Barreda lanza un envite a Cospedal para salvar el proyecto, que la líder popular contesta afirmando que «el acuerdo es posible». No obstante, El PP advierte de que votará en contra si no se limpia el texto de «competencias estatales»

El Estatuto de Autonomía ha salido, de momento, del ‘limbo’ del Congreso, donde llevaba atascado más de un año, aunque su futuro sigue pendiente de un hilo o, más concretamente, de la postura que a partir de ahora adopte el PP: si mantiene su oposición y decide no apoyarlo, el PSOE lo devolverá a Castilla-La Mancha.
La ponencia que estudia esta reforma dio ayer luz verde al dictamen del texto regional, que entra ya en la Comisión Constitucional. Este paso hacia delante no ha significado, en modo alguno, que se haya sellado la paz en torno la cuestión castellano-manchega, muy al contrario. El PSOE, tal y como venía advirtiendo, aprobó el documento sin el PP, que se abstuvo y llegó a amenazar con votar en contra. CiU fue, en este sentido, el único grupo que apoyó la propuesta de los socialistas, ya que el PNV no asistió a la reunión, IU se abstuvo y el partido de Rosa Díez votó en contra.
Pocas horas después de este rifirrafe parlamentario, tanto el presidente regional, José María Barreda, como el PSOE, en boca de Eduardo Madina, lanzaron un último envite al PP. Y es que, dijeron, no habrá Estatuto si el PP no apoya el texto en la Comisión Constitucional.
El mensaje de Barreda estuvo especialmente dirigido a la líder de la oposición, María Dolores Cospedal, a quien pidió «un esfuerzo para convencer, para imponer su criterio, para que prevalezcan los intereses de Castilla-La Mancha y no los de otros territorios».

Desmarque de CiU. Una invitación al consenso que viene motivada también por la advertencia de CiU de que no seguirá apoyando al Estatuto en el Congreso si no entra el PP. El «sí» del PP «es la única manera de que se pueda aprobar, porque la aritmética parlamentaria no da para otra cosa, dado que CiU ya ha dicho que si no hay consenso con el PP ellos no lo apoyarán», reconoció Barreda.
Por su parte, Eduardo Madina confirmó que su grupo sacará del Congreso la reforma si no hay acuerdo. Según explicó a Efe, esta decisión se ha adoptado por deseo expreso de José Antonio Alonso y Leire Pajín. «Sólo habrá reforma si tenemos la mayoría que lo vio nacer en las Cortes castellano-manchegas», sentenció.
Así las cosas, la Comisión Constitucional, examen previo del Estatuto antes de llegar al pleno del Congreso, se convierte en la última oportunidad para el texto castellano-manchego, aprobado por unanimidad en las Cortes autonómicas en enero de 2007.
Volviendo al dictamen acordado ayer. Cabe apuntar que, a las enmiendas ya pactadas entre PSOE y PP en enero del pasado año, se suman ahora nueve enmiendas más de IU -la mayoría relacionadas con derechos sociales- y la enmienda transaccional del PSOE sobre el agua, no rebajable para los socialistas e inasumible para el PP.
Esta enmienda no presenta novedades a lo ya avanzado en la primera reunión de la ponencia, hace apenas 15 días. Incluye en el preámbulo una «reserva estratégica» de 4.000 hectómetros cúbicos, según estimaciones del Gobierno regional. Además, señala «la participación efectiva de la Junta en los órganos permanentes de gestión y control del trasvase» mientras «subsista».
En lo que se refiere a la disposición transitoria primera, ésta no hace mención a la citada reserva, aunque la vinculación con ésta se sitúa, según el socialista Alejandro Alonso, en la aseveración de que «la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo concretará la dotación suficiente de agua para garantizar el caudal ecológico del río» y atender «las necesidades presentes y futuras de esta Región».
La cuestión de quién fijará esta reserva hídrica, los criterios a seguir y dónde se ubicará, son puntos que no corresponde determinar a un Estatuto, añadió Alonso. A su juicio, el texto planteado por el PSOE es «una solución razonable al controvertido tema del agua», «tengo la seguridad que el PP finalmente votará el texto del dictamen».

