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El Sindicato de Regantes del Tajo-Segura ya mantiene contactos con otras comunidades de regantes, en especial den Castilla-La Mancha, para negociar la cesión de derechos de riego para asegurar la llegada de agua a partir del 30 de septiembre, según explica el portavoz del Sindicato Central de Usuarios del Trasvase Tajo-Segura y de Riegos de Levante, Ángel Urbina. La posibilidad de la cesión de derechos de riego está contemplada en el memorando del trasvase Tajo-Segura y, en estos momentos, el campo alicantino tiene garantizados los recursos hídricos hasta ese 30 de septiembre. Las previsiones de lluvias «no son halagüeñas», de manera que ya se trabaja en la obtención de los derechos de riego, ya que dentro de los acuerdos incluidos en el memorando, hay un artículo que facilita la cesión de derechos de agua de unas comunidades a otras.
Por su parte, Urbina manifiesta, además, que se está a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe la regla explotació del Tajo-Segura a lo largo del mes de junio. «Mientras tanto, se mantienen las normativas antiguas que había desde hace cinco o seis años, sin modificación», destaca el portavo del SCRATS, que insiste en quecon la nueva normativa «no se dice qué cantidad vendrá, simplemente, que vendrá un agua u otra» en función de lo que llueva y «la ley dice que como máximo, para regadío, puede venir 400 hectómetros cúbicos. Pero nunca en la vida ha llegado».
Por eso, se muestra pragmático y recalca que «traeremos el agua que cae. Si cae poca, traeremos poca. Si cae mucha, traemos mucha. Si no cae nada estamos estudiando aplicar las leyes aprobadas en el memorándum para poder tener cesiones de derechos de agua»
Asimismo, para un mes más tarde, el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura espera que el Gobierno dé el visto bueno al Plan del Júcar que «para poder elevar agua hasta el Vinalopó» y dar agua a zonas de Monforte del Cid, Aspe, Hondón de las Nieves «que es imprescindible que tengan agua en julio para subsistir».
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El portavoz socialista de Medio Ambiente en Les Corts, Francesc Signes, ha anunciado que el PSPV recurrirá a los tribunales si se confirman las declaraciones de Comos sobre el suministro de agua en La Ribera. Así, ha manifestado sus sospechas de que el gobierno del PP en la Comunitat Valenciana podría haberse plegado a las exigencias de grupos concretos, en beneficio de sus intereses particulares, al obligar a los vecinos de la Ribera a pagar anualmente por el intercambio o permuta de aguas, en lugar de defender el interés de los ciudadanos de esta comarca valenciana que pedían igual condiciones que los de las áreas metropolitanas de Valencia, Sagunt y Albacete en cuanto al suministro de agua.
Así, se ha referido y ha calificado de “auténtico escándalo” las declaraciones realizadas ayer por el director general de Agua de la Generalitat, José Alberto Comos, en las que afirmaba que “la permuta de la Ribera fue una demanda del USUJ y la Generalitat ha accedido a esta exigencia para que haya un bienestar económico y paz social”, lo que motivó que la Generalitat modificase su criterio anterior favorable a que a todos los municipios de la Ribera se les otorgase una concesión directa de agua el río Júcar para el abastecimiento.
Signes denuncia que, si fuera cierto lo que afirma Comos, nos encontraríamos ante “un escándalo mayúsculo”, ya que quedaría de manifiesto que el gobierno del PP “se plegó, en lugar de defender a los vecinos de la Ribera, a las exigencias de unas entidades y grupos concretos, en beneficio de sus intereses particulares, obligando a los vecinos de esos municipios a pagar anualmente en sus recibos por el “intercambio” o “permuta” de aguas”.
En este sentido, el portavoz socialista ha recordado que el legítimo interés de los vecinos de la comarca de la Ribera es tener una concesión propia de aguas del río Xúquer en iguales condiciones a las que disfrutan los vecinos de los municipios de las áreas metropolitanas de Valencia, Sagunt y Albacete.
