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Barreda llama a la batalla por el agua ante la orden de Valcárcel de matar el Estatuto
El presidente regional manda un e-mail a Cospedal exigiéndole que aclare qué quieren los ‘populares’ en esta reforma. La líder de la oposición le pide al presidente regional «más cintura política» en la negociación
La cuenta atrás del Estatuto, para bien o para mal, está a punto de concluir. Mañana la Comisión Constitucional del Congreso votará el dictamen de la reforma regional y decidirá si el texto pasa al Pleno o, por el contrario, regresa a Castilla-La Mancha. Las razones para ser optimistas son pocas, según reconoció ayer el presidente de la Junta, José María Barreda, en varias entrevistas radiofónicas. Y es que el PSOE, a día de hoy único apoyo del texto, ya ha advertido de que no habrá más rebajas en las propuestas de agua, mientras que el PP, que se abstuvo en la última ponencia, no ha dado visos de que vaya a variar el sentido de su voto. Es más, el murciano Valcárcel instaba ayer a lo suyos a decir «no» al dictamen castellano-manchego si no replegaba sus demandas hidrícas. Un envite que Barreda replicó diciendo que «la batalla no terminará pase lo que pase el miércoles en el Congreso».
Con la llamada Guerra del Agua en su clímax, el presidente de la Junta afirmaba ayer en la Ser no estar dispuesto a bajar «ni una gota más» las aspiraciones del texto castellano-manchego. En un tono más alto que lo habitual, «apasionado» según el mismo lo calificó, recriminó la postura de la líder de la oposición, María Dolores de Cospedal. En concreto, la acusó de «plegarse plenamente» a los intereses de Murcia y Valencia y de «elegir» su cargo de secretaria general del PP al de presidenta del partido en la comunidad. «No se atrevió a defender el Estatuto en el Congreso en su toma de consideración», lamentó.
«Yo consegui el apoyo de mi partido». Palabras con las que respondía también a las denuncias ‘populares’ sobre una posible «bajada de pantalones» de la Junta. «Yo sí conseguí el apoyo del Gobierno de España y de mi partido al Estatuto y ella no lo logró en el PP, aún siendo la número dos. Pone en evidencia que en los temas de agua quien manda no es ella, sino Camps y Valcárcel».
Por ello, preguntado por la más que posible retirada de la reforma el miércoles en el Congreso, rebatió que «no es que se retire, es que se pone en evidencia» que no podría salir adelante porque es una Ley orgánica que requiere mayoría absoluta y «no tendría sentido político» que saliera con apoyo de CiU u otros partidos nacionalistas.
Última llamada por e-mail. Tras las críticas, Barreda lanzó un último mensaje de acercamiento al PP, vía e-mail. Anunció su intención de remitir un correo electrónico a la número dos del PP preguntándole sobre los términos en torno a los que «quiere llegar a un acuerdo» sobre el Estatuto de Autonomía.
«Hemos tenido tiempo para consensuar, le he invitado varias veces a hablar y se ha negado, quise que las Cortes se pronunciaran sobre esta cuestión, y se negó, y ahora sigue con una táctica dilatoria, de ambigüedad; así que nos diga sobre qué base quiere que negociemos», advirtió.
Al cierre de esta edición, no hay constancia de que las filas populares hayan respondido a este requerimiento del Gobierno regional vía correo electrónico.
el PP pide «más cintura». Si bien la calle Génova no se ha pronunciado sobre qué posturá tomará en torno al Estatuto, Cospedal salía ayer a los medios para pedir «más cintura» a Barreda en la negociación. Según dijo, su partido «luchará hasta el último momento» para encontrar un acuerdo y, sin citar a Barreda, pidió que «algunos no prefieran retirar el Estatuto antes que llegar a acuerdos».
El objetivo es que «prevalezca tener un buen Estatuto para Castilla-La Mancha antes que el interés por sacar ventajas partidistas», aseveró.
La piña del Levante. Mientras el presidente regional y la líder de la oposición se enfrentaban por el Estatuto, Cams y Valcárcel hacían piña contra él.
En el marco de una reunión de los dirigentes valenciano y murciano con agricultores y regantes del Tajo-Segura, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que sí el PSOE «se obstina en mantener el texto» sobre el trasvase en los términos en que está planteado, el PP «debería votar no» en la Comisión Constitucional del Congreso. Es más, «votar otra cosa sería descolocarnos», ya que la abstención del PP en el anterior trámite parlamentario respondía a una búsqueda de acuerdo, subrayó.
«No vamos contra nadie ni queremos nada que nadie necesite, sólo reclamamos lo que necesitamos, que es agua para crecer, para mantener puestos de trabajo y para incrementar el PIB», ha agregado Valcárcel.
En la misma línea se situó Camps: «No creemos en una España de caducidades ni de reservas», en alusión a la inclusión de una reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos en el preámbulo de la reforma estatutaria de Castilla-La Mancha, y comentó que actualmente se asiste a un «debate absurdo de tensión que no se ajusta a ningún dato objetivo».