Votaremos en contra, o no. El discurso del PP también cambió a lo largo del día de ayer. Arturo García-Tizón cargó por la mañana contra la propuesta socialista y, en concreto, contra «dos discrepancias fundamentales»: el agua y la ley electoral. «Si quieren tener el voto del PP deben hacer cambios en profundidad, les hemos dado una última oportunidad» y, «si no lo corrigen, votaremos en contra».
Ya por la tarde, Cospedal matizaba estas palabras y avanzaba que «es posible llegar a un acuerdo». «El PP va a seguir trabajando y lo va a hacer hasta la última gota y hasta la última palabra», aseguró.
Fuera de estos acercamientos vespertinos, el PP mantiene que en materia de agua «el texto es insuficiente y no resuelve los problemas». Es más, para la oposición el preámbulo podría encontrar problemas en el Tribunal Constitucional. «Se sigue haciendo mención a competencias que son sólo estatales», avisó García-Tizón. Además, «tiende a una provocación innecesaria a otras comunidades autónomas», añadió en alusión clara a Murcia y Valencia, gobernadas por el PP y que ya han amenazado con llevar a los tribunales la reforma.
Si bien el desencuentro en materia de agua entraba dentro de lo esperado, la sorpresa fue el rechazo ‘popular’ al punto dedicado a la ley electoral, contra el que no presentó enmiendas. El PP ha dado su apoyo a una enmienda de IU, que llega ‘viva’ a la Comisión Constitucional y que señala que cualquier reforma de debe ser aprobada por mayoría absoluta en las Cortes regionales, y no por mayoría cualificada, como recoge el actual dictamen. Según IU esta es una medida «absolutista».
García-Tizón aclaró que su partido apoyó esta mayoría cualificada «antes» de que el PSOE modificara la Ley castellano-manchega en 2007 por mayoría absoluta y sin el apoyo del PP, a pesar de que se estaba tramitando la reforma estatutaria. Algo que calificó de «inasumible».

apoyo catalán. Lo que tampoco cuadra en los cálculos ‘populares’ es que el PSOE haya desbloqueado el dictamen con los nacionalistas catalanes. El PSOE «no podría explicar una reforma sin el PP y con CiU», recalcó.
Con todo, el Estatuto queda de nuevo pendiente de un acercamiento, o no, entre socialistas y populares en el Congreso. «Seguimos en tablas», como reiteró Gaspar Llamazares, de IU.    

El Ministerio de Medio Ambiente pondrá en marcha este año un paquete de inversiones en la cuenca del Júcar que ronda los 220 millones de euros y que se destinará a abastecimiento y regadío en las provincias de Cuenca y Albacete. Es lo que se deduce de la reunión que mantuvieron ayer a cuatro bandas el presidente de la Junta, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la alcaldesa de Albacete y el secretario de Estado de Agua. Este último, Josep Puxeu, fue el que comprometió al Ministerio a poner toda esa cantidad de dinero: «Dentro de las posibilidades presupuestarias, las decisiones de licitación en este 2010 de estas grandes obras es un compromiso que vemos posible, viable».
Estas grandes obras son un total de cinco. La que se lleva más fondos es la que sustituirá los bombeos del Acuífero de la Mancha Oriental por cuatro nuevas tomas en el canal del Acueducto Tajo-Segura. En total la inversión superará los 100 millones de euros y prevé liberar al acuífero de la explotación de 47 hectómetros para el regadío de una extensión que puede llegar a 12.000 hectáreas. Se trata de la segunda fase de un proyecto que en conjunto contempla la sustitución de 80 hectómetros de bombeos en este acuífero.
El segundo de los proyectos que se lleva más dinero es el de abastecimiento del embalse del Picazo a la zona sur de Cuenca y norte de Albacete. En total 77 millones de euros se invertirá para que el agua llegue 20 municipios de estas dos provincias en un primer momento y que además las obras levantadas sirvan de infraestructura básica para el abastecimiento futuro de 49 localidades.

el cupo de albacete. La ciudad de Albacete se lleva los tres proyectos restantes y que el Ministerio se ha comprometido a licitar este año. Por un lado, habrá 30 millones de euros para la depuradora, dos millones para la recuperación medioambiental del canal del Salobral y otros ocho millones para una planta de ósmosis. Como dijo Puxeu: «La calidad del agua tiene mucho que ver con la demanda de los ciudadanos del siglo XXI».
El secretario de Estado reconoció que la cifra de los más de 200 millones de euros puede parecer fría, pero que detrás están «las infraestructuras, las obras y sobre todo, la necesidad de los ciudadanos, de muchos pequeños municipios que se abastecen con agua de pozos y de muchos agricultores, que dependen de la seguridad del abastecimiento».
Barreda hizo un balance satisfactorio de la reunión, sobre todo porque en ella se «verbalizaron compromisos importantes». El presidente autonómico recordó que aunque el Gobierno de España lleve la gestión de las cuencas de los ríos, las comunidades autónomas también deben tener voz en estos temas. Y más Castilla-La Mancha, por la que transcurre una parte importante del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar, y que además tiene una pequeña cuota de las cuencas del Guadalquivir, Ebro y Duero.
En el caso concreto del río Júcar, Barreda recordó que «no es de Valencia, sino que es un río de España, de todos los españoles y sobre todo de Castilla-La Mancha, en la medida de que la mayor parte de la cuenca está en nuestro territorio». Las palabras del presidente estaban a la vez muy vinculados con la batalla emprendida por la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, que recurrirá la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha ordenado que el su ayuntamiento tiene que pagar indemnizaciones a los regantes valencianos por el uso del pantano de Alarcón.

