El diputado del grupo parlamentario Compromís y secretario general del Bloc, Enric Morera  ha preguntado a la alcaldesa de Alzira ¿cómo defiende que no se esquilme el agua del Xúquer, estando a favor de enviar agua de boca al Vinalopó?, tras considerar que «aquí en la Ribera no se puede beber el agua del Xúquer».

El dirigente nacionalista, que dio ayer en Alzira una conferencia de prensa junto con el diputado autonómico, Josep Mª Pañella y los ediles de Alzira y Sueca, Carles Aranda y Dolors Pérez, advirtió sobre el derecho de los valencianos «a tener un río vivo» y a usar sus aguas «de forma sostenible».  

Compromís ha presentado una proposición no de ley ante las Cortes Valencianas para que insten al Ministerio de Medio Ambiente a que «mediante la Confederación Hidrográfica del Júcar se obligue al Ayuntamiento de Albacete a liquidar la deuda que tiene con la Unió Sindical d’Usuaris del Xúquer y que pasa la cantidad de un millón de euros, más los intereses de demora, en un plazo no superior a los tres meses».

Morera recordó que los gobiernos central, valenciano y castellano-manchego firmaron junto con los regantes valencianos en el año 2001, el Convenio de Alarcón, por medio del cual se fijaron unas reservas mínimas para los usuarios valencianos. El convenio contempla que en el supuesto de ceder agua de estas reservas,» se debería indemnizar económicamente, caso que no ha sucedido hasta el momento y por ello el ayuntamiento de Albacete debe más de un millón de euros a la Unió Sindical d’Usuaris del Xúquer».

El Bloc propone un acuerdo entre promotores

 y familias para alquilar viviendas

Los dirigentes del BLOC han iniciado conversaciones con promotores y constructores para que las viviendas   que no tienen salida, a causa de la crisis económica, puedan ser alquiladas, a bajo precio, a las familias con escasos recursos económicos.

La edil de Sueca, Dolors Pérez explicó que los ayuntamientos «podrían gestionar la solicitud de las viviendas mientras llegan las ayudas», fórmula ésta que «facilitaría a los promotores la salida de las viviendas vacías».

Pérez aprovechó la ocasión para denunciar «la grave situación de las comunicaciones de la Ribera» tras necesitar «más de media hora» para realizar el recorrido entre Sueca y Alzira. 

Barreda culpa a Cospedal y la líder del PP le exige que dimita en un pleno tenso a cara de perro

Los socialistas aprobaron en las Cortes la retirada del Estatuto de Castilla-La Mancha

Cuenca Hidrográfica del Júcar: 28.000 hectáreas en la zona regable del canal de Albacete; 12.780 hectáreas en la zona regable de La Manchuela conquense; 800 hectáreas en la zona regable de la vega del Picazo;

Cuenca Hidrográfica del Guadiana: 3.200 hectáreas en la zona regable de la margen derecha de la Torre de Abraham.

Cuenca Hidrográfica del Tajo: 1.567 hectáreas en Illana-Leganiel; 2.000 hectáreas de regadío en la zona del Tajuña.

Cuenca Hidrográfica del Segura: 823 hectáreas de la ampliación de la zona regable de Hellín y las zonas regables de alta cabecera del Segura, 4.000 hectáreas.

Barreda aseguró que el objetivo del Gobierno que preside es «garantizar el agua para seguir consolidando y transformando las zonas regables de la Región», mencionando la zona regable de Cogolludo (Guadalajara); la de Fuenteálamo, Albatana, Hellín, Tobarra, Balazote-La Herrera (Albacete); la del estrecho de Peñarroya, de la Torre de Abraham (Ciudad Real) o los regadíos de Barajas de Melo, en la zona del río Calvache, o los de Priego (Cuenca).

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron este lunes, con los 26 votos socialistas a favor y los 20 populares en contra, una resolución en la que se solicita la retirada de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de esta comunidad que tramitaba el Congreso de los Diputados.

La pugna política entre PP y PSOE, a un año vista de las elecciones locales, ha condenado al nuevo Estatuto y lo ha devuelto al cajón. Una decisión de retirar el texto que se tomó una semana después de que el PSOE y el PP no se pusieran de acuerdo en la Comisión Constitucional del Congreso a la hora de fijar los derechos y necesidades de agua de Castilla-La Mancha.

La ausencia de consenso entre el PSOE y el PP echa por tierra el trabajo de los tres últimos años, pero también está siendo aprovechada por los dos partidos para hacerse todo el daño posible.

