El MARM incorpora la denominación de calidad diferenciada «Garbanzo de Pedrosillo» en el Real Decreto sobre los pagos directos a la agricultura y a la ganadería durante 2010 y 2011

Esta norma, aprobada en enero de 2010, establece las ayudas específicas desarrolladas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en virtud del «artículo 68» del Reglamento europeo de ayudas PAC.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la incorporación de la denominación de calidad diferenciada «Garbanzo de Pedrosillo» en el Real Decreto 66/2010, del pasado 29 de enero, sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería.

Por Resolución del Director General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, a la vista de la documentación presentada por la Asociación Garbanzo de Pedrosillo, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha aceptado su inclusión como denominación de calidad beneficiaria de la ayuda contemplada en el Programa nacional para la calidad de las legumbres, que tiene como objetivo fomentar una producción de calidad y mayor valor añadido para estos productos.

El Programa nacional para la calidad de las legumbres está dotado con un millón de euros anuales, procedentes en su totalidad de recursos comunitarios. Tiene como objetivo 10.000 hectáreas de leguminosas de grano de consumo humano (legumbres) producidas bajo regímenes de calidad diferenciada reconocidas a nivel comunitario, nacional o privado.

Estas ayudas se enmarcan dentro de las ayudas específicas del «artículo 68» de la Reglamentación comunitaria de pagos directos, de desarrollo subsidiario por los Estados miembros, para el fomento y la defensa de la producción de calidad en el sector agrario.

El proyecto no supone un incremento de costes para las Administraciones con respecto a la situación previa, y se atenderán con las dotaciones presupuestarias existentes.

Es cierto que el Canal de María Cristina hacía muchos años no alcanzaba los niveles a los que ha llegado este invierno por la lluvia y la nieve. Pero no es menos cierto que cauces como el del río Lezuza se ven desbordados con cierta frecuencia, incluso el del río Balazote ha provocado avenidas recientes.

El Ayuntamiento de Albacete ha propuesto, a la Confederación del Júcar, que recupere como balsas de laminación lagunas como las de El Salobral, Hoya Vacas, la Estacadilla y los Ojos de San Jorge, y que en el caso de la laguna del Acequión además la conecte con el río Lezuza. Así lo anunció en el último pleno el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, al anunciar la incorporación de Albacete a la Red de Gobiernos Locales por la Biodiversidad impulsada por la FEMP.

Algunas de estas lagunas, como la de El Salobral o los Ojos de San Jorge, son de propiedad municipal, y en otros casos, los terrenos tendrían que ser expropiados o recuperados negociando con sus dueños.

La red de canales que rodean Albacete, y que se construyeron como red de drenaje, está conectada con el río Balazote a la altura del Canal de la Lobera, que a su vez conecta con el canal de María Cristina, camino del Acequión.

El Canal de María Cristina, que por la ciudad discurre cubierto, drena varias zonas y es el único cauce de evacuación de la ciudad, actúa de aliviadero. De ahí la importancia de actuar para evitar desbordamientos como los de este invierno, cuando el agua ha llegado a destruir puentes como el del Canal de la Lobera.

Hay que recordar que la Confederación del Júcar encargó a la empresa Agrupación Mediterráena de Ingeniería un estudio para aumentar el desagüe del Canal de María Cristina y defender a la ciudad de inundaciones, que también tienen que ver con la expansión urbana de los últimos años. Este estudio que también abarcará la zona de Los Llanos, donde el barranco de Escartana se desbordó hace unos años inundando toda una urbanización. La empresa incluso realizará vuelos para estudiar desde el aire cómo pueden influir las nuevas infraestructuras (tales como la autovía) en las escorrentías.

