Nada que ver la bronca por los sueldos, con el sosegado debate acerca del derecho que Albacete tiene a beber agua del Júcar sin tener por qué pagar ni un céntimo a los dueños del embalse de Alarcón, es decir, los regantes valencianos e Iberdrola, por coger agua de la presa en tiempos de sequía.

El PSOE pidió, y consiguió, el respaldo político de Partido Popular e Izquierda Unida en este asunto; aunque el equipo de gobierno ya había anunciado días atrás su intención de recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Valencia que condena al Ayuntamiento de Albacete a pagar más de un millón de euros a la USUJ (Unión Sindical de Usuarios del Júcar) por haber tomado agua de Alarcón entre 2005 y 2008, cuando el embalse estaba por debajo del volumen de reserva mínimo.

«Hay que recurrir, porque Albacete en este asunto no puede dar ni un paso atrás, el agua para beber debe estar fuera de todo comercio», dijo el concejal del PP, Juan Marcos Molina. Mientras que la portavoz de IU, Rosario Gualda, respaldaba el recurso al Supremo por entender que la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar es «indigna».

El recurso, según explicó el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, se basará en que el propio actual Plan del Júcar fija en su artículo 8 que primero es el agua para beber, después para regar y luego para los usos hidroeléctricos.

Lo que no logró IU es que el pleno fuese más allá. Gualda opinó que éste era un buen momento para pedir además que se elabore un nuevo Plan del Júcar y que se derogue el convenio de Alarcón, el origen de todos los males, pues es ahí donde el Ministerio de Medio Ambiente admitió a los regantes valencianos fijar ese volumen de reserva y el derecho a cobrar indemnizaciones.

Prudencia

Pero Ramón Sotos le dijo que no. Y no porque no compartiese su posición, si no por «prudencia»; de hecho, pidió «comprensión» al PP y a IU, pues según desveló ya habían tenido reuniones con la Confederación del Júcar y la USUJ para «interpretar» el convenio de Alarcón «sin perjudicar a los intereses de Albacete».

Eso sí, Sotos se comprometió a mantenerles informados de las negociaciones y aseguró que «no nos levantaremos de la silla» hasta que no logren un acuerdo satisfactorio.

Sobre el nuevo Plan Hidrológico del Júcar, el concejal detalló que si se la revisión de este documento lleva un año y medio de retraso con respecto al de otras cuencas, se debe a que la Junta de Comunidades recurrió un decreto de 2007 donde no se dejaba claro la demarcación de la cuenca. Recordó, a este respecto, que ya en 2004 el Supremo dijo que las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana debían excluirse de la cuenca del Júcar.

JOSÉ SIERRA VALENCIA ?Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha ratificado la legalidad de la reserva de caudales en el pantano de Alarcón en favor de los regantes tradicionales del Júcar y su derecho a ser indemnizados cuando el nivel de los recursos almacenados en el sistema descienden por debajo de de 263 hectómetros cúbicos en verano.
La compensación, que el TSJ-CV, entiende fundada en el texto reformado de la ley de Aguas y en el artículo 32 del Plan Hidrológico del Júcar, en el que incardina el Convenio de Alarcón, se justifica en que los regantes valencianos tienen que sufragar el coste energético de los rebombeos y de extraer agua del acuífero para que otros usuarios con menor derecho puedan disponer de agua de Alarcón en situación de sequía.

Una pretensión desactivada
La sentencia ratifica las liquidaciones giradas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en nombre de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) contra el Ayuntamiento de Albacete, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) y el canal Júcar-Turia y desactiva en parte la pretensión de algunos usuarios castellano manchegos de ilegalizar cualquier uso del agua fuera del ámbito geográfico del río Júcar.
Así, el TSJ de la Comunitat Valenciana, rechaza el recurso de los regantes y ayuntamiento albaceteños contra la cesión de caudales del Júcar para la comunidad del canal Júcar-Turia (que incluye, entre otros usuarios, a la ciudad de Valencia) y para la mancomunidad de los Canales de Taibilla (Alicante) que anticipaban la posición -recurrir a los tribunales- ante los próximos envíos a través del Júcar-Vinalopó.
En su recurso aseguran que la Confederación Hidrográfica del Júcar es «incompetente» para autorizar estos envíos pues considera que está «ilegalmente constituida» -dicen en su recurso- con un ámbito territorial que comprende cuencas hidrográficas cuya gestión no es competencia del Estado, sino de la Generalitat. En consecuencia, según esta argumentación, también los órganos colegiados de la CHJ están integrados por representantes de organizaciones y entidades «ajenos al ámbito territorial» y los envíos de agua a Valencia y Alicante (Taibilla) son en realidad trasvases que debe decidir el Gobierno y no la CHJ.