La negativa del PP castellano-manchego de sumarse a la propuesta del PSOE de establecer una «reserva estratégica» de agua de 4.000 hectómetros cúbicos para Castilla-La Mancha en el nuevo Estatuto ya frustrado ha servido a los socialistas para arremeter con dureza contra María Dolores de Cospedal, presidenta regional del PP y secretaria general de este partido.

El presidente de las Cortes, Francisco Pardo, anunció tras la votación que informará inmediatamente de esta decisión tanto al Congreso de los Diputados como al Senado. Se convierte así en el segundo estatuto de los denominados de ‘segunda generación’, tras el de Canarias, que regresa a su comunidad autónoma sin haberse aprobado, sin contar el denominado ‘Plan Ibarretxe’, que no llegó a tomarse en consideración.

Fin de trayecto

Termina también de esta forma el periplo de un texto cuyo origen se remonta a octubre de 2005 con el denominado Acuerdo de Fuensalida firmado entonces entre Barreda y el que fuera presidente regional del PP, José Manuel Molina, y en el que se recogía la voluntad de ambas partes de poner en marcha la reforma estatutaria en la región.

Tras numerosos trabajos del grupo de ponentes, socialistas y ‘populares’ se pusieron de acuerdo sobre un texto que fue aprobado por unanimidad en las Cortes regionales en febrero de 2007, donde se recogía la cuestión más polémica del texto, la caducidad del trasvase Tajo-Segura en el año 2015.

La reforma entró posteriormente en el Congreso de los Diputados donde fue tomada en consideración en octubre de 2008. A partir de ese momento, comenzó un proceso de negociación entre los diputados nacionales ponentes, que llevó a ir proponiendo la modificación de su articulado a través de las enmiendas, cuyo plazo de presentación se alargó en numerosas ocasiones.

Dos horas

El debate sobre la retirada del texto se prolongó por espacio de dos horas y en el mismo intervinieron tanto Barreda como Cospedal, que protagonizaron un intenso ‘cara a cara’ parlamentario con ovaciones y abucheos desde las bancadas tanto de socialistas como de ‘populares’, y algunas llamadas al orden por parte del presidente de las Cortes. El presidente manchego, el socialista José María Barreda, repitió este lunes el argumento que su partido viene utilizando desde hace tiempo: «Cospedal vive en una contradicción con sus dos cargos porque en Toledo dice una cosa y en Madrid otra».

«Cospedal, en vez de defender a nuestros empresarios, a nuestros agricultores y ganaderos y a nuestra población ha defendido al presidente de Murcia, a los regantes murcianos y a sus campos de golf», indicó. Palabras a las que respondió Cospedal con la afirmación de que el PP también proponía otra fórmula de consenso en materia de agua en el nuevo estatuto, pero que «Barreda no quiere resolver el problema del agua sino vivir políticamente a su costa». «¿Qué es lo que han hecho en casi treinta años para resolver este problema?», se preguntó. «Nada», fue su respuesta.

Ganar en la Región

El nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, muerto oficialmente este lunes, ha servido de campo de batalla al PSOE y al PP. El primero trata de desgastar la imagen de Cospedal, que el año que viene podría arrebatar el Gobierno de Castilla-La Mancha al PSOE después de treinta años. El PP, por su parte, intenta evitar este posible desgaste y calcula qué efectos puede tener esta guerra del agua en una región que simboliza el poder socialista. En este sentido, los populares estiman que el debate sobre el agua y el nuevo Estatuto de Autonomía no es lo que más preocupa a los castellano-manchegos y en cambio asegura el voto fiel de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia.

En cuanto a las próximas elecciones generales, como en Valencia y Murcia hay más escaños en juego que en Castilla-La Mancha, el PP estaría dispuesto a sacrificar votos en la Región donde, por otro lado, ha cosechado éxitos en los últimos comicios.

En esta clave se interpreta lo dicho ayer por Barreda y Cospedal: el presidente del Ejecutivo acusó a la número dos del PP de tener un comportamiento «inspirado nada más que en hacer fracasar al Gobierno de esta Región, aunque eso signifique perjudicar a Castilla-La Mancha». Cospedal aseguró, por su parte, que «el PSOE ha convertido el clima político de la Región en una verdadera ciénaga repleta de mentiras» y que este partido ha gobernado durante «tres décadas de engaño, de mentira en mentira, de apelar al agua cuando las elecciones llegan y de meterse en el agua para tapar sus vergüenzas».

Víctimas políticas

Los resultados de las elecciones autonómicas de mayo de 2011 revelarán si la guerra del agua está viviéndose entre los ciudadanos con la misma intensidad y tensión que entre los partidos y si se cobra alguna víctima política.

