Castilla-La Mancha se beneficiará de un paquete de inversiones cercano a los 250 millones de euros para abastecimiento y depuración a los municipios de la cuenca del Júcar, tal y como se han comprometido hoy el presidente regional, José María Barreda; el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu; y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, en una reunión que mantuvieron en Toledo.

   En rueda de prensa, Barreda explicó que en el transcurso de la reunión se han verbalizado algunos compromisos importantes para la región como la licitación de la redacción del proyecto y obras de la segunda fase de la sustitución de bombeos en acuífero de la Mancha Oriental, con un presupuesto aproximado a los 100 millones de euros y la licitación de la primera fase de la infraestructura de abastecimiento a los municipios del entorno del embalse de Contreras y Manchuela desde El Picazo (Cuenca), con un presupuesto aproximado a los 75 millones de euros.

   Del mismo modo, se acordó algo fundamental para la ciudad de Albacete como es una planta de osmosis, presupuestada en aproximadamente 8 millones de euros y la depuradora, que cuenta con una inversión de 30 millones de euros, así como el Canal del Salobral presupuestado en dos millones de euros.

   Otro de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ha sido la revisión de la situación jurídico-administrativa del convenio de Alarcón ya que este convenio debía ir vinculado a unas normas de explotación del sistema Júcar que, de acuerdo con la Ley de Aguas, dieran prioridad al abastecimiento de la propia cuenca hidrográfica.

   Durante la reunión, la CHJ se ha comprometido con el presidente Barreda a agilizar las concesiones a los regantes de la Mancha Oriental, actualmente en tramitación.

   Barreda, que destacó que «cuando se habla de agua en Castilla-La Mancha tenemos que estar en el Tajo, en el Guadiana, en el Júcar, en el Segura e, incluso, en el Guadalquivir, en el Duero, y en El Ebro», manifestó que para Castilla-La Mancha el Júcar es un río «muy importante».

   «No es de Valencia, el Júcar es un río de España y, sobre todo, de Castilla La Mancha en la medida que la mayor parte de la cuenca está en su territorio, pero es una cuenca compartida por diversas comunidades autónomas y, por lo tanto, como es lógico es el Gobierno de la Nación el responsable de su gestión», declaró.

TALANTE «DIALOGANTE Y CONSTRUCTIVO»

   El presidente, que se mostró satisfecho de la reunión y del talante «dialogante y constructivo» del presidente de la Confederación y del secretario de Estado, explicó que la presidencia de la alcaldesa de Albacete se debe a que «nos preocupa la situación que se ha planteado en nuestra ciudad en relación al pago del agua en función de una determinada interpretación del convenio de Alarcón».

   Por su parte, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, calificó de «importante, larga y fructífera» la reunión, al tiempo que destacó que existen muchos pequeños núcleos que se abastecen con agua de pozo y tienen problemas de abastecimiento algunos veranos y hay muchos agricultores que dependen de la seguridad de los abastecimientos de sus regadíos.

   Por último, la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, hizo alusión al Plan de Barrios y Pedanías en la ciudad de Albacete, mostrándose orgullosa de que dicho plan se haya transformado en empleo y en mejora de calidad de vida. Asimismo, subrayó su satisfacción ante esta reunión tan fructífera para la ciudad de Albacete.

El diputado Compromís Josep Maria Pañella ha presentado una proposición no de ley en las Cortes Valencianes para exigir al Ministerio de Medio Ambiente «que haga cumplir la ley y que los ayuntamientos que gastan más agua de la que deben del embalse de Alarcón paguen algo más de un millón de euros que adeudan a los regantes valencianos» de la cuenca del Xúquer.