En los tribunales. Este recurso también fue uno de los temas que se trató en la reunión con Puxeu y el presidente de la Confederación del Júcar, aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto a la salida del encuentro. Sí lo hizo Carmen Oliver: «Tenemos un derecho y recurrimos en casación aquella sentencia porque entendemos que no daba prioridad al consumo humano de la que es la mayor ribera de la cuenca del Júcar, como es Albacete», corroboró.
La alcaldesa confirmó a Puxeu que seguirá adelante con su cruzada y asegura que tiene el apoyo de los albaceteños. Al margen de esta polémica, Oliver agradeció al Ministerio que no se hayan paralizado proyectos como la depuradora, la planta de ósmosis o la recuperación del canal del Salobral.
Aparte del Júcar, el secretario de Estado recordó que tiene otros asuntos en cartera relacionados con el agua en Castilla-La Mancha. La Tubería a la Llanura Manchega, la rehabilitación del Tajo a su paso por Toledo o el abastecimiento de la comarca de La Sagra son algunas de las tareas que aseguró tener en mente. «Gobernar es la discusión de las prioridades y dentro de las posibilidades presupuestarias, tomar las decisiones oportunas», recalcó.  

No fue como si les echaran un jarro de agua fría, sino como si se lo quitasen. Los regantes y agricultores alicantinos alzaron ayer sus voces de protesta contra la votación del Estatuto de Castilla-La Mancha. Ya lo habían advertido en la primera reunión, que habría «guerra civil» si se aprobaba la reserva, y ayer comenzaron a tomar medidas defensivas. El portavoz de Riegos de Levante, Angel Urbina, aseguró que los agricultores no descartan «promover un partido político para defender la provincia contra los dos grandes partidos políticos de España» -PP y PSOE-, a los que acusó de querer ganar «sólo en Castilla-La Mancha» dejando de lado «la provincia de Alicante».

El portavoz de los regantes comentó que tanto PP como PSOE «desprecian a la cuarta provincia del Estado español, como es Alicante» por no oponerse a la reserva hídrica y anunció movilizaciones contra la decisión acordada y la promoción de distintas manifestaciones y actos «para hacer boicot a PSOE y PP», partidos a los que, a su juicio, «ningún ciudadano de la provincia debe votar» puesto que «anuncia la ruina» de la población.

Por su parte, la asociación Jóvenes Agricultores-ASAJA de Alicante recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) si el pleno del Congreso aprueba definitivamente la reserva. Fuentes de ASAJA- Alicante señalaron que organizarán también «paros en el campo y todas las medidas de presión que sean precisas con la finalidad de evitar que se vean vulnerados los derechos al agua de Alicante y Murcia». Además, han advertido de que «harán una cruel guerra abierta entre autonomías si triunfan los postulados castellano-manchegos insolidarios».

La confederación de empresarios COEPA afirma en un comunicado que «la provincia de Alicante no puede renunciar a los aportes del trasvase Tajo-Segura» y que «el mantenimiento de la transferencia en la situación actual, sin ningún tipo de limitación, «representa un ejercicio de responsabilidad y de solidaridad entre territorios».

