El Ministerio de Industria ha presentado a las organizaciones agrarias y a las cooperativas agroalimentarias una propuesta con medidas encaminadas a rebajar el coste de la energía eléctrica para las actividades agrarias y, fundamentalmente, para su empleo en los riegos. La rebaja de las tarifas fue una de las peticiones hechas por el sector al presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, quien se comprometió a dar una salida positiva a las mismas.

Las organizaciones agrarias han valorado positivamente la propuesta del departamento que dirige Miguel Sebastián, pero estiman que supone un escaso ahorro respecto al sistema en vigor y que debe ser mejorada.

En el último año, la energía eléctrica para riegos, tras la desaparición de las tarifas especiales, se incrementó en una media superior al 60%. Este incremento se tradujo, en muchos casos, en el abandono de cultivos de regadío por otros de secano, con unos costes de producción más bajos, ante la pérdida de competitividad de las producciones de riego.

El sector agrario reclamaba la posibilidad de contratos de temporada para ajustar en cada periodo la potencia en función de sus necesidades y no estar pagando durante todo el año una potencia muy elevada, aunque no se utilice. Ahora, se ofrece establecer contratos flexibles con una duración de hasta ocho meses en función de cada cultivo, pero sin posibilidad de modificar la potencia instalada en el peridodo contratado, aunque no sea necesaria.

Para potencia contratada de entre 15 y 450 kilovatios, Industria propone la existencia de horas valle a menor precio en los fines de semana y, además, durante todo el mes de agosto. La medida se ha valorado como positiva por las organizaciones, pero todavía es insuficiente, aseguran, por cuanto se gravan las tarifas eléctricas en otros meses fuertes de consumo eléctrico para los riegos.

Industria ofrece también que el coste de los enganches y desenganches se reduzca a solamente una quinta parte de lo que se paga en la actualidad.

Recientemente los regantes del Júcar mantuvieron una reunión con el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, para establecer los criterios que debe contener el Plan Hidrológico del Júcar, para lo que desde el Gobierno regional se hará con el consenso de todos los usuarios y agentes sociales implicados. Hay que tener en cuenta que el ámbito concreto de la cuenca hidrográfica del Júcar es de especial importancia para Castilla-La Mancha puesto que más 70 por ciento del territorio de dicha cuenca está en la región y su futuro debe tener una especial relevancia en la reforma del reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, actualmente en tramitación en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados y por encima de cualquier enfrentamiento político o de territorios deberá con una estratégica que garantice las necesidades presentes y futuras de la región.
Otro de los puntos que deberían ser tenidos en cuenta en el seno de este proceso de revisión del Plan Hidrológico del Júcar, es la elaboración de las normas de explotación en el sistema Júcar, y una vez elaboradas y aprobadas debe tenerse en cuenta su obligado cumplimiento. Se debe recordar que estos procesos de revisión coincide con la aplicación de la Directiva Marco del Agua que ha supuesto un cambio en la forma de abordar la planificación hidrológica derivada de la necesidad de proteger, a largo plazo, las masas de agua a través de una gestión sostenible, asegurando el mantenimiento de los caudales ambientales. Por eso conjugar todos estos usos y necesidades y equilibrarlos con los recursos disponibles hace imprescindible una adecuada planificación y gestión integrada del agua, para lo que es necesario hacer un balance de los recursos y de las demandas de cada cuenca hidrográfica, para ver si los recursos generados son suficientes para cubrir las demandas de la propia cuenca hidrográfica y qué sobrantes hay para atender las demandas de otros usos y demandas fuera de la cuenca hidrográfica. Si olvidar que los caudales ecológicos en este nuevo proceso de planificación, no se consideran un uso, sino una restricción y como tal constituye una importante limitación a la disponibilidad de recursos.
Está claro pues que nos encontramos ante un importante reto, ya que una vez que se apruebe el Estatuto de Castilla-La Mancha se habrá tenido que reflejar estas necesidades hidrológica que son imprescindibles para el futuro desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular María Luisa Soriano aseguró ayer que «la subida del IVA que apoya Barreda y el PSOE va a suponer la puntilla al sector agrícola y ganadero de Castilla-La Mancha», ya que se producirá el incremento de los costes de producción.