Pañella, en un comunicado, criticó que mientras el conseller de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo, Juan Cotino, se dedica a inaugurar una exposición «pagada con fondos públicos para reivindicar el inexistente transvase del Ebro», el único transvase activo del que se beneficia el pueblo valenciano, el del Tajo-Segura, «está en peligro» por el acuerdo para incluir una reserva de 4.000 Hm3 en el preámbulo del texto estatutario castellanomanchego.Sobre la reserva hídrica, el portavoz de Compromís, Enric Morera, advirtió de que PP y PSOE «llegarán finalmente a un acuerdo y sentenciarán a muerte» al sur de la Comunitat.»En vez de estar en Madrid, Cotino no se molesta en desplazarse y mucho menos el presidente Camps, que está toda la semana desaparecido», declaró.Frente a esto Compromís «han decidido tomar la iniciativa haciendo propuestas reales para reivindicar las necesidades hídricas y los derechos del pueblo valenciano». Con la proposición no de ley tratan de exigir al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar para que el Ayuntamiento de Albacete cumpla con el convenio de Alarcón -firmado en julio de 2001 por los gobiernos central, valenciano y castellano-manchego y los regantes valencianos-, por el cual se fijan unas reservas mínimas para los usuarios valencianos y, en caso de cederlas, «se les debe de indemnizar, caso que no ha sucedido hasta el momento y por ello el consistorio albaceteño adeuda más de un millón de euros a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar».Según declaró Pañella, «la falta de un Gobierno valenciano fuerte nos trae problemas como los que tenemos. La comunidad vecina sobreexplota los acuíferos de la Mancha oriental, nos quieren imponer una reserva hídrica para acabar con el transvase Tajo-Segura y, además, gastan el agua que nos corresponde de Alarcón y se niegan a pagar por ello, lo cual ya es intolerable y por eso queremos que las Cortes se pronuncien».Para el parlamentario valencianista, «esto que proponemos sí que es hacer una política real para asegurar el agua y el bienestar a nuestro pueblo y no lo que hace el Consell». Por otro lado, consideró que la exposición que inauguró este jueves Cotino sobre un documento de la época de la II República que habla del transvhase del Ebro «nos hace pensar que ahora el Consell se ha hecho republicano, al mismo tiempo que ignorante, porque a finales del siglo XIX algunos municipios de la provincia de Castelló pidieron el transvase, aunque en aquella época ni la costa, ni el medio ambiente, ni la agricultura, ni el territorio estaban en la misma situación que ahora, ni existían especuladores ni tramas de corrupción a gran escala como ahora que se aprovechan de las grandes infraestructuras y de las administraciones públicas».

"Desde la unidad de los regantes valencianos, estamos totalmente en contra de la reserva hídrica del Tajo, y vamos a seguir defendiendo que esta medida no siga adelante, porque, de lo contrario, significaría el fin del Trasvase Tajo-Segura, tan necesario para las comarcas alicantinas y el desarrollo de toda la Comunitat", aseguran en una nota desde Fecoreva.

Así, los regantes de la Comunitat consideran la aprobación de la reserva hídrica del Tajo un "ataque frontal contra la Comunitat Valenciana, ya que no sólo amenaza al regadío, sino también los abastecimientos urbanos, por lo que va en contra de todos los ciudadanos".

En este sentido, recuerdan que, gracias al Tajo-Segura, más de 55.000 hectáreas de cítricos, hortalizas y frutales reciben el agua que necesitan cada año, así como los suministros urbanos y turísticos de las comarcas del Bajo Segura, Bajo Vinalopó, Medio Vinalopó y el propio Alicante.

"Sin los 160 hectómetros cúbicos que el Tajo-Segura aporta a los alicantinos, la segunda provincia de la Comunitat no podría alcanzar el grado de desarrollo del que goza actualmente", advierten.

Pero, además, "no sólo significaría el fin del trasvase Tajo-Segura, sino que representaría una seria amenaza para el embalse de Alarcón y, por tanto, pondría en peligro la supervivencia del río Júcar y gran parte del regadío valenciano, así como el abastecimiento de la propia ciudad de Valencia, ya que el 80 por ciento del agua que ésta consume procede del Júcar", añaden los regantes.

Fecoreva manifiesta su apoyo al Ejecutivo valenciano en defensa de la solidaridad colectiva y el reclamo de un gran acuerdo a nivel nacional para garantizar el suministro de agua en toda España, en cantidad y calidad suficiente.

