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La Región de Murcia no quiere volver a vivir momentos de incertidumbre con respecto al agua, como los acontecidos recientemente con el Estatuto de Castilla-La Mancha, donde se ponían en peligro los recursos hídricos procedentes del trasvase Tajo-Segura.

Para ello, la nueva reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia incluirá el derecho al Agua en el apartado de Derechos Ciudadanos, entre otros. Los diputados de los diferentes grupos parlamentarios se reunieron ayer en la ponencia de la Comisión Especial para la reforma del Estatuto para presentar cada uno su propuesta de qué derechos deberían estar reflejados en el texto estatutario.

El diputado del PP Pedro Chico explicó que su formación propone incluir una cláusula general de derechos que haga referencia a los de la Constitución española y de la Unión Europea con el objetivo de que no sea «un Estatuto reglamentista con muchos artículos, como el de Cataluña», así como un epígrafe específico para los derechos sociales, como educación o sanidad, y otro con los principios rectores de las políticas públicas.

Chico indicó que el PP pretende introducir un apartado dedicado en exclusiva al agua y que refleje los principios de solidaridad, igualdad, ecuanimidad y justicia, con el fin de que «no sea objeto de tensiones territoriales», en alusión al Estatuto manchego, que ha sido retirado del Congreso por el desacuerdo entre los dos partidos mayoritarios por la política hídrica.

El diputado popular subrayó que en este momento los grupos parlamentarios están marcando las directrices de un Estatuto «moderno» que perdure en el tiempo y resaltó que en la ponencia existe un «buen ánimo de consenso» entre los mismos.

Por su parte, la diputada socialista Teresa Rosique presentó su propuesta con una treintena de derechos a la vivienda, la sanidad, la educación o a la protección de colectivos desfavorecidos, que también incluye el derecho al agua o a una renta mínima de inserción que «en estos momentos es una utopía en la Región».

Asimismo, el diputado de IU, José Antonio Pujante, señaló que su intención es que se incluya el mayor número de Derechos Ciudadanos posible en su Estatuto, por lo que en su propuesta contiene más de 70 con el fin de avanzar en la calidad de vida y la garantía de los servicios básico a la población de la Región de Murcia.

Después de la semana tan «movida» en la región tras la retirada del Estatuto, el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, quiso compartir ayer un desayuno con los medios de comunicación para hablar «de todo lo que queráis», dijo, aunque lógicamente el tema principal fue el agua. Aunque se mostró muy prudente a la hora de calificar las posturas adoptada por PSOE y PP en este asunto, sí dijo que en la reunión mantenida el día antes con la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, éste le reconoció que había faltado diálogo ente PP y Asaja «creo que el diálogo no ha sido fluido».

Aún así, reconoció que todo lo que se está hablando ahora es ya un debate «estéril» y los agricultores lo que quieren es que sus explotaciones sean rentables y «pasan» de la polémica del Estatuto.Ahora lo que toca es «negociar en cada una de las cuencas hidrográficas» que Fresneda cree que se paralizará por la elecciones.

Sí dejó claro que la retirada del Estatuto supone «un frenazo en seco» al desarrollo de Castilla-La Mancha, porque sin agua no hay desarrollo, «pero el agua la vamos a tener tarde o temprano, por las buenas o las malas». Y puso como ejemplo de que no ha sido bueno que no haya un acuerdo en la tramitación del texto estatutario en cómo se ha celebrado en Levante.

Voz única de regantes

Por otro lado, José María Fresneda indicó que su organización agraria ha propuesto al Gobierno regional, aunque sólo de forma verbal, la constitución en Castilla-La Mancha de una Federación Regional de Comunidades de Regantes, que fuera «la voz única» del sector.

Dijo que, aunque hay muchas diferencias y distintas formas de actuar entre los regantes de una zona y otra de la región, se podría constituir una organización que serviría para tener un discurso único, que fuera la voz de los regantes en la Comunidad Autónoma y mucho más poderosa.

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños a los embalses de Entrepeñas y Buendía, Julián Rebollo, pidió ayer al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y a la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, que retomen el acuerdo que en su día rubricaron en las Cortes autonómicas «poniendo una fecha de caducidad, concretada en 2015, al trasvase Tajo Segura». Rebollo, en el transcurso de una rueda de prensa, insistió en la importancia que van a tener las negociaciones sobre las necesidades hidrológicas futuras para la cuenca del Tajo «ahora que se ha retirado el Estatuto».