A la vista está. Los profesores de la UCLM José María Tarjuelo y Fernando Ortega comparecieron, a su pesar, ante los medios de comunicación para defender el contenido y las conclusiones del estudio Principales Desarrollos Urbanísticos Ligados al Golf en la Cuenca del Segura, redactado por el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), al cual pertenecen.
Ambos puntualizaron que «comparecemos como científicos, no como políticos; las valoraciones y las batallas verbales se las dejamos a otros, no son nuestro papel; el nuestro es decirle, simplemente, a quien se pueda haber molestado u ofendido que, si quiere debatir con nosotros, presente sus datos».
Tarjuelo y Ortega se reafirmaron públicamente en sus conclusiones. A lo largo del último ciclo de sequía, en la Región de Murcia se han abierto 17 campos de golf y 22 más están en diferentes fases de tramitación y ejecución.
En total, estos campos consumen entre 17 y 25 hectómetros cúbicos de agua todos los años, a razón de un consumo medio de entre 9.000 y 12.000 metros cúbicos por hectárea y una superficie mínima de unas 50 hectáreas por cada campo.
«Este volumen de agua es el doble de lo que consumen todos los años los 170.000 habitantes de la ciudad de Albacete -afirmó Ortega- y hemos llegado a estas conclusiones basándonos en datos que constan en registros públicos, accesibles a todos los ciudadanos y que, además, hemos contrastado con telemetría aérea y trabajos de campo».
Ambos profesores respaldaron sus afirmaciones proyectando abundantes fotografías aéreas e imágenes de satélite, que muestran la evolución de diferentes urbanizaciones situadas en la Región de Murcia. Y, además, subrayaron que sus conclusiones coinciden con datos hechos públicos por la Confederación del Segura.
«Como es sabido, el organismo de cuenca está tramitando la revisión de su plan hidrológico -remarcaron- y, como parte del proceso de revisión, en internet, accesibles a todos, están los estudios sobre el presente y futuro de la cuenca hidrográfica del Segura».
Y las cifras concuerdan. En el Esquema de Temas Importantes, página 41, «se afirma que hay 38 campos, construidos o en desarrollo, cuando a nosotros nos salen 39». Y, en cuanto a las previsiones de cara al 2015, la CHS habla de 35 más «cuando a nosotros nos han salido 30».
Pero hay más. Ambos investigadores señalaron que, dentro de las fuentes que han utilizado para elaborar estudios, están los propios registros públicos de las administraciones de la Región de Murcia, tanto las locales, como la regional o la nacional.
Y subrayaron no una, sino varias veces, que sus cálculos se basan, en gran medida, en datos que han salido de dichos registros que son accesibles a todos, ciudadanos de Murcia, de Castilla-la Mancha o el resto de España.
«De hecho, nosotros no hemos ido jamás, ni iremos, contra los ciudadanos de Murcia, porque ellos están tan afectados por esta situación como nosotros -concluyó Ortega- pues no cabe olvidar que todo este desarrollo se ha dado en una época en la que se pedían riegos de socorro e incluso hubo o problemas de abastecimientos a las personas».

Además de estas nuevas instalaciones se están tramitándose 30 en la cuenca, según la UCLM

El coordinador del estudio asegura que la región vecina debe reestructurar sus usos hídricos atendiendo a la Ley de Aguas

EN DATOS

22

Entre 15 y 22 hectómetros, e incluso 25 en época de sequía, oscilaría el consumo de agua de estos 17 campos de golf.

10.000

El CREA estima que dejando de cultivar 10.000 hectáreas de limoneros podrían hacer frente al consumo de los campos de golf.

Los 17 campos de golf construidos en la comunidad de Murcia en plena época de sequía precisan anualmente entre 15 y 22 hectómetros cúbicos de agua, lo que equivale prácticamente al consumo de la capital albaceteña en dos años. Ésta es una de las conclusiones del proyecto ‘Principales desarrollos urbanísticos ligados al golf en la cuenca del Segura’ llevado a cabo desde el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), por encargo de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha.

El investigador del CREA y coordinador del proyecto, Fernando Ortega, presentó ayer este estudio que ha sido desarrollado por seis investigadores más del centro.

Ortega destacó la fiabilidad de este informe que se ha realizado usando documentación y fuentes públicas tales como boletines oficiales de las provincias analizadas (Alicante, Almería y Murcia) cartografía oficial, imágenes de satélite y de teledetección, así como visitas de campo.

Este proyecto supone, en parte, una continuidad del estudio que este mismo organismo hizo en el año 2004 acerca del uso que daba Murcia al agua procedente del trasvase Tajo-Segura.

Acompañado por el director del Centro Regional de Estudios del Agua, José María Tarjuelo, el coordinador del estudio detalló que fruto de este intenso trabajo no sólo se han identificado esos 17 nuevos campos de golf en Murcia, junto a otros tres más en la Vega Baja (Alicante) y Almería, sino que también se han detectado una treintena más de este tipo de complejos deportivos en distintas fases de tramitación. Estos 30 campos de golf ( incluidos cinco en Alicante y Almería) que se encuentran aún en proyecto no han sido incluidos en el informe, según matizó Ortega en un afán por ser estrictamente rigurosos.