El Congreso de los Diputados fue escenario ayer de un tenso derbi que disputaron los partidos políticos con representación en la Cámara, especialmente   PP y PSOE, para debatir la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que supondría la muerte del trasvase Tajo-Segura. El encuentro terminó, por el momento, con la victoria de los castellanomanchegos al anotar un importante tanto con la aprobación del texto propuesto por los socialistas, cuyo preámbulo recoge  una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos para satisfacer las necesidades de la comunidad vecina, a la vez que resalta la necesidad de que la Junta participe en «los órganos permanentes de gestión y control del trasvase Tajo-Segura mientras subsista».El PSOE consiguió desbloquear el texto estatutario, que permanecía estancado en el Congreso desde hace más de un año, gracias al apoyo de los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió (CiU), mientras que se abstuvieron PP y ERC-IU-ICV; UPyD, lo rechazó, y PNV no asistió a la ponencia encargada de dictaminar la reforma del Estatuto. De este modo, los socialistas lograron establecer mediante una enmienda transaccional en el preámbulo, que no en el articulado ni en la disposición transitoria, que la comunidad manchega «considera  necesaria una reserva de agua de 4.00 hectómetros para atender las necesidades de la región». Es decir, que aprendieron el truco con el término «nación» en el Estatut de Cataluña, pues no es que Cataluña sea una nación, sino que así lo define el Parlament. En cuanto a la fecha de caducidad en 2015, aunque el texto no lo recoge de forma explícita, sí que se hace referencia de forma indirecta porque se indica que hay que revisar y adaptar el trasvase a los términos medioambientales recogidos en la directiva europea, cuyos objetivos se deben alcanzar antes de 2015.El documento, que se prevé que se debata dentro de dos semanas en la comisión Constitucional del Congreso y posteriormente en el pleno, también señala que la Junta sea informada con carácter previo ante cualquier trasvase, cesión o transferencia que afecte a las cuencas hidrográficas de la Comunidad «a fin de que emita preceptivamente un informe». De este modo, Castilla-La Mancha da un nuevo pasito para conseguir aprobar su texto estatutario, mientras la Región de Murcia y Valencia rechazan de forma unánime el documento y depositan su esperanza en los votos del PP para poner freno al Estatuto y evitar así el fin de la infraestructura hidráulica, tal y como afirmó el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá. No obstante, el PSOE advirtió que no aceptará un Estatuto que no cuente con el consenso y señaló que lo retirará si no logra.Una cosa que no se termina de entender en la Región es el apoyo de los nacionalistas catalanes al Estatuto, cuando éstos no cuentan con representación en las Cortes de Castilla- La Mancha. El portavoz de CiU en la ponencia, Jordi Xuclá, explicó que su voto positivo perseguía facilitar su avance en la Cámara, si bien advirtió que no apoyará el texto en la comisión Constitucional si no hay un acuerdo de las dos formaciones mayoritarias.En la Región de Murcia se tienen las cosas bien claras califican el texto de «anticonstitucional». Así lo señaló el presidente de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, que aseguró que «no puede salir adelante» la propuesta socialista de 4.000 hectómetros cúbicos de reserva para Castilla-La Mancha «porque es anticonstitucional» y garantizó que «utilizará todos los medios para que la propuesta no salga a la luz».Valcárcel indicó que la reserva «ataca los intereses de la Región y supone la muerte por asfixia, el cierre del grifo del trasvase, absolutamente vital para la comunidad y  Alicante y Almería». Para el jefe del Ejecutivo murciano, la oferta socialista «demuestra quién quiere guillotinar el trasvase a través del enfrentamiento y la provocación».Cerdá calificó el texto del PSOE de «un ataque directo al corazón de Murcia» y dijo que lo aprobado en Madrid es el resultado de la política antitrasvasista de Zapatero, que comenzó con la derogación del trasvase del Ebro.  El Gobierno regional, con Valcárcel a la cabeza, movilizará a toda la sociedad murciana en una gran manifestación si el PSOE no retira la reserva del Estatuto y modifica profundamente las referencias que ponen en peligro el trasvase.Por su parte, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, resaltó que el texto es  «inconstitucional» y aseguró que Rodríguez Zapatero «nos mintió en 2007 cuando aseguró que nunca se aprobaría en el Congreso un texto que fuera inconstitucional». Claver resaltó que el texto constituye es «una humillación, un daño gravísimo a nuestra tierra y la muerte inmediata del trasvase Tajo-Segura en caso de aprobarse». Asimismo, el presidente de los regantes subrayó la labor de los partidos regionales aunque ésta, a su juicio, «se diluya a nivel nacional».

