Los regantes tradicionales del Júcar han roto momentáneamente el clima de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, a la que acusan abiertamente de ser cómplice del incumplimiento del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) y de actuar en beneficio de Castilla-La Mancha.
Los regantes de USUJ han decidido presentar un recurso contra la concesión de aguas superficiales del Júcar para Albacete en tanto que este ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tramita el expediente, no reconozcan que la concesión debe estar subordinada al cumplimiento del Convenio del embalse de Alarcón.
El citado convenio, contemplado en el artículo 24 del PHJ, permite el uso por terceros de las aguas reguladas en este embalse siempre que no se encuentre por debajo de la «curva de reserva» establecida en favor de los regantes valencianos, que construyeron y pagaron Alarcón.
Incluso por debajo de esa curva otros usuarios pueden disponer del agua de Alarcón siempre que indemnicen a sus propietarios-los regantes valencianos- por el coste que tienen extraer agua de los pozos en lugar de recibirla sin cargo alguno a través del río.
Este convenio, firmado por los regantes de USUJ y el Ministerio de Medio Ambiente en julio de 2001 no es reconocido ni por el Ayuntamiento de Albacete, ni por los regantes manchegos ni por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los regantes de USUJ y ha roto el ambiente de colaboración con la CHJ ha sido la «desaparición» del condicionante que vinculaba la concesión de Albacete al cumplimiento del convenio.
Según USUJ ha sido la Confederación Hidrográfica del Júcar quien «de oficio y sin oir a los interesados en el expediente», entre ellos USUJ, «ha eliminado» del expediente la propuesta de condiciones que figuraba en los documentos oficiales.
USUJ asegura que apoya el Plan Hidrológico del Júcar y todas las actuaciones incluidas, incluido el abastecimiento a Albacete, aunque condicionado al cumplimiento del convenio.

Confianza rota
Más allá del contenido del recurso, el escrito presentado por USUJ es un aviso dirigido a la CHJ y al Ministerio de Medio Ambiente. Afirman que «ante la territorialización del problema del agua, especialmente grave en Castilla -La Mancha, hemos querido confiar en una administración central fuerte y objetiva» pero «desde hace años» la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Ministerio de Medio Ambiente «se están dejando arrastrar» por «la presión de los medios de comunicación que se hace desde Castilla-La Mancha».
Los regantes afirman que han denunciado en la CHJ «todos los incumplimientos del Plan Hidrológico del Júcar que se producen en Castilla-La Mancha con la colaboración de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar».
USUJ asegura por último que el PHJ está siendo objeto «de graves incumplimientos por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar» y «siempre en beneficio de los usuarios de Castilla-la Mancha».
«A partir de ahora-advierten- nos vemos obligados a utilizar los mismos instrumentos que Castilla-La Mancha y hacer una campaña permanente en los medios de comunicación con los temas de agua y nuestras reivindicaciones para intentar equilibrar la posición» de la CHJ y el Ministerio de Medio Ambiente.

Albacete ha obtenido el agua potable de pozos situados muy cerca de la ciudad. La explotación salvaje del acuífero ha hecho descender casi 70 metros el nivel del agua y empeorado notablemente su calidad. El ayuntamiento quiere ahora una concesión sobre las aguas reguladas en Alarcón que ya utiliza, pero sin reconocer previamente el Convenio que regula su uso. En 2005, 2006 y 2007, la sequía hizo que el agua almacenada en todos los embalses del Júcar fuera insuficiente para los usuarios tradicionales (USUJ). La CHJ liberó entonces de los embalses del Júcar 247 hectómetros cúbicos reservados a USUJ, de los que Albacete utilizó 29,3 hm3. En Valencia hubo que extraer agua de los pozos pagando una elevada factura eléctrica y se produjeron mermas de cosecha. La indemnización girada por la CHJ asciende a 1,09 millones de euros. El Ayuntamiento de Albacete no ha pagado y ni siquiera recurre la liquidación, simplemente la ignora. j. s.valencia

Albacete no reconoce el Convenio de Alarcón
Albacete ha obtenido el agua potable de pozos situados muy cerca de la ciudad. La explotación salvaje del acuífero ha hecho descender casi 70 metros el nivel del agua y empeorado notablemente su calidad. El ayuntamiento quiere ahora una concesión sobre las aguas reguladas en Alarcón que ya utiliza, pero sin reconocer previamente el Convenio que regula su uso. En 2005, 2006 y 2007, la sequía hizo que el agua almacenada en todos los embalses del Júcar fuera insuficiente para los usuarios tradicionales (USUJ). La CHJ liberó entonces de los embalses del Júcar 247 hectómetros cúbicos reservados a USUJ, de los que Albacete utilizó 29,3 hm3. En Valencia hubo que extraer agua de los pozos pagando una elevada factura eléctrica y se produjeron mermas de cosecha. La indemnización girada por la CHJ asciende a 1,09 millones de euros. El Ayuntamiento de Albacete no ha pagado y ni siquiera recurre la liquidación, simplemente la ignora. j. s. valencia