Aún así, el responsable del estudio recordó que la propia confederación hidrográfica en el Esquema Provisional de Temas Importantes del Plan Hidrológico del Segura, elaborado en el proceso de revisión de la planificación hidrológica, estima que en 2015 la cuenca podría contar con otros 35 nuevos campos de golf.

Asimismo el órgano de cuenca ya cifra en ese mismo documento en 38 las infraestructuras deportivas y urbanísticas de este tipo existentes a fecha de 2008. Una información que coincide prácticamente con la del estudio del CREA que determina que en la actualidad hay 39 campos de golf.

Recomendaciones

Ante esta perspectiva el coordinador del proyecto no dudó en alertar de que la región de Murcia «tendrá que elegir un modelo de desarrollo». El investigador del CREA hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo una reestructuración de los usos del agua que realizan en la vecina comunidad. Eso sí, insistió en que esa reestructuración debería realizarse atendiendo a lo establecido por la Ley de Aguas.

Ortega planteó en ese sentido que si en Murcia apuestan por este tipo de instalaciones deportivas, «es más fácil llevar ese agua de otros usos actuales». Y, ¿qué hacer para ello? Ortega señaló que solamente dejando de cultivar 10.000 hectáreas de limoneros, cultivo éste de escasa rentabilidad en los últimos años según han denunciado desde Murcia, podrían hacer frente a las necesidades hídricas que llevan aparejados los campos de golf.

El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Modesto Belinchón¹, y el delegado de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural en Albacete, Antonio Mompó², han informado de las ayudas concedidas a la provincia de Albacete para la mejora y modernización de regadíos, correspondientes a la convocatoria 2009. Los 107 expedientes aprobados contarán con una inversión total de 9,3 millones de euros y una subvención de más de 4 millones por parte del Gobierno regional, permitiendo actuaciones en 17.000 hectáreas de 30 municipios albaceteños. Datos que ponen de manifiesto el importante esfuerzo realizado por el Gobierno de C-LM³ en colaboración con los agricultores para conseguir una mayor eficiencia, y por tanto un mayor ahorro de agua, así como una optimización en la conservación de los acuíferos. En este sentido, Belinchón destacaba que durante los últimos 13 años se han mejorado más de 120.000 hectáreas de riego en la provincia de Albacete, con una subvención de 77 millones de euros por parte de la Junta. Además, a nivel regional, de las 400.000 hectáreas que existen en C-LM, el 95,5% cuenta con riego eficiente.

El Gobierno de Castilla-La Mancha⁴ invertirá más de 4 millones de euros para mejorar y modernizar 17.000 hectáreas de regadío en la provincia de Albacete, a través de una Orden de Ayudas que ha resuelto favorablemente 107 expedientes que solicitaban la mejora y modernización de regadíos, con una inversión total de 9.396.000 euros.

Estos datos los facilitó esta mañana el delegado de la Junta de Comunidades en Albacete, Modesto Belinchón, en el marco de una rueda de prensa que ofreció junto al delegado de Agricultura y Desarrollo Rural para informar sobre esta Orden de Ayudas.

Además, según valoró Belinchón, 25 de estos 107 expedientes van a permitir optimizar otros tantos regadíos en común pertenecientes a Sociedades Agrarias de Transformación y Comunidades de Regantes.

El delegado de la Junta de Comunidades también subrayó que los agricultores albaceteños y el Gobierno de Castilla-La Mancha han realizado un importante esfuerzo, que se remonta al año 1996, fecha desde la que se han modernizado y transformado 120.000 hectáreas en la provincia de Albacete, de las que 104.127 se corresponden con modernización y 15.441 con transformación regadíos. Estas últimas, principalmente para riegos de apoyo en cultivo leñosos.

El objetivo esencial de la política de regadíos de Castilla-La Mancha, señaló Belinchón, es la consolidación de los regadíos ya existentes, dado que el 80% del consumo consuntivo del agua se destina al consumo agrícola.

De ahí que la mejora y modernización del regadío sea imprescindible, incidió el delegado de la Junta, pues libera recursos para consolidar las superficies ya transformadas, ya que se pueden destinar mayores volúmenes de agua al suministro de poblaciones y a la preservación de nuestros cauces, acuíferos y zonas húmedas.