En ese sentido, explicó que se incrementará el precio de la maquinaria agrícola, el gasóleo, las semillas, los fertilizantes y, «una vez más, el precio de las tarifas eléctricas para riego». «Subirá el precio de todos los productos que el agricultor y ganadero necesitan para desarrollar su actividad», ha lamentado Soriano, según informó en nota de prensa el PP.

Pero Soriano, que recordó que «se incrementarán los costes de producción en un momento en el que el sector está atravesando por una de las crisis más graves que podamos recordar», anunció que esta medida «ha caído como un jarro de agua fría y va a suponer la puntilla en un sector que es estratégico, que genera alimento y que es básico para la economía de la Región».

«Barreda y los socialistas ya han traicionado a los agricultores y ganaderos cuando han votado en contra de la propuesta del PP, que se ha presentado tanto en el Congreso como en las Cortes, solicitando la reducción del IVA de las tarifas eléctricas los regantes», afirmó la dirigente política, recordando que se trata de una medida que se está aplicando en Italia desde 2007.

Además, indicó que la subida del IVA «va a perjudicar a los consumidores, sobre todo, a las economías más débiles». En este sentido, calificó de «irresponsabilidad» el hecho de que el Gobierno socialista haya apoyado esta medida sin analizar el impacto que va a tener, tanto en el consumo, como en el gasto de las familias en alimentación.

Reducción para regantes

Por eso, explicó Soriano, el Partido Popular de Castilla-La Mancha propone que el Gobierno socialista no lleve a efecto esta subida del IVA prevista para julio, así como que se reduzca el IVA de las tarifas eléctricas para los regantes y que se equipare el IVA compensatorio de los ganaderos.

Asimismo el PP exige que se incrementen los tipos para los gastos de difícil justificación del 5 al 10% en la declaración de la renta para agricultores y ganaderos. Una medida, precisó, que tenía el sector hasta el año pasado y que el partido socialista, «irresponsable», acaba de eliminar.

El Gobierno regional consensuará su postura sobre el futuro plan hidrológico de la cuenca Júcar con los usuarios y agentes sociales implicados, según dijo el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, en una reunión mantenida en Albacete con los regantes del Júcar.

Pingarrón, en declaraciones a la prensa tras esta reunión, subrayó que el objetivo del encuentro era establecer los criterios que debe contener el plan. Recordó que actualmente están en proceso de revisión los planes hidrológicos y calificó estos procesos de «muy importantes», ya que, «el resultado será crucial y determinante para los intereses de Castilla-La Mancha, en la medida que condicionará nuestro futuro y nuestra posición en materia hidráulica».

El consejero destacó que uno de los temas fundamentales que deben abordarse en el seno de este proceso de revisión es la elaboración de las normas de explotación en el sistema Júcar, y que una vez elaboradas y aprobadas es necesario que se cumplan.

Además, recordó que el proceso de revisión de los planes coincide con la aplicación de la Directiva Marco del Agua que ha supuesto un cambio en la forma de abordar la planificación hidrológica derivada de la necesidad de proteger, a largo plazo, las masas de agua a través de una gestión sostenible, asegurando el mantenimiento de los caudales ambientales.

Destacó que resulta «fundamental» elaborar el balance de recursos y demandas de la cuenca hidrográfica del Júcar «para ver si los recursos generados son suficientes para cubrir las demandas de la propia cuenca hidrográfica y qué sobrantes hay para atender las demandas de otros usos»

LOS acuíferos del Vinalopó siguen sobreexplotados. Nuestro déficit es estructural, y necesita de aportaciones externas como las del Júcar-Vinalopó, que después de casi 600 años está a punto de convertirse, como obra, en realidad. En breve tendremos una hermosa tubería que celebrar. Pero una tubería no soluciona el problema, la solución es la aportación de caudales, y todavía siguen pendientes de aclararse los tres temas básicos avalados por la última sentencia de la Audiencia Nacional: volumen, calidad y precio.