El pasado jueves 8 de abril se reunieron en Toledo el secretario de Estado de Medio Rural y Agua y el presidente de la Junta de Comunidades. La noticia fue recogida en la web del Gobierno Regional con el siguiente titular: «Barreda arranca al Ministerio más de 250 millones de euros…». 100 millones de euros se destinarán a la 2ª fase de la sustitución de bombeos en el acuífero de La Mancha Oriental. 30 millones de euros para la depuradora de la ciudad de Albacete. 77 millones de euros para el abastecimiento a La Manchuela de Albacete y Cuenca desde El Picazo. 8 millones de euros para una planta de ósmosis en la ciudad de Albacete. 35 millones de euros aún no ha transcendido dónde serán aplicados. Hoy nos centraremos en las dos últimas obras mencionadas. 77 millones de euros irán para licitar durante 2010 la primera fase del ‘Proyecto del abastecimiento desde el embalse de El Picazo (Cuenca) a distintos municipios del Sur de la provincia de Cuenca y Norte de la de Albacete’. Y ello a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Júcar aún no ha contestado a las 6 hojas de alegaciones presentadas en febrero de 2009 por ACEM y EeA-AB, razonadas y documentadas, donde entre otras cosas nos preguntábamos:

– ¿Por qué no se resuelven los problemas de sobreexplotación de acuíferos, antes que traer agua superficial canalizada de lugares alejados a la zona que supuestamente tiene problemas de abastecimiento?.

– Con unos recursos renovables del acuífero de La Mancha Oriental que rondan los 250 hm3 en régimen natural, ¿no podría reservarse una pequeña parte de los mismos para el abastecimiento urbano y así resolver el problema de una manera menos costosa y más sencilla?. Una persona que desconociera esta tierra y viera el macroproyecto que se quiere construir para ella, pensaría que se trata de un desierto total. Nada más lejos de la realidad. El abastecimiento desde el Embalse de El Picazo es un método dilatorio para encubrir la escasez social de agua y hacer dependientes a 150.000 personas de recursos de agua ajenos a su entorno inmediato.

– El Proyecto adolece de un estudio detallado del régimen económico de la explotación, de la normativa legal, y lo que es más importante, la repercusión del coste a los usuarios (amortización de la obra, tarifas, energía de elevación, tratamiento del agua, distribución, depuración, gestión, etc). ¿A cuánto se va a tener que pagar el metro cúbico de agua que llegue a las viviendas e industrias?. Convendría que los usuarios conociesen de antemano los costes que van a soportar, así como que tuviesen garantía sobre los mismos, y de esa manera evitar desagradables sorpresas como las derivadas para la ciudad de Albacete del Convenio del Embalse de Alarcón.

No se puede admitir el simplismo de que con dinero e infraestructuras se pueden resolver problemas que son de otra naturaleza. Las infraestructuras y las inversiones deben seguir a la identificación de los problemas y a las propuestas razonables, no precederlas. No ha habido ningún debate público, ni se quiere que lo haya, sobre los verdaderos problemas del agua en La Manchuela, sus causas y sus posibles soluciones, y cuando desde los grupos ecologistas hemos puesto argumentos por escrito, hemos recibido la callada por respuesta. A todas las administraciones implicadas en este asunto (nacional, regional, locales, comarcales) se les llena la boca de procesos de participación ciudadana, pero a la hora de la verdad hacen lo que quieren sin contar con nadie. Pero la alternativa de gestionar mejor lo propio, aun siendo la más barata y la mejor para el territorio y para la mayoría de sus habitantes, no es la más rentable para los potentes grupos de presión interesados en manejar grandes presupuestos de obras y proyectos de gestión centralizada de servicios públicos a través de multinacionales privadas. 8 millones de euros financiarán una planta de ósmosis para tratar el agua de la ciudad de Albacete. Y aquí merece la pena hacer un poco de memoria para tirar del hilo de la sinrazón. Al empeorar la calidad del agua de sus pozos de abastecimiento, debido fundamentalmente a la contaminación agraria derivada de las explotaciones de regadío intensivo de su entorno, se promovió una conducción de agua superficial desde el embalse de Alarcón, derivando las aguas por el acueducto Tajo-Segura hacia una gran balsa de regulación en las cercanías de la ciudad. Una vez realizada la obra, que costó 30 millones de euros, se vio que el agua trasvasada no cumplía los requerimientos exigidos por la legislación para las aguas potables por su alto contenido en sulfatos (se pasó hacer el pertinente análisis previo), motivo por el que se está construyendo una planta de nanofiltración que cuesta 12 millones de euros más para potabilizar el agua. Y antes de culminar dicha planta, ya se anuncia otra más de ósmosis. 32+12+8 = 50 millones de euros cuestan unas obras innecesarias para garantizar el suministro de agua a la ciudad de Albacete. Hubieran bastado los 8 millones de euros que ahora se anuncian para la planta de ósmosis con el fin de garantizar agua en cantidad y calidad a partir de sus muy abundantes aguas subterráneas. Y los 42 millones de euros que ya se han gastado ‘de más’, seguro que hubieran venido muy bien para acometer otras necesidades sociales ‘reales’. Y por si fuera poco, a los mencionados costes de inversión de la traída de aguas de Alarcón, habría que añadir el mantenimiento de la infraestructura y el peaje que hay que abonar por la utilización del acueducto Tajo-Segura y la reciente ‘sorpresa’ del pago de más de 1 millón de euros a los regantes de la cuenca baja del Júcar que han cedido ‘su’ agua para que beba Albacete. ¡Un verdadero despropósito!