Del mismo modo, la Federación también respalda al presidente Francisco Camps en su defensa de los intereses de la agricultura de la Comunitat.EFE

Las reacciones políticas en la Comunitat no se hicieron esperar ayer, tras conocer que el PSOE había sacado adelante su propuesta de incluir en el Estatuto de Castilla-La Mancha una reserva de 4.000 hm3 de agua para la autonomía, con apoyo de CiU y abstención del PP. Así se dirimió en la ponencia encargada de la reforma en la Comisión Constitucional del Congreso.

Pero la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (FECOREVA) expresó de inmediato su “enérgico rechazo” a la reserva. “No solo significaría el fin del trasvase Tajo-Segura, sino que representaría una seria amenaza para el embalse de Alarcón y peligraría la supervivencia del Júcar y gran parte del regadío valenciano y el abastecimiento de la propia ciudad de Valencia”, añadieron, y pidieron un acuerdo nacional.

El jefe del Consell, Francisco Camps, lamentó que se “apuntille” la agricultura valenciana; y por el PPCV, Antonio Clemente, que “Alarte traiciona a los valencianos y debería dimitir”. Pero Jorge Alarte (PSPV) exigió también retirar el estatuto para evitar una “confrontación territorial”. Y Compromís exigió a Castilla la Mancha que “pague lo que debe a los regantes”.

A última hora, desde el PSOE apuntaron que sin el apoyo del PP retirarán la propuesta y por los populares, Cospedal dijo que van a intentar acuerdos. H

El Ministerio de Medio Ambiente pondrá en marcha este año un paquete de inversiones en la cuenca del Júcar que ronda los 220 millones de euros y que se destinará a abastecimiento y regadío en las provincias de Cuenca y Albacete. Es lo que se deduce de la reunión que mantuvieron ayer a cuatro bandas el presidente de la Junta, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la alcaldesa de Albacete y el secretario de Estado de Agua. Este último, Josep Puxeu, fue el que comprometió al Ministerio a poner toda esa cantidad de dinero: «Dentro de las posibilidades presupuestarias, las decisiones de licitación en este 2010 de estas grandes obras es un compromiso que vemos posible, viable».
Estas grandes obras son un total de cinco. La que se lleva más fondos es la que sustituirá los bombeos del Acuífero de la Mancha Oriental por cuatro nuevas tomas en el canal del Acueducto Tajo-Segura. En total la inversión superará los 100 millones de euros y prevé liberar al acuífero de la explotación de 47 hectómetros para el regadío de una extensión que puede llegar a 12.000 hectáreas. Se trata de la segunda fase de un proyecto que en conjunto contempla la sustitución de 80 hectómetros de bombeos en este acuífero.
El segundo de los proyectos que se lleva más dinero es el de abastecimiento del embalse del Picazo a la zona sur de Cuenca y norte de Albacete. En total 77 millones de euros se invertirá para que el agua llegue 20 municipios de estas dos provincias en un primer momento y que además las obras levantadas sirvan de infraestructura básica para el abastecimiento futuro de 49 localidades.

el cupo de albacete. La ciudad de Albacete se lleva los tres proyectos restantes y que el Ministerio se ha comprometido a licitar este año. Por un lado, habrá 30 millones de euros para la depuradora, dos millones para la recuperación medioambiental del canal del Salobral y otros ocho millones para una planta de ósmosis. Como dijo Puxeu: «La calidad del agua tiene mucho que ver con la demanda de los ciudadanos del siglo XXI».
El secretario de Estado reconoció que la cifra de los más de 200 millones de euros puede parecer fría, pero que detrás están «las infraestructuras, las obras y sobre todo, la necesidad de los ciudadanos, de muchos pequeños municipios que se abastecen con agua de pozos y de muchos agricultores, que dependen de la seguridad del abastecimiento».
Barreda hizo un balance satisfactorio de la reunión, sobre todo porque en ella se «verbalizaron compromisos importantes». El presidente autonómico recordó que aunque el Gobierno de España lleve la gestión de las cuencas de los ríos, las comunidades autónomas también deben tener voz en estos temas. Y más Castilla-La Mancha, por la que transcurre una parte importante del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar, y que además tiene una pequeña cuota de las cuencas del Guadalquivir, Ebro y Duero.
En el caso concreto del río Júcar, Barreda recordó que «no es de Valencia, sino que es un río de España, de todos los españoles y sobre todo de Castilla-La Mancha, en la medida de que la mayor parte de la cuenca está en nuestro territorio». Las palabras del presidente estaban a la vez muy vinculados con la batalla emprendida por la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, que recurrirá la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha ordenado que el su ayuntamiento tiene que pagar indemnizaciones a los regantes valencianos por el uso del pantano de Alarcón.

