José Valverde insiste en que la batalla por el agua para Castilla-la Mancha continúa, aunque la lucha vaya a ser ahora más difícil sin un Estatuto en la retaguardia, como lamenta. Está caliente la retirada del proyecto de reforma estatutaria del Congreso, ante la falta de apoyos para su aprobación. A su juicio, la Región tardará en reponerse de la «traición» del PP y su voto en contra del texto autonómico.
¿Qué le ha pasado al Estatuto? Salió de CLM con unanimidad y fue llegar al Congreso y empezar la pelea política…
Al Estatuto lo que le ha pasado es que la señora Cospedal ha cambiado de estatus, de ser simplemente la presidenta del PP en CLM y defender lo que los castellano-manchegos querían -que es el final del trasvase- pasó a ser la secretaria general de su partido y depender de las decisiones de otros. Estoy convencido de que en el momento en el que se habla de la señora Cospedal como secretaria general, tanto Camps como Valcárcel debieron exigir garantías de que su posición en el Estatuto no iba a ser la que había mantenido previamente. Ella tomó una decisión muy clara: ser secretaria general y cambiar de opinión sobre CLM.
Usted ha sido el hombre del Gobierno en la negociación del Estatuto, ¿en algún momento estuvo cerca el acuerdo con el PP?
Desgraciadamente nunca, y digo nunca porque siempre que alguno de los interlocutores directos del PP entendía que la posición que les expresábamos desde el PSOE o desde el Gobierno de Castilla-La Mancha era válida, llegaba luego a quien tenía que llegar, que era a murcianos y valencianos, y volvía diciendo que no podía ser. Valcárcel fue muy claro, «quien decide en temas de agua soy yo», dijo, y así ha sido.
El presidente Barreda ha anunciado que la batalla continúa en el ámbito legal, político y de movilización social. ¿Es hora de darle caña a Murcia?
¡No, no, no! No creo que haya que darle caña a Murcia, a Murcia lo único que hay que darle es racionalidad y que sepa que el agua que inicialmente está en CLM debe servir también y prioritariamente para el desarrollo de CLM. No queremos darle caña a nadie. Nos hubiera encantado que esto no hubiera sido una guerra, pero para ello todo el mundo debería de haber tenido la suficiente amplitud de miras.
¿Cómo va a ser esta batalla en el ámbito legal y político?
Estamos trabajando en cada organismo de cuenca para conseguir legalmente nuestra participación. No es lógico que las autonomías tengan transferidas las competencias en materia de agricultura, urbanismo, medio ambiente o desarrollo económico y no tengan posibilidad de gobernar o, al menos, cogobernar el agua que tienen para estructurar esas competencias. Hay una batalla legal por delante para conseguir estar en los órganos de decisión de las cuencas hidrográficas. Por cierto, esta presencia de la Junta en lo órganos de cuenca es una de las cuestiones que el PP cercena en su propuesta.
Luego tenemos la negociación con las Confederaciones Hidrográficas para la elaboración de los planes de cuenca. Nosotros vamos a exigir que se cumpla la directiva europea y que el Tajo a su paso por Aranjuez lleve 12 metros cúbicos por segundo. En estos momentos no llega ni a seis casi ningún día y serían 200 Hm3 más en la cabecera. El desarrollo de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía necesita de una lámina de agua en los pantanos. Esto significa ‘x’ hectómetros en la cabecera del Tajo que no puedan pasar por el canal del trasvase.
También está el abastecimiento a La Mancha, con una población de 500.000 habitantes. Nunca hemos negado el agua a Murcia para beber y, desde luego, no se la vamos a negar a nuestros propios paisanos. Tampoco vamos a renunciar al agua del Júcar. El Júcar no es un río valenciano, estos 4.000 Hm3 que defendíamos como reserva hídrica nos permitían también trabajar en el Júcar y en la cabecera del Segura, que se está esquilmando con pozos.
Vamos a pelear por conseguir todos estos objetivos. Sinceramente, lo tendríamos mucho más fácil de haberse aceptado esa reserva hídrica que proponía el Estatuto.
¿Se ha pecado de moderados en la negociación?
No, nunca se peca de moderación, otra cosa distinta es que haya quienes se aprovechan de esta moderación. Aquí hemos sido más pacientes que el santo Job y lo hemos hecho porque entendíamos que era mejor un acuerdo. Ahora bien, desde el principio el presidente Barreda dijo que si en algún momento no se garantizaban los mínimos exigibles para nuestra comunidad, esperaríamos a una mejor ocasión para reformar el texto. El problema que hemos tenido es que el PP no ha asumido los mínimos que se le exigían al Estatuto cuando había votado unos máximos en las Cortes regionales. Es un cambio de chaqueta claro, una traición en toda regla. CLM no se merece que los líderes del PP piensen más en otras cosas en CLM.
Los ribereños insisten en poner fecha de caducidad del trasvase en 2015. ¿Es hora de volver a las exigencias máximas?