Como conclusión final, tanto de las obras ya realizadas para abastecer la ciudad de Albacete con aguas superficiales del Júcar, como las que se pretenden realizar para hacer lo mismo con La Manchuela, decir que en nada ayudan a atajar las causas del deterioro, además de no ser las más eficientes ni en la inversión inicial ni en el posterior mantenimiento de las instalaciones, por lo que no deberían llevarse a cabo. Estos proyectos adolecen de cuatro deficiencias fundamentales:

1ª) Problemas de cantidad: la cuenca del Júcar tiene unos recursos superficiales muy irregulares, por lo que malamente permitirían asegurar todos los años el abastecimiento de la ciudad de Albacete (ya conectada) y todos los municipios que ahora se pretenden conectar.

2ª) Problemas de calidad: el agua superficial del río Júcar es de una calidad similar a la de las aguas subterráneas de la zona, utilizadas hoy mayoritariamente para riego.

3ª) Es antieconómico: el megaproyecto propuesto resultaría más caro que otras alternativas de abastecimiento basadas en el aprovechamiento de los puntos de captación de aguas subterráneas actualmente existentes y su posible tratamiento potabilizador en los casos en que ello fuera preciso.

4ª) No ayuda a corregir la mala gestión reinante: los problemas de abastecimiento de los municipios que se pretenden abastecer con aguas superficiales del Júcar no son fruto de la escasez física de agua, sino de su mala gestión, puesto que están asentados sobre el mayor acuífero de Castilla-La Mancha.

Y otro día hablaremos de los 165 millones de euros restantes que se ‘arrancaron’ al Ministerio.

La negociación con el Gobierno para reducir los costes de electricidad de los regantes continúa, pero Industria ya ha avanzado su negativa rotunda a la propuesta que defendían los agricultores de pagar sólo por la potencia que realmente consumen sus explotaciones y no por la que se ven actualmente obligados a tener contratada todo el año para poder hacer frente a los momentos de riego. Los regantes sólo consumen un 10% al año de la potencia que contratan.

Sobre la mesa de negociación en la que se sientan las organizaciones agrarias y representantes del Ministerio de Industria han quedado otras dos posible opciones para aliviar el coste de estas tarifas a los regantes: la doble contratación de potencia en un mismo año – es decir contratar y pagar una potencia alta en la temporada de riesgo y otra mínima cuando no hay que regar; o bien el contrato de temporada, que parece ser la opción por la que apuesta el Ministerio ya que tiene redactado un borrador de decreto al respecto.

Solución urgente

El pasado viernes se celebró la cuarta reunión entre organizaciones agrarias y Ministerio para abordar este tema, tras la huelga del campo de noviembre. Pese a que se esperaba que en esta reunión se tomara ya una decisión sobre el asunto, la solución definitiva se ha vuelto a postergar a pesar de que para los agricultores ya es urgente que se clarifique la situación pues la temporada de riego de muchos cultivos ha empenzado ya.

La opción de la doble contratación de potencia, que los regantes prefieren al contrato de temporada, fue en principio desechada por los representantes de Industria en la reunión pero la decisión final será tomada a nivel político por lo que todavía hay una posibilidad de que salga adelante, según fuentes de Asaja. Mientras tanto, los representantes de los agricultores ya han presentado sus alegaciones al borrador sobre el contrato de temporada en las que rechazan entre otros capítulos los costes «abusivos» que supondría la formalización inicial de este contrato y el que no se detallen las causas que pueden dar lugar a que las comopañías denieguen la petición de contrato de temporada. En cualquier caso.esta opción es la que menos gusta a los regantes, entre otras razones, porque, por sus limitaciones, no podrá ser de aplicación global.

Subida del 300 por ciento

El recibo de la electricidad supone actualmente el 29% de los costes de una explotación de regadío. Esto es así desde que se liberalizó el mercado electrico, lo que ha supuesto un encarecimiento del coste de la potencia contratada, que recauda el Estado, del 300% además del encarecimiento del coste por consumo que facturan las eléctricas y que ha sido aproximadamente del 20%.

El problema como explica el técnico de saja, Carlos Mesa es que «el agua, imprescindible para los cultivos de regadío, no se puede utilizar por el encarecimiento abusivo de la energía disponible para su distribución que es la eléctrica». Lo cierto es que al haberse modernizado los regadíos y haberse implantado los sistemas de riego por goteo y por aspersión se necesita electricidad para regar.

En Andalucía, el 65% de los regadíos están ya modernizados y, por tanto, condicionados al coste de la electricidad.

El pasado jueves, casi al mismo tiempo que en el Congreso de los Diputados, con el voto a favor del PSOE y la abstención del PP, se desbloqueaba la tramitación del nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha que en su preámbulo incluye una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos (hm3), el Ministerio de Medio Ambiente se comprometía a licitar este año obras en infraestructuras de riego por valor de 100 millones de euros que aumentarán la capacidad de los regantes de Albacete de extraer hasta 80 hectómetros cúbicos al año del Júcar.
El compromiso se materializó en una reunión en Toledo entre el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu. Este segundo tanto sobre el Júcar que se ha apuntado Barreda, ha alarmado aún más a regantes y ecologistas valencianos que la polémica reserva, pues sus efectos sobre el agua que llegará a Valencia y al futuro trasvase Júcar-Vinalopó van a ser inmediatos una vez concluyan las obras de la segunda fase del plan de sustitución de bombeos del acuífero de la Mancha oriental.
El Gobierno pretende con estas obras cerrar unos 270 pozos que están esquilmando el acuífero de La Mancha oriental a cambio de construir cuatro nuevas tomas en el canal del acueducto Tajo-Segura con capacidad para transportar hasta 47 hm3 de agua superficial del Júcar, almacenada en el embalse de Alarcón, con el el fin de abastecer a 12.000 hectáreas de regadío intensivo en la provincia de Albacete.
Estos 47 hm3 se sumarán a los 33 hm3 de la primera fase de la sustitución de bombeos, con lo que el volumen total de agua que los regantes manchegos podrán detraer del Júcar llegará a los 80 hm3 anuales, algo que preocupa a la plataforma Xúquer Viu.

