La guerra del agua fuerza la retirada del Estatuto de Castilla-La Mancha
La reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha no llegará al pleno del Congreso a pesar de que ayer superó su paso por la Comisión Constitucional, con el voto en contra del PP. En el pleno requerirá tres quintos de los votos, lo que es imposible que alcance ya que el PP no apoya el blindaje del agua que pretenden los socialistas. Y no llegará a votarse porque el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, convocará un pleno parlamentario en su región para pedir la retirada del nuevo Estatuto. Son las mismas Cortes que lo aprobaron con el apoyo de PP y PSOE hace tres años.
La ruptura definitiva se produjo ayer por la propuesta del PP a última hora de votarlo si se eliminaba la mención expresa al establecimiento de una reserva hídrica para las necesidades de la región. En cuatro folios, el PP expresaba su oferta, en la que desaparecía el establecimiento de una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos y se sustituía por una consideración más genérica de que el Gobierno de Castilla-La Mancha «ha estimado» que las necesidades de agua para la región ascienden a esa cantidad. Los Gobiernos de Valencia y Murcia, ambos del PP, no quieren que haya ninguna reserva de agua. Entienden que semejante volumen dejaría en nada los beneficios del trasvase Tajo-Segura.
Tras la oferta del PP, los socialistas pidieron un receso de media hora. A la vuelta, el diputado del PSOE por Toledo, Alejandro Alonso, sentenció el Estatuto: «Esa propuesta es un insulto para la dignidad de los castellano-manchegos; han firmado el certificado de muerte del Estatuto».
Pero no quedaron ahí los reproches. De pronto, salió toda la frustración del PSOE, después de 24 meses de intento de negociación, también con su propio partido a nivel federal y a costa de la discrepancia absoluta con los socialistas de Valencia y Murcia. El PSOE proclamó que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, no había tenido la fuerza suficiente para imponerse al presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel. «El señor Valcárcel les ha vigilado todo el tiempo, su intervención ha sido permanente, hasta el último momento, con el alarde durante todo el día de su presencia». Casi simultáneamente, Barreda hacia lo propio en Toledo para mostrar su consternación por el fin de la reforma estatutaria para su región. En el Congreso, el diputado del PP Arturo García Tizón, hizo esfuerzos baldíos por tratar de convencer al PSOE de que su propuesta era equilibrada y no «ofendía» ni «provocaba» a ninguna de las comunidades en liza.
La presencia de dirigentes del PSOE y del PP fue abrumadora; también de diputados socialistas y populares de Valencia y Murcia. Pero hubo una votación sobre el texto de la ponencia que sirvió para certificar el desacuerdo: PSOE, sí; PP y UPyD en contra, y la abstención de IU y los nacionalistas. «La sesión termina en Réquiem y sin Gloria», glosó Gaspar Llamazares.
Alfonso Guerra, presidente de la Comisión Constitucional, rodeado por los diputados Eduardo Madina (a su derecha), Clementina Díez (enfrente de él) y Alejandro Alonso (con documentos), después de un receso para estudiar las enmiendas del Partido Popular.