Sabemos que como máximo se van a trasvasar 80 Hm3 pero necesitamos unas Normas de explotación que pongan negro sobre blanco cómo y cuándo, con el máximo respeto a los actuales usos del Júcar. Desgraciadamente, nadie tiene prisa en confeccionar estas Normas. Respecto a la calidad, a pesar de minoritarios colectivos antitrasvasistas, el agua debe poder destinarse a regadío, abastecimiento e industria. Dependiendo del tratamiento que haya que realizar, sumándole los hasta cuatro bombeos que tiene el nuevo trasvase, obtendremos el precio final del metro cúbico. Seguro que el regadío no puede pagar el precio real; la duda es si con la compensación del precio del abastecimiento se alcanzará el equilibrio o será necesario implicar a la Administración.

Sea como fuere, no tenemos tiempo que perder. Exigimos la coordinación entre todas las Administraciones: el Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria. El agua no va a preguntar en qué lugar del tubo se encuentra, ni qué administración es la que lo hizo o dejó de hacer. Los administrados necesitamos el agua y la administración, toda, tiene la obligación de coordinarse para que así sea. Afortunadamente ahora existe un sólido puente de diálogo gracias a dos administradores con altas miras, Josep Puxeu y el desgraciadamente desaparecido José Ramón García Antón. Sus altas y nobles miras, continuadas desde la Generalitat por Juan Cotino, hacen posible que se vaya avanzando. Somos de Alicante y tenemos la fama de mirar hacia adelante. Damos gracias porque en breve contaremos con una tubería y seguiremos trabajando para conseguir llenarla de agua.

El Gobierno regional considera esencial que en la revisión del Plan Hidrológico del Júcar, en curso, se tengan en cuenta aquellos aspectos del proceso de planificación anterior a los que no se ha dado cumplimiento hasta el momento.

En este sentido el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, señaló ayer en Albacete que exigirán que en el nuevo plan hidrológico se respete la prioridad de abastecimiento humano sobre cualquier otro uso para la capital albaceteña.

El consejero se refirió así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, hecha pública recientemente, que obliga al Ayuntamiento de Albacete a pagar a los regantes valencianos una compensación económica por cada metro cúbico de agua que se beba la ciudad en tiempo de sequía, cuando el pantano de Alarcón se encuentre por debajo de un determinado límite.

«Esta sentencia pone de manifiesto un incumplimiento del anterior plan del Júcar porque no reguló adecuadamente en las normas de explotación que había esa prioridad para que puedan beber las personas y que no tengan que indemnizar el abastecimiento a ningún otro uso», matizó Sánchez Pingarrón.

Si bien recordó que el Gobierno regional no puede personarse en el caso ya que el Ejecutivo autonómico no es parte implicada, Sánchez Pingarrón sí anunció que el Ayuntamiento albaceteño contará con la total colaboración de la Administración castellano-manchega.

Recurso de casación

El representante autonómico aseguró que el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Consistorio de la capital albaceteña, Ramón Sotos, le confirmó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya han elaborado el recurso de casación pertinente, que presentarán próximamente.

Sánchez Pingarrón hizo estas afirmaciones en un receso de la reunión que mantuvo con los responsables de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) y con el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Albacete.

El objetivo de este encuentro, según detalló el responsable del Ejecutivo autonómico era establecer los criterios que debe fijar el nuevo plan del Júcar. «Estamos preparando un documento conjunto en el que se recojan esas demandas de Castilla-La Mancha, esas prioridades que tenemos sobre ese río», detalló el consejero.