El diputado preguntará al Gobierno valenciano en Les Corts por esta cuestión y, advierte de que si se confirman los hechos, el PSPV se reserva el ejercicio de cualquier acción legal.
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La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos pidió en el Ministerio de Agricultura que se concrete la aplicación de la PAC en España “cuanto antes”. Su secretario general, Lorenzo Ramos, participó en la primera reunión del Comité Asesor Agrario desde que es ministra de Agricultura Isabel García Tejerina. “No podemos consentir que grandes explotaciones estén cobrando ayudas millonarias sin necesidad de producir, mientras que explotaciones familiares se quedan fuera. Es incomprensible”, ha señalado Ramos. UPA demanda que sean los agricultores “en activo” y la agricultura productiva quienes reciban ayudas de la PAC.
Ramos ha explicado que en los pueblos de España “hay preocupación sobre cómo va a quedar la PAC”. Desde UPA recalcan que han ofrecido su “total colaboración” al Ministerio de Agricultura para que la PAC sea “lo más justa y lo más social posible”.
Para esta organización, la aplicación de la nueva PAC no debe ser un “simple reparto de fondos”, sino que algunas decisiones deben vincularse con la Ley de la cadena agroalimentaria, y aprovechar la ley “para cambiar lo que funciona mal en el mercado e impide a los agricultores y ganaderos vivir de la venta de sus productos, como debería ser”.
En los próximos días se conocerán los borradores de aplicación de la reforma de la PAC, que se analizarán en una reunión entre responsables del Ministerio de Agricultura y de las organizaciones agrarias el próximo 11 de junio.
Congreso en Andalucía y felicitación al acuerdo UPA-COAG
Por oyto lado, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, ha animado a “defender la agricultura familiar para, no sólo mantener la diversidad de nuestras producciones, sino también para repartir la riqueza y el empleo entre más personas, ayudando a combatir la desigualdad” durante su participación en el VI Congreso de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).
En el acto, ha felicitado a la organización por el lema de estas jornadas: ‘Unión, Regulación y Precio’, y ha resaltado “la excelente labor que está desarrollando UPA-Andalucía desde hace más de 20 años para defender y dinamizar al colectivo más numeroso de nuestra agricultura, los pequeños agricultores y ganaderos”.
Igualmente, ha valorado el “acuerdo histórico alcanzado en Andalucía para aunar los esfuerzos de UPA y COAG formando un frente común para para defender un modelo agrario más social y profesional”.
En este sentido, la responsable de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta ha incidido en “la importancia social y económica del sector agroalimentario, estratégico para Andalucía, que actúa como una auténtica columna vertebral en todo el territorio rural”. Un sector que, “a pesar de las dificultades, está mostrando signos de fortaleza”, ha asegurado.
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La recepción de las obras de modernización de la Comunidad de Regantes del Canal Júcar-Turia de l’Alcúdia ha servido para que el director general del Agua, José Alberto Comos, haya querido zanjar la polémica creada con el Plan de Cuenca del Júcar en la comarca.
«La permuta de la Ribera fue una demanda del Usuj (Unión de Usuarios del Júcar) y la Generalitat ha accedido a esta exigencia para que haya un bienestar económico y paz social», ha manifestado Comos en su visita a las obras en l’Alcúdia.
Manifestación en el Palmar ‘Por una Albufera viva’
El director del Agua ha recordado que la Generalitat presentó una alegación al Plan de Cuenca del Júcar en la que solicitaba, al igual que todos los municipios de la Ribera, que se otorgase una concesión directa de agua para el abastecimiento. Sin embargo, aceptó la «exigencia» del Usuj como una prueba más «de estar en disposición de ceder para defender los intereses generales».
El director general del Agua no entiende el malestar de la comarca por el tema del agua ya que ha comentado que «se han otorgado 50 millones de euros para obras en la Ribera del Júcar, cantidad que nadie más tiene en la Comunitat, y se ha acabado la potabilizadora que lleva el agua a los pueblos. Hemos demostrado nuestra voluntad de consenso», ha sentenciado en este sentido.