Sentencia de largo recorrido
Todos estos argumentos, basados en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 que anuló algunos preceptos del Plan Hidrológico del Júcar, son rechazados por el TSJ-CV, que reduce los efectos de la citada sentencia a la anulación de los preceptos del PHJ en cuanto afectan a cauces intracomunitarios que debía gestionar ya la Generalitat Valenciana, pero no invalida ni la gestión ni los acuerdos adoptados por la CHJ en el ámbito de sus competencias territoriales actuales.
El Ayuntamiento de Albacete también incluyo en su recurso esta variante «política», además de recurrir el pago de las compensaciones.
Por su parte, el recurso del canal del Júcar-Turia, que suministra a miles de regantes valencianos y al área metropolitana de Valencia, se centra en los aspectos económicos-indemnizaciones a los regantes tradicionales- y afirma, entre sus argumentos, que el Gobierno debió de expropiar la propiedad de Alarcón asumiendo su coste y «no trasladarlos» ahora a otros usuarios.
El TSJ-CV defiende la legalidad de esta compensación que la CHJ recauda por cuenta de los regantes y dice que encuentra amparo en el Plan Hidrológico del Júcar y en el Real Decreto de 20 de julio de 2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que faculta a las confederaciones a condicionar y limitar el uso del agua y a plantear indemnizaciones si se generan perjuicios a los titulares de concesiones que resulten afectados.

El PSOE pedirá hoy a IU y al PP en el pleno del Ayuntamiento de Albacete que le apoyen en su pretensión de recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga a pagar a la ciudad una indemnización a los regantes valencianos por beber agua de Alarcón en tiempos de sequía.

La portavoz de IU, Rosario Gualda, socia de gobierno de los socialistas, quiere que el Ayuntamiento vaya más allá del recurso judicial, que por supuesto respalda. Quiere que el consistorio pida al Gobierno de la nación que derogue el convenio de Alarcón y la resolución de la Confederación del Júcar, que es a lo que se agarran los regantes de Valencia para exigir el pago de 1.087.000 euros al Ayuntamiento, por haber bebido agua del embalse de Alarcón cuando sus reservas estaban por debajo de un nivel establecido, durante las sequías de 2005, 2006, 2007 y 2008.

En rueda de prensa, Gualda hizo un repaso histórico para explicar cómo se ha llegado a esta situación. Detalló que en el artículo 24 del Plan del Júcar aprobado en 1998 se recogían los usos del embalse de Alarcón y se admitía la «prioridad» de los «riegos tradicionales» de la Comunidad Valenciana y el derecho de las hidroeléctricas a recibir indemnizaciones si se veían perjudicadas.

Pagaron la construcción

La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), integrada por agricultores valencianos y empresas hidroeléctricas integradas hoy en Iberdrola, que en 1941 asumió el coste de construcción del pantano, unos 10 millones de pesetas, veía así consagrado su privilegio, el «uso preferente» del agua de Alarcón, pese a que la Ley de Aguas establece que primero es beber y después es regar.

En 2001, el Ministerio de Medio Ambiente, entonces presidido por el popular Jaume Matas, y la USUJ llegaban a un acuerdo, que fue bendecido por la Junta, entonces presidida por José Bono. Los regantes valencianos e Iberdrola cedían el uso del pantano, pero no la propiedad. Durante 60 años, quedaban libres de abonar los gastos de conservación de la presa, que pasaban a ser asumidos por la administración. Pero los propietarios se guardaron un as en la manga: una cláusula de salvaguarda, en la que fijaban un volumen de reserva mínima de agua, a partir de la cual no se puede derivar agua que no sea para regar. La curva se fijó en 263 hectómetros cúbicos para el verano, cuando el pantano tiene una capacidad de 1.105 hectómetros. En 2005, con la sequía, se alcanzó esa curva y la ciudad de Albacete tomó agua de Alarcón para beber. Los agricultores valencianos, acogiéndose a una resolución de la Confederación del Júcar donde se fijó la tarifa de las indemnizaciones, reclamaron al Ayuntamiento el pago de 1.087.000 euros. Iberdrola no ha dado ese paso, pero según los cálculos de IU, podría exigir una indemnización de hasta 2.098.531 euros. El consistorio se negó a pagar, recurrió a los tribunales, pero en primera instancia no ha conseguido que le den la razón. Ahora, el asunto llegará al Supremo. Pero IU insiste en que se debe ir más allá, «hay que revisar el Plan del Júcar de 1998 que es el que posibilita estos desmanes», dijo Gualda, que insistió en que, para empezar, debe cumplirse una sentencia del 2004 del Supremo en la que se delimitaba la cuenca del Júcar, «porque ni la ciudad de Valencia que bebe agua del Júcar, ni los regantes del Turia, pertenecen a la cuenca». «El agua -insistió Gualda- no es propiedad privada y es inmoral e ilegal pagar un peaje por beberla».

El Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación del Júcar se está redactando actualmente en cumplimiento de la Directiva Marco del agua. Hoy se está celebrando en Castellón la Jornada del Esquema Provisional del Mijares, dónde entre otros temas se debatirán los rasgos básicos de la demarcación, usos del agua, evaluación de estado de las masas de agua, cumplimiento de objetivos ambientales, seguridad frente a fenómenos extremos.

Hoy se está celebrando la Jornada de Presentación del Esquema Provisional de Temas Importantes en el Mijares.La selección e identificación de los temas importantes ha sido el resultado de un proceso de participación pública fruto del trabajo, conocimiento y experiencia compartidos entre la CHJ, otras administraciones públicas afectadas y la Mesa de Participación, entre otros temas se tratará el uso económico del agua, aspectos ambientales, rasgos básicos de la demarcación, evaluación de estado de las masas de agua, y estrategias de actuación y sectores involucrados.

Juan José Moragues, Presidente de la CHJ ha calificado este invierno como “ideal de libro porque ha llovido mucho pero sin inundaciones y más en cabecera que en la costa.”Ha añadido que tenemos agua suficiente para varios años y que es el momento de planificar con tranquilidad la abundancia de aguas.Sobre el Embalse de Arenós, ha destacado que ya se han hecho las obras de emergencia y que a finales de verano se realizarán las obras de remate.

La inversión en limpieza de los cauces de los ríos en la Comunidad Valenciana desde 2004 hasta hoy ha sido de más de 62 millones de euros, en Valencia 35 millones, en Alicante 16 millones y en Castellón 11,2 millones.

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana señaló este martes que los embalses de la cuenca del Júcar presentan un incremento del 34,8 por ciento más de agua que hace un año y un 78,9 por ciento más que la media de los últimos 10 años.

Así, en la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 36,0 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior, menos de la mitad», del 78,9 por ciento experimentado en la cuenca del Júcar, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El incremento del 78,9 por ciento es el tercer mayor aumento de todas las cuencas de España, sólo superado por la Cuenca Mediterránea Andaluza y la del Segura.

En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.674 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 50,2 por ciento del total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico con un incremento, respecto al año anterior, de 432 hectómetros cúbicos.

Asimismo, en dicha cuenca, el año pasado por estas fechas había un 37,1 por ciento, mientras que ahora hay un 50,2 por ciento, es decir, 13,1 puntos más que el ejercicio anterior.

Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 27,3 puntos más que hace dos años y se dispone de 22,9 puntos más que la media de los últimos cinco años y de 22,2 puntos más que en la media de los últimos diez años.

Memoria JCRMO 2009.pdf

Organizaciones conservacionistas de Castilla La Mancha, Aragón y Valencia se constituyeron el pasado fin de semana en la Red por una nueva Cultura del Agua del Júcar, con el objetivo de presionar en la revision del plan del Júcar, para que el criterio que prime en el Plan resultante, sea el de conservar el buen estado de las aguas superficiales y subterraneas, como indica la Directiva Marco del Agua.

El pasado 20 de febrero de 2010 se constituyó en Cuenca la “Red por una Nueva Cultura del Agua en el Júcar” que integran por más de 20 organizaciones y entidades de las provincias de Albacete, Cuenca, Teruel y Valencia que luchan por la conservación y mejora del medio ambiente asociado a las aguas subterráneas y superficiales en la cuenca del Júcar, y que según ha señalado hoy en Albacete uno de sus integrantes, Gregorio López Sanz estudiarán a fondo el esquema de temas importantes del Júcar , que actualmente está en periodo de alegaciones, para introducir algunos aspectos, que para este grupo, ni estaban claros en el plan del 98, ni parece que tampoco lo estarán tras esta revisión, como son las hipotecas que pesan sobre este río.

El único objetivo común de esta veintena de organizaciones, según López Sanz es que la directiva marco del agua se cumpla en esta cuenca, en el sentido de conservar el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas.