Peligra el caudal ambiental
El portavoz de este colectivo que defiende el uso sostenible del río, Paco Sanz, exige que se paralicen estas obras «hasta que no se haya aprobado el nuevo Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), que lleva un año de retraso, pues se se basan en el plan de 1998 que no preveía ningún tipo de caudales ecológicos y va en contra de la Directiva Marco europea del agua». La segunda fase de sustitución de sondeos «reducirá el caudal del Júcar que llega a Valencia sin que el acuífero se regenere, pues no vemos un descenso drástico de bombeos», alerta.
La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), entidad formada por las seis comunidades de regantes valencianas que poseen los derechos del 100% del agua regulada por el embalse de Alarcón ya que sufragaron al 100% el coste de la infraestructura también reclaman que no se acometan estas obras.

USUJ habla de irresponsabilidad
El secretario de USUJ, Juan Valero de Palma, tacha de «irresponsable al ministerio de Medio Ambiente, por poner en marcha unas obras sobre unas aguas que no está claro que puedan usar los regantes de Albacete». Éstos rechazan firmar el convenio de Alarcón que les obliga a indemnizar a USUJ en caso de utilizar aguas por debajo de la curva de reserva destinada a las comunidades de regantes valencianas.
Además, de este volumen de la USUJ sólo se puede detraer agua «para usos prioritarios, como el consumo humano, y el regadío albaceteño no lo es, con lo que el ministerio no puede favorecer a unos regantes en perjuicio de otros» concluye Valero de Palma.

Cada año se extraen
361 hm3 del acuífero

Según datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), del acuífero de la Mancha oriental se han extraído una media de 361 hm3 anuales entre 2000 y 2009 para regar más de 93.000 hectáreas, una superficie tan grande como toda la Ribera Alta. La sobreexplotación del reservorio que abastece al Júcar en su tramo medio, la CHJ estima que si los bombeos superan la horquilla de entre 286 y 330 hm3 anuales el acuífero no se regenera, ha hecho que sea el agua que corre por el río la que nutra a su manantial y no al revés, con lo que el caudal que llega a Tous ha caído en 20 años casi un 60% respecto a su promedio histórico. Xúquer Viu exige que en lugar de sustituir bombeos por agua superficial, «Medio Ambiente declare oficialmente sobreexplotado el acuífero, al igual que ha hecho con el de la Mancha occidental tras secarse las Tablas de Daimiel, y acometa un plan de ordenación para su recuperación».

El Ministerio de Medio Ambiente ha destituido a José Salvador Fuentes Zorita como presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. El relevo de Fuentes Zorita, en el cargo desde 2004, se produce en plena polémica por el trasvase del Tajo al Segura, que el estatuto de Castilla-La Mancha pretende cercenar.

Fuentes Zorita presentó su salida como una dimisión, aunque el Boletín Oficial del Estado afirma que fue una decisión del último Consejo de Ministros "a propuesta de la ministra de Medio Ambiente", Elena Espinosa. El hasta ahora comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, asumirá provisionalmente el cargo.

La salida de Fuentes revela la fuerte división política que genera el agua y cómo en Murcia y Valencia los partidos tienen el discurso contrario que en Castilla-La Mancha. Mientras socialistas y populares de Levante defienden el trasvase, sus compañeros de partido en Toledo quieren derogarlo. Esa contradicción la vivió en primera fila Fuentes Zorita, el máximo representante del ministerio en materia de agua en la cuenca más deficitaria de España.

Fuentes defendió públicamente el trasvase y se enfrentó al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Pero, sobre todo, perdió la confianza del secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, por airear disputas por el agua del Tajo y los desembalses cuando el Ejecutivo pretendía bajar la tensión sobre el trasvase. Fuentes, ingeniero de caminos y veterano socialista que ya fue consejero autonómico en los 80, ayer afirmó a La Verdad que se va «por motivos propios».

La decisión se tomó el martes pasado, cuando el PSOE presentó en el Congreso una moción para que en el preámbulo del Estatuto de Castilla-La Mancha aparezca una reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos para la comunidad, algo que según los partidos en Murcia supondría limitar la capacidad de trasvase. Aunque el PSOE ha amagado con sacar adelante el texto con los nacionalistas después ha afirmado que no lo aprobará sin apoyo del PP.