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Otro de los aspectos que también se rechazan en la Ribera es la puesta en marcha de una segunda toma para el trasvase Júcar-Vinalopó. En este sentido, Comos ha explicado que existe un equipo de trabajo formado por el Usuj, regantes del Vinalopó y la Generalitat valorando las opciones, aunque la más probable como aseguró el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, es la de Alarcón. «Creo que Alarcón es una buena opción que puede satisfacer a todas las posiciones», ha añadido el director general.
Además ha querido remarcar que con el trasvase, «no se le quita ni un litro de agua a la Ribera», ha apuntado ya que «el agua es de dominio público».
La «colaboración y el consenso» en materia de agua también han sido destacadas por el representante de la Generalitat en las obras de modernización del regadío que se han llevado a cabo en el Sector II La Garrofera-L’Alcúdia de la Comunidad de Regantes del Canal Júcar-Turia.
Una actuación que ha tenido una inversión superior a los ocho millones de euros y que beneficiará a 988 regantes y supone la puesta en marcha de medidas innovadoras en esta materia.
«Se han instalado automatismos de última generación para controlar el riego, el abono. La obra es peculiar porque haciendo dos bypass podemos utilizar la energía de noche y regar de día. De esta forma hemos conseguido rebajar el consumo energético a un 25 por ciento», ha destacado el presidente de la Comunidad de Regantes de l’Alcúdia, José Luis Vallés.
Por el momento, el 70 por ciento de los cultivos ya riegan a través de este sistema y se espera que para la próxima campaña ya esté en marcha en el 95%. Las obras además de instalar la última tecnología en regadía también han tenido en cuenta medidas de seguridad para evitar los robos nocturnos.
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El PSOE dice que ésta es una «sequía histórica» y cree que las medidas anunciadas son «casi ridículas» y hace falta «más compromiso»
El Ministerio de Agricultura agilizará el cobro de las indemnizaciones de los seguros agrarios en las explotaciones afectadas por la sequía y adelantará al 15 de octubre los pagos de la Política Agrícola Común (PAC), como medidas con las que afrontar la falta de lluvia en algunas zonas del país que está afectando tanto a la agricultura como a la ganadería.
Así lo ha señalado la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, durante la interpelación que el PSOE le ha planteado en el Pleno del Congreso sobre este asunto. «Desde el primer momento estamos planificando todas las actuaciones, que en breve plazo trasladaremos al sector y se implementarán en función de cómo evolucione la situación», ha dicho, sin precisar no obstante fechas concretas.
Entre las medidas en las que ya trabaja el Ministerio, Tejerina ha mencionado que se «impulsará el refuerzo de los equipos de peritación» de las zonas afectadas en el cuadrante Sureste del país, se «agilizarán» el cobro de las indemnizaciones del seguro agrario y los trámites para «adelantar» al 15 de octubre los pagos de la PAC, y se autorizarán las aportaciones de agua con cubas o camiones cisternas en las zonas de secano donde sea necesario regar los cultivos leñosos como la almendra.
Asimismo, se «facilitará el acceso a la financiación» de agricultores y ganaderos a través de las líneas de crédito de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca). «Ya hemos dado la orden para solicitar avales por 40 millones de euros, y se analizará la posibilidad de ampliar la línea tanto en volumen como en beneficiarios, incluyendo a los ganaderos de cultivos extensivos», ha precisado la ministra.
Por otra parte, se está estudiando la posibilidad de dar un año de carencia a los préstamos de los Planes de Modernización de las explotaciones y a los de incorporación de jóvenes agricultores, y se recabará la «información necesaria» para calcular el descenso de los rendimientos en las zonas afectadas, para posteriormente proponer al Ministerio de Hacienda una reducción de los índices de rendimiento neto de las estimaciones objetivas del IRPF para la declaración de 2014 que se realizará en el próximo ejercicio.