En este sentido, a preguntas de los periodistas, insistió en que sus informaciones ubican esas negociaciones para este verano «porque, de hecho, debería haberse aprobado el Plan de Cuenca a 31 de diciembre de 2009», pero tampoco descartó que la Confederación Hidrográfica las retrase «habida cuenta de todo el ruido mediático que se ha organizado y de la cercanía de las elecciones».

El presidente de la Asociación de Municipios se mostró disgustado con la división que se está produciendo dentro de la institución «porque algunos alcaldes tienen que justificar a sus jefes políticos», pero quiso dejar claro que su presidencia y las decisiones tomadas en la última Asamblea de la Asociación se adoptaron democráticamente, criticando la postura adoptada por los representantes del Partido Popular queriendo cambiar la denominada reserva de 4.000 hm3 por la de estimación de necesidades «porque no tiene nada que ver una cosa con otra». Y es que la polémica del Estatuto sigue más que viva. Ayer, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, criticó -sumándose así a las declaraciones de su jefa de filas, María Dolores de Cospedal- el «montaje electoral» en torno al agua y al Estatuto de Castilla-La Mancha promovido por el Gobierno regional, al tiempo que señaló que tanto empresarios como sindicatos tendrán que «explicar» su posición en este asunto, al respaldar la postura del presidente Barreda. A este respecto, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, lamentó que la presidenta del PP regional, María Dolores de Cospedal, «llegó a Castilla-La Mancha insultándonos» y ahora «va a la carga» contra los empresarios, los agricultores y los sindicatos.

Y mientras tanto, Cospedal trató de defenderse ante la oleada de críticas que le están cayendo desde el PSOE y otros colectivos. Así, la presidenta del PP en Castilla-La Mancha aseguró que si ella no fuera la secretaria general del Partido Popular su actuación como presidenta del PP en la región en el tema del Estatuto de Autonomía «habría sido exactamente la misma», porque «la ventaja que tenemos en mi partido es que podemos decir lo mismo en todas partes y consideramos que no hace falta enfrentarnos entre las comunidades autónomas y el Estado para hacer política económica».

«Sectarismo» en TVE

Por cierto, que a juicio del PP regional, TVE ha actuado con «sectarismo y manipulación», en lo que considera «campaña de apoyo a las tesis del presidente de Castilla-La Mancha en relación al Estatuto regional.

Y la otra cara de la moneda, en Valencia y Murcia. Varios cientos de regantes del sur de la Comunitat Valenciana agradecieron a los presidentes de la Generalitat, Francisco Camps , y la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel , «los presidentes del agua», la continuidad del trasvase Tajo-Segura. Los agricultores alicantinos expresaron esta gratitud en el primer acto conjunto de los dos líderes autonómicos tras la retirada del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha, que de haber salido adelante habría supuesto el fin del citado trasvase.

De otro lado, el portavoz del grupo socialista, Pedro Saura, y el presidente de Murcia se disputuaron en un pleno de la Asamblea Regional la retirada del texto de reforma del Estatuto.

LOS PROTAGONISTAS

ANA GUARINOS PP CASTILLA-LA MANCHA

«Empresarios y sindicatos tendrán que explicar su apoyo a Barreda»

ISABEL RODRÍGUEZ PORTAVOZ JUNTA

«Cospedal sólo se pone firme ante Valcárcel»

R. LUIS VALCÁRCEL PRESIDENTE MURCIA

«Zapatero debe poner soluciones»

Mª D. DE COSPEDAL PRESIDENTA PP REGIONAL

«Nosotros podemos decir lo mismo en todas partes»