Sánchez Pingarrón recordó que el 70% del territorio de la cuenca del Júcar se encuentra en la comunidad castellano-manchega, en concreto en las provincias de Albacete y Cuenca, lo cual da una clara idea de la importancia que esta cuenca tiene para Castilla-La Mancha.

Así hizo hincapié en que resulta esencial llevar a cabo un balance de recursos y demandas de la cuenca demográfica del Júcar para ver si los recursos generados son suficientes para cubrir las necesidades existentes. Este balance serviría además para determinar qué sobrantes existen para hacer frente a las demandas de otros usos fuera de la cuenca hidrográfica.

«Estamos muy interesados en que la planificación responda a las necesidades de abastecimiento, de riego y de caudal ecológico que debe tener ese río», manifestó Sánchez Pingarrón.

Igualmente insistió en la importancia del proceso de revisión del plan hidrológico señalando que el resultado de ese procedimiento será crucial y determinante para los interese de Castilla-La Mancha «en la medida que condicionará nuestro futuro y nuestra posición en materia hidráulica.

También se refirió a la necesidad de que «todo lo que se haga en el Júcar» respete la demarcación que aún está pendiente de determinar.

Trasvase

En cuanto a la aprobación de un nueva derivación de 20,6 hectómetros cúbicos de agua desde el Tajo a Murcia y Almería, Sánchez Pingarrón reiteró que es necesario revisar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Tildó de «obsoletas» estas normas asegurando que «no responden a un uso eficiente del agua» ya los embalses del Segura están al 58% de su capacidad y está garantizado el abastecimiento.

El Gobierno regional considera esencial que en la revisión del Plan Hidrológico del Júcar, en curso, se tengan en cuenta aquellos aspectos del proceso de planificación anterior a los que no se ha dado cumplimiento hasta el momento.

En este sentido el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, señaló ayer en Albacete que exigirán que en el nuevo plan hidrológico se respete la prioridad de abastecimiento humano sobre cualquier otro uso para la capital albaceteña.

El consejero se refirió así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, hecha pública recientemente, que obliga al Ayuntamiento de Albacete a pagar a los regantes valencianos una compensación económica por cada metro cúbico de agua que se beba la ciudad en tiempo de sequía, cuando el pantano de Alarcón se encuentre por debajo de un determinado límite.

«Esta sentencia pone de manifiesto un incumplimiento del anterior plan del Júcar porque no reguló adecuadamente en las normas de explotación que había esa prioridad para que puedan beber las personas y que no tengan que indemnizar el abastecimiento a ningún otro uso», matizó Sánchez Pingarrón.

Si bien recordó que el Gobierno regional no puede personarse en el caso ya que el Ejecutivo autonómico no es parte implicada, Sánchez Pingarrón sí anunció que el Ayuntamiento albaceteño contará con la total colaboración de la Administración castellano-manchega.

Recurso de casación

El representante autonómico aseguró que el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Consistorio de la capital albaceteña, Ramón Sotos, le confirmó que los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya han elaborado el recurso de casación pertinente, que presentarán próximamente.

Sánchez Pingarrón hizo estas afirmaciones en un receso de la reunión que mantuvo con los responsables de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) y con el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Albacete.

El objetivo de este encuentro, según detalló el responsable del Ejecutivo autonómico era establecer los criterios que debe fijar el nuevo plan del Júcar. «Estamos preparando un documento conjunto en el que se recojan esas demandas de Castilla-La Mancha, esas prioridades que tenemos sobre ese río», detalló el consejero.

Sánchez Pingarrón recordó que el 70% del territorio de la cuenca del Júcar se encuentra en la comunidad castellano-manchega, en concreto en las provincias de Albacete y Cuenca, lo cual da una clara idea de la importancia que esta cuenca tiene para Castilla-La Mancha.

Así hizo hincapié en que resulta esencial llevar a cabo un balance de recursos y demandas de la cuenca demográfica del Júcar para ver si los recursos generados son suficientes para cubrir las necesidades existentes. Este balance serviría además para determinar qué sobrantes existen para hacer frente a las demandas de otros usos fuera de la cuenca hidrográfica.