Asimismo, se contactará con el Ministerio de Empleo para que los afectados puedan «solicitar individualmente exenciones y aplazamientos» del pago de sus obligaciones con la Seguridad Social. Y para los casos de almendros que haya que sustituir porque se han secado –extremo que no cubren los seguros agrarios–, se «buscará la fórmula más adecuada de apoyo» a los afectados.
«En poco tiempo tendremos concluido el diagnóstico e implementaremos las medidas. Algunas ya están en marcha, avanzamos en el diseño de otras y se adoptarán todas las medidas pertinentes, como debe hacerse en estas situaciones. Pero se tomarán las medidas que la situación actual requiera», ha precisado Tejerina.
No es como otras sequías
Y es que, según la ministra, «nada tiene que ver, afortunadamente», la sequía de este año con las de 2005 o 2012, que eran «sequías meteorológicas, agronómicas e hidrológicas», mientras que este año «ha llovido más de lo normal en la España húmeda pero menos en la seca», por lo que «la escasez de lluvias se circunscribe al Sureste del país, afectando en exclusiva a los cultivos de secano».
Así, la falta de humedad está afectando sobre todo a los cultivos leñosos, particularmente al almendro, de forma «especialmente intensa» en algunos territorios, mientras que las altas temperaturas de la primera quincena de mayo han sido «perjudiciales» para el olivar y el viñedo, y los daños en los cultivos herbáceos de pasto tienen «distinta intensidad según las zonas».
Asimismo, la producción agrícola sufre los efectos de una «insuficiente floración» y ya se han presentado más de 1.000 declaraciones de siniestro para 35.000 hectáreas, casi todas de cultivos extensivos.
Sin embargo, otra diferencia fundamental es que este año «afortunadamente la situación hidráulica es, con carácter general, razonablemente buena» ya que las reservas de agua del país están al 82,7% de la capacidad de los embalses, con 45.748 hectómetros cúbicos, casi un 13% por encima de la media de los diez últimos ejercicios en todas las cuencas.
Por todo ello, Tejerina ha rechazado adoptar de forma automática las medidas de otras sequías, sino que hace falta «analizar, planificar y ofrecer las mejores soluciones», teniendo en cuenta también los informes técnicos del órgano permanente de vigilancia ante las adversidades climáticas y medioambientales que ha creado el Ejecutivo, y contando también con las organizaciones del sector y las comunidades autónomas. En este punto, la ministra ha recordado que mientras su departamento ya está metido en harina, regiones afectadas como Andalucía creen que «todavía es prematuro avanzar medidas».
Finalmente, la titular de Agricultura ha subrayado que «el principal elemento» para afrontar la sequía es el Plan de Seguros Agrarios que, pese a la «contención del gasto público», ha «mantenido» su dotación presupuestaria, con 204 millones de euros este año, el 97% de los cuales servirán para las subvenciones a pólizas, que pueden ser complementadas por los gobiernos regionales.
«El sistema de seguros agrarios ha permitido que en cuatro años cada euro aportado por el Ministerio ha supuesto 2,03 euros en indemnizaciones, unos 2.241 millones de ingresos para el sector. Y porque es una política estratégica en el ámbito agrario, se trabaja desde el inicio de la legislatura para mejorar su eficacia», ha añadido, citando las reformas en este ámbito que se han aprobado desde 2012 y reprochando al PSOE que piense que «cuanto más se gasta, mejor» es la política de seguros.
En este sentido, ha asegurado que mientras en 2009-10 las pólizas cayeron un 16% y entre 2010 y 2011 se redujeron un 11,2% la producción asegurada y un 30% la superficie cubierta, entre 2012 y 2013 la superficie ha subido un 22% y la producción un 10% y «todo indica que este año volverá a crecer».
No es suficiente
Sin embargo, para el portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, estas medidas no son suficientes para atajar «una sequía histórica», tal y como la califica la Agencia Estatal de Meteorología, que a su entender necesita de «medidas potentes» puestos en marcha «con prontitud».