El trasvase no está en peligro. Desde el PSOE federal, la alicantina Leire Pajín, aseguró que el trasvase Tajo-Segura no está en peligro si se aprueba la propuesta regional y añadió que el PP «debe retratarse» en la próxima reunión de la Comisión Constitucional.
Según concluyó, durante año y medio se ha trabajado en la ponencia del Estatuto por llegar a un consenso que garantice que esas comunidades tengan agua suficiente, mientras que la estrategia del PP ha sido la de «arrojar el agua» entre los implicados.
Rajoy quiere un Plan Hidrológico y un consenso que satisfaga a las tres comunidades
El presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, reivindicó ayer un consenso hidrológico en el país. Un consenso, según dijo el jefe de la oposición, que se lleve a cabo través de un Plan Hidrológico Nacional, y de un Estatuto de Castilla-La Mancha que cuente con el «consenso que satisfaga a las tres comunidades autónomas» implicadas. En este sentido se refirió a Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia.
El responsable del Partido Popular, en declaraciones a un diario murciano, recogidas por Europa Press, aseguró que es partidario de mantener el trasvase Tajo-Segura. Rajoy indicó que no va a votar, «en ningún caso», para que desaparezca.
Es más, el responsable de los populares reivindicó un Plan Hidrológico Nacional como el que hizo el Partido Popular, que incluía el trasvase del Ebro, y que «se cargó José Luis Rodríguez Zapatero», quien además, criticó, no consiguió «resolver el problema del agua en ningún sitio y enfrentar a todas las comunidades autónomas».
En este sentido, Mariano Rajoy acusó al Gobierno de Zapatero de «falta de liderazgo» y cuando no hay liderazgo «cada uno acaba haciendo lo que quiere», concluyó.
Por otra parte, la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y el Comité de Crisis de la Sequía se reunirán en Madrid el próximo miércoles, día 21, en orden a la defensa del trasvase y para seguir por televisión las incidencias de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que debatirá el Estatuto de Castilla-La Mancha.
Los autores del informe sobre el uso del agua del trasvase, comparecerán el jueves en Cortes C-LM
Según ha informado a Efe el diputado socialista José Molina, la comisión ha acordado que acudan a sede parlamentaria el director del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), José María Tarjuelo, y el coordinador del informe y ex director general del Agua de Castilla-La Mancha, Fernando Ortega.
Ambos son responsables del estudio sobre el desarrollo de campos de golf en las provincias de Murcia, Alicante y Almería coincidiendo con un periodo de emergencia que supuso la prohibición del riego de jardines y zonas verdes y el baldeo de calles así como restricciones en los regadíos.
Dicho informe plantea que, a pesar de estas restricciones, en el periodo comprendido entre junio de 2005 y febrero de 2009 se abrieron en Murcia diecisiete nuevos campos de golf.
El PSOE y el Gobierno regional sospechan que se están regando con agua procedente del trasvase Tajo-Segura, algo que iría en contra de la propia legislación del trasvase.
El diputado del PP Leandro Esteban ha manifestado hoy su sorpresa por la convocatoria de una comisión que no se ha reunido en toda la Legislatura y ha opinado que, en el fondo, el PSOE pretende con ella "hacer oposición a la oposición".
De hecho, ha lamentado que ni siquiera se vaya a facilitar el informe a los diputados antes de la comparecencia.
Además, el PP ha aprovechado la reunión de la comisión para solicitar la comparecencia en la misma del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías; de la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa; del secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, entre otros, para hablar del trasvase Tajo-Segura.
José Molina, portavoz socialista en la comisión, ha considerado estas peticiones "una broma de mal gusto", pues, según un informe de la abogacía del Estado, los responsables de instituciones estatales no comparecen en parlamentos autonómicos.
A juicio de Molina, el PP podría también haber pedido la comparecencia del secretario general de la ONU o del presidente del Gobierno. EFE
La Mesa del Agua cree «irrenunciable» la reserva de 4.000 hectómetros
La Mesa del Agua, compuesta por las asociaciones agrarias UPA, COAG-IR y Asaja, los sindicatos UGT y CCOO, la Cámara de Comercio, la CEOE-Cepyme y el Gobierno regional, consideró ayer «irrenunciable» el derecho de la región a mantener una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos. Así, tras analizar la situación que hay en relación a la tramitación del Estatuto de Castilla-La Mancha, el delegado de la Junta en Ciudad Real, José Fuentes, solicitó al PP su apoyo e indicó que «la actitud de Valencia y Murcia -intolerable a su juicio- no puede marcar el futuro del texto».
A 48 horas de que se vote en la Comisión Constitucional el paso del Estatuto al Pleno del Congreso, Fuentes confió en que llegado el momento «se esté a la altura» de los intereses de la tierra.
El secretario regional de UPA, Julián Morcillo, aseguró que «se trata de poder utilizar sólo una pequeña parte de los recursos que se generan en el territorio, unos 10.000 hectómetros, para atender sus necesidades».
En este sentido, según expuso el portavoz de la Comisión del Agua de COAG-IR, José María Oñate, «no se puede bajar más el listón» y «más cuando hay un mercado negro de agua que procede de esta región y que va a parar a urbanizaciones y campos de golf», en alusión al informe elaborado por el CREA sobre los usos del agua de la cabecera del Tajo derivada al Levante.