Pues no lo sé, en cualquier caso, nosotros hemos funcionado permanentemente de la mano de toda la sociedad de CLM. Han sido precisamente los componentes de la Mesa del Agua los que han exigido al presidente Barreda que no rebajara ni una gota de agua más y ni permitiera cambios en el concepto de la reserva hídrica. Seguiremos trabajando con ellos e iremos evolucionando en nuestras reivindicaciones en conjunto.
Lo que me da pena es que desde el PP se haya intentado mover un follón entre los municipios ribereños para intentar cargarse al presidente de esta asociación, cuando a quien más daño se hace no consiguiendo la reserva hídrica para CLM es, precisamente, a los pueblos ribereños. Esos 4.000 Hm3 permitirían mantener una lámina de agua en la cabecera de Entrepeñas y Buendía, que es lo que ellos están reclamando. No entiendo como determinados alcaldes del PP, que saben y conocen la problemática del agua en la zona, no le han protestado con claridad a la señora Cospedal, que es quien los está traicionando.
El PP ha llegado a dudar de la representatividad social de los miembros de la citada Mesa del Agua y afirma que la foto que se hizo el día que el PP voto contra el dictamen del Estatuto en el Congreso estaba preparada.
Para salir en una foto hay que ponerse primero delante de una cámara y quienes se pusieron delante de esa cámara son personas electas en sus propias organizaciones. Me da un poco de pena oír como se pone en cuestión absolutamente todo si la gente no está de acuerdo uno, como hace la señora de Cospedal. Lo único que demuestra es la radical soledad en que la que se encuentra. Negar la capacidad, la racionalidad y la legitimidad a estas organizaciones es tanto como cargarse a la sociedad civil porque no está conmigo. Cospedal nos tiene acostumbrados a esto, un poco más y se carga el Estado de Derecho cuando hizo las declaraciones aquellas de que los jueces, los fiscales, la policía y todo el mundo estaban conculcando la ley. Debería tener un poco más seriedad y cordura.
Los políticos de Valencia y Murcia, de los dos partidos, no han dudado en descalificar y faltar al respeto a CLM, ¿nunca han pensando en responder?
Cada vez que insultan a CLM, a alguien que como yo se siente castellano-manchego, se le revuelve las entrañas. Pero el problema no es lo que el PP o el PSOE digan en Murcia de CLM, ellos están haciendo lo que deben, que es defender a su tierra, más o menos acertadamente en las formas. El problema es que aquí tenemos una dirección del PP que, obligada por la señora Cospedal, no está defendiendo su tierra. En el PP regional hay fisuras y fuertes, mucha gente no entiende la actitud de Cospedal. No se trata tanto de darle caña Murcia, como de defender con uñas y dientes a CLM. Dándole caña a Murcia no sacamos nada, lo que tenemos que hacer es darle menos agua.
El PP defiende que su propuesta constitucionalizaba el texto…
Hay un rango de interpretación en las leyes que hace que unos puedan pensar que es constitucional y otros que no. Desde nuestro punto de vista es perfectamente constitucional pero, por si había alguna duda, el concepto de reserva hídrica ya se había acuñado en el Estatuto de Aragón. Pero incluso, aunque hubiera tenido algún tipo de problema, es preferible defender a CLM en algo que es interpretable y dejar al Tribunal Constitucional que lo interprete, antes que dejar de defender a CLM para defender tus propias ambiciones.
El PP insinuó que llevar el tema del agua en el Estatuto era inconstitucional, a pesar de que sí lo llevan, y con su apoyo, textos como el de Valencia o Andalucía.
Eso digo yo, si era constitucional en otros estatutos, lógicamente tiene que serlo también el de CLM. A mí me ha sorprendido, como a buena parte de su propia afiliación, que el PP se haya pronunciado en contra del Estatuto. Yo hablo con mucha gente afiliada al PP, de base, y no están contentos con la actuación de Cospedal. No se sienten representados y lo achacan a que ella no está aquí, a que tiene otras aspiraciones. En realidad CLM le viene chica, dicen, lo que preocupa es ganar las Generales e irse a Madrid.
Con el informe de la UCLM sobre el riego de campos de golf con el agua del trasvase en la mano, ¿se va a llevar a los tribunales a la Confederación del Segura?
Se está estudiando qué se puede hacer. Es una desvergüenza que con agua del trasvase, que es agua para un regadío concreto y para el consumo humano, se estén permitiendo ese tipo de desarrollos. No nos negamos a trasvasar agua para consumo humano, e incluso podemos hablar de qué regadíos se pueden hacer, pero nos oponemos a trasvasar agua indiscriminadamente.
Dimite el presidente de la Confederación del Segura, se considera un triunfo de CLM. Se pide que no sea murciano y nos ponen a una murciana. ¿Es una derrota?
No, yo nunca he interpretado la dimisión del presidente de la CHS como un triunfo de CLM. Es un hombre que en un momento determinado tiene problemas en su concepción y relación con el tema del trasvase y prefiere dimitir. Nosotros no dijimos que no pusieran a un murciano, sino que pusieran alguien que fuera capaz de entender los intereses no sólo de Murcia, sino también de CLM.    