Los agricultores se plantean crear un partido político
La indignación de los agricultores es mayúscula, tanto es así que incluso en la provincia de Alicante se plantean promover la creación de un partido político para defender la provincia contra los dos grandes partidos políticos de España, a los que acusó de querer ganar «sólo en Castilla-La Mancha» dejando de lado «la provincia de Alicante». Así lo manifestó ayer el portavoz de Riegos de Levante, Ángel Urbina, quien afirmó que el Tajo-Segura «inicia la cuenta atrás para ser eliminado y la pregunta que se hacen los agricultores y ciudadanos de la provincia de Alicante es de dónde demonios vamos a beber y regar». Para Urbina, el mantenimiento de la reserva hídrica en el prólogo estatutario implica «la muerte» del trasvase. Por otro lado, la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana (Fecoreva) expresó su «enérgico rechazo» a la reserva hídrica de 4.000 hectómetros cúbicos del Tajo, que consideró un «ataque frontal contra la Comunitat Valenciana, ya que no sólo amenaza al regadío, sino también los abastecimientos urbanos, por lo que va en contra de todos los ciudadanos» y añadió que Alicante «no podría alcanzar el grado de desarrollo del que goza actualmente».

En una comparecencia ante los periodistas junto con el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, tras la reunión mantenida en Toledo para hablar sobre la cuenca del Júcar, Barreda ha considerado que el de hoy es un paso adelante importante en el camino para la aprobación del Estatuto de Autonomía.

El grupo parlamentario socialista ha sacado adelante su propuesta de incluir en el Estatuto de Castilla-La Mancha una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua para la comunidad autónoma gracias al apoyo de CiU y la abstención del PP.

La abstención del Partido Popular, según Barreda, hace que se mantenga "la esperanza de su voto positivo en la Comisión", que se reunirá próximamente y se pronunciará sobre el conjunto del dictámen.

Los planteamientos del PP, según ha comentado el presidente regional, han sido "en general positivos, de no oposición", y su abstención "deja un margen de esperanza para el acuerdo", que él sigue deseando.

En este sentido, ha recordado que en el origen de la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha está la unanimidad de las Cortes regionales y sería "deseable" que los dos partidos con representación en la Cámara autonómica lo apoyaran en el Congreso de los Diputados.

Josep Puxeu, por su parte, también ha saludado el acuerdo de hoy y ha deseado que la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha avance con el mayor respaldo posible de los grupos políticos.

Preguntado por los periodistas sobre si la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos "le daña la vista" como dijo que le ocurría con el anterior planteamiento de 6.000 hectómetros, Puxeu ha dicho que la gestión del agua en España es compleja.

Ha comentado que "los grandes ríos de España pasan por Castilla-La Mancha y las necesidades de crecimiento de Castilla-La Mancha pasan por un buen uso y una buena disponibilidad de agua".

Es importante, según el secretario de Estado, que la región se dote de un Estatuto "de nueva generación, potente para afrontar los retos de la España del siglo XXI".

Ha recordado que siempre han estado buscando el acuerdo y ha felicitado el esfuerzo de los grupos parlamentarios en avanzar en la aprobación de ese texto.

"Es una buena noticia que haya un texto lo más consensuado posible y ojalá venga con un nivel de apoyo igual al que tuvo en las Cortes de Castilla-La Mancha", ha deseado Puxeu, para quien es importante que no haya imposición y eso es lo que hace el proceso complejo.

Al hilo de la pregunta, Barreda ha señalado que lo importante es lo que dice el Congreso de los Diputados, que es donde se aprueban finalmente los estatutos de Autonomía, y ha mencionado que todos los estatutos "de nueva generación" han sido modificados en el Congreso antes de ser finalmente aprobados.

"Lo importante es que el texto último garantice los derechos de los castellano-manchegos, y el texto que hoy ha aprobado la ponencia, los garantiza"; por eso a él le gusta y satisface, ha destacado el presidente regional Todo lo dicho hasta ahora, ha añadido, pasa a un segundo plano, porque el escenario ha cambiado, y a partir de ahora la referencia es lo aprobado hoy en el Congreso de los Diputados.

Barreda, que ha conocido la aprobación de la propuesta mientras estaba reunido con Puxeu a través de una conversación telefónica con el diputado socialista Alejandro Alonso, uno de los negociadores, ha indicado que se hace alusión a la reserva de 4.000 hectómetros cúbicos en el preámbulo, pero ha agregado que hay muchas alusiones a la cuestión hidrológica en todo el Estatuto. EFE

Castilla-La Mancha se beneficiará de un paquete de inversiones cercano a los 250 millones de euros para abastecimiento y depuración a los municipios de la cuenca del Júcar, tal y como se han comprometido hoy el presidente regional, José María Barreda; el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu; y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, en una reunión que mantuvieron en Toledo.