Barreda lanza un envite a Cospedal para salvar el proyecto, que la líder popular contesta afirmando que «el acuerdo es posible». No obstante, El PP advierte de que votará en contra si no se limpia el texto de «competencias estatales»

El Estatuto de Autonomía ha salido, de momento, del ‘limbo’ del Congreso, donde llevaba atascado más de un año, aunque su futuro sigue pendiente de un hilo o, más concretamente, de la postura que a partir de ahora adopte el PP: si mantiene su oposición y decide no apoyarlo, el PSOE lo devolverá a Castilla-La Mancha.
La ponencia que estudia esta reforma dio ayer luz verde al dictamen del texto regional, que entra ya en la Comisión Constitucional. Este paso hacia delante no ha significado, en modo alguno, que se haya sellado la paz en torno la cuestión castellano-manchega, muy al contrario. El PSOE, tal y como venía advirtiendo, aprobó el documento sin el PP, que se abstuvo y llegó a amenazar con votar en contra. CiU fue, en este sentido, el único grupo que apoyó la propuesta de los socialistas, ya que el PNV no asistió a la reunión, IU se abstuvo y el partido de Rosa Díez votó en contra.
Pocas horas después de este rifirrafe parlamentario, tanto el presidente regional, José María Barreda, como el PSOE, en boca de Eduardo Madina, lanzaron un último envite al PP. Y es que, dijeron, no habrá Estatuto si el PP no apoya el texto en la Comisión Constitucional.
El mensaje de Barreda estuvo especialmente dirigido a la líder de la oposición, María Dolores Cospedal, a quien pidió «un esfuerzo para convencer, para imponer su criterio, para que prevalezcan los intereses de Castilla-La Mancha y no los de otros territorios».

Desmarque de CiU. Una invitación al consenso que viene motivada también por la advertencia de CiU de que no seguirá apoyando al Estatuto en el Congreso si no entra el PP. El «sí» del PP «es la única manera de que se pueda aprobar, porque la aritmética parlamentaria no da para otra cosa, dado que CiU ya ha dicho que si no hay consenso con el PP ellos no lo apoyarán», reconoció Barreda.
Por su parte, Eduardo Madina confirmó que su grupo sacará del Congreso la reforma si no hay acuerdo. Según explicó a Efe, esta decisión se ha adoptado por deseo expreso de José Antonio Alonso y Leire Pajín. «Sólo habrá reforma si tenemos la mayoría que lo vio nacer en las Cortes castellano-manchegas», sentenció.
Así las cosas, la Comisión Constitucional, examen previo del Estatuto antes de llegar al pleno del Congreso, se convierte en la última oportunidad para el texto castellano-manchego, aprobado por unanimidad en las Cortes autonómicas en enero de 2007.
Volviendo al dictamen acordado ayer. Cabe apuntar que, a las enmiendas ya pactadas entre PSOE y PP en enero del pasado año, se suman ahora nueve enmiendas más de IU -la mayoría relacionadas con derechos sociales- y la enmienda transaccional del PSOE sobre el agua, no rebajable para los socialistas e inasumible para el PP.
Esta enmienda no presenta novedades a lo ya avanzado en la primera reunión de la ponencia, hace apenas 15 días. Incluye en el preámbulo una «reserva estratégica» de 4.000 hectómetros cúbicos, según estimaciones del Gobierno regional. Además, señala «la participación efectiva de la Junta en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase» mientras «subsista».
En lo que se refiere a la disposición transitoria primera, ésta no hace mención a la citada reserva, aunque la vinculación con ésta se sitúa, según el socialista Alejandro Alonso, en la aseveración de que «la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo concretará la dotación suficiente de agua para garantizar el caudal ecológico del río» y atender «las necesidades presentes y futuras de esta Región».
La cuestión de quién fijará esta reserva hídrica, los criterios a seguir y dónde se ubicará, son puntos que no corresponde determinar a un Estatuto, añadió Alonso. A su juicio, el texto planteado por el PSOE es «una solución razonable al controvertido tema del agua», «tengo la seguridad que el PP finalmente votará el texto del dictamen».

Votaremos en contra, o no. El discurso del PP también cambió a lo largo del día de ayer. Arturo García-Tizón cargó por la mañana contra la propuesta socialista y, en concreto, contra «dos discrepancias fundamentales»: el agua y la ley electoral. «Si quieren tener el voto del PP deben hacer cambios en profundidad, les hemos dado una última oportunidad» y, «si no lo corrigen, votaremos en contra».
Ya por la tarde, Cospedal matizaba estas palabras y avanzaba que «es posible llegar a un acuerdo». «El PP va a seguir trabajando y lo va a hacer hasta la última gota y hasta la última palabra», aseguró.
Fuera de estos acercamientos vespertinos, el PP mantiene que en materia de agua «el texto es insuficiente y no resuelve los problemas». Es más, para la oposición el preámbulo podría encontrar problemas en el Tribunal Constitucional. «Se sigue haciendo mención a competencias que son sólo estatales», avisó García-Tizón. Además, «tiende a una provocación innecesaria a otras comunidades autónomas», añadió en alusión clara a Murcia y Valencia, gobernadas por el PP y que ya han amenazado con llevar a los tribunales la reforma.
Si bien el desencuentro en materia de agua entraba dentro de lo esperado, la sorpresa fue el rechazo ‘popular’ al punto dedicado a la ley electoral, contra el que no presentó enmiendas. El PP ha dado su apoyo a una enmienda de IU, que llega ‘viva’ a la Comisión Constitucional y que señala que cualquier reforma de debe ser aprobada por mayoría absoluta en las Cortes regionales, y no por mayoría cualificada, como recoge el actual dictamen. Según IU esta es una medida «absolutista».
García-Tizón aclaró que su partido apoyó esta mayoría cualificada «antes» de que el PSOE modificara la Ley castellano-manchega en 2007 por mayoría absoluta y sin el apoyo del PP, a pesar de que se estaba tramitando la reforma estatutaria. Algo que calificó de «inasumible».

apoyo catalán. Lo que tampoco cuadra en los cálculos ‘populares’ es que el PSOE haya desbloqueado el dictamen con los nacionalistas catalanes. El PSOE «no podría explicar una reforma sin el PP y con CiU», recalcó.
Con todo, el Estatuto queda de nuevo pendiente de un acercamiento, o no, entre socialistas y populares en el Congreso. «Seguimos en tablas», como reiteró Gaspar Llamazares, de IU.    