Y es que, en sus propias palabras, «aquí estamos reduciendo al 50 por ciento regadíos que son históricos, mientras en otras regiones se están aumentando de manera progresiva e ilegal». «El agua es transparente, cristalina y no debe tener color político», sentenció, al tiempo que abogó por una campaña de concienciación social.
Por su parte, el secretario provincial de Asaja, Florencio Rodríguez, recordó la generosidad de Castilla-La Mancha en el pasado y apeló a la «coherencia», así como a la «racionalidad», para sacar adelante el Estatuto de Autonomía en pos del desarrollo de la región. «Durante veinte años hemos estado trasvasando agua a otras regiones, cuando a los agricultores, que estaban siendo sancionados en muchos casos, se les hacía la vida imposible», señaló.
«Hay una deuda histórica en infraestructuras en esta región», expuso así mismo Rodríguez para el que, según apostilló, «el agua es necesaria para vivir y para dejar vivir».
«ni un paso atrás». El secretario provincial de UGT, Juan Jiménez, aseveró que «no se puede dar ni un paso atrás, si queremos que se genere riqueza y empleo en el marco de un desarrollo industrial y agrario sostenible». Por ello, solicitó al Partido Popular un «ejercicio de responsabilidad» para que el texto estatutario salga adelante con el consenso de los dos grandes partidos nacionales.
Por último, Alicia Jiménez, de la ejecutiva provincial de CCOO, dejó patente su apuesta por el Estatuto de Castilla-La Mancha y arguyó que la reserva hídrica que se pide «no es desorbitada». «Es un momento crucial que no se puede ver mermado por intereses políticos», concluyó.
Protesta contra un ‘atraco político’ de la Confederación del Júcar a tres municipios
Los alcaldes de Peñas de San Pedro, Alcadozo y Pozohondo presentaron ayer un escrito de queja ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. Antonio Serrano, alcalde de Peñas de San Pedro y diputado provincial, denunció que están siendo víctimas de un «atraco político», ya que se reclaman a sus municipios unos nueve millones de euros por unas obras que ni pidieron, ni autorizaron ni controlaron, y que ahora se les facturan por su importe íntegro.
Criticaron que se les están pasando facturas de más de cien mil euros anuales «después de que el presidente de la Confederación nos dijera que el tema estaba solucionado y que no íbamos a pagar nada».
Serrano, Ángel Alfaro, alcalde de Alcadozo, y Amparo Núñez, alcaldesa de Pozohondo, entregaron ayer en la sede albaceteña de la Confederación un escrito, dirigido al presidente, en el que le piden una reunión para buscar soluciones a esta cuestión. Le recuerdan su compromiso de diciembre de 2008 de solucionar el problema, y añaden que «unos meses después empezaron a llegarnos recibos de más de 100.000 euros por año. Como usted comprenderá, estas cantidades son inasumibles para unos ayuntamientos pequeños como los nuestros».
Concluye el escrito indicando: «le transmitimos nuestra preocupación, pero también nuestra indignación, lo que nos llevará, si este problema no se soluciona pronto, a tomar otro tipo de medidas, con actuaciones públicas y privadas, que sin duda a usted y a sus jefes políticos no les agradarán».
Años de polémica
El problema se remonta al verano de 2005, cuando a propuesta de la Junta de Comunidades el Ministerio de Medio Ambiente comenzó obras hidráulicas de emergencia, entre ellas las conexiones de estos tres municipios a la potabilizadora de Albacete. La alarma saltó cuando en septiembre de 2008 la Confederación publicó las tarifas.
Aquel mes se aprobó de forma unánime en la Diputación una moción del PP que denunciaba que la Confederación había actuado sin respetar la autonomía municipal, e instándola a anular esas tarifas «por suponer cantidades inasumibles para ellos y haber sido acordadas de manera unilateral, así como por haber prescindido totalmente de la participación de los municipios afectados, inmiscuyéndose en sus competencias».
A pesar de esa gestión, y de los recursos interpuestos (con apoyo jurídico de la Diputación), los recibos han seguido llegando. Serrano declaró que se sienten «víctimas de un atraco político que se está cargando la autonomía municipal», contra el que lucharán «con uñas y dientes». Culpó a los presidentes de los gobiernos nacional y regional de ser los responsables políticos de este asunto, y comentó que «este tipo de chantajes parecen más propios de otras épocas y otras regiones, como un ‘impuesto revolucionario hídrico’».
Añadió que si exigen a los ayuntamientos pagar unas obras que ni pidieron ni autorizaron, hechas totalmente a sus espaldas, «que sirva de aviso a navegantes cuando anuncian nuevas obras, por si luego los ayuntamientos se pueden encontrar con que les reclaman que sean ellos los que paguen las obras que otros deciden».
La alcaldesa de Pozohondo coincidió en estos argumentos y expresó su indignación por el comportamiento de la Confederación, ratificando que defenderán al máximo los intereses de sus vecinos.