Asaja, UPA y Coag en la provincia albaceteña exigieron ayer estar presentes en los órganos de decisión del agua, para evitar «ver pasar los recursos sin poderlos utilizar» o que, como explicó el representante de Coag, Fernando Ruiz, «otras comunidades tengan cinco pantanos en Castilla-La Mancha».

Las tres organizaciones agrarias se reunieron con el delegado provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, Antonio Mompó, para analizar las nuevas estrategias tras la retirada del Estatuto debido a las discrepancias entre PSOE y PP por la inclusión en el texto de una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos.

El presidente de Asaja Albacete, José Pérez Cuenca, indicó que «los ciudadanos deben tomar conciencia de lo importante que es el agua para el desarrollo de los pueblos», y añadió que en esta Región «nos cuesta, más que en otros lugares de España, mantener y poder utilizar unas aguas que nacen aquí», algo que según dijo es «inaudito».

Pérez Cuenca hizo hincapié en que su organización nunca se opondrá a la cesión de agua para abastecimiento humano, pero afirmó que la provincia «necesita desarrollarse», por lo que «no podemos permitir que, teniendo un recurso tan cerca, sean otros los que se desarrollan muy por encima de nosotros».

El representante de Asaja afirmó que la organización va a exigir al Ministerio, a nivel regional, tener presencia en los órganos de cada cuenca donde se toman las decisiones, y abogó por defender los derechos sobre el agua «sin crispación pero con lealtad y firmeza».

El secretario provincial de Coag, Fernando Ruiz, señaló que «ya está bien de que nuestros recursos los administren otros», añadiendo que «no nos oponemos al desarrollo de los demás, pero queremos tener voz en los órganos de decisión». «Los castellano-manchegos somos tan de primera como cualquier ciudadano de cualquier otra región», dijo Ruiz.

Por su parte, el secretario provincial de UPA, Julián Martínez, destacó que la Región ha demostrado su «solidaridad» en el tema del agua y su esfuerzo a la hora de modernizar regadíos para ahorrar recursos hídricos. Indicó que la reserva fijada era «la mínima para poder desarrollarnos» y pidió «altura política y responsabilidad».

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, denuncia la «opacidad» que busca Murcia sobre el uso del agua del trasvase Tajo-Segura y asegura que existen en esa comunidad «20.000 hectáreas ilegales de regadío», una superficie que aumenta cada año «de forma irregular».

Barreda, en una entrevista con Efe, se queja de que en Murcia hay una «demanda ilimitada» de agua y de que con agua del trasvase «se riegan campos de golf», como, afirma, ha demostrado un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha.

«Dicen que se riegan con agua de las depuradoras, pero hemos demostrado que hay campos de golf donde no hay depuradoras o no funcionan», añade el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, quien recuerda que su Gobierno exige de forma permanente que se delimite la zona regable del trasvase.

El presidente castellanomanchego analiza en la entrevista los motivos por los que no ha salido adelante la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y concluye: «La cuestión de fondo es que contra intereses no valen razones y en Murcia tienen mucho interés en que se mantenga el trasvase y en que haya opacidad sobre el uso del trasvase y el destino final del agua».

Barreda culpa a la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, del fracaso del Estatuto, pues -opina- no fue capaz de mantener su discurso antitrasvasista una vez que fue nombrada secretaria general del partido.