Por lo tanto, argumentó Modesto Belinchón, estas actuaciones tienen que cumplir con los requisitos de minimizar la independencia de la energía, reducir el consumo de agua, utilizar recursos hídricos renovables y minimizar el coste económico de la inversión.

Asimismo, Belinchón cifró el esfuerzo realizado en estos 13 últimos años en una inversión que ha superado los 192 millones de euros, de los que 77 millones de euros han sido subvencionados por el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Unión Europea⁵ y el Gobierno de España⁶.

Modesto Belinchón también significó el esfuerzo que se ha realizado en la gestión del regadío, a través de las ayudas a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y la Junta Central de Regantes del Alto Segura, para la puesta en marcha y desarrollo de herramientas de gestión, que ha supuesto una inversión total de 3,3 millones de euros y 2,2 de inversión de las administraciones.

Además, recordó el delegado del Gobierno regional en la provincia, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural tiene firmado un convenio de colaboración con el Centro Regional de Estudios sobre el Agua, que depende de la Universidad de Castilla-La Mancha⁷ y que ha supuesto el nacimiento y desarrollo del Servicio Integral de Asesoramiento de Regantes; y con el Instituto Técnico Agronómico Provincial para estudiar la optimización del agua en diversos cultivos, como cereales, vid, almendro y olivar.

Por último, Modesto Belinchón destacó que, fruto del esfuerzo conjunto de la iniciativa privada y pública en Castilla-La Mancha, el ahorro medio estimado por hectárea modernizada es de unos 1.000 metros cúbicos, lo que supone un ahorro anual que supera los 100 hectómetros cúbicos de agua en la provincia de Albacete, que equivale al consumo de agua de una ciudad como Albacete durante ocho años

Nada que ver la bronca por los sueldos, con el sosegado debate acerca del derecho que Albacete tiene a beber agua del Júcar sin tener por qué pagar ni un céntimo a los dueños del embalse de Alarcón, es decir, los regantes valencianos e Iberdrola, por coger agua de la presa en tiempos de sequía.

El PSOE pidió, y consiguió, el respaldo político de Partido Popular e Izquierda Unida en este asunto; aunque el equipo de gobierno ya había anunciado días atrás su intención de recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Valencia que condena al Ayuntamiento de Albacete a pagar más de un millón de euros a la USUJ (Unión Sindical de Usuarios del Júcar) por haber tomado agua de Alarcón entre 2005 y 2008, cuando el embalse estaba por debajo del volumen de reserva mínimo.

«Hay que recurrir, porque Albacete en este asunto no puede dar ni un paso atrás, el agua para beber debe estar fuera de todo comercio», dijo el concejal del PP, Juan Marcos Molina. Mientras que la portavoz de IU, Rosario Gualda, respaldaba el recurso al Supremo por entender que la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar es «indigna».

El recurso, según explicó el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, se basará en que el propio actual Plan del Júcar fija en su artículo 8 que primero es el agua para beber, después para regar y luego para los usos hidroeléctricos.

Lo que no logró IU es que el pleno fuese más allá. Gualda opinó que éste era un buen momento para pedir además que se elabore un nuevo Plan del Júcar y que se derogue el convenio de Alarcón, el origen de todos los males, pues es ahí donde el Ministerio de Medio Ambiente admitió a los regantes valencianos fijar ese volumen de reserva y el derecho a cobrar indemnizaciones.

Prudencia

Pero Ramón Sotos le dijo que no. Y no porque no compartiese su posición, si no por «prudencia»; de hecho, pidió «comprensión» al PP y a IU, pues según desveló ya habían tenido reuniones con la Confederación del Júcar y la USUJ para «interpretar» el convenio de Alarcón «sin perjudicar a los intereses de Albacete».

Eso sí, Sotos se comprometió a mantenerles informados de las negociaciones y aseguró que «no nos levantaremos de la silla» hasta que no logren un acuerdo satisfactorio.

Sobre el nuevo Plan Hidrológico del Júcar, el concejal detalló que si se la revisión de este documento lleva un año y medio de retraso con respecto al de otras cuencas, se debe a que la Junta de Comunidades recurrió un decreto de 2007 donde no se dejaba claro la demarcación de la cuenca. Recordó, a este respecto, que ya en 2004 el Supremo dijo que las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana debían excluirse de la cuenca del Júcar.