El Ministerio de Medio Ambiente pondrá en marcha este año un paquete de inversiones en la cuenca del Júcar que ronda los 220 millones de euros y que se destinará a abastecimiento y regadío en las provincias de Cuenca y Albacete. Es lo que se deduce de la reunión que mantuvieron ayer a cuatro bandas el presidente de la Junta, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la alcaldesa de Albacete y el secretario de Estado de Agua. Este último, Josep Puxeu, fue el que comprometió al Ministerio a poner toda esa cantidad de dinero: «Dentro de las posibilidades presupuestarias, las decisiones de licitación en este 2010 de estas grandes obras es un compromiso que vemos posible, viable».
Estas grandes obras son un total de cinco. La que se lleva más fondos es la que sustituirá los bombeos del Acuífero de la Mancha Oriental por cuatro nuevas tomas en el canal del Acueducto Tajo-Segura. En total la inversión superará los 100 millones de euros y prevé liberar al acuífero de la explotación de 47 hectómetros para el regadío de una extensión que puede llegar a 12.000 hectáreas. Se trata de la segunda fase de un proyecto que en conjunto contempla la sustitución de 80 hectómetros de bombeos en este acuífero.
El segundo de los proyectos que se lleva más dinero es el de abastecimiento del embalse del Picazo a la zona sur de Cuenca y norte de Albacete. En total 77 millones de euros se invertirá para que el agua llegue 20 municipios de estas dos provincias en un primer momento y que además las obras levantadas sirvan de infraestructura básica para el abastecimiento futuro de 49 localidades.

el cupo de albacete. La ciudad de Albacete se lleva los tres proyectos restantes y que el Ministerio se ha comprometido a licitar este año. Por un lado, habrá 30 millones de euros para la depuradora, dos millones para la recuperación medioambiental del canal del Salobral y otros ocho millones para una planta de ósmosis. Como dijo Puxeu: «La calidad del agua tiene mucho que ver con la demanda de los ciudadanos del siglo XXI».
El secretario de Estado reconoció que la cifra de los más de 200 millones de euros puede parecer fría, pero que detrás están «las infraestructuras, las obras y sobre todo, la necesidad de los ciudadanos, de muchos pequeños municipios que se abastecen con agua de pozos y de muchos agricultores, que dependen de la seguridad del abastecimiento».
Barreda hizo un balance satisfactorio de la reunión, sobre todo porque en ella se «verbalizaron compromisos importantes». El presidente autonómico recordó que aunque el Gobierno de España lleve la gestión de las cuencas de los ríos, las comunidades autónomas también deben tener voz en estos temas. Y más Castilla-La Mancha, por la que transcurre una parte importante del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar, y que además tiene una pequeña cuota de las cuencas del Guadalquivir, Ebro y Duero.
En el caso concreto del río Júcar, Barreda recordó que «no es de Valencia, sino que es un río de España, de todos los españoles y sobre todo de Castilla-La Mancha, en la medida de que la mayor parte de la cuenca está en nuestro territorio». Las palabras del presidente estaban a la vez muy vinculados con la batalla emprendida por la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, que recurrirá la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha ordenado que el su ayuntamiento tiene que pagar indemnizaciones a los regantes valencianos por el uso del pantano de Alarcón.

En los tribunales. Este recurso también fue uno de los temas que se trató en la reunión con Puxeu y el presidente de la Confederación del Júcar, aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto a la salida del encuentro. Sí lo hizo Carmen Oliver: «Tenemos un derecho y recurrimos en casación aquella sentencia porque entendemos que no daba prioridad al consumo humano de la que es la mayor ribera de la cuenca del Júcar, como es Albacete», corroboró.
La alcaldesa confirmó a Puxeu que seguirá adelante con su cruzada y asegura que tiene el apoyo de los albaceteños. Al margen de esta polémica, Oliver agradeció al Ministerio que no se hayan paralizado proyectos como la depuradora, la planta de ósmosis o la recuperación del canal del Salobral.
Aparte del Júcar, el secretario de Estado recordó que tiene otros asuntos en cartera relacionados con el agua en Castilla-La Mancha. La Tubería a la Llanura Manchega, la rehabilitación del Tajo a su paso por Toledo o el abastecimiento de la comarca de La Sagra son algunas de las tareas que aseguró tener en mente. «Gobernar es la discusión de las prioridades y dentro de las posibilidades presupuestarias, tomar las decisiones oportunas», recalcó.  