Por eso, el debate, lejos de agotarse ayer, seguirá vivo. Barreda ya advirtió desde la tribuna que «la batalla continuará» y que elevará «el tono» de sus reivindicaciones, mientras que la presidenta del PP pidió la dimisión de Barreda, consideró la retirada su «fracaso personal» y anunció que su partido llevará en su programa electoral paras las elecciones autonómicas la aprobación del Estatuto.

¿POR QUÉ 4.000 HM3 DE AGUA?

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, explicó ayer que 4.000 hectómetros cúbicos es el volumen de agua que resulta, río a río, de la suma de las necesidades para los distintos usos de agua en cada cuenca, considerando el abastecimiento, el regadío, la industria y la energía y los caudales ecológicos de los ríos Tajo, Júcar, Segura, Guadiana, Guadalquivir, Ebro y Duero. Además, indicó que esa reserva de agua podría servir para garantizar la puesta en macha de nuevos proyectos de regadío:

Barreda anuncia un nuevo frente en la guerra del agua. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, abrió ayer la caja de los truenos y tras ver cómo el Pleno de las Cortes castellano-manchegas daba carpetazo al Estatuto -con los votos socialistas y, paradójicamente, el rechazo de los populares de De Cospedal-, avanzó que a partir de ahora, una vez que el texto sea retirado oficialmente del Congreso, su Gobierno planteará la batalla del agua «río a río, plan a plan, cuenca a cuenca y trasvase a trasvase».
Un guiño a la bancada socialista, a sus votantes, y a la mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, muchos de los cuales están convencidos de que el caudal que llega a Alicante y Murcia se malgasta. Las palabras del «derrotado» Barreda confirman el anuncio hecho por los regantes alicantinos la semana pasada nada más conocerse que el Estatuto no saldría adelante tras el voto negativo del PP en la Comisión Constitucional.
El fracaso de la vía política (reserva de 4.000 hm3 en el preámbulo del Estatuto) trasladará los intentos de blindar el agua del Tajo y del Júcar (en ambas cuencas tiene voz y voto el gobierno de Barreda) a los nuevos planes de cuenca de los ríos, donde el ejército de juristas y expertos contratados por Barreda pondrán toda la carne en el asador. Agricultores, empresarios y expertos del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante advierten de que cualquier reserva hídrica en los planes de cuenca para suministrar agua del Tajo o del Júcar a comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid tendría efectos letales para la llegada de caudales al Segura.
Por otro lado, el acuerdo del pleno castellano-manchego para reclamar la retirada del proyecto de Estatuto aprobado en 2007 se producía justo en el día en el que la reserva en los embalses de Entrepeñas y Buendía rozaba los 1.100 hm3, lo que genera un colchón de 860 hm3 trasvasables a Alicante y a Murcia. La mejor demostración del empeño que ha tenido siempre el gobierno de Castilla-La Mancha por cerrar el trasvase son los recursos contra la transferencia presentados trimestralmente desde hace 28 años, justo cuando Castilla-La Mancha se constituyó como autonomía.
Las Cortes de Castilla-La Mancha dieron ayer el paso definitivo para enterrar la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad treinta y nueve meses después de que ese mismo parlamento fuera el primero que impulsara una modificación estatutaria por unanimidad.
La asamblea regional solicitó, con los votos del PSOE y el rechazo del PP, la retirada de la reforma estatutaria, un asunto central en el sexenio de José María Barreda como presidente de la Comunidad y en los casi cuatro años de María Dolores de Cospedal (PP) como jefa de la oposición.
Fue el 20 de octubre de 2004, en su primer debate sobre el estado de la región como presidente, cuando Barreda propuso la reforma del Estatuto para que Castilla-La Mancha pudiera decidir en la gestión del agua, con su incorporación a las Confederaciones Hidrográficas y a la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura. El 31 de mayo de 2005, en el Día de Castilla-La Mancha, Barreda reclamó la constitución de una ponencia en las Cortes regionales para adaptar el Estatuto de la región al siglo XXI.
El 6 de octubre de ese mismo año, Barreda, el entonces presidente de PP de Castilla-La Mancha, José Manuel Molina; y Patrocino Gómez, en nombre del PSOE, suscribieron un manifiesto, conocido como Acuerdo de Fuensalida, en el que se sentaron las bases para la reforma. El primer borrador vio la luz en junio de 2006, coincidiendo con la elección de María Dolores de Cospedal como presidenta del Partido Popular en la región. El 26 octubre de 2006 se alcanzó un principio de acuerdo sobre la reforma. Así siguió hasta la semana pasada y, ayer, el Estatuto quedaba fulminado.