JOSÉ SIERRA VALENCIA ?Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha ratificado la legalidad de la reserva de caudales en el pantano de Alarcón en favor de los regantes tradicionales del Júcar y su derecho a ser indemnizados cuando el nivel de los recursos almacenados en el sistema descienden por debajo de de 263 hectómetros cúbicos en verano.
La compensación, que el TSJ-CV, entiende fundada en el texto reformado de la ley de Aguas y en el artículo 32 del Plan Hidrológico del Júcar, en el que incardina el Convenio de Alarcón, se justifica en que los regantes valencianos tienen que sufragar el coste energético de los rebombeos y de extraer agua del acuífero para que otros usuarios con menor derecho puedan disponer de agua de Alarcón en situación de sequía.

Una pretensión desactivada
La sentencia ratifica las liquidaciones giradas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en nombre de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) contra el Ayuntamiento de Albacete, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) y el canal Júcar-Turia y desactiva en parte la pretensión de algunos usuarios castellano manchegos de ilegalizar cualquier uso del agua fuera del ámbito geográfico del río Júcar.
Así, el TSJ de la Comunitat Valenciana, rechaza el recurso de los regantes y ayuntamiento albaceteños contra la cesión de caudales del Júcar para la comunidad del canal Júcar-Turia (que incluye, entre otros usuarios, a la ciudad de Valencia) y para la mancomunidad de los Canales de Taibilla (Alicante) que anticipaban la posición -recurrir a los tribunales- ante los próximos envíos a través del Júcar-Vinalopó.
En su recurso aseguran que la Confederación Hidrográfica del Júcar es «incompetente» para autorizar estos envíos pues considera que está «ilegalmente constituida» -dicen en su recurso- con un ámbito territorial que comprende cuencas hidrográficas cuya gestión no es competencia del Estado, sino de la Generalitat. En consecuencia, según esta argumentación, también los órganos colegiados de la CHJ están integrados por representantes de organizaciones y entidades «ajenos al ámbito territorial» y los envíos de agua a Valencia y Alicante (Taibilla) son en realidad trasvases que debe decidir el Gobierno y no la CHJ.

Sentencia de largo recorrido
Todos estos argumentos, basados en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 que anuló algunos preceptos del Plan Hidrológico del Júcar, son rechazados por el TSJ-CV, que reduce los efectos de la citada sentencia a la anulación de los preceptos del PHJ en cuanto afectan a cauces intracomunitarios que debía gestionar ya la Generalitat Valenciana, pero no invalida ni la gestión ni los acuerdos adoptados por la CHJ en el ámbito de sus competencias territoriales actuales.
El Ayuntamiento de Albacete también incluyo en su recurso esta variante «política», además de recurrir el pago de las compensaciones.
Por su parte, el recurso del canal del Júcar-Turia, que suministra a miles de regantes valencianos y al área metropolitana de Valencia, se centra en los aspectos económicos-indemnizaciones a los regantes tradicionales- y afirma, entre sus argumentos, que el Gobierno debió de expropiar la propiedad de Alarcón asumiendo su coste y «no trasladarlos» ahora a otros usuarios.
El TSJ-CV defiende la legalidad de esta compensación que la CHJ recauda por cuenta de los regantes y dice que encuentra amparo en el Plan Hidrológico del Júcar y en el Real Decreto de 20 de julio de 2001 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que faculta a las confederaciones a condicionar y limitar el uso del agua y a plantear indemnizaciones si se generan perjuicios a los titulares de concesiones que resulten afectados.

El PSOE pedirá hoy a IU y al PP en el pleno del Ayuntamiento de Albacete que le apoyen en su pretensión de recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga a pagar a la ciudad una indemnización a los regantes valencianos por beber agua de Alarcón en tiempos de sequía.

La portavoz de IU, Rosario Gualda, socia de gobierno de los socialistas, quiere que el Ayuntamiento vaya más allá del recurso judicial, que por supuesto respalda. Quiere que el consistorio pida al Gobierno de la nación que derogue el convenio de Alarcón y la resolución de la Confederación del Júcar, que es a lo que se agarran los regantes de Valencia para exigir el pago de 1.087.000 euros al Ayuntamiento, por haber bebido agua del embalse de Alarcón cuando sus reservas estaban por debajo de un nivel establecido, durante las sequías de 2005, 2006, 2007 y 2008.

