministerio sigue sin dar oficialmente el dato de la ayuda establecida para cada una de las 24 regiones en las que ha seccionado el campo español.

Es por ello que desde la organización se temen que “los que van a salir perjudicados son los agricultores y ganaderos profesionales y productivos”, ya que “se ha perdido una oportunidad histórica para legitimar a quien realmente trabaja en el campo a favor de los especuladores de subvenciones”. Una de las reivindicaciones de UPA es precisamente la defensa de una PAC dirigida a los que trabajan la tierra y no a la superficie, donde se ven beneficiados terratenientes cuya actividad profesional no depende de la agricultura y, por tanto, no les son tan necesarias las ayudas que sí son fundamentales para los pequeños agricultores y ganaderos.

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http://www.energias-renovables.com/articulo/228-recursos-ante-el-supremo-contra-el-20141006

NOTICIAS Y ENLACES RELACIONADOS:

4-7-2014 http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/04/pdfs/BOE-A-2014-7062.pdf

8-7-2014 http://www.energias-renovables.com/articulo/el-constitucional-desestima-el-recurso-del-gobierno-

22-7-2014 http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-economia-energia-tc-tambien-desestima-recurso-valencia-contra-recorte-sebastian-fotovoltaica-20140722124643.html

El Gobierno incrementará en 2015 un 51,4 por ciento el presupuesto destinado a la política de agua respecto al ejercicio anterior, según ha señalado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, que ha dicho que el montante global ascenderá a 2.899,49 millones de euros.

Durante su comparecencia en la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, Ramos ha indicado que, de este importe, el Ejecutivo ha presupuestado un total de 1.695,64 millones de euros para la política de aguas, la depuración, el cumplimiento de los objetivos de los planes hidrológicos.

Además, aumentan las partidas destinadas a Costas y se establece por primera vez un montante destinado a la adaptación al cambio climático en el litoral.

En concreto, la Secretaría prevé recibir un presupuesto de 812,18 millones de euros para servicios y programas, un 43% más que en 2014. A esta suma se añade la asignación para la AEMET y el Organismo Autónomo Parques Nacionales, que alcanza 166,91 millones, lo que supone un aumento del 45,27% y de un 2,85% respectivamente.

Asimismo, para 2015 en las confederaciones hidrográficas dispondrán de 1.204,01 millones de euros y las sociedades estatales, un presupuesto de 716,39 millones.

A la política de agua el Gobierno destinará en 2015 2.512,88 millones de euros. Ramos ha precisado que a los 542 millones que gestiona directamente la dirección general hay que sumar los 1.204,01 que administran las confederaciones hidrográficas y los 716,39 que invertirán las sociedades estatales del agua (ACUAES Y ACUAMED).

«El presupuesto de este año presenta un incremento del 51,47% respecto de 2014 y está orientado al cumplimiento de los objetivos básicos de la política del agua del Gobierno», ha defendido Ramos, que ha explicado que esto «constata voluntad del Gobierno degarantizar la prestación de un servicio público esencial: el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente en todo el país».

En concreto, ha apuntado que, de 868 millones presupuestados, cerca de 650 millones de euros se destinarán a la gestión de infraestructuras, a las medidas contempladas en los planes hidrológicos de cuenca, a promover el uso eficiente del agua y a impulsar la utilización de recursos no convencionales cuando proceda.

OBRAS HIDRÁULICAS

De este modo, se financiarán actuaciones como las del embalse de Biscarrués o Almudévar, el recrecimiento de la presa de Yesa (Navarra), las presas de Castrovido (Burgos); El Enciso (La Rioja); Mularoyán (Zaragoza); o el abastecimiento a la llanura manchega o el acueducto Tajo-Segura o a los colindantes de los Embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara).

Por otro lado, se destinarán 216 millones de euros al programa de calidad del agua, para lo que se financiarán las depuradoras de Gijón, Nerja (Málaga); Lamianez (Vizcaya), los saneamientos de la comarca agraria de Cáceres o los colectores de Santiago de Compostela y de Lastare.

Con cargo al Plan CRECE, se podrán desarrollar otras actuaciones de depuración, como el sublufivial de Laredo (Cantabria), los colectores de Rada y Asón, las marismas de Santoña (Cantabria), la depuración de la comarca de Hervás (Cáceres), la ampliación de la depuradora de Hellín (Albacete)o las depuradoras de Ibiza o Santa Eulalia en Baleares.