Eso es, ha dicho, lo que reclaman las organizaciones profesionales y las comunidades autónomas, no sólo las del Sureste, sino también otras como Castilla-La Mancha o Aragón. «El problema es real y la situación es muy grave. Y a grandes males, grandes remedios», ha insistido, apuntando que los instrumentos de los que ha hablado Tejerina «no son buena forma de atajar el problema».
Por eso, ha reclamado «al menos» las mismas medidas de situaciones similares y que se aprueben por decreto ley este mes de junio, sin esperar a ningún otro informe de evaluación. «En ese sentido irá nuestra moción», ha avanzado, recordando propuestas como concesión de ayudas directas, reducciones fiscales, exenciones del IBI, reducciones de cuotas de la Seguridad Social o planes de financiación con créditos del ICO a bajo interés, entre otras.
Además, ha recordado las críticas del PP cuando estaba en la oposición a las medidas «de esperpento valleinclanesco». «Y ahora dar respuesta con unos instrumentos pequeñitos, casi ridículos. La situación requiere un compromiso mayor», ha insistido, advirtiendo a Tejerina de que se le «recordará y valorará» por cómo solucione este problema, tras recibir una herencia «envenenada» y un Ministerio «que es un cascarón vacío con un presupuesto muy reducido» de Miguel Arias Cañete.
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La consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, ha destacado hoy el “intenso trabajo” del Gobierno de María Dolores Cospedal para situar al sector agroalimentario en el lugar que se merece.
Así lo ha indicado durante su intervención en la Asamblea General de UTECO-Toledo, donde ha afirmado que este sector es uno de los motores “con potencia suficiente para continuar la recuperación económica” que ya hemos iniciado.
María Luisa Soriano ha asegurado que “si se atiende convenientemente a nuestro campo, éste puede crear buena parte del empleo que tanto necesitamos en nuestra región”. Por ello, la titular de Agricultura ha lamentado que los anteriores gobiernos socialistas no valoraran suficientemente la importancia del sector primario.
Por eso, Soriano ha explicado que uno de los objetivos del Gobierno presidido por María Dolores Cospedal, y también de su homólogo a nivel nacional, es fortalecer la figura del productor en la cadena agroalimentaria.
Tal y como ha puesto de manifiesto la titular de Agricultura, frente a la “clara posición de desventaja en las negociaciones” de la que parten nuestros productores, el Ejecutivo castellano-manchego busca reforzar la posición de estos para que las transacciones se lleven a cabo de igual a igual.
Para lograr este objetivo, el Gobierno regional está apostando por una política eficaz, donde los productores se unan y puedan lograr así la dimensión suficiente que les permita ser competitivos en los mercados nacionales e internacionales.
Buena aceptación de nuestro aceite en los mercados internacionales
La consejera de Agricultura ha celebrado además la buena aceptación de nuestro aceite en los mercados internacionales, a los que se exportaron más de 25.000 toneladas, lo que supone un aumento de casi el 160 por ciento con respecto a la campaña anterior.
En este sentido, Soriano ha añadido que, independientemente de la cantidad que se produzca durante una campaña, “la calidad es la llave maestra que nos abre todas las puertas de los mercados exteriores”. Por ello, el éxito de nuestros productos es incontestable cuando esa calidad va acompañada por una gestión inteligente y una voluntad de trabajar unidos para ser más fuertes.
“La concentración de la oferta es fundamental para facilitar la gestión, disminuir los gastos y, por supuesto, mejorar nuestro nivel de competitividad”, ha concluido.
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La pasada semana comenzaron las primeras tasaciones en los campos de Castilla-La Mancha ante los estragos que está causando la sequía en el cereal de invierno. Según los datos aportados a ABC por Agroseguro en el día de ayer, ya se han declarado 3.344 siniestros, que afectan a 39.942 parcelas que suponen cerca de cien mil hectáreas.