En rueda de prensa, Gualda hizo un repaso histórico para explicar cómo se ha llegado a esta situación. Detalló que en el artículo 24 del Plan del Júcar aprobado en 1998 se recogían los usos del embalse de Alarcón y se admitía la «prioridad» de los «riegos tradicionales» de la Comunidad Valenciana y el derecho de las hidroeléctricas a recibir indemnizaciones si se veían perjudicadas.

Pagaron la construcción

La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), integrada por agricultores valencianos y empresas hidroeléctricas integradas hoy en Iberdrola, que en 1941 asumió el coste de construcción del pantano, unos 10 millones de pesetas, veía así consagrado su privilegio, el «uso preferente» del agua de Alarcón, pese a que la Ley de Aguas establece que primero es beber y después es regar.

En 2001, el Ministerio de Medio Ambiente, entonces presidido por el popular Jaume Matas, y la USUJ llegaban a un acuerdo, que fue bendecido por la Junta, entonces presidida por José Bono. Los regantes valencianos e Iberdrola cedían el uso del pantano, pero no la propiedad. Durante 60 años, quedaban libres de abonar los gastos de conservación de la presa, que pasaban a ser asumidos por la administración. Pero los propietarios se guardaron un as en la manga: una cláusula de salvaguarda, en la que fijaban un volumen de reserva mínima de agua, a partir de la cual no se puede derivar agua que no sea para regar. La curva se fijó en 263 hectómetros cúbicos para el verano, cuando el pantano tiene una capacidad de 1.105 hectómetros. En 2005, con la sequía, se alcanzó esa curva y la ciudad de Albacete tomó agua de Alarcón para beber. Los agricultores valencianos, acogiéndose a una resolución de la Confederación del Júcar donde se fijó la tarifa de las indemnizaciones, reclamaron al Ayuntamiento el pago de 1.087.000 euros. Iberdrola no ha dado ese paso, pero según los cálculos de IU, podría exigir una indemnización de hasta 2.098.531 euros. El consistorio se negó a pagar, recurrió a los tribunales, pero en primera instancia no ha conseguido que le den la razón. Ahora, el asunto llegará al Supremo. Pero IU insiste en que se debe ir más allá, «hay que revisar el Plan del Júcar de 1998 que es el que posibilita estos desmanes», dijo Gualda, que insistió en que, para empezar, debe cumplirse una sentencia del 2004 del Supremo en la que se delimitaba la cuenca del Júcar, «porque ni la ciudad de Valencia que bebe agua del Júcar, ni los regantes del Turia, pertenecen a la cuenca». «El agua -insistió Gualda- no es propiedad privada y es inmoral e ilegal pagar un peaje por beberla».

El Plan Hidrológico de cuenca de la Demarcación del Júcar se está redactando actualmente en cumplimiento de la Directiva Marco del agua. Hoy se está celebrando en Castellón la Jornada del Esquema Provisional del Mijares, dónde entre otros temas se debatirán los rasgos básicos de la demarcación, usos del agua, evaluación de estado de las masas de agua, cumplimiento de objetivos ambientales, seguridad frente a fenómenos extremos.

Hoy se está celebrando la Jornada de Presentación del Esquema Provisional de Temas Importantes en el Mijares.La selección e identificación de los temas importantes ha sido el resultado de un proceso de participación pública fruto del trabajo, conocimiento y experiencia compartidos entre la CHJ, otras administraciones públicas afectadas y la Mesa de Participación, entre otros temas se tratará el uso económico del agua, aspectos ambientales, rasgos básicos de la demarcación, evaluación de estado de las masas de agua, y estrategias de actuación y sectores involucrados.

Juan José Moragues, Presidente de la CHJ ha calificado este invierno como “ideal de libro porque ha llovido mucho pero sin inundaciones y más en cabecera que en la costa.”Ha añadido que tenemos agua suficiente para varios años y que es el momento de planificar con tranquilidad la abundancia de aguas.Sobre el Embalse de Arenós, ha destacado que ya se han hecho las obras de emergencia y que a finales de verano se realizarán las obras de remate.

La inversión en limpieza de los cauces de los ríos en la Comunidad Valenciana desde 2004 hasta hoy ha sido de más de 62 millones de euros, en Valencia 35 millones, en Alicante 16 millones y en Castellón 11,2 millones.