También hay una partida de 110,56 millones de euros prevé actuaciones de carácter horizontal para la mejora de los servicios del agua; 65 millones de las confederaciones se dirigirán al pago del impuesto de bienes inmuebles de propiedad estatal.

En cuanto a los 716,39 millones de las sociedades estatales de agua irán destinados a abastecimiento y muy especialmente a depuración de las aguas. Aquí se integran actuaciones como las depuradoras de San Claudio y Villapérez (Asturias), Badajoz, Orense, Burgos y Soria, el saneamiento de Vigo, el abastecimiento en La Rioja o el embalse de San Salvador (Huesca). «En definitiva, está previsto 1.695,64 millones de euros en materia de agua», ha subrayado.

En materia de Costas, Ramos ha explicado que el monto de 61,78 millones de euros previstos es un 47,82% superior a la partida de 2014, de los que el 25% buscará frenar su regresión; 16,1 millonesa la recuperación de la costa y el disfrute de su uso, lo que supone un 56% más que el ejercicio anterior y a esto se suman 5,9 millones de euros para planificación, conservación y mejora del medio marino.

Por otro lado, ha agregado que las actuaciones en materia de calidad ambiental y medio naturales percibirán 34,92 millones de euros, con los que se cubrirán principalmente dos programas. Así, se destinarán 18,06 millones a Evaluación Ambiental y 11,95 millones a Calidad del Aire, al tiempo que se financiará con 8 los Planes PIMA y para Residuos y Suelos contaminados habrá 2,97 millones.

Para la protección del medio natural y el apoyo a las comunidades autónomas en este ámbito, se emplearán 11,2 millones de euros a conservar e incrementar la biodiversidad; 3,59 millones de euros a recuperar las especies amenazadas; 123.000 euros al apoyo del centro en Málaga de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.

CAMBIO CLIMÁTICO, UNA NUEVA PARTIDA

En materia de cambio climático, la Oficina Española de Cambio Climático dispondrá en 2015 de 48,76 millones de euros, lo que representa un aumento del 20% respecto al ejercicio anterior. Entre los principales conceptos, Ramos ha destacado que «por primera vez» el Gobierno establece una partida presupuestaria dotada con 12 millones para la adaptación al cambio climático. También habrá 8 millones de euros para acciones en este ámbito.

El secretario de Estado ha defendido que España está muy próxima a acreditar el cumplimiento de sus compromisos españoles en el Protocolo de Kioto, lo que «liberará recursos» para otros proyectos de cambio climático. Así, el Fondo de Carbono en 2015 contará con15,8 millones; se destinarán 3,46 millones a las obligaciones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático y la participación en otros foros internacionales, ante un año en el que la comunidad internacional espera alcanzar un acuerdo global vinculante en diciembre de 2015 en París.

Los Parques Nacionales tendrán una subida presupuestaria del 3%, hasta llegar a 46 millones de euros con los que se realizarán distintas actuaciones, entre las que figuran centros de interpretación de la naturaleza o visitantes en enclaves como Monfragüe, Picos de Europa, Cabañeros o Tablas de Daimiel.

La AEMET también sale bien parada en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, que crecen en más de un 45% y llegarán a 120,12 millones de euros. Mientras, la Fundación Biodiversidad dispondrá de 6,62 millones.

OPOSICIÓN

Por su parte, en la comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el diputado de Izquierda Plural, Álvaro Sanz, ha criticado la política ambiental del Gobierno que, a su juicio, tiene una «nula voluntad de plantear una reconversión ecológica» del modelo económico por otro más sostenible.

Mientras, el portavoz de Medio Ambiente del PSOE, Alejandro Alonso, ha advertido al secretario de Estado de que no le convence cuando le asegura que en 2015 se incrementan distintas partidas. A su juicio, el presupuesto del Gobierno se justifica en un «presupuesto electoralista más que por un compromiso con el medio ambiente».

Mientras, la portavoz del PP, María Teresa de Lara, ha iniciado suintervención calificando de «lamentable» y «bochornoso» que la izquierda española trate de evitar la confirmación del exministro Miguel Arias Cañete como comisario en la Unión Europea y con ello, lograr que la Comisión Europea con cuente con representatividad española. «Es un hecho sin precedentes y nos avergüenza como españoles», ha apostillado.