Cotino pide «justicia distributiva» y Blasco ve deriva socialista

El vicepresidente tercero del gobierno valenciano, Juan Cotino, acusó ayer a José María Barreda de engañar «a su electorado», al «igual» que la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, porque, en su opinión, hay «agua para todos si se reparte con justicia».
Cotino calificó de «mentira» y de «vergüenza» la argumentación expuesta por Barreda en las Cortes castellano-manchegas, porque a su juicio «hay agua para todos si se reparte con justicia distributiva».
Según el vicepresidente, Pajín «dio instrucciones para que los diputados socialistas votaran en contra del Tajo-Segura», y el PP ha hecho «exactamente la misma defensa del agua en Castilla-La Mancha y en la Comunidad, en favor del Tajo-Segura y del trasvase del Ebro». Cotino pidió, además, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que «no mienta más a los alicantinos», porque, en su opinión, «si es posible que el agua del Ebro llegue a Barcelona, que también pueda llegar a Castellón, Valencia, Alicante y Murcia».
Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, manifestó que la retirada del Estatuto es un «fracaso» de José María Barreda y «un síntoma de la cuesta abajo generalizada del PSOE». A su juicio, según expuso en un comunicado, la «deriva» de los socialistas «está extendida por todos los rincones, empezando en la Moncloa y pasando por todas las comunidades autónomas». Según Blasco, el PSOE «se cerró en banda a la propuesta de negociación del PP y ahora opta por la retirada de un Estatuto».

Charo Quesada es la primera mujer que presidirá la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), tras el acuerdo del Consejo de Ministros de ayer, que aprobó su nombramiento. La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la ejecutiva regional del PSRM-PSOE, que sustituye en el puesto a José Salvador Fuentes Zorita, llega dispuesta a bregar «con una cuenca complicada, que abarca cuatro comunidades autónomas y 132 ayuntamientos», y con «espíritu de colaboración y diálogo con todos los regantes».

La presidenta de la CHS, que tomará posesión el próximo miércoles, ha sido funcionaria de la consejería de Agricultura desde 1985 a 1997 e incluso formó parte del equipo del fallecido Antonio León cuando era consejero, como directora general de Investigaciones e Industrias Agroalimentarias, por lo que conoce el campo murciano y a las organizaciones agrarias. «Tengo muy buenas relaciones con los representantes del sector y voy a trabajar bien con ellos», apuntó.

Al plantearle que será la primera mujer que presidirá la Confederación Hidrográfica del Segura, que es un órgano compuesto íntegramente por hombres, respondió que después de su experiencia como directora general de la consejería de Agricultura, «no me es ajeno» el mundo del agua.

Respecto a los conflictos con Castilla-La Mancha que está planteando el Trasvase Tajo-Segura, dijo que «vengo con espíritu de colaboración y de diálogo con todos los regantes de la cuenca». Es consciente de que llega a «una cuenca complicada, que abarca cuatro comunidades autónomas y 132 ayuntamientos», aunque recuerda que en los últimos años «no ha habido cortes de agua» a pesar de los problemas ocasionados por la sequía, «gracias al esfuerzo que ha realizado el Gobierno de España».

Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y pertenece al Cuerpo Superior de Interventores de la Comunidad Autónoma. Hasta ahora, ha ejercido como jefa de la división de control financiero de la consejería de Hacienda.

Ayer, tras conocer su nombramiento, se mostraba «ilusionada y con ganas de trabajar.

Los agricultores de la zona de Los Llanos, integrados en la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), perciben anualmente desde el año 2004 un total de 6,44 hectómetros cúbicos para compensar las filtraciones del Talave. Agua que llega a unas 4.000 hectáreas de Los Llanos, según apunta el secretario de la JCRMO, Herminio Molina.

Esta zona no es la única de la provincia que debe recibir estas compensaciones por las filtraciones. En Hellín también 824 hectáreas, con una asignación de 4,165 hectómetros, pendientes de que se materialice esa compensación.

Pero, ¿qué opinan las organizaciones agrarias presentes en Albacete sobre el trasvase Tajo-Segura? El secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Albacete, Julián Martínez, recuerda perfectamente los problemas de escasez de agua que en el año 1996 sufrían los agricultores de La Herrera. «Los cultivos se perdían todos y el trasvase bajaba lleno a rebosar», explica el dirigente del sindicato agrario.

La situación llegó a tal extremo que se hizo popular, cuenta Martínez, el dicho «el agua calienta más que el vino». Y es que incluso había quien, en plena indignación, defendía que había que tirar el trasvase.

Caducidad

Desde UPA piden igualdad. «Queremos tener los mismos derechos que en cualquier otra zona», insiste Martínez quien señala que esta organización agraria defiende la caducidad del trasvase.