La provincia más afectada es Albacete, con 1.227 siniestros, seguida de Cuenca, con 1.160. En toda España se prevé que la sequía afecte a unas 700.000 hectáreas. Desde Agroseguro se recomienda que, para un mejor servicio, los asegurados remitan las declaraciones de siniestro lo antes posible, para así agilizar la organización de las labores de tasación, valoración y posterior pago del siniestro. Además, aquel agricultor que desee realizar un aprovechamiento ganadero del cultivo, ya sea a diente por el ganado, o en forraje, podrá hacerlo; sólo tiene que indicar esta circunstancia en la misma declaración de siniestro a fin de adelantar la visita de tasación y realizar la correcta valoración de las pérdidas.
Según un informe remitido por la organización agraria UPA, en Castilla-La Mancha las zonas más afectadas son las de Mancha, Centro Hellín, Almansa y Manchuela, en la provincia de Albacete; La Mancha, en Ciudad Real; Alcarria, Mancha y Manchuela, en la provincia de Cuenca; Alcarria, en Guadalajara y las comarcas de La Sagra-Torrijos y La Mancha, en Toledo.
Desde Agroseguro se especifican dos tipos de sequía. Por un lado, la que afecta a la provincia de Albacete, provocada por las escasas precipitaciones que se han producido durante todo el año hidrológico. Y por otro, la que afecta el resto de la región y que se ha producido porque la escasez de heladas y el exceso de humedad a lo largo del ciclo del cereal, con un invierno de temperaturas suaves, ha provocado que las raíces no se hayan desarrollado en profundidad, sino superficialmente, por lo que ahora las plantas no tienen a su disposición.
Una situación que se ha agravado por la falta de lluvias y las temperaturas demasiado elevadas para la época que se han registrado desde medidados de abril.
Las medidas
Desde UPA, que ha cifrado ya en unos 500 millones de euros las pérdidas en el campo español, se reclama un plan de medidas «muy ambicioso» ante las graves pérdidas que se están produciendo, atendiendo de forma prioritaria a las explotaciones familiares y profesionales y aquellas situaciones con mayor daño que puedan afectar a producciones de varios años.
Entre esas medidas, UPA propone medidas fiscales como el aumento de los gastos de difícil justificación para compensar la compra de pienso y gasóleo o la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles, así como el adelanto de las ayudas de la PAC.
Precisamente ayer, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró en el Congreso de los Diputados que el Gobierno «tiene preparadas las medidas necesarias» para aliviar a los afectados por la sequía y garantizar la «seguridad» de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
García Tejerina indicó que los apoyos se concretarán en breve, en coordinación con las Comunidades Autónomas, si bien anunció medidas como avales a los productores, condiciones especiales en los préstamos o actuaciones para anticipar el pago de subvenciones comunitarias.
Tejerina respondió en el Congreso de los Diputados a una interpelación, presentada por el PSOE, en la que solicitaba ayudas para compensar a los agricultores perjudicados por la falta de lluvias.
Insistió en que el Gobierno está evaluando los efectos de la sequía y tomará medidas, algunas «en marcha» y otras cuando concluya «el diagnóstico» de la situación.
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La sequía en el sudeste de España, Albacete incluida, llegó ayer al Congreso, en forma de interpelación del Grupo Socialista a la nueva titular del Ministerio de Agricultura, Isabel García Tejerina.
El autor de la interpelación, con carácter urgente, fue el diputado socialista, Alejandro Alonso, quien fue consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha entre 1996 y 2003. La misma pedía que Tejerina se pronunciase «sobre las medidas a adoptar para paliar los daños que la sequía está produciendo en las explotaciones agrarias, ganaderas y apícolas».
Destacar, en este sentido, que ayer mismo, mientras tenía lugar la sesión del Congreso, Agroseguro señalaba que, basándose en los partes de daños que ha tramitado en las últimas semanas, una de las zonas más afectadas por la falta de lluvias en la Península es la zona «que se extiende desde Albacete hasta la provincia de Valencia y desde Alicante hasta Málaga».
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