Fuente original http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/96019/Estado-aumentara-presupuesto-politica-agua#ixzz3FRNGnWot

medio ambiente

De entre las numerosas directrices comunitarias que buscan devolver la salud a las aguas del continente, la implantación de los llamados caudales ecológicos es, sin duda, uno de los mayores retos en el caso de Galicia. Por la enorme cantidad de ríos de la comunidad y la gran presión que soportan para la generación de electricidad. La Consellería de Medio Ambiente trabaja ya en fijar la cantidad mínima de agua que hay que mantener en los cauces para respetar el ecosistema y, de hecho, supone una de las patas principales del plan hidrológico de la fachada atlántica. En él, la Xunta dejó fuera de indemnización cualquier cambio que se imponga en las concesiones de los embalses para cumplir con los caudales ecológicos, que en la práctica implican a captar menos agua y bajar la producción. Pero el Tribunal Supremo acaba de anular esa posibilidad y defiende el derecho a compensación para las empresas. La sentencia sí avala la decisión del Ejecutivo autonómico de vetar nuevas centrales en la demarcación que está bajo su competencia.

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) presentó en mayo de 2013 un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto que aprobó el plan hidrológico de Galicia-Costa. Aunque el proceso comenzó con el Estado como demandado, el alto tribunal frenó la sentencia para que la Xunta, encargada de la demarcación, se personara. De hecho, toda la planificación corre de su cuenta. El primer motivo de ilegalidad, según APPA, fue «la violación del procedimiento legalmente establecido» para autorizar el plan. La exposición pública del texto final, «toda vez que el aprobado de forma definitiva contiene con respecto de la versión sometida a información la diferencia de gravísimos efectivos para la actividad de generación eléctrica» por la prohibición «con carácter general» de más concesiones. Una de las modificaciones que no estaba en el borrador. El Supremo reconoce que la fase de información pública es «naturaleza esencial» en los procesos administrativos, aunque recuerda que las normativas que lo regulan «no establecen la necesidad de una nuevo trámite de información pública». «Ninguna impone la repetición del trámite», subraya.

Ya en el fondo del recurso, los promotores de renovables batallaban contra la negativa del Gobierno gallego a otorgar «en ningún caso» una concesión que supusiera «la implantación de nuevos obstáculos transversales» en un cauce. La ley de aguas, según APPA, recoge el uso hidroeléctrico como «uno de los permitidos en aguas continentales» y sin la infraestructura necesaria, «por pequeña que sea», es imposible obtener energía. El Supremo es tajante: el «impedimento pleno de los obstáculos con fines de aprovechamiento hidroeléctrico» es «opción legítima de la Administración».

El plan hidrológico de Galicia-Costa fija, además, que la explotación de las concesiones quedará suspendida a la aprobación del acta final de reconocimiento de las obras y al «cumplimiento íntegro» de las condiciones que se marquen y los plazos establecidos. De lo contrario, la Xunta abrirá un expediente de extinción de caducidad. Los productores de renovables aseguran que el artículo «se excede» de nuevo sobre lo que contempla la ley de aguas estatal. El alto tribunal no comparte la consideración de que ambas normas colisionen, y recuerda que el artículo «no obliga a declarar la caducidad» del permiso, sino «solo» a abrir un expediente.

La APPA solicitaba también la nulidad de parte de otro artículo en el que el plan mantiene que la «revisión» de los caudales no afecta a «derechos reales preexistentes» y por lo tanto «no dará lugar a indemnización». «Los caudales ecológicos constituyen una restricción que se impone con carácter general a los sistemas de aprovechamiento», añade, con la única excepción de que la alteración sea «tan sustancial» que implique «la desaparición del aprovechamiento o su inviabilidad». Las empresas destacan, en cambio, que la ley de aguas deja claro que cualquier cambio por los planes hidrológicos dará «derecho a indemnización» al «concesionario perjudicado» de conformidad «con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa».

Ante las alegaciones del Abogado del Estado, el Supremo respalda la reclamación de la APPA y confirma que la ley «se mete explícitamente a aceptar supuestos» de indemnización por estas causas. Por eso, «no cabe admitir por vía reglamentaria», en alusión al plan hidrológico, que se «delimite» lo que la norma general de aguas exige.

El diagnóstico de salida en la carrera por incorporar en Galicia los caudales ecológicos -teóricamente, a finales de este año deberían estar listos los parámetros para su implantación el próximo 2015- es crítico. Masas de agua «muy modificadas» y «cambios bruscos» en el discurso de los ríos en «buena parte» de los 74 saltos que se reparten por la demarcación Galicia-Costa. Augas de Galicia se propone incluso demoler aquellas presas que en la actualidad no se usan.

ENLACE A NOTICIA: http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2014/10/07/supremo-avala-prohibir-embalses-obliga/886040.html

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