   En rueda de prensa, Barreda explicó que en el transcurso de la reunión se han verbalizado algunos compromisos importantes para la región como la licitación de la redacción del proyecto y obras de la segunda fase de la sustitución de bombeos en acuífero de la Mancha Oriental, con un presupuesto aproximado a los 100 millones de euros y la licitación de la primera fase de la infraestructura de abastecimiento a los municipios del entorno del embalse de Contreras y Manchuela desde El Picazo (Cuenca), con un presupuesto aproximado a los 75 millones de euros.

   Del mismo modo, se acordó algo fundamental para la ciudad de Albacete como es una planta de osmosis, presupuestada en aproximadamente 8 millones de euros y la depuradora, que cuenta con una inversión de 30 millones de euros, así como el Canal del Salobral presupuestado en dos millones de euros.

   Otro de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ha sido la revisión de la situación jurídico-administrativa del convenio de Alarcón ya que este convenio debía ir vinculado a unas normas de explotación del sistema Júcar que, de acuerdo con la Ley de Aguas, dieran prioridad al abastecimiento de la propia cuenca hidrográfica.

   Durante la reunión, la CHJ se ha comprometido con el presidente Barreda a agilizar las concesiones a los regantes de la Mancha Oriental, actualmente en tramitación.

   Barreda, que destacó que «cuando se habla de agua en Castilla-La Mancha tenemos que estar en el Tajo, en el Guadiana, en el Júcar, en el Segura e, incluso, en el Guadalquivir, en el Duero, y en El Ebro», manifestó que para Castilla-La Mancha el Júcar es un río «muy importante».

   «No es de Valencia, el Júcar es un río de España y, sobre todo, de Castilla La Mancha en la medida que la mayor parte de la cuenca está en su territorio, pero es una cuenca compartida por diversas comunidades autónomas y, por lo tanto, como es lógico es el Gobierno de la Nación el responsable de su gestión», declaró.

TALANTE «DIALOGANTE Y CONSTRUCTIVO»

   El presidente, que se mostró satisfecho de la reunión y del talante «dialogante y constructivo» del presidente de la Confederación y del secretario de Estado, explicó que la presidencia de la alcaldesa de Albacete se debe a que «nos preocupa la situación que se ha planteado en nuestra ciudad en relación al pago del agua en función de una determinada interpretación del convenio de Alarcón».

   Por su parte, el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, calificó de «importante, larga y fructífera» la reunión, al tiempo que destacó que existen muchos pequeños núcleos que se abastecen con agua de pozo y tienen problemas de abastecimiento algunos veranos y hay muchos agricultores que dependen de la seguridad de los abastecimientos de sus regadíos.

   Por último, la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, hizo alusión al Plan de Barrios y Pedanías en la ciudad de Albacete, mostrándose orgullosa de que dicho plan se haya transformado en empleo y en mejora de calidad de vida. Asimismo, subrayó su satisfacción ante esta reunión tan fructífera para la ciudad de Albacete.

El diputado Compromís Josep Maria Pañella ha presentado una proposición no de ley en las Cortes Valencianes para exigir al Ministerio de Medio Ambiente «que haga cumplir la ley y que los ayuntamientos que gastan más agua de la que deben del embalse de Alarcón paguen algo más de un millón de euros que adeudan a los regantes valencianos» de la cuenca del Xúquer.

Pañella, en un comunicado, criticó que mientras el conseller de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo, Juan Cotino, se dedica a inaugurar una exposición «pagada con fondos públicos para reivindicar el inexistente transvase del Ebro», el único transvase activo del que se beneficia el pueblo valenciano, el del Tajo-Segura, «está en peligro» por el acuerdo para incluir una reserva de 4.000 Hm3 en el preámbulo del texto estatutario castellanomanchego.Sobre la reserva hídrica, el portavoz de Compromís, Enric Morera, advirtió de que PP y PSOE «llegarán finalmente a un acuerdo y sentenciarán a muerte» al sur de la Comunitat.»En vez de estar en Madrid, Cotino no se molesta en desplazarse y mucho menos el presidente Camps, que está toda la semana desaparecido», declaró.Frente a esto Compromís «han decidido tomar la iniciativa haciendo propuestas reales para reivindicar las necesidades hídricas y los derechos del pueblo valenciano». Con la proposición no de ley tratan de exigir al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar para que el Ayuntamiento de Albacete cumpla con el convenio de Alarcón -firmado en julio de 2001 por los gobiernos central, valenciano y castellano-manchego y los regantes valencianos-, por el cual se fijan unas reservas mínimas para los usuarios valencianos y, en caso de cederlas, «se les debe de indemnizar, caso que no ha sucedido hasta el momento y por ello el consistorio albaceteño adeuda más de un millón de euros a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar».Según declaró Pañella, «la falta de un Gobierno valenciano fuerte nos trae problemas como los que tenemos. La comunidad vecina sobreexplota los acuíferos de la Mancha oriental, nos quieren imponer una reserva hídrica para acabar con el transvase Tajo-Segura y, además, gastan el agua que nos corresponde de Alarcón y se niegan a pagar por ello, lo cual ya es intolerable y por eso queremos que las Cortes se pronuncien».Para el parlamentario valencianista, «esto que proponemos sí que es hacer una política real para asegurar el agua y el bienestar a nuestro pueblo y no lo que hace el Consell». Por otro lado, consideró que la exposición que inauguró este jueves Cotino sobre un documento de la época de la II República que habla del transvhase del Ebro «nos hace pensar que ahora el Consell se ha hecho republicano, al mismo tiempo que ignorante, porque a finales del siglo XIX algunos municipios de la provincia de Castelló pidieron el transvase, aunque en aquella época ni la costa, ni el medio ambiente, ni la agricultura, ni el territorio estaban en la misma situación que ahora, ni existían especuladores ni tramas de corrupción a gran escala como ahora que se aprovechan de las grandes infraestructuras y de las administraciones públicas».