En los tribunales. Este recurso también fue uno de los temas que se trató en la reunión con Puxeu y el presidente de la Confederación del Júcar, aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto a la salida del encuentro. Sí lo hizo Carmen Oliver: «Tenemos un derecho y recurrimos en casación aquella sentencia porque entendemos que no daba prioridad al consumo humano de la que es la mayor ribera de la cuenca del Júcar, como es Albacete», corroboró.
La alcaldesa confirmó a Puxeu que seguirá adelante con su cruzada y asegura que tiene el apoyo de los albaceteños. Al margen de esta polémica, Oliver agradeció al Ministerio que no se hayan paralizado proyectos como la depuradora, la planta de ósmosis o la recuperación del canal del Salobral.
Aparte del Júcar, el secretario de Estado recordó que tiene otros asuntos en cartera relacionados con el agua en Castilla-La Mancha. La Tubería a la Llanura Manchega, la rehabilitación del Tajo a su paso por Toledo o el abastecimiento de la comarca de La Sagra son algunas de las tareas que aseguró tener en mente. «Gobernar es la discusión de las prioridades y dentro de las posibilidades presupuestarias, tomar las decisiones oportunas», recalcó.    

En la reunión también participará la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, y el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha en una nota de prensa.

En este momento están en proceso de revisión los planes de las cuencas hidrográficas y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha recalcado la importancia de éstos: "El resultado será crucial y determinante para los intereses de Castilla-La Mancha, en la medida que condicionará el futuro y la posición de la región en materia hidráulica".

Más del 70 por ciento del territorio de la cuenca del Júcar está en Castilla-La Mancha. EFE

El PSOE lleva a las Cámara autonómica el informe de la UCLM sobre los usos fraudulentos del trasvase y, en concreto, los 22 Hm3 que se ‘beben’ los «desarrollos insostenibles» del Levante

La dirección regional del PSOE ya ha dado su visto bueno a la apertura de una comisión parlamentaria para debatir el último informe del Centro de Estudios del Agua -dependiente de la UCLM- sobre los usos fraudulentos de los recursos Tajo-Segura en el Levante. En concreto, el eje del análisis será el desvío de hasta 22 hectómetros cúbicos anuales de la huerta murciana a los campos de golf vecinos.
En este sentido, el portavoz socialista en las Cortes castellano-manchegas, Santiago Moreno, volvió a denunciar ayer la falta de cumpliendo por parte del Levante de la Ley del Trasvase. Y es que, insistió, «tenemos razones sobradas para dudar sobre el uso final que se da al agua generosamente trasvasada desde la cabecera del Tajo».
«Si no es entendible que se pida un trasvase cuando no hay agua que trasvasar, es aún más impresentable que estos recursos vayan a mantener unos usos urbanos y recreativos no sostenibles», aseveró, citando aquí el caso de los campos de golf murcianos, cuyo número se ha doblado desde el año 2006, «en plena sequía».
«El trasvase, que no queremos, habría sido más comprensible si hubiera habido transparencia en su gestión», recalcó.
La ‘guerra’ abierta en torno al agua entre Castilla-La Mancha y el Levante se reaviva una vez más, apenas dos días antes de la reunión de la ponencia que estudia la reforma del Estatuto de Autonomía en el Congreso. Un encuentro que será vital para el texto regional, dado el PSOE ya ha advertido de que, si el PP no se suma al acuerdo, llevará en solitario la reforma al Pleno, tras casi un año y medio de negociaciones fallidas.
No obstante, las posiciones parecen haberse acercado con la última propuesta socialista, que rebaja la reserva estratégica regional de 6.000 hectómetros cúbicos a 4.000 y la saca del articulado, constando únicamente en el preámbulo del futuro texto autonómico.
Con todo ello, Moreno confió en que «esta vez si haya fumata blanca» para el Estatuto.