Una idea que, sin embargo, desde Asaja ven muy difícil de llevar a cabo. El presidente provincial de Asaja, José Pérez Cuenca, asegura que hay que buscar otra fórmula. El dirigente de esta organización agraria aboga porque se garantice la prioridad de la cuenca cedente y que, una vez cubiertas las necesidades de ésta, se atiendan las demandas de otros territorios. Para ello, Pérez Cuenca cree que es esencial contar con una Administración central fuerte que sea capaz de poner orden. «Tiene que tener la autoridad suficiente para que todos respeten sus decisiones», recalca.

Echando la vista atrás, el presidente de Asaja recuerda que la polémica infraestructura nació porque hacía falta en ese momento para atender las necesidades del Levante. «Fue una obra faraónica», señala añadiendo que empezó utilizándose «un poquito». Un poco que acabó convirtiéndose en un mucho, tal y como indica. «Hay años que se llega a los 600, 700 u 800 hectómetros cúbicos», dice.

También lamenta que las junto a las necesidades básicas y lógicas, cada vez se suman más necesidades que responden a otros usos recreativos o urbanísticos.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, volvió ayer a reivindicar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) elaborado por el Gobierno de José María Aznar como un «proyecto de solidaridad» en materia hídrica entre las diversas zonas de Eapaña. En un acto con militantes y simpatizantes del PP en Monóvar, incidió en que el Tajo-Segura es «fundamental» para el futuro de la Comunidad, y que, incluso, dentro del territorio autonómico, los trasvases son «una forma de solidaridad» interna. Aludía de esta forma al Júcar-Vinalopó, el cual, dijo, «quiso paralizar» el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Camps señaló que el jefe del Ejecutivo «paralizó el trasvase del Ebro», y aseguró que, cuando gobernaba el PP, tenían «un proyecto de solidaridad entre todos los territorios de España», en el que «no se hablaba de tensión territorial, ni de ruptura entre comunidades autónomas». Sin embargo, continuó, ahora los socialistas «han querido dejarnos sin agua a toda la Comunidad con la reserva hídrica, cuando nuestro territorio es dinámico, próspero y leal con el resto de españoles».
El jefe del Consell agradeció «el apoyo de la sociedad, agricultores y regantes, porque juntos», indicó, han «defendido un proyecto de solidaria hídrica y de futuro para la Comunidad», al tiempo que insistió en que el PHN era un «proyecto de solidaridad y cohesión territorial». De la misma manera, afirmó que su agenda es «la de todos los valencianos y que pasa todos los días por defender los intereses de la Comunitat» en materias tan importantes como el agua, las infraestructuras, la seguridad ciudadana, las políticas sociales o la financiación.

El pleno de las Cortes Valencianas votará la próxima semana la propuesta del PP para que el Gobierno cree 11 nuevas comisarías de Policía Nacional en la Comunidad, siete de ellas en la provincia de Alicante. El texto insta a que todos los municipios de más de 30.000 habitantes cuenten con la citada dotación policial. En el caso de la demarcación alicantina, se piden comisarías para Xàbia, Petrer, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Torrevieja, la Vila Joiosa y Villena.
La propuesta del PP reclama al Gobierno «el cumplimiento del compromiso electoral de creación de comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en los municipios de más de 30.000 habitantes que carezcan de ella». Según los populares, «este compromiso quedó en el olvido por parte del Gobierno de España y posteriormente fue negado y rechazado». Añaden que «el Gobierno ha dado una respuesta negativa incluso ante el ofrecimiento de terrenos por parte de los municipios para la construcción de las comisarías».
Por otra parte, las Cortes también debatirán una propuesta de Compromís para exigir que el Ayuntamiento de Albacete pague en tres meses el millón de euros que debe a la Unión Sindical de Usuarios del Júcar.

El embalse de Contreras, terminado en 1974 , nunca había alcanzado el nivel que ofrece estos días. Acumula ya 443 hectómetros y suma y sigue. Se construyó para albergar 874 hectómetros, casi el doble de lo que almacena ahora, pero nunca llovió lo suficiente y cuando en 1977 el agua del pantano , que tiene dos presas, la principal -de Contreras- y la del Collado, comenzó a lamer esta última, todas las alarmas se dispararon al detectarse movimientos inusuales. Se echó el freno en el llenado cuando el pantano alcanzó un nivel similar al actual y comenzó el seguimiento de la presa. Fue entonces cuando se fijó un máximo nivel de embalse en 444 hectómetros cúbicos que no se había vuelto a alcanzar oficialmente hasta este fin de semana.
«Las eternas dudas sobre la estabilidad de las margas sobre las que se apoya la presa del Collado», son, admite el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, las que impiden llenar «alegremente» el embalse y las que aconsejan abrir las compuertas y dejar que el Cabriel escape aguas abajo, hasta Tous, que ha alcanzado también su máximo nivel histórico.
«Hay unos informes del CEDEX muy exhaustivos sobre el Collado y lo cierto es que tenemos ya 16 metros de columna de agua por encima de lo que es la base de la cimentación de la presa sin que se haya detectado nada anormal. Lo que hemos hecho es ampliar y recuperar los piezómetros y la red de inclinómetros de esa ladera para, conforme vaya subiendo el agua, ir tomando decisiones sobre si mantenemos ese límite histórico …o lo superamos, pero con gente a pie de presa midiendo filtraciones, presiones intersticiales, etc.»
«No podemos jugar con algo así, pero tampoco queremos que se pierda ni una gota de agua, de modo que si podemos almacenar 20 o 30 hectómetros cúbicos más seguiremos subiendo mientras los caudales del rio y la presa lo permitan», apostilló Moragues.