De hecho, plantea que ese cambio de postura se produjo «como si hubiera habido un pacto» con los presidentes de la Generalitat Valenciana y la Comunidad de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, y recuerda que fueron ellos los que respaldaron a Mariano Rajoy en el Congreso de Valencia de junio de 2008.

El presidente castellanomanchego lamenta también que Cospedal rehusara reunirse con él para hablar sobre el Estatuto de Autonomía, que previamente habían pactado, pero sí lo negociara con Ramón Luis Valcárcel.

A su juicio, en el debate sobre el agua, en el que la cuestión territorial pesa más que la ideológica, «todo el mundo ha hecho lo que se esperaba de ellos», menos Cospedal, que «ha acabado defendiendo a Murcia».

Asegura que, «por supuesto», intentará de nuevo sacar adelante la reforma si gana las próximas elecciones autonómicas, para lo que será necesaria «una mayoría todavía más amplia, para tener más fuerza».

Lo que él no hará, declara, es «consensuar» el texto con Valcárcel si ello supone devaluar el Estatuto, pues tienen «intereses contrapuestos».

Barreda manifiesta que le parece «muy bien» que haya un pacto nacional sobre el agua en España -un asunto que el Gobierno central ha vuelto a poner sobre la mesa esta semana-, pero exige coherencia y que «no se mida con varas de medir diferentes a unos y a otros».

En este contexto, se queja de que ahora, en el debate sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, «todo el mundo» se vuelva «coherente y racional» y defienda las competencias del Estado en materia de agua.

Barreda pregunta por qué la reserva hídrica era constitucional en el Estatuto de Aragón e inconstitucional en el de Castilla-La Mancha y por qué se olvida que Andalucía se arrogó las competencias exclusivas sobre el Guadalquivir o que la Comunitat Valenciana se atribuyó derechos sobre las aguas excedentarias de las cuencas limítrofes.

Por último, el presidente regional lanza una pregunta en el debate del agua: «¿El desarrollo sostenible que queremos para España pasa por una periferia superpoblada, completamente urbanizada, alicatada hasta la playa y un centro desértico con el oasis de Madrid?».

El mismo día, el mismo escenario e idéntica reivindicación. Un año después, el próximo 20 de junio, Talavera volverá a ser el epicentro de la batalla del agua. La convocatoria no parte en esta ocasión de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche, sino de la Ejecutiva Provincial del PSOE, aunque su vicesecretario general, Jesús Fernández Vaquero, recalcó ayer que el acto no tiene vocación «unipartidista» y que se evitarán los reproches y los enfrentamientos. El objetivo es arrancar en la ciudad la misma movilización ciudadana que existe en el Levante y aprovechar el acto para ejercer presión sobre la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para que mantenga los caudales mínimos en la provincia, ya que se prevé que el borrador del Plan de Cuenca se hará público un mes después de esta convocatoria.
Nos jugamos muchísimo toda la provincia y la región», señaló Fernández Vaquero en una rueda de prensa acompañado del secretario del PSOE local, José Miguel Camacho. El anuncio se hizo ayer y este mismo lunes se mantendrá una reunión para ir perfilando la organización. La movilización comenzará por los alcaldes socialistas, a los que se requerirá su implicación en el comité provincial que se celebrará el día 8. Después, se convocará a este segundo 20-J a los miembros de la Mesa del Agua, partidos políticos, instituciones de ámbito provincial y autonómico, organizaciones empresariales y grupos ecologistas de toda la cuenca, desde el nacimiento hasta la desembocadura, a través de una invitación formal, «con seriedad», subrayó Fernández Vaquero. El primero en recibirla será el presidente regional y «parece razonable» que vuelva a estar en Talavera, aunque la confirmación todavía no se ha producido. También se confía en la presencia de la Plataforma.
La convocatoria se sucede un día después de los abucheos que recibió Cospedal en la localidad de Sacedón. El secretario general de Juventudes Socialistas en España explicó que la causa de lo ocurrido radica en el ‘no’ que dio Cospedal al Estatuto en el Congreso de los Diputados. «Antes ella iba a cualquier municipio y no pasaba nada», recordó.
Sergio Gutiérrez también pidió prudencia a los dirigentes del PP que ayer dejaron caer que los manifestantes estaban relacionados con cargos del PSOE, «como si tener el carné de un partido político imposibilitara la protesta», añadió. Señaló que con estas acusaciones, Cospedal está añadiendo un escalón a su «psicosis política particular», que glosó con los reproches a policías y jueces en el caso Gürtel.    