Reticencia popular. Más reticente a hablar de agua estuvo la senadora popular Carmen Riolobos, que volvió a pedir prudencia a los socialistas a la hora de hablar del Estatuto castellano-manchego. «Hay que ser sensatos y prudentes y dejar negociar. Cada vez que Barreda ha hablado de ello, ha subido el pan, se ha retrasado y bloqueado el proceso de reforma estatutaria».
En cuanto a la comisión sobre agua que el PSOE pretende abrir en las Cortes regionales, Riolobos dejó en el aire el apoyo ‘popular’ el estudio de la Universidad regional sobre los usos del trasvase. En concreto, su respuesta a la pregunta de que si el PP comparte las «dudas» socialistas en torno a este desvío de agua del Tajo a los campos de golf murcianos, la senadora talaverana se limitó a criticar al presidente regional, José María Barreda, «que está por ahí largando, sin venir a las Cortes a contar lo que tiene que contar», en clara alusión a temas como el futuro de CCM o el Aeropuerto de Ciudad Real. Además, «no sabemos donde está estos días», añadió.

La patronal también opina. Quien sí tiene una opinión clara sobre este estudio de la UCLM sobre el trasvase es la patronal regional. En este sentido, su presidente, Ángel Nicolás, fue tajante: «Comparto la tesis de que allí se han regado muchos campos de golf con agua del Tajo y creo que hay que darlo una vuelta. No me cabe la menor duda de que se han regado y se están regando».
En esta misma línea, aunque más comedido, también se manifestó el presidente del Consejo Regional de Cámaras, Fernando Jerez, quien aseguró que «el agua es de todos pero no puede valer para todo, como dice Barreda». Por ello, indicó, «es necesario que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha defienda sus intereses hídricos. Hay que mirar bien para dónde va el agua del trasvase Tajo-Segura y qué uso se hace de él».  

Riegos del Alto Aragón, al igual que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), considera insuficientes las propuestas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para rebajar la factura eléctrica para riego al suponer un «escaso ahorro» con respecto al sistema de tarificación actual. De esta forma valoran el compromiso asumido por el Ejecutivo de poner en marcha un plan de choque para sacar al campo español de la crisis en la que se encuentra inmerso, después de que el sector agrario, con más de 40.000 regantes procedentes de toda España, se manifestara en Madrid el pasado mes de noviembre para exigir soluciones al Estado.

Según recuerda Riegos del Alto Aragón, el compromiso planteado al Gobierno central pasaba por contar con un IVA reducido para el suministro eléctrico destinado a la producción de materias primas, cuestión que, señala, «no ha sido en ningún momento considerada por el Ministerio de Industria», y por otro lado, por «poder tener en un mismo punto un doble contrato de suministro de forma que se pudiese pagar por la potencia efectivamente utilizada en cada época del año».

CONTRATO FLEXIBLE

Riegos del Alto Aragón explica que la respuesta del Ministerio de Industria ha sido proponer un contrato flexible para un máximo de ocho meses que tan sólo «permitiría disminuir ligeramente los costes del término potencia», y denuncia que la necesidad de pagar a las compañías distribuidoras penalizaciones, el incremento de los pagos en concepto de derechos de enganche y verificación de las instalaciones, «no compensa» la disminución de costes del término potencia.

«Se estaría en manos de las distribuidoras a la hora de imponer recargos al consumo efectuado en los meses de menores necesidades de potencia», añade Riegos del Alto Aragón.

Por otro lado, el sistema regable considera que el constante incremento del coste económico de la parte regulada por el Estado en la factura eléctrica de suministro a las comunidades de regantes, deja en la actualidad un bajo margen de negociación de la parte no regulada con las compañías suministradoras. «Tanto es así que ya el 45 por ciento de la factura eléctrica responde a los términos potencia+peaje, controlados por el Estado», precisa el colectivo.