"Desde la unidad de los regantes valencianos, estamos totalmente en contra de la reserva hídrica del Tajo, y vamos a seguir defendiendo que esta medida no siga adelante, porque, de lo contrario, significaría el fin del Trasvase Tajo-Segura, tan necesario para las comarcas alicantinas y el desarrollo de toda la Comunitat", aseguran en una nota desde Fecoreva.

Así, los regantes de la Comunitat consideran la aprobación de la reserva hídrica del Tajo un "ataque frontal contra la Comunitat Valenciana, ya que no sólo amenaza al regadío, sino también los abastecimientos urbanos, por lo que va en contra de todos los ciudadanos".

En este sentido, recuerdan que, gracias al Tajo-Segura, más de 55.000 hectáreas de cítricos, hortalizas y frutales reciben el agua que necesitan cada año, así como los suministros urbanos y turísticos de las comarcas del Bajo Segura, Bajo Vinalopó, Medio Vinalopó y el propio Alicante.

"Sin los 160 hectómetros cúbicos que el Tajo-Segura aporta a los alicantinos, la segunda provincia de la Comunitat no podría alcanzar el grado de desarrollo del que goza actualmente", advierten.

Pero, además, "no sólo significaría el fin del trasvase Tajo-Segura, sino que representaría una seria amenaza para el embalse de Alarcón y, por tanto, pondría en peligro la supervivencia del río Júcar y gran parte del regadío valenciano, así como el abastecimiento de la propia ciudad de Valencia, ya que el 80 por ciento del agua que ésta consume procede del Júcar", añaden los regantes.

Fecoreva manifiesta su apoyo al Ejecutivo valenciano en defensa de la solidaridad colectiva y el reclamo de un gran acuerdo a nivel nacional para garantizar el suministro de agua en toda España, en cantidad y calidad suficiente.

Del mismo modo, la Federación también respalda al presidente Francisco Camps en su defensa de los intereses de la agricultura de la Comunitat.EFE

Las reacciones políticas en la Comunitat no se hicieron esperar ayer, tras conocer que el PSOE había sacado adelante su propuesta de incluir en el Estatuto de Castilla-La Mancha una reserva de 4.000 hm3 de agua para la autonomía, con apoyo de CiU y abstención del PP. Así se dirimió en la ponencia encargada de la reforma en la Comisión Constitucional del Congreso.

Pero la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (FECOREVA) expresó de inmediato su “enérgico rechazo” a la reserva. “No solo significaría el fin del trasvase Tajo-Segura, sino que representaría una seria amenaza para el embalse de Alarcón y peligraría la supervivencia del Júcar y gran parte del regadío valenciano y el abastecimiento de la propia ciudad de Valencia”, añadieron, y pidieron un acuerdo nacional.

El jefe del Consell, Francisco Camps, lamentó que se “apuntille” la agricultura valenciana; y por el PPCV, Antonio Clemente, que “Alarte traiciona a los valencianos y debería dimitir”. Pero Jorge Alarte (PSPV) exigió también retirar el estatuto para evitar una “confrontación territorial”. Y Compromís exigió a Castilla la Mancha que “pague lo que debe a los regantes”.