No fue como si les echaran un jarro de agua fría, sino como si se lo quitasen. Los regantes y agricultores alicantinos alzaron ayer sus voces de protesta contra la votación del Estatuto de Castilla-La Mancha. Ya lo habían advertido en la primera reunión, que habría «guerra civil» si se aprobaba la reserva, y ayer comenzaron a tomar medidas defensivas. El portavoz de Riegos de Levante, Angel Urbina, aseguró que los agricultores no descartan «promover un partido político para defender la provincia contra los dos grandes partidos políticos de España» -PP y PSOE-, a los que acusó de querer ganar «sólo en Castilla-La Mancha» dejando de lado «la provincia de Alicante».

El portavoz de los regantes comentó que tanto PP como PSOE «desprecian a la cuarta provincia del Estado español, como es Alicante» por no oponerse a la reserva hídrica y anunció movilizaciones contra la decisión acordada y la promoción de distintas manifestaciones y actos «para hacer boicot a PSOE y PP», partidos a los que, a su juicio, «ningún ciudadano de la provincia debe votar» puesto que «anuncia la ruina» de la población.

Por su parte, la asociación Jóvenes Agricultores-ASAJA de Alicante recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) si el pleno del Congreso aprueba definitivamente la reserva. Fuentes de ASAJA- Alicante señalaron que organizarán también «paros en el campo y todas las medidas de presión que sean precisas con la finalidad de evitar que se vean vulnerados los derechos al agua de Alicante y Murcia». Además, han advertido de que «harán una cruel guerra abierta entre autonomías si triunfan los postulados castellano-manchegos insolidarios».

La confederación de empresarios COEPA afirma en un comunicado que «la provincia de Alicante no puede renunciar a los aportes del trasvase Tajo-Segura» y que «el mantenimiento de la transferencia en la situación actual, sin ningún tipo de limitación, «representa un ejercicio de responsabilidad y de solidaridad entre territorios».

El Congreso de los Diputados fue escenario ayer de un tenso derbi que disputaron los partidos políticos con representación en la Cámara, especialmente   PP y PSOE, para debatir la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que supondría la muerte del trasvase Tajo-Segura. El encuentro terminó, por el momento, con la victoria de los castellanomanchegos al anotar un importante tanto con la aprobación del texto propuesto por los socialistas, cuyo preámbulo recoge  una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos para satisfacer las necesidades de la comunidad vecina, a la vez que resalta la necesidad de que la Junta participe en «los órganos permanentes de gestión y control del trasvase Tajo-Segura mientras subsista».El PSOE consiguió desbloquear el texto estatutario, que permanecía estancado en el Congreso desde hace más de un año, gracias al apoyo de los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió (CiU), mientras que se abstuvieron PP y ERC-IU-ICV; UPyD, lo rechazó, y PNV no asistió a la ponencia encargada de dictaminar la reforma del Estatuto. De este modo, los socialistas lograron establecer mediante una enmienda transaccional en el preámbulo, que no en el articulado ni en la disposición transitoria, que la comunidad manchega «considera  necesaria una reserva de agua de 4.00 hectómetros para atender las necesidades de la región». Es decir, que aprendieron el truco con el término «nación» en el Estatut de Cataluña, pues no es que Cataluña sea una nación, sino que así lo define el Parlament. En cuanto a la fecha de caducidad en 2015, aunque el texto no lo recoge de forma explícita, sí que se hace referencia de forma indirecta porque se indica que hay que revisar y adaptar el trasvase a los términos medioambientales recogidos en la directiva europea, cuyos objetivos se deben alcanzar antes de 2015.El documento, que se prevé que se debata dentro de dos semanas en la comisión Constitucional del Congreso y posteriormente en el pleno, también señala que la Junta sea informada con carácter previo ante cualquier trasvase, cesión o transferencia que afecte a las cuencas hidrográficas de la Comunidad «a fin de que emita preceptivamente un informe». De este modo, Castilla-La Mancha da un nuevo pasito para conseguir aprobar su texto estatutario, mientras la Región de Murcia y Valencia rechazan de forma unánime el documento y depositan su esperanza en los votos del PP para poner freno al Estatuto y evitar así el fin de la infraestructura hidráulica, tal y como afirmó el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá. No obstante, el PSOE advirtió que no aceptará un Estatuto que no cuente con el consenso y señaló que lo retirará si no logra.Una cosa que no se termina de entender en la Región es el apoyo de los nacionalistas catalanes al Estatuto, cuando éstos no cuentan con representación en las Cortes de Castilla- La Mancha. El portavoz de CiU en la ponencia, Jordi Xuclá, explicó que su voto positivo perseguía facilitar su avance en la Cámara, si bien advirtió que no apoyará el texto en la comisión Constitucional si no hay un acuerdo de las dos formaciones mayoritarias.En la Región de Murcia se tienen las cosas bien claras califican el texto de «anticonstitucional». Así lo señaló el presidente de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, que aseguró que «no puede salir adelante» la propuesta socialista de 4.000 hectómetros cúbicos de reserva para Castilla-La Mancha «porque es anticonstitucional» y garantizó que «utilizará todos los medios para que la propuesta no salga a la luz».Valcárcel indicó que la reserva «ataca los intereses de la Región y supone la muerte por asfixia, el cierre del grifo del trasvase, absolutamente vital para la comunidad y  Alicante y Almería». Para el jefe del Ejecutivo murciano, la oferta socialista «demuestra quién quiere guillotinar el trasvase a través del enfrentamiento y la provocación».Cerdá calificó el texto del PSOE de «un ataque directo al corazón de Murcia» y dijo que lo aprobado en Madrid es el resultado de la política antitrasvasista de Zapatero, que comenzó con la derogación del trasvase del Ebro.  El Gobierno regional, con Valcárcel a la cabeza, movilizará a toda la sociedad murciana en una gran manifestación si el PSOE no retira la reserva del Estatuto y modifica profundamente las referencias que ponen en peligro el trasvase.Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, resaltó que el texto es  «inconstitucional» y aseguró que Rodríguez Zapatero «nos mintió en 2007 cuando aseguró que nunca se aprobaría en el Congreso un texto que fuera inconstitucional». Claver resaltó que el texto constituye es «una humillación, un daño gravísimo a nuestra tierra y la muerte inmediata del trasvase Tajo-Segura en caso de aprobarse». Asimismo, el presidente de los regantes subrayó la labor de los partidos regionales aunque ésta, a su juicio, «se diluya a nivel nacional».