El delegado de Agricultura, Antonio Mompó, convocó ayer a los secretarios provinciales de las tres principales organizaciones agrarias para explicarles sus razones para haber retirado el Estatuto y por qué motivos no puede renunciar a la reserva efectiva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua.
Mompó se reunió con José Pérez Cuenca (Asaja), Fernando Ruiz (COAG) y Julián Martínez (UPA) para explicarles que, en la parte que les afecta, el agua es necesaria para mantener las 120.000 hectáreas de regadío que se han modernizado o transformado desde el año 1996 en la región, y para seguir con nuevas transformaciones, en zonas como el Segura albaceteño, una zona de la provincia especialmente necesitada de apoyo.
«En estos momentos, hay proyectos de creación de regadíos, muchos de ellos sociales, en Elche de la Sierra, Fuenteálamo, Montealegra del Castillo, Albatana u Ontur -señaló- y todos estos proyectos, todo el esfuerzo de los agricultores, se queda en el aire si no podemos garantizarles».
Mompó indicó que todos estos proyectos son para dar «riegos de apoyo» a cultivos leñosos mediante sistemas controlados, como el goteo. Lejos, muy lejos, de los grandes consumos y dotaciones de agua que suelen ser habituales en Valencia o Murcia, tal y como subrayó el secretario provincial de UPA, Julián Martínez.
«Un riego de apoyo necesita, por término medio, unos 1.200 metros cúbicos de agua por hectárea -afirmó- pero, aguas abajo, lo normal son los 10.000 o los 20.000 metros cúbicos, no creo que estemos pidiendo la luna».
Martínez reveló que, precisamente, la explotación agraria de su familia se encuentra junto al río Mundo y casi al borde del trasvase «y, mientras trabajamos, vemos cómo baja un agua que a nosotros nos niegan».
Por su parte, el presidente de Asaja, José Pérez Cuenca, reveló que él mismo también pasa por una situación similar «pero con el Júcar, en mi caso, estoy a tres kilómetros de un río del que no puedo usar ni una gota».
La educación, para Pérez Cuenca, es simple: «ellos tienen derecho a crear riqueza con el agua, pero nosotros, también; ellos se han desarrollado gracias al agua, y nosotros tenemos el mismo derecho a hacerlo».
Fernando Ruiz, de COAG, señaló que «nosotros vamos más allá, ni siquiera les negamos el derecho a que hagan campos de golf y creen puestos de trabajo con ello, pero no a costa de los demás, hay que marcar prioridades y ceñirse a ellas, lo que no puede ser es que los últimos de la fila siempre seamos los mismos».    

La organización agraria aclara que en la asamblea de Ciudad Real no se abordó el tema del Estatuto

L.G.E. / Toledo

La propuesta de Asaja de crear una Federación regional de Comunidades de Regantes ya tiene el primer apoyo entre la clase política. Se lo dio ayer el PP de la mano de su portavoz, Carmen Riolobos, que dijo estar a favor de «todas las propuestas para buscar soluciones al problema del agua en la Región, que no ha resuelto el Gobierno».
Ya en el tema del Estatuto, Riolobos entregó a los medios la nota de prensa de la asamblea de Asaja Ciudad Real, que decía que «una vez conocida la propuesta del PP regional, Asaja entendió dicha propuesta como sensata, dentro del Plan Hidrológico Nacional», aunque esa nota también recalca que «los dirigentes de Asaja Castilla-La Mancha manifestaron que no renunciarán al agua para su Región». Por si esto es una postura diferente dentro de la organización agraria, La Tribuna se puso en contacto con organizaciones provinciales de Asaja, que ratificaron literalmente lo escrito en el comunicado, aunque aclararon que el tema del Estatuto no fue abordado en la asamblea ciudadrealeña.