Un lujo inusual
La CHJ está planificando ya una campaña inusual, tan rebosante de agua que tan solo unos pocos veteranos de la casa recuerdan algo similar. Sin embargo, los criterios siguen siendo los de máximo ahorro. Nunca nadie sabe cuando volverá la sequía,solo que vuelve.
A partir de esta semana, la CHJ dejará salir hasta 23 metros cúbicos por segundo de Contreras que circularan por el Cabriel y el Júcar hasta quedar retenidos en Tous. Una buena oportunidad para hacer «rafting» y disfrutar del río Cabriel.
La suelta se hará probando alternativamente todas las válvulas y desagües, incluido el gran desagüe intermedio construido hace unos pocos años y que no se había podido probar por falta de agua. También se pondrán a prueba las nuevas turbinas de Iberdrola en Contreras.

Pruebas en Tous
Una vez en Tous y después de producir millones de kilovatios en Cortes y Millares, el agua será utilizada para hacer un nuevo «escalón de prueba» en el embalse de la Ribera. Las presas tienen que llenarse poco a poco, año a año, sobre todo si se trata de diques de núcleo de arcilla y materiales sueltos como Tous. El año pasado se llenó hasta el nivel de 200 hectómetros cúbicos y todo fue bien. «Este año ya tenemos algo más de 210 hm3 y toca hacer el siguiente escalón de carga, el penúltimo, para llegar a 235 hectómetros», explica Moragues.
Una vez alcanzado ese nivel se mantendrá durante 20 días. Se observarán movimientos en la presa, filtraciones. Es posible incluso que el agua, al subir, encuentre un conducto calizo y escape para salir quien sabe dónde, algo que también puede ocurrir en Contreras. Si ocurre, habrá que sellar las fugas inyectando hormigón.
Veinte días de intensas mediciones y llegará el momento de soltar agua para el arrozal y los riegos. «Con lo que habrá en Tous- antes de que finalice septiembre solo puede tener 70 hectómetros para recibir posibles riadas- y las aguas fluyentes del Júcar y sus afluentes, creemos que podemos estar muy cerca de completar las necesidades de la campaña. Sólo si hiciera falta entonces volveríamos a sacar agua de Contreras», concluye Moragues.

José María Barreda ha convocado mañana un pleno para retirar el Estatuto de Castilla-La Mancha que incluía la reserva de 4.000 hm3 que cerraba el Tajo-Segura. Un triunfo para Alicante, pero no el definitivo.

La carencia de recursos obliga a Alicante a recibir el agua de cuatro fuentes distintas