Los agricultores se plantean crear un partido político
La indignación de los agricultores es mayúscula, tanto es así que incluso en la provincia de Alicante se plantean promover la creación de un partido político para defender la provincia contra los dos grandes partidos políticos de España, a los que acusó de querer ganar «sólo en Castilla-La Mancha» dejando de lado «la provincia de Alicante». Así lo manifestó ayer el portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, quien afirmó que el Tajo-Segura «inicia la cuenta atrás para ser eliminado y la pregunta que se hacen los agricultores y ciudadanos de la provincia de Alicante es de dónde demonios vamos a beber y regar». Para Urbina, el mantenimiento de la reserva hídrica en el prólogo estatutario implica «la muerte» del trasvase. Por otro lado, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) expresó su «enérgico rechazo» a la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos del Tajo, que consideró un «ataque frontal contra la Comunitat Valenciana, ya que no sólo amenaza al regadío, sino también los abastecimientos urbanos, por lo que va en contra de todos los ciudadanos» y añadió que Alicante «no podría alcanzar el grado de desarrollo del que goza actualmente».

En una comparecencia ante los periodistas junto con el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, tras la reunión mantenida en Toledo para hablar sobre la cuenca del Júcar, Barreda ha considerado que el de hoy es un paso adelante importante en el camino para la aprobación del Estatuto de Autonomía.

El grupo parlamentario socialista ha sacado adelante su propuesta de incluir en el Estatuto de Castilla-La Mancha una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua para la comunidad autónoma gracias al apoyo de CiU y la abstención del PP.

La abstención del Partido Popular, según Barreda, hace que se mantenga "la esperanza de su voto positivo en la Comisión", que se reunirá próximamente y se pronunciará sobre el conjunto del dictámen.

Los planteamientos del PP, según ha comentado el presidente regional, han sido "en general positivos, de no oposición", y su abstención "deja un margen de esperanza para el acuerdo", que él sigue deseando.

En este sentido, ha recordado que en el origen de la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha está la unanimidad de las Cortes regionales y sería "deseable" que los dos partidos con representación en la Cámara autonómica lo apoyaran en el Congreso de los Diputados.

Josep Puxeu, por su parte, también ha saludado el acuerdo de hoy y ha deseado que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha avance con el mayor respaldo posible de los grupos políticos.

Preguntado por los periodistas sobre si la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos "le daña la vista" como dijo que le ocurría con el anterior planteamiento de 6.000 hectómetros, Puxeu ha dicho que la gestión del agua en España es compleja.

Ha comentado que "los grandes ríos de España pasan por Castilla-La Mancha y las necesidades de crecimiento de Castilla-La Mancha pasan por un buen uso y una buena disponibilidad de agua".

Es importante, según el secretario de Estado, que la región se dote de un Estatuto "de nueva generación, potente para afrontar los retos de la España del siglo XXI".

Ha recordado que siempre han estado buscando el acuerdo y ha felicitado el esfuerzo de los grupos parlamentarios en avanzar en la aprobación de ese texto.

"Es una buena noticia que haya un texto lo más consensuado posible y ojalá venga con un nivel de apoyo igual al que tuvo en las Cortes de Castilla-La Mancha", ha deseado Puxeu, para quien es importante que no haya imposición y eso es lo que hace el proceso complejo.

Al hilo de la pregunta, Barreda ha señalado que lo importante es lo que dice el Congreso de los Diputados, que es donde se aprueban finalmente los estatutos de Autonomía, y ha mencionado que todos los estatutos "de nueva generación" han sido modificados en el Congreso antes de ser finalmente aprobados.

"Lo importante es que el texto último garantice los derechos de los castellano-manchegos, y el texto que hoy ha aprobado la ponencia, los garantiza"; por eso a él le gusta y satisface, ha destacado el presidente regional Todo lo dicho hasta ahora, ha añadido, pasa a un segundo plano, porque el escenario ha cambiado, y a partir de ahora la referencia es lo aprobado hoy en el Congreso de los Diputados.

Barreda, que ha conocido la aprobación de la propuesta mientras estaba reunido con Puxeu a través de una conversación telefónica con el diputado socialista Alejandro Alonso, uno de los negociadores, ha indicado que se hace alusión a la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos en el preámbulo, pero ha agregado que hay muchas alusiones a la cuestión hidrológica en todo el Estatuto. EFE