Reunión Asaja-Cospedal
Aclararon que a título informativo, el presidente de Asaja Ciudad Real informó que se había celebrado una comida con Cospedal, ocasión que aprovechó la líder del PP para explicar las propuestas que tiene su partido en materia hídrica. En dicha reunión, fueron algunos dirigentes de Asaja los que manifestaron que entendieron como «sensata» la iniciativa popular en torno al Plan Hidrológico Nacional, pero que la dejaron claro que no renuncian al agua. Las fuentes consultadas aclararon que la nota de prensa de Asaja Ciudad Real no recoge la posición oficial de Asaja Castilla-La Mancha sobre la enmienda del PP en el Estatuto, sino que dicha postura es la que marcan sus dirigentes regionales.
También aclararon que, como adelantó el secretario general de la organización, José María Fresneda, Cospedal reconoció que había habido falta de diálogo entre el PP y Asaja en la fase final de la negociación del Estatuto. Desde la organización agraria lamentaron el poco tiempo con el que se presentó la propuesta del PP y Cospedal explicó que se debía a las exigencias de los tiempos políticos.
Además, la portavoz regional del PP denunció ayer los abucheos y las pitadas que recibió Cospedal en su visita a Sacedón. Acusó directamente a Barreda de «azuzar» a su «kale borroka» y de preparar una campaña «sucia y asquerosa». Curiosamente, ayer se vivió un nuevo momento tenso, esta vez contra Barreda. Un grupo de jóvenes de NNGG le exigieron a gritos que dimitiera durante una inauguración en Cuenca.    

Cospedal llama «traidor» a Barreda, y el presidente dice que la líder del PP no defiende a la Región

Vecinos de pueblos de la cabecera del Tajo abuchearon ayer a la dirigente popular con frases como «fuera» o «preséntate por Murcia»

REACCIONES

FRANCISCO CAMPS PRESIDENTE C. VALENCIANA

Dijo ayer que «es una triunfo de toda la sociedad valenciana» el que finalmente el Estatuto de Castilla-La Mancha mantenga el trasvase.

Mª DOLORES DE COSPEDAL PRESIDENTA REGIONAL DEL PP

Declaró que cuando sea presidenta de la Región, elaborará un nuevo Estatuto «que salga con el consentimiento de todo el mundo».

JOSÉ Mª FRESNEDA SECRETARIO REGIONAL ASAJA

Propuso al Gobierno regional que se cree una Federación Regional de Comunidades de Regantes, que fuera «la voz» del sector, con discurso único.

JOSÉ MARÍA BARREDA PRESIDENTE CASTILLA-LA MANCHA

Barreda preguntó ayer al PP por qué si la reforma del Estatuto era un «capricho individual» suyo la apoyan los agentes sociales.

La retirada del Estatuto de Castilla-La Mancha de su trámite parlamentario ha elevado el tono del debate político en la Región. Y ayer se subió un escalón más, con acusaciones que parecen más propias de una campaña electoral que de un momento como el actual. Como ejemplo, las declaraciones de la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, que manifestó que el «fracaso» de la reforma del Estatuto es «responsabilidad exclusiva» del presidente regional, José María Barreda, a quien acusó de «traidor» y de «vender su tierra».

Estas palabras de Cospedal se produjeron poco después de que el presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, dijera que «es una triunfo de toda la sociedad valenciana» que finalmente el Estatuto manchego mantenga el trasvase del Tajo al Segura y no fije una reserva hídrica. Según Cospedal, «la estrategia de Barreda con respecto al agua ha consistido en utilizarla como arma electoral» e insistió en que lo ocurrido con el Estatuto de Castilla-La Mancha es «un fracaso personal» del jefe del Ejecutivo regional.

Por cierto, que la número dos del PP y presidenta de este partido en Castilla-La Mancha fue recibida a las puertas del Ayuntamiento de Sacedón por un grupo de sesenta vecinos (según la Guardia Civil), que le gritaron que «se presente por Murcia». El PP responsabilizó de estos actos al Gobierno regional.

De Cospedal, que desplazó hasta Sacedón para entrevistarse con los alcaldes del PP de los municipios ribereños de los pantanos de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, entró en el Ayuntamiento en medio de los abucheos de los vecinos, que le gritaron «vete, renuncia, preséntate por Murcia» o «fuera, fuera», y exhibieron pancartas contrarias a su actitud en la negociación del Estatuto castellano-manchego.

Visita «no grata»

En declaraciones a los medios, una portavoz de dichos vecinos, María Luz Nieto, dijo que la visita de la presidenta regional del PP a Sacedón «no es grata, ya que nunca ha mostrado preocupación por el bienestar de los pueblos ribereños y sus necesidades». La presidenta regional del PP, tras más de una hora reunida con los alcaldes y portavoces de su partido para hablar del Estatuto de Castilla-La Mancha, redujo a unos tres minutos el tiempo de atención a los medios de comunicación, a los que sólo respondió a dos preguntas, ante la proximidad de los manifestantes que la habían abucheado a su llegada a Sacedón. La dirigente popular reprochó al presidente autonómico los «reiterados incumplimientos» a la hora de llevar a cabo «el prometido» Plan de Desarrollo de los Municipios Ribereños, ya que «ni una sola de estas localidades cuenta con una depuradora de agua, algo que recogía el Plan Autonómico de Depuradoras», criticó. Por su parte, José María Barreda dijo que «todo el mundo en todas las comunidades autónomas ha hecho lo que se esperaba de ellos» y les corresponde, «defender su territorio», con la excepción de la jefa de la oposición castellanomanchega, María Dolores de Cospedal. Así analizó Barreda en una rueda de prensa en la sede de la Presidencia regional el problema del agua en las reformas estatutarias de los últimos años, logradas o intentadas.