Valencia- El Ayuntamiento de Albacete sólo pagará el millón de euros que debe a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) por las aguas que ha recibido del embalse de Alarcón si lo dice el Tribunal Supremo. El concejal de Medio Ambiente y Sosteniblidad del Consistorio manchego, Ramón Sotos, reconoció que  existe una primera sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar esta cantidad, pero indicó que, como va a ser recurrida, aún cabe otro pronunciamiento por parte del Alto Tribunal.
Les Corts votarán hoy una proposición no de ley presentada por Compromís, en la que instan al Ministerio de Medio Ambiente a que obligue al Ayuntamiento de Albacete a liquidar la deuda que tiene con USUJ. Sin embargo, con toda probabilidad saldrá adelante  una enmienda del PP presentada a la proposición de Compromís, en la que pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para satisfacer los derechos que se le reconocen a los usuarios tradicionales del Júcar. Sin embargo, no nombra expresamente que el Ayuntamiento de Albacete sea el responsable.
Sotos, según recoge La Tribuna de Albacete, critica que un grupo político quiera interferir en un asunto que únicamente compete a los regantes del Júcar. Además, lamentó que los grupos políticos valencianos quieran que «el Ayuntamiento de Albacete, la única capital de provincia que tiene ahora mismo abastecimiento del Júcar, pague por ello, cuando es un derecho que le corresponde».
El convenio de Alarcón, suscrito en 2001 por el Gobierno,  los Ejecutivos autonómicos de la Comunitat y Castilla- La Mancha y los regantes de USUJ, establece que, cuando el embalse se encuentra en reserva, los regantes del Júcar no tomarán agua del mismo, sino que la cederán a los abastecimientos urbanos. A cambio, los Ayuntamientos pagarán a los regantes el coste que   supone sacar el agua de los pozos, extremo que Albacete se niega a cumplir.

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, acompañados de varios de sus conselleres (Juan Cotino, Maritina Hernández y Mario Flores por el lado del valenciano), se dieron ayer un baño de muestras de cariño de regantes en Orihuela después de que se haya abortado el estatuto de Castilla-La Mancha y con ello, la condena del trasvase Tajo-Segura. Reivindicaron un pacto del agua, el Plan Hidrológico Nacional (PHN), trasvases del Ebro, el Júcar y el Tajo, porque sus regantes son «los que más partido sacan a cada gota».
Arremetieron contra el PSOE y contra Rodríguez Zapatero en un acto que era institucional pero que más bien parecía un mitin; recogieron besos, abrazos, «enhorabuenas» y aplausos, y se marcharon. Dejaron inaugurado el embalse de la acequia de Puertas de Murcia, la última obra visitada por el ex conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, antes de morir el pasado verano. Y para él hubo muestras de cariño también: «Creo que nos ha echado una mano desde arriba, un trasvase cielo-tierra», dijo Camps. Además hubo mención al presidente hasta hace unos días de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita, de quien dijo la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, que «quiso mantener el sentido común y le costó el puesto; dijo que el Tajo-Segura no se toca y su propio gobierno le ha quitado la confianza». La anfitriona alabó a los presidentes diciendo que «no nos han fallado».

«Mesías» del agua
Camps llegó a ponerse ya no de «presidente del agua», sino casi de «mesías», recordando que el anterior juez de Aguas de Orihuela, Antonio Barberá, le dijo hace años: «Presidente, no nos abandones que sabemos que el camino que nos indicas es el correcto, que vamos contigo a donde haga falta». En varias ocasiones aclaró que pretende seguir al frente de la lucha por el agua desde el timón de la Generalitat: «Desde aquel día hasta hoy juntos, y todavía muchos años más», sentenció.
«Hoy es un día de felicidad, porque hemos cumplido nuestra palabra. Durante tantos años hemos trabajado juntos, y nos quedan muchos más, defendiendo aquello que creemos justo; les dijimos que estaríamos con ustedes (a los regantes), han intentado equivocarles con discursos que no son ciertos, decirles que pasaba algo raro, y aquí hemos estado ustedes y nosotros juntos, con el mismo objetivo», manifestó Francisco Camps.
Valcárcel, por su parte, insistió en que «no vamos contra nadie», pero que «los políticos ponen soluciones a problemas, aunque en este caso teníamos la solución, el PHN y el Ebro, pero llegó alguien que la destruyó y creó el problema. (…) Pero, ¿a quién se le ocurre castigar a estas tierras, dejar sin beber a dos millones de personas y destruir decenas de miles de puestos de trabajo por una decisión política?».
Los agricultores se postularon del lado popular: «El PSOE nos dio buenas palabras, pero su voto ha sido sí a ir en contra de los regantes (…) Nos quitaron el Ebro y querían hacer lo mismo con el Tajo, eso hay que recordarlo», subrayó el presidente de Fecoreva (Federación de Comunidades de Regantes Valenciana), Benjamín Aparicio. El juez de Aguas de Orihuela, Jesús Abadía, coló su cuña: «Estamos muy agradecidos, pero no puedo dejar de pedir la tubería de la acequia de Callosa, su construcción supondrá poder regar a muchas familias».
La retahíla de políticos murcianos y valencianos inauguró ayer dos embalses de 110.000 y 20.000 metros cúbicos, con los que se regarán 650 hectáreas por goteo desde la acequia Puertas de Murcia. De ahí beberán las tierras de mil agricultores de Orihuela, que comenzaron a reclamar esta obra (con un coste de 6,5 millones de euros) hace tanto tiempo que el antiguo juez Aguas de Orihuela, Antonio Barberá, ni se acuerda: «Era consellera de Medio Ambiente Ramón Llin», hacía memoria ayer. Ahora lo que hace falta es que los embalses no se sequen.

La portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, aseguró hoy que la nueva Agencia del Agua de Castilla-La Mancha permitirá tener en un único organismo todas las competencias que anteriormente estaban en diferentes departamentos del Ejecutivo autonómico, con el fin de reforzar la coordinación en las actuaciones sobre los usos del agua y «tener más fuerza» ante otras administraciones para defender con único interlocutor todas las necesidades de la región relacionadas con los recursos hídricos.

   Según aseguró Rodríguez, en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, pese a que el pasado lunes el pleno de las Cortes regionales decidiera retirar el Estatuto de Autonomía, «continúa una lucha por algo que creemos que es justo como defender nuestros intereses en materia de agua», manifestó.

   De este modo, explicó que la nueva Agencia del Agua es un «instrumento básico» que deberá comenzar a funcionar en junio de este año con el fin de «potenciar el uso sostenible del agua en la región, trabajar en la promoción de las infraestructuras hidráulicas y en la defensa y la protección del agua en coordinación con las distintas administraciones», agregó.

   «Al unificar las competencias nos será más fácil coordinar todas aquellas acciones que tienen que ver con el agua en nuestra región», aseguró Rodríguez, que añadió que anteriormente, a través de la empresa Aguas de Castilla-La Mancha, solamente se podía actuar en las infraestructuras y ahora se podrá intervenir también en la planificación, la ordenación y la interlocución política en materia de agua.

   La portavoz del Ejecutivo castellano-manchego explicó que esta nueva Agencia no va a suponer un coste adicional porque se concentrará el personal y el presupuesto que existían en los diferentes departamentos del Gobierno regional. «Es un paso hacia adelante que afrontamos ahora con más pasión, fuerza y apoyo social de todos los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha en defensa del agua», apostilló.

TABLAS DE DAIMIEL

   A preguntas de los medios sobre la vigilancia de la Unión Europea (UE) sobre las Tablas de Daimiel, Rodríguez aseguró que el parque cuenta hoy «con un paraje espléndido» y reafirmó el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha para intentar «por todos los medios» que ese esplendor continúe.

   Pese a que reconoció que han sido las lluvias caídas durante el invierno las que han propiciado la situación, la portavoz del Ejecutivo castellano-manchego se refirió al Plan Especial del Alto Guadiana, que aseguró que será el que posibilite la cantidad de agua suficiente en Las Tablas como para mantener los humedales.

   «Vamos a instar al Ministerio para que dé los pasos oportunos para que continúe la solución de este Plan si cabe ahora con más fuerza para mantener y aguantar ese esplendor que ahora está en Las Tablas de Daimiel», concluyó.

El secretario del PP en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, se comprometió ayer a dimitir si ante notario se certifica que la propuesta del PSOE en materia hídrica planteada en la reforma del Estatuto de Autonomía de la región es igual a la fórmula plasmada en el Estatuto de Aragón, y que ha sido uno de los argumentos de los socialistas para plantear la reserva estratégica en el texto.

Si se demostrara lo contrario, apuntó, será el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, el que «tendrá que dimitir». En rueda de prensa, flanqueado por la portavoz del Grupo Parlamentario, Ana Guarinos, y el secretario de Acción Parlamentaria, Leandro Esteban, el secretario regional del PP instó al presidente regional, José María Barreda, «si tiene valentía, si quiere dar la cara, si quiere que le crean los castellano-manchegos» a acudir al notario con él. «Si certifica que la propuesta es como la de Aragón, este humilde secretario general del PP dimite», destacó. Sin embargo, si se demuestra lo contrario, apuntó, «Barreda tendrá que dimitir por mentiroso». Tirado pidió a Barreda que elija notario y elija hora porque le gustaría que fueran los notarios quienes certifiquen «quién miente» y «no un partido u otro». Además, aprovechó para pedir al presidente que explique por qué «ha traicionado» a Castilla-La Mancha y volvió a solicitar su dimisión. En este sentido, Tirado lamentó que Barreda haya «dado la espalda a los castellano-manchegos» y «haya pensado de manera egoísta», al tiempo que defendió la propuesta del PP como «real, efectiva y buena para Castilla-La Mancha».