POR F. J. BENITO Se ha ganado una gran batalla, pero la guerra del agua sigue abierta y el escenario se va a trasladar ahora a los nuevos planes de cuenca del Tajo, el Júcar e incluso el Segura, responsabilidad directa del Ministerio de Medio Ambiente, donde habrá que estar más atentos para que el Gobierno de Castilla-La Mancha, y su ejército de juristas y expertos hídricos, no establezca unos límites que hagan imposible cualquier trasvase (siempre se trabaja con excedentes de agua) al Segura e, incluso, al Vinalopó.
La reflexión de Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante y quizá una de las personas que mejor conoce el complejo sistema para el reparto de caudales en el sureste español desde que se abriera el grifo del Tajo-Segura en 1978, al día siguiente de que el presidente castellano-manchego José María Barreda, anunciara la retirada del Estatuto, deja bien claro que Alicante no puede dormirse pensando que el Estatuto de Castilla-La Mancha es historia si mañana termina retirándose en el pleno convocado por el presidente manchego.
Es más, lo que se establece en los planes de cuenca tiene carácter legal y, por lo tanto, la fuerza jurídica de la que carecía el preámbulo. Alejandro Alonso, ponente del PSOE en la Comisión Constitucional donde su partido votó el miércoles a favor de la reserva de 4.000 hm3 lo sabe mejor que nadie. Castilla-La Mancha nació como autonomía en 1982, a los tres meses el entonces presidente José Bono incorporó a su Ejecutivo a Alejandro Alonso como consejero de Agricultura. Desde entonces y aunque ya no esté en el Gobierno, los castellano-manchegos vienen recurriendo cada tres meses los trasvases del Tajo al Segura. Sin éxito, pero durante los últimos 28 años, algo que da idea de la perseverancia de Castilla-La Mancha en sus intentos por secar la transferencia de aguas a Alicante y Murcia.
El retraso que sufre el «Programa Agua» (desaladoras) de la entonces ministra Cristina Narbona para generar un caudal desalado similar al proyectado en el derogado trasvase del Ebro y los propios problemas del agua desalada del mar (precio e impacto ambiental), vuelven a dejar el futuro del abastecimiento hídrico en manos de los trasvases (resulta imposible contar con más infraestructura para recoger agua de lluvia).
¿Dónde estamos entonces? Mejor que en 1978, cuando arrancó el Tajo-Segura, porque se ha modernizado la agricultura y reducido las fugas en las redes de distribución, pero con la misma dependencia que teníamos hace 32 años. El agua del Tajo, y a partir del año que viene la que llegue del Júcar al Vinalopó, resulta clave para garantizar el futuro social y económico de la provincia. No en vano cualquier recorte en los planes de cuenca comprometería el abastecimiento de 1.576.000 personas, la continuidad de 110.000 empresas y 636.000 empleos que general un PIB de 74.800 millones de euros, según los datos que maneja la Universidad de Alicante y la patronal Coepa.
En el apartado económico el posible cierre de los grifos del Tajo y el Júcar, imponiendo reservas en los planes de cuenca, también representaría un serio revés para el único «motor» que aún no ha gripado del todo, el turismo: un sector que mueve 12.000 millones de euros al año (13,8% del PIB) y mantiene 290.000 empleos.
Y prueba de que la nueva amenaza es real, un informe realizado por Riegos de Levante (20.000 agricultores y 35.000 hectáreas en explotación), que advierte de que el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, en fase de redacción, supondrá el final del trasvase porque ha incluido ya las dotaciones de los nuevos abastecimientos de Madrid, Toledo y los municipios beneficiados por la denominada Tubería Manchega. Caudales que, restados del total de la lluvia anual que entra en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, reducirán a tan sólo 60 hm3 al año la cantidad de agua para riego que se podrá trasvasar a Alicante y Murcia.
Caudal que, incluso, podría quedarse en «cero hectómetros cúbicos si al final se aumenta el caudal ecológico del río», según alerta Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante.
El complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía, donde arranca la transferencia que trae el agua del Tajo a Alicante, recibe todos los años la aportación de 770 hm3 y debe enviar, sin contar con lo que envía para riego, un total de 710 hm3 de trasvases fijos. En estos momentos el caudal ecológico en el Tajo es de 6 m3/segundo, pero por cada metro cúbico que se amplíe se recortarán 30 hm3 en Entrepeñas y Buendía, según el cálculo de los regantes. A esto se añade que el 15 de diciembre de 2009 se creó por decreto una reserva de 60 hm3 en el Tajo para abastecer a los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid. A este caudal se sumaron, por otro lado, otros 20 hm3 para la zona de la Sagra (Toledo). Junto a estos abastecimientos, el plan de cuenca del Tajo fija también otras reservas para las Tablas de Daimiel. La aprobación de la reserva para Madrid vulnera ya las leyes del trasvase porque debía haberse consensuado con todas la partes y nadie recurrió. Actuaciones como éstas son más importantes que el defenestrado Estatuto. Actualmente, la reserva está en 240 hm3 a partir de la cual no se envía agua y así seguirá si se confirma la retirada del Estatuto mañana lunes cuando se reúnen la Cortes de Castilla-La Mancha.