El pasado mes de marzo Riegos del Alto Aragón ya remitió a la Federación Nacional de Comunidades Regantes sus alegaciones con respecto a la propuesta elaborada en el ministerio, en las que se reiteraba la necesidad de contar con la posibilidad de dos contratos de suministro en un mismo punto, o que los contratos de temporada flexibles, con los mismos equipos de medida, no sean gravados con ningún coste adicional y, por supuesto, sin penalizaciones.

Por su parte, también ayer, tras valorar las últimas propuestas de Industria (entre las que se incluirían el establecimiento de contratos flexibles, y de horas valle para fines de semana y durante el mes de agosto), el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, las calificó de «poco realistas y alejadas de la crítica situación que atraviesa el regadío español».

NUEVA REUNIÓN

Por otra parte, el próximo viernes los representantes de los agricultores se volverán a reunir con miembros del Ministerio de Industria, para seguir negociando medidas que palien el encarecimiento de los costes energéticos de los regantes, según informó Europa Press.

Este encuentro se producirá después de que las tres organizaciones agrarias nacionales (Asaja, Coag y Upa) y Cooperativas agroalimentarias enviaran sendas misivas, donde expresaban su desacuerdo con las actuales propuestas realizadas por el Gobierno, a los departamentos que dirigen Elena Espinosa y Miguel Sebastián.

Según las mismas fuentes, el borrador de Real Decreto presentado por Industria «deja sin solución la mayor parte de los problemas actuales del sector». «Las medidas son insuficientes ya que no abordan de pleno las necesidades actuales del regadío español», explicaron.

El Ayuntamiento manchego se niega a pagar el agua cedida en Alarcón por los agricultores, que piden el corte del suministro

Agravios. Los regantes tradicionales de La Ribera culpan a la Confederación Hidrográfica del Júcar de incumplir el Plan Hidrológico «siempre en beneficio de los usuarios de Castilla-La Mancha».

Regulación. El Convenio de Alarcón fija reservas de agua en el embalse para sus dueños, los regantes valencianos. Por debajo, tras ceder caudales a otros usuarios, estos deben abonar a los primeros los costes de sustitución.

Los presidentes de las acequias Real del Júcar, Sueca, Escalona, Carcaixent, Cullera y Villa y Honor de Corbera han dirigido una extensa y durísima carta al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, en la que acusan a este organismo de falta de objetividad, de incumplir el Plan Hidrológico «siempre en beneficio de los usuarios de Castilla-La Mancha» y de favorecer los intereses de Albacete.

La gota que ha rebasado el vaso de la paciencia de los regantes tradicionales del Júcar, en la comarca valenciana de La Ribera, ha sido el persistente incumplimiento del ayuntamiento respecto a lo estipulado en el Convenio de Alarcón. Dicho consistorio se niega a pagar a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ, entidad propietaria del embalse de Alarcón) 1.087.430,29 euros, cantidad correspondiente a las liquidaciones por los caudales cedidos de dicho pantano.

El Convenio de Alarcón, firmado el 23 de julio de 2001 entre el Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha y los regantes tradicionales valencianos, que usan las aguas del Júcar desde hace 750 años, fija en favor de estos unas reservas mínimas en el embalse para garantizar sus necesidades. Si se baja de estas reservas, por ceder caudales de las mismas a otros usuarios, estos están obligados a pagar a los primeros por los costes de sustitución del agua que ya no les llegará por el río y tendrán que extraer de pozos, con mayores gastos de inversión, energéticos y de mantenimiento.

Así ha venido ocurriendo en años pasados, cuando, en aplicación de sucesivas resoluciones de la Confederación, se ha desviado agua de la reserva de los regantes valencianbos a otros usuarios. En total han sido 247 millones de metros cúbicos los desviados, y los regantes de La Ribera han tenido que costear los gastos de extracción de ese caudal para aportarlo al sistema.