Asimismo, dijo que con la fórmula del PP se hubieran garantizado los 4.000 hectómetros cúbicos y dejó claro que la región necesita alguien que la defienda y no que mienta.

División en los ribereños

La división llegó también a la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía después de que los alcaldes del PP hayan solicitado la dimisión del actual presidente, el socialista Julián Rebollo. Ayer, los alcaldes y concejales ribereños del PSOE apoyaron a Rebollo y acusaron a los ediles del PP, entre los que citaron al de Pareja, Javier del Río, de actuar según «órdenes expresas» de Cospedal». Un extremo que negó el presidente del PP de Guadalajara y alcalde de esa ciudad, Antonio Román, uno de los muchos cargos del PP que hablaron ayer sobre el proceso, entre ellos el secretario general del PP de Toledo, Jesús Labrador, quien señaló a Barreda como «el asesino» del Estatuto. Hasta María del Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel, el edil asesinado por ETA, ha hablado sobre este asunto para culpar al presidente regional de lo ocurrido. Entre tanto, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha subrayado los esfuerzos realizados para sacar adelante el Estatuto con una «especie de reserva» en el preámbulo del Estatuto, una fórmula «que no dañaba a nadie, equilibrada y que, además, garantizaba agua a todo el mundo».

El secretario regional de CC OO, José Luis Gil, se dirigió ayer a «los votantes y afiliados del PP» para que reflexionen acerca de la actitud de sus dirigentes sobre la reforma del Estatuto de Autonomía que, opinó «es muy poco patriota».

El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de La Roda, Javier González, informa a los agricultores rodenses del desarrollo de unas charlas organizadas por la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha (Agecam), en colaboración con cooperativas agroalimentarias de la región, sobre la agricultura de conservación.

Se trata de unas jornadas de campo provinciales enmarcadas en la ‘Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España (2008-2012)’, con el fin de concienciar a los agentes del sector sobre la importancia de la eficiencia energética como criterio básico para la viabilidad futura del sector agrario.

Javier González señaló que esta jornada se realizará el próximo día 13 de mayo en Finca Casa Jara, sita en la Ctra. De La Roda-Tarazona, Km. 53.

La jornada se estructura en una parte teórica, a modo de introducción, y otra parte práctica que se desarrollará a pie de campo, viendo parcelas de agricultura de conservación y explicando a los asistentes cómo se aplican estas técnicas y sus beneficios frente a las técnicas tradicionales. Las personas interesadas en asistir, deberán formalizar su asistencia en el correo sromero@agroalimentariasclm.coop.

El Tribunal Supremo ha reprochado al Gobierno de Castilla-La Mancha que utilice motivaciones «exclusivamente políticas» para oponerse sistemáticamente a los desembalses de agua del Tajo para los regadíos del Segura. Por ello, aconseja que ese tipo de razones queden al margen de los tribunales.

Así figura expresamente en la última sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Supremo, sobre uno de los habituales recursos de Castilla-La Mancha contra los desembalses. En este caso se trata de un envío de socorro de 11 hectómetros autorizado por el Consejo de Ministros en febrero de 2007, en plena sequía. Otros 11 hectómetros se enviaron para dar de beber a la población.

La sentencia -difundida ayer por el Gobierno murciano- sostiene que el Consejo de Ministros autorizó ese pequeño desembalse para evitar pérdidas irreparables en la agricultura. Asimismo, indica que ese volumen era «legalmente excedentario», a la vista del agua que había en ese momento almacenada en Entrepeñas y Buendía, que era de 306 hectómetros. El Tribunal Supremo lanza asimismo una velada reprimenda al Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Indica que el recurso contencioso administrativo «está inspirado en razones exclusivamente políticas, como las que han movido a la Administración autonómica» a recurrir «sistemáticamente todas las decisiones de trasvase para riego acordadas desde hace unos años sin entender que esas razones deberían quedar al margen de los tribunales».

Mientras, la realidad de las cifras sigue avalando la continuidad del Tajo-Segura: la cuenca cedente, cuyos embalses se hallan al 78,1% de su capacidad, ha ganado 205 hectómetros cúbicos en una semana, hasta rozar los 8.600. Un volumen que supone once veces y media el del Segura. El jefe del Consell, Francisco Camps, y su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, se reúnen hoy en Orihuela tras el éxito de su frente común contra la reserva del Estatuto castellano-manchego.