«Estamos muy interesados en que la planificación responda a las necesidades de abastecimiento, de riego y de caudal ecológico que debe tener ese río», manifestó Sánchez Pingarrón.

Igualmente insistió en la importancia del proceso de revisión del plan hidrológico señalando que el resultado de ese procedimiento será crucial y determinante para los interese de Castilla-La Mancha «en la medida que condicionará nuestro futuro y nuestra posición en materia hidráulica.

También se refirió a la necesidad de que «todo lo que se haga en el Júcar» respete la demarcación que aún está pendiente de determinar.

Trasvase

En cuanto a la aprobación de un nueva derivación de 20,6 hectómetros cúbicos de agua desde el Tajo a Murcia y Almería, Sánchez Pingarrón reiteró que es necesario revisar las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Tildó de «obsoletas» estas normas asegurando que «no responden a un uso eficiente del agua» ya los embalses del Segura están al 58% de su capacidad y está garantizado el abastecimiento.

LA UNIÓ insta a los grupos parlamentarios del Congreso a aprovechar el proceso de reforma que han iniciado del actual Código Penal para cambiar la tipificación de los delitos en el campo, puesto que ahora se deja en la indefensión más absoluta a los agricultores y ganaderos. En este sentido, ha remitido un detallado informe a todos los grupos para que se tengan en cuenta las demandas del sector agrario valenciano a este respecto.

El Congreso de los Diputados acaba de constituir la ponencia de la Comisión de Justicia encargada de la reforma del Código Penal, cuya intención es concluir el trámite parlamentario antes de julio. Esta reforma se centra fundamentalmente en el endurecimiento de las penas a los terroristas, la creación del delito de piratería y permitir que las personas jurídicas asuman responsabilidades penales; pero se olvida de la gravedad de los robos para el sector agrario muy castigado ya por los bajos precios que se perciben.

LA UNIÓ denuncia que en la actualidad la mayoría de los robos de cosechas, pozos y motores de riego, cobre, etc., que se cometen en el campo son considerados por el actual Código Penal como una mera falta de hurto que únicamente se castiga con una pequeña multa. Para que la sustracción en el campo merezca la consideración de delito de hurto, castigado con penas de prisión de uno a tres años, el valor de lo sustraído tendría que superar la cantidad de 400 euros. Por tanto, se pueden robar varias toneladas de productos agrícolas o el cobre de los motores de riego para al final quedar impunes tras pagar una pequeña multa administrativa, o ni tan siquiera eso.

El actual Código Penal califica como falta, y no delito, cualquier robo cuyo valor no exceda de la cantidad de 400 euros, lo que supone en la práctica una indemnización equivalente a lo sustraído con pena de 4 a 12 días o multa de uno a dos meses. Lo que sucede al final es que “los amigos de lo ajeno” se declaran insolventes para indemnizar por las cantidades sustraídas. En cuanto a la pena, cada día de multa se sanciona con entre 3 y 300 euros pero lo cierto es que se suele fijar una cantidad de entre cuatro y seis euros por día. Una multa por un mes saldría al infractor por una módica cantidad e incluso se le ofrecen facilidades para aplazar y fraccionar el pago.

El Código Penal tampoco castiga la reincidencia en el campo y de este modo un presunto delincuente podría cometer en el plazo de un año hasta cuatro robos y ser tipificado no obstante sólo como una falta siempre que la cuantía económica no supere esa cantidad de 400 euros. La picaresca por tanto funciona y esa cantidad actúa como apoyo para seguir reincidiendo.

Josep Botella, Secretario General de LA UNIÓ, cree que “es el momento oportuno para modificar el Código Penal por lo que se refiere a los robos de cosechas, porque lo que ahora tenemos nos deja en la más absoluta indefensión a los agricultores”.