De esos 247 millones de metros cúbicos, el Ayuntamiento de Albacete ha utilizado 29,3, pero, a diferencia de los otros usuarios beneficiados por el desvío de agua (bastantes de ellos en la Comunitat Valenciana), que han abonado las liquidaciones requeridas, el consistorio de la capital manchega se niega a pagar y aduce que el uso de boca es preferente al riego, por lo que no se siente obligado.

Ante esta actitud, los regantes valencianos piden a la Confederación Hidrográrfica que otorgue un último plazo de tres meses para regularizar la situación, y, en caso de persistir en la negativa, que se corte el suministro de agua. Los regantes tradicionales recuerdan a la propia Confederación que «no ha adoptado las medidas necesarias para hacer cumplir sus propias resoluciones», dejándolos en una «situación de indefensión». Reconocen que, en la ley de aguas, el uso de boca es preferente, pero no con carácterconfiscatorio, sino indemnizando a quienes tienen los derechos (los regantes valencianos). Culpan al Ayuntamiento de Albacete de «comportarse como si estuviera por encima del Estado de Derecho y las leyes» y reitera que la Administración central le tolera que incumpla el Convenio de Alarcón.

Los regantes de la Mancha Oriental dicen, por el contrario, que comparten «las tres cuartas partes» de la visión de Juan José Moragues sobre la situación actual de la cuenca del Júcar

Juan José Moragues, presidente de la

La reciente entrevista concedida a La Tribuna por el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, ha suscitado reacciones encontradas desde dos ámbitos bien diferentes, los ecologistas y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.
Por una parte, Ecologistas en Acción de Albacete consideraba sus declaraciones como ajenas a la realidad de la cuenca que, insisten, se encuentra desde su punto de vista en un estado general de sobreexplotación, no sólo en la Mancha Oriental, sino en todo su conjunto.
Por la otra, desde la Junta Central de Regantes, su presidente, Francisco Belmonte, consideraba que «casi todo» el discurso del presidente es asumible, con un sólo «pero», el del ámbito de la futura demarcación, cuya definición corresponde al Gobierno.
Cipriano Escribano, como representante de Ecologistas en Acción de Albacete, señalaba ayer que «en nuestra opinión, el mejor titular que podía haber acompañado a la entrevista debería haber sido Juan José el país de las maravillas, porque nos pareció que Moragues, o peca de inocente, o va de inocente»
«No se puede hablar de eficiencia ni de contención en el consumo cuando la norma de los 7.000 metros cúbicos ha permitido hacer 3.000 pozos nuevos», afirmó, en referencia a la norma que permite realizar transformaciones al regadío de pequeño tamaño por debajo de ese volumen y que, según denuncian los ecologistas, se ha convertido en un «coladero» que acentúa la sobreexplotación de la cuenca.
«Para nosotros, la cuenca está sobreexplotada -señaló- y nadie nos convencerá de lo contrario hasta que no haya un control efectivo y real de los consumos a través de caudalímetros, no sólo a través de estimaciones realizadas con imágenes de satélite».
Por contra, el presidente de la Jcrmo, Francisco Belmonte, se mostraba bastante más prudente sobre las palabras de Moragues. A su juicio, «las tres cuartas partes de la entrevista son perfectamente asumibles por nosotros y sus palabras demuestran que, si por él fuera, habríamos tenido un acuerdo en el Júcar hace años».
«El único ‘pero’ que le ponemos a su discurso está en la definición que da del ámbito de la Demarcación -afirmó- pero eso es algo que no sólo depende de él, depende de un decreto que el Gobierno de la Nación debería haber promulgado desde hace mucho tiempo».
En todo caso, y en este aspecto, Belmonte se acogió a las palabras finales de la entrevista del presidente, «esto es, que seremos duros y vehementes donde tengamos que serlo, en las mesas de negociación, en los foros de debate; en el resto, nobleza obliga».
«Aún así, por encima de polémicas y debates, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, como él mismo dice -afirmó- y es que, hoy, como en el 98, la peor hipótesis posible es que no seamos capaces de llegar a un acuerdo, ahí si que perderíamos todos».