La primera referencia oficial que se tiene en la provincia del proyecto para trasvasar aguas desde la cuenca del Tajo al Levante español -actuales Comunidad Valenciana y Murcia- data del 26 de febrero de 1933, cuando el entonces ministro de Obras Públicas de la II República, el socialista Indalecio Prieto, proclamaba en un acto público celebrado en Alicante, que el Gobierno que se negara a construir el trasvase Tajo-Segura prácticamente tendría que ser calificado de traidor a la patria, independientemente de su color político.
Dos años después la infraestructura, diseñada por el ingeniero Lorenzo Pardo, quedaba incluida en el I Plan Nacional de Obras HIdráulicas, aunque su construcción no comenzaría hasta 1968. Los primeros caudales comenzaron a fluir en 1979 y desde entonces no ha parado de llegar desde el Tajo -casi nunca los 600 hm3 regulados por la Ley- un agua gracias a la cual Alicante y Murcia se han convertido en dos de las zonas más prósperas de España, motores de empleo y, prácticamente, la huerta de buena parte de Europa
El trasvase garantiza, además, el abastecimiento urbano de cerca de tres millones de habitantes, tiene un componente ambiental clave para paliar la sobreexplotación de los acuíferos y sostiene el 62% de la agricultura provincial, cuyas explotaciones están valoradas en 328 millones de euros con una facturación de 528 millones de euros al año.
Los primeros 30 años del trasvase se tiñeron de gris en 2009 ante la aspiración del Gobierno de Castilla-La Mancha de reservar para su desarrollo todo el caudal del trasvase, al fijar en su Estatuto el final de la canalización para 2015, y la, en principio, tibieza de PSOE y PP en la defensa de la transferencia en Madrid, Ambos pactaron ampliar la reserva estratégica primero hasta los 600 hm3 y después hasta los 4.000 hm3 ya con la fecha de caducidad eliminada, y también con el consenso inicial de PSOE y PP, que llegó a abstenerse en la aprobación de la ponencia. Al final, no obstante, hubo reacción final de los populares con su voto negativo en la Comisión Constitucional.
Un informe de la patronal Coepa elaborado por el Instituto del Agua de la Universidad de Alicante revela que, hoy por hoy, no hay recambio posible para el Tajo: el agua del trasvase se paga a 0,1 hm3 el metro cúbico, mientras que la desalada sale a 0,6 euros/m3, cinco veces más cara.
Por otro lado, la falta de aportes suficientes de agua del trasvase Tajo-Segura ha provocado que en los últimos años se hayan dejado de cultivar 20.000 hectáreas y perdido dos mil empleos directos en Alicante, una provincia que, sin embargo, ha pagado desde 1986 más 300 millones de euros -50.000 millones de las antiguas pesetas- a Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, las comunidades autónomas cedentes del agua del Tajo, según recuerda Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante y recoge el informe de Coepa sobre la repercusión de esta obra en la provincia. Fondos que, teóricamente, debieran haberse destinado a financiar proyectos medioambientales y evitar, por ejemplo, la restricciones que llegan a sufrir municipios castellano-manchegos en los años de sequía. ¿Dónde fue el dinero?.
Según el trabajo del Instituto Universitario del Agua, la eliminación de los aportes de agua del río Tajo a la provincia tendría consecuencias letales, porque significaría la ruina para el 62,18% de la agricultura de regadío, un sector que da a empleo a 51.325 trabajadores. Por otro lado, el incumplimiento de las expectativas de caudales llegados a la provincia a través del trasvase desde su puesta en marcha ha supuesto la pérdida de 17.325 hectáreas entre 1998 y 2006, al no contar con agua suficiente y de calidad.
Las necesidades de agua totales en la zona regable del trasvase en la provincia de Alicante ascienden a 381,89 hm3 al año, mientras que la dotación media del trasvase Tajo-Segura es sólo de 125 hm3, debido principalmente a la sequía que sacude el complejo de embalses Entrepeñas-Buendía. El sector agrícola alicantino tendría derecho a recibir 3.500 millones de euros en concepto de indemnización mas el lucro cesante si se recortaran los aportes del Tajo. La falta de caudales para la agricultura y la salinidad del agua que utilizan los regantes ha provocado ya una diáspora de empresas agroalimentarias a otras zonas de España que tienen agua de calidad como es el caso de Valencia (Júcar); sur de Cataluña e, incluso, Andalucía.

suministro urbano
Al margen del impacto económico sobre la competitiva agricultura de Alicante y Murcia, el trasvase Tajo-Segura tuvo un impacto social sin precedentes al romper el ciclo migratorio alicantino y murciano que, en algunos casos, se arrastraba desde finales del siglo XIX. Se pasó a un escenario de inmigración y de crecimiento vegetativo positivo.
El agua que llega del Tajo representa, además, una pieza hidráulica básica para el funcionamiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, ya que aporta el 60% de la demanda de agua para uso urbano de toda Murcia, treinta y cuatro municipios de Alicante (56% de la población) y dos de Albacete.
La Mancomunidad del Taibilla advirtió en su día de que todos los recursos de las desaladoras (190 hm3 cuando éstas estén a pleno rendimiento), no serán suficientes para cubrir la demanda urbana de Alicante y Murcia en los próximos 25 años, lo que hace del trasvase una solución «incuestionable», según el comité ejecutivo de la Mancomunidad que depende del Ministerio de Medio Ambiente, responsable de la tutela del agua en España.