Algo más de una década después de la aprobación del plan del Júcar, el peligro de sobreexplotación planea sobre el doble de acuíferos del sistema que entonces. De nueve masas de agua en peligro de sobreexplotación en 1998 en la demarcación de este río se ha pasado a unas 19, entre ellos los acuíferos de la Mancha Oriental, los del Vinalopó, el de Villena-Beneixama o La Plana-Vinaròs, denunció ayer el portavoz de Acció Ecologista Agrò, William Colom. Su organización y otros 20 colectivos ecologistas, sindicales y cívicos se han unido y creado la Red por la Nueva Cultura del Agua. Ayer, durante la presentación de su manifiesto fundacional -que se realizó en las tres autonomías a la vez-, estos colectivos criticaron con dureza a los políticos por hacer demagogia en torno al problema del agua y no haber cumplido la Directiva Marco, del año 2000. «La situación ha empeorado», sentenció Graciela Ferrer, portavoz de Xúquer Viu, uno de los colectivos integrados en esta red. «Parece mentira que una década después de la puesta en marcha de esa directiva, estemos aquí pidiendo que se cumpla la ley», agregó esta portavoz.

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«Los aportes del Júcar en L’Albufera son sustituidos por los de depuradora»

La aplicación correcta de esta directiva es fácil, apuntan los miembros de la red. «El objetivo de esta directiva es el buen estado medioambiental de las masas de agua del Júcar y a ese objetivo está supeditado el posterior uso del agua», advierten.

La realidad es bien distinta. La demarcación del Júcar acumula dos años de retraso en la elaboración de su plan hidrológico de cuenca y el proceso de planificación está paralizado, diagnostican.

La Red, a la que se han unido Acció Ecologista-Agrò, la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela, CC OO-PV, la Intersindical, Ecologistas en Acción de Albacete, Cuenca y el País Valencià, Xúquer Viu o la Fundación Nueva Cultura del Agua, lamentó ayer que los políticos de ambas comunidades autónomas no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo en torno a la gestión de la cuenca hidrográfica que se extiende de Cuenca a Cullera. «Los ciudadanos hemos sido capaces de ponernos de acuerdo; el problema es de los políticos, sobre todo cuando se dedican a hacer demagogia con el agua», advierte Ferrer.

Estas organizaciones denuncian una involución en todas las administraciones públicas implicadas en la planificación hidrológica. El Gobierno español, relatan estos colectivos, no quiere imponer por decreto un nuevo plan de cuenca del Júcar, Castilla-La Mancha quiere excluir del sistema una zona húmeda como L’Albufera y la Generalitat no quiere asumir las competencias que le corresponden en la gestión de los ríos internos -los que nacen y desembocan en territorio valenciano-. «Con este panorama resulta imposible alcanzar un acuerdo, por eso queremos que el Gobierno saque el real decreto, aunque sea sin el consenso de las comunidades autónomas. Es su responsabilidad», subrayó la portavoz de Xúquer Viu, colectivo que ya ha convocado para el próximo 29 de mayo en Sueca una concentración en defensa del río Júcar.

El manifiesto presentado ayer por la nueva Red presenta un decálogo de objetivos imprescindibles para frenar el deterioro del río. Es preciso el plan de cuenca, que acumula dos años de retraso, acorde con la Directiva Marco del Agua. Se necesita un caudal ecológico para el río, lagos y zonas húmedas del sistema, así como la recarga de los acuíferos. «Mientras tanto, deben pararse todas las actuaciones que, dentro del plan vigente de 1998, supongan un deterioro mayor de los ecosistemas», reza el manifiesto. También deben restringirse los usos del agua e instar a que se reconozca de manera legal -con una declaración oficial expresa- la sobreexplotación de los acuíferos, así como revisar las concesiones de los usuarios privados.

«Las perspectivas son bastante negras», espetó Francesc Larroca, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, al tiempo que pidió un cambio de cultura en los usos de agua para que dejen de estar supeditados, por ejemplo, a los intereses urbanísticos.

La Red presentará a partir de ahora alegaciones al documento del Esquema Provisional de Temas Importantes, base del nuevo plan del Júcar que ha redactado la Confederación Hidrográfica. En ese documento debe establecerse qué agua hay que regular, cómo se distribuye o qué parámetros medioambientales deben cumplir las masas de agua de este sistema hídrico.

«Entendemos que podemos gastar el agua sólo si conservamos los sistemas hídricos y eso no se está dando», agregó Colom. Nacho Serra, representante de WWW-Adena, advirtió de que todas las administraciones públicas están obviando la aplicación de la directiva sobre zonas como L’Albufera. «Se están sustituyendo los aportes directos del Júcar por agua de la depuradora y en consecuencia la biodiversidad de ese espacio puede verse afectada», describió.

«Ya es hora, diez años después de la directiva marco, de que las administraciones se pongan las pilas y pongan en marcha una política efectiva de protección del agua», concluyó Graciela Ferrer.