Barreda recordó que el PP de Aragón apoyó al Gobierno aragonés e incluso «imponiendo el concepto de reserva hídrica», así como el PSPV pactó en el Estatuto valenciano quedarse con los sobrantes hídricos de las cuencas «supuestamente» excedentarias de otras comunidades. También recordó cómo el PP de Andalucía dio el sí a incluir en el Estatuto una gestión exclusiva del Guadalquivir o cómo el PSRM ha apoyado al Gobierno murciano para que continúe el trasvase de la cuenca del Tajo a la del Segura.

En esta línea, la Comisión Ejecutiva del PSOE de Albacete acordó, en su reunión de ayer por la tarde, realizar una campaña en todos los municipios de la provincia para explicar la «traición» de Cospedal, «a Castilla-La Mancha, en su derecho al agua».

Barreda se preguntó ayer por qué si la reforma del Estatuto es «un capricho individual» suyo «como se ha llegado a decir» ha sido apoyada, primero por el PP, en las Cortes, y después por los agentes sociales de la región.
El presidente regional dijo que la necesidad de reformar el texto no es un «tema personal, sino institucional», y por eso hubo unanimidad en las Cortes «y durante casi dos años hemos hablado de él».
«Si fuera un tema personal ¿por qué lo apoyarían tan claramente como están haciendo los empresarios, los sindicatos, las organizaciones profesionales agrarias, y las Cámaras de Comercio?. No -puntualizó-. Es una cuestión importante desde el punto de vista institucional, económico, e incluso de la dignidad de la propia Región».
Hecha esta matización, el presidente regional, sobre las manifestaciones realizadas desde el PP cuestionando el apoyo de los agentes sociales al Estatuto, defendió que «ellos están explicando por qué apoyan al Gobierno de CLM, y por qué han respaldado nuestro planteamiento».
«Esa lógica es peligrosa para quien trata de utilizarla, y el miércoles el presidente de los empresarios contestó con mucha claridad, cuando Cospedal puso en duda su representatividad, diciendo que algunos empresarios le han dicho que opinan de otra manera. Nicolás dijo que muchos concejales, y muchos más militantes del PP, no comprenden lo que está haciendo la señora Cospedal», dijo.

Sólo en CLM la oposición no apoyó
Insistió en que con el texto autonómico se ha producido una situación «muy singular, porque es verdad que todo el mundo en todas las comunidades ha hecho lo que se esperaba de ellos». Tras recordar que el PP, tanto en Aragón, como en Valencia y en Andalucía, apoyaron a sus respectivos gobiernos a la hora de tramitar sus respectivos textos autonómicos, añadió que incluso «el PSOE de Murcia apoyó a Valcárcel contra del Estatuto de CLM».
«Todo el mundo desde su territorio ha hecho lo que le corresponde para defender su territorio, menos la señora de Cospedal, y eso objetivamente nos debilita, digámoslo con claridad», admitió el presidente regional, que puntualizó que «aprobar nuestro Estatuto de Autonomía nunca fue fácil».
Reconoció que aprobar el texto «era complicado, porque había muchos intereses contrapuestos, muy beligerantes, muy activos para impedirlo. Pero si además no hay unanimidad política en CLM -precisó- la debilidad es grande, y además la aritmética parlamentaria no da para aprobarlo, porque se diga lo que se diga contra datos objetivos no caben operaciones de distracción».