A última hora, desde el PSOE apuntaron que sin el apoyo del PP retirarán la propuesta y por los populares, Cospedal dijo que van a intentar acuerdos. H

El Ministerio de Medio Ambiente pondrá en marcha este año un paquete de inversiones en la cuenca del Júcar que ronda los 220 millones de euros y que se destinará a abastecimiento y regadío en las provincias de Cuenca y Albacete. Es lo que se deduce de la reunión que mantuvieron ayer a cuatro bandas el presidente de la Junta, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la alcaldesa de Albacete y el secretario de Estado de Agua. Este último, Josep Puxeu, fue el que comprometió al Ministerio a poner toda esa cantidad de dinero: «Dentro de las posibilidades presupuestarias, las decisiones de licitación en este 2010 de estas grandes obras es un compromiso que vemos posible, viable».
Estas grandes obras son un total de cinco. La que se lleva más fondos es la que sustituirá los bombeos del Acuífero de la Mancha Oriental por cuatro nuevas tomas en el canal del Acueducto Tajo-Segura. En total la inversión superará los 100 millones de euros y prevé liberar al acuífero de la explotación de 47 hectómetros para el regadío de una extensión que puede llegar a 12.000 hectáreas. Se trata de la segunda fase de un proyecto que en conjunto contempla la sustitución de 80 hectómetros de bombeos en este acuífero.
El segundo de los proyectos que se lleva más dinero es el de abastecimiento del embalse del Picazo a la zona sur de Cuenca y norte de Albacete. En total 77 millones de euros se invertirá para que el agua llegue 20 municipios de estas dos provincias en un primer momento y que además las obras levantadas sirvan de infraestructura básica para el abastecimiento futuro de 49 localidades.

el cupo de albacete. La ciudad de Albacete se lleva los tres proyectos restantes y que el Ministerio se ha comprometido a licitar este año. Por un lado, habrá 30 millones de euros para la depuradora, dos millones para la recuperación medioambiental del canal del Salobral y otros ocho millones para una planta de ósmosis. Como dijo Puxeu: «La calidad del agua tiene mucho que ver con la demanda de los ciudadanos del siglo XXI».
El secretario de Estado reconoció que la cifra de los más de 200 millones de euros puede parecer fría, pero que detrás están «las infraestructuras, las obras y sobre todo, la necesidad de los ciudadanos, de muchos pequeños municipios que se abastecen con agua de pozos y de muchos agricultores, que dependen de la seguridad del abastecimiento».
Barreda hizo un balance satisfactorio de la reunión, sobre todo porque en ella se «verbalizaron compromisos importantes». El presidente autonómico recordó que aunque el Gobierno de España lleve la gestión de las cuencas de los ríos, las comunidades autónomas también deben tener voz en estos temas. Y más Castilla-La Mancha, por la que transcurre una parte importante del Tajo, Guadiana, Segura y Júcar, y que además tiene una pequeña cuota de las cuencas del Guadalquivir, Ebro y Duero.
En el caso concreto del río Júcar, Barreda recordó que «no es de Valencia, sino que es un río de España, de todos los españoles y sobre todo de Castilla-La Mancha, en la medida de que la mayor parte de la cuenca está en nuestro territorio». Las palabras del presidente estaban a la vez muy vinculados con la batalla emprendida por la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, que recurrirá la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha ordenado que el su ayuntamiento tiene que pagar indemnizaciones a los regantes valencianos por el uso del pantano de Alarcón.

En los tribunales. Este recurso también fue uno de los temas que se trató en la reunión con Puxeu y el presidente de la Confederación del Júcar, aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto a la salida del encuentro. Sí lo hizo Carmen Oliver: «Tenemos un derecho y recurrimos en casación aquella sentencia porque entendemos que no daba prioridad al consumo humano de la que es la mayor ribera de la cuenca del Júcar, como es Albacete», corroboró.
La alcaldesa confirmó a Puxeu que seguirá adelante con su cruzada y asegura que tiene el apoyo de los albaceteños. Al margen de esta polémica, Oliver agradeció al Ministerio que no se hayan paralizado proyectos como la depuradora, la planta de ósmosis o la recuperación del canal del Salobral.
Aparte del Júcar, el secretario de Estado recordó que tiene otros asuntos en cartera relacionados con el agua en Castilla-La Mancha. La Tubería a la Llanura Manchega, la rehabilitación del Tajo a su paso por Toledo o el abastecimiento de la comarca de La Sagra son algunas de las tareas que aseguró tener en mente. «Gobernar es la discusión de las prioridades y dentro de las posibilidades presupuestarias, tomar las decisiones oportunas», recalcó.