Desarrollo
Por su parte, José Manuel Tofiño, alcalde de Illescas, tras manifestar que la retirada del texto es muy negativo para cualquier municipio de la región», confirmó que la localidad que gobierna «ha estado mucho tiempo esperando informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo para poder tener desarrollo industrial y residencial, y a veces hemos padecido retrasos».
En un momento de dificultad económica como el de ahora esos retrasos serían comprensibles, apostilló, «pero cuando había una época económica positiva se nos impidió crecer desde el punto de vista industrial, porque se nos negaba el agua, no había suficiente», lamentó Tofiño, quien añadió que esa falta de recursos provocó que muchas de las industrias que se podrían haber implantado en Illescas «estén en otros lugares, de otras regiones, y en otras economías del Estado español».
Mientras, el alcalde de Toledo se mostró convencido de que el tema del agua va a tener enfoque, y va a tener arreglo, afirmó que «de la única manera que no va a tener arreglo es si alguien se empeña en aprobar un Estatuto que signifique claudicar y blindar el trasvase». «Lo que querían algunos dirigentes del PP, aguando por completo el Estatuto de CLM, en el fondo era más grave que lo que mucha gente se piensa, porque era simple y llanamente blindar. Se imaginan a Valcárcel diciendo ¡pero hombre, si hasta el Estatuto de CLM blinda el trasvase!», exclamó Emiliano García Page.
Por ello, invitó «a este triángulo -Valcárcel, Cospedal y Tizón- a que vengan al río, y hablen desde el Tajo, y le digan a los ciudadanos de CLM sus razones. Se lo recordaré una semana, y otra, y otra vez» porque «me da la sensación de que, simple y llanamente, Cospedal se ha puesto a las órdenes de Valcárcel, y eso tiene un nombre», concluyó.    

El pleno de Les Corts Valencianes ha acordado hoy instar al Ministerio de Medio Ambiente a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del convenio firmado en 2001 entre el Ministerio y la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), sobre la explotación y conservación del embalse de Alarcón.

El texto, que había sido planteado inicialmente por el grupo Compromís, ha salido finalmente adelante con una redacción alternativa propuesta por el PP, que ha sido respaldada por todos los grupos, a excepción de Esquerra Unida, que se ha abstenido.

Les Corts también dan su apoyo a los usuarios valencianos del Júcar en su oposición a cualquier reducción de los caudales destinados a los regadíos tradicionales valencianos de la Ribera del Júcar, de forma que se siga garantizando el derecho de las entidades de riego integradas en USUJ al uso preferente del embalse de Alarcón.

Asimismo, se insta al Consell a que continúe dando todo el apoyo institucional y político que requieran los usuarios valencianos del Júcar.

La propuesta había sido presentada por Compromís, al entender que el Ayuntamiento de Albacete «estaba incumpliendo el convenio de Alarcón, gastando el agua que le tocaba a la parte valenciana y sin pagar lo que estaba previsto», según ha explicado el diputado Josep Maria Pañella.

Según ha indicado, el llamado Convenio de Alarcón fijaba unas reservas mínimas para los usuarios valencianos, y en caso de cederlas, se les debería indemnizar económicamente, «lo que no ha sucedido hasta el momento, y por eso el Ayuntamiento de Albacete debe más de un millón de euros» a la USUJ.

El diputado del PP César Sánchez ha dicho que entre todos se está defendiendo y apoyando hoy un derecho de los regantes y usuarios valencianos, y ha destacado que el Gobierno ha apoyado siempre el convenio de Alarcón y su cumplimiento, y que los intereses hídricos están por encima de cualquier cuestión partidista.

El socialista Adolf Sanmartín ha defendido que el Ayuntamiento de Albacete debe pagar lo que debe, marcado por convenio y por muchas sentencias, la última del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, pero ha dicho al PP que no reivindique ahora un plan hidrológico de cuenca al que nunca se quiso presentar, pese a los requerimientos judiciales.

El diputado de EU Lluís Torró ha indicado que están de acuerdo con el texto, pero considera que se debería haber incorporado que las condiciones que se establecen deben estar siempre dentro del marco del nuevo plan de cuenca y el cumplimiento de la directiva marco del agua.

El vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, ha anunciado hoy que el Consell, respaldado por las Cortes, exigirá al Gobierno central que los caudales del río Júcar «se mantengan según las leyes actuales», en alusión al Convenio de Alarcón, suscrito en 2001.

Según informa la Generalitat, el también conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo e Industria ha recordado que en el citado convenio, «se fijan unas reservas mínimas para los usuarios valencianos del Júcar y en caso de no cederlas se les debería indemnizar económicamente, algo que no ha sucedido hasta la fecha».

«Si Albacete cogió agua del Júcar cuando no le correspondía, que pague la multa correspondiente, y así lo exigiremos al Ministerio con el fin de que haga cumplir la Ley», ha señalado.

El conseller ha defendido que los usuarios del Júcar puedan seguir usando el agua para beber y para regar y ha asegurado que no va a permitir que «una nueva trampa» del presidente de Castilla-La Mancha perjudique a la Comunidad.