La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha contratado los servicios del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), con el profesor Fernando Ortega, antiguo director general del Agua en esta comunidad, como investigador principal, con la misión de «apoyar» y «asesorar» a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda «sobre las pautas y criterios técnicos para la confección de los Planes Hidrológicos de las cuencas hidrográficas que afectan a Castillla-La Mancha».
Se trata, dice la Junta, de que los planes de cuenca en elaboración «recojan adecuadamente las necesidades y demandas de nuestra comunidad autónoma».
Para lograrlo, la Junta no escatimará recursos y destinará 200.000 euros mientras la universidad pública corre con el resto hasta 357.000 euros de presupuesto.
«Parte de la labor de asesoramiento del grupo de trabajo de la UCLM-añade la Junta-, al que se sumarán los equipos técnicos de la conselleria, consistirá en definir correctamente el ámbito territorial de las diferentes demarcaciones hidrográficas que afectan a Castilla-La Mancha, con especial interés en el Júcar y Segura».
En en el proyecto, cuyo plazo de duración es de 18 meses, colaborarán hasta 15 investigadores del CREA a los que se sumará el personal técnico de la conselleria.

Plan Hidrológico
El rearme de Castilla-La Mancha en defensa de sus intereses en el Júcar y el Tajo se produce en un momento «crítico» para la elaboración de los nuevos planes hidrológicos, en especial en el del Júcar, donde todavía no existe acuerdo respecto a la delimitación de la cuenca. Además y de forma significativa existe un profundo desacuerdo sobre el «diagnóstico» de la situación actual, cuales son las causas que han conducido a la notoria pérdida de caudales del Júcar y cuales serían las posibles soluciones.
En Castilla-La Mancha no ha sentado bien que la Confederación Hidrográfica del Júcar continué trabajando en el nuevo Plan Hidrológico sin cerrar antes el espinoso tema de la demarcación, ni que el borrador de Esquemas Importantes elaborado por la Confederación Hidrográfica del Júcar se proponga un balance hídrico que solo es posible cumplir con sustanciales reducciones de las extracciones en La Mancha del Júcar.
Paco Sanz, de Xúquer Viu, destacó también la personalidad del «investigador principal», cuyas intervenciones en la Comisión de la Sequía son todavía recordadas por la permanente reivindicación del control castellano-manchego sobre el río y la negación de cualquier responsabilidad sobre el decrépito estado del Júcar. «Quieren utilizar la Universidad de Castilla-la Mancha como garante de sus barbaridades y como patente de corso», añade.
«Lo grave-concluye- es que mientras del lado de Castilla-La Mancha hay un apoyo total a sus reivindicaciones, aquí estamos solos en la defensa del Júcar, pagando todo de nuestro bolsillo y dedicándole nuestro tiempo libre».

La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó estudia la petición de Riegos de Levante -veinte mil comuneros- de integrarse en la entidad (ayuntamientos, asociaciones empresariales y agrupaciones de agricultores del Vinalopó, l´Alacantí y Marina Baixa), que a primeros de 2011 comenzará a recibir los caudales del Júcar para asegurar su suministro y, de esta forma, paliar la sobreexplotación de los acuíferos.
La junta de gobierno de Riegos de Levante dio ayer por la tarde el visto bueno a una integración que de aprobarse significará la unión de todos los regantes de la provincia para beneficiarse de un proyecto del que, paradójicamente, perdieron sus derechos sobre el agua el 29 de julio de 2005, día en el que el Ministerio rompió el convenio que éstos tenían con Aguas del Júcar desde 2001.
A menos de un año para que el caudal de Cullera comience a llegar a Villena, el Gobierno central tiene en sus manos la competencia para decidir cómo repartir los hasta 80 hm3 que deben llegar todos los años. En estos momentos, está en vigor otro convenio suscrito en marzo de 2007 entre Aguas del Júcar y la Confederación del Júcar por el que ésta es la intermediaria para repartir del agua.
La decisión de Riegos de Levante representa un claro respaldo a la Junta Central. En su día, en pleno divorcio regantes-Aguas del Júcar, el Ministerio de Medio Ambiente trató de convencer a Manuel Serrano, presidente de Riegos de Levante, para que se integrara en el proyecto, algo que se rechazó desde Elche por las duda sobre la calidad del agua. Hoy, el escenario ha cambiado al contarse con el compromiso de que el caudal se potabilice.
Por otro lado, el próximo 27 de mayo se presentará en sociedad el premio José Ramón García Antón a la sostenibilidad ambiental. La fecha es emblemática porque se cumplirán 590 años de la primera referencia escrita de petición de caudales del Júcar. desde la provincia (ayuntamiento de Elche en concreto). En el acto se recordará también la figura del ex alcalde de Aspe, Miguel Iborra. «Dos personas, José Ramón y Miguel que se dejaron la vida por este proyecto», subrayó ayer Ángel Urbina, portavoz de Riegos de Levante.

El campo atraviesa una de sus peores crisis, acentuada en los últimos meses más si cabe por los efectos del largo temporal que azota a la comunidad. Sin embargo, los datos oficiales constatan lo que ya se presumía: que en épocas de vacas flacas la agricultura resiste mejor la crisis y se convierte en refugio de los trabajadores que han perdido su empleo en los sectores productivos más castigados, especialmente el de la construcción. En el último año y medio, el número de afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) se ha incrementado en 70.000 en toda Andalucía hasta alcanzar la cifra de 510.983, lo que supone el 60% del total nacional. Los sindicatos estiman que esta tendencia se mantendrá al menos hasta el segundo semestre de este año.

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Los sindicatos creen que la tendencia se mantendrá hasta el segundo semestre

La agricultura andaluza ha perdido desde 1995 el 40% de sus activos. Desde 2002 el descenso de afiliados al REASS fue de 115.848. Sólo las provincias de Almería y Huelva resistieron esa dinámica debido a la llegada de miles de inmigrantes. Pero esa tendencia a la baja se invirtió a mediados de 2008, coincidiendo con la eclosión de la crisis del ladrillo. Desde agosto de 2008, el crecimiento de afiliados al REASS ha sido constante, algo que los sindicatos justifican en el trasvase de trabajadores parados de la construcción. En el último año, el descenso de afiliados en este sector ha sido de 239.445 en toda España. «Los datos confirman que los trabajadores parados de la construcción han vuelto a la agricultura, que en muchos casos fue su primer empleo», expone Pedro Marcos, responsable de la Federación Agroalimentaria de UGT.

Las provincias de Jaén y Huelva son en las que más ha crecido la afiliación agraria, en parte por el peso de las campañas del olivar y de la fresa, respectivamente. En cambio, en Cádiz el incremento ha sido inapreciable. Todo apunta a que este trasvase de mano de obra desde la construcción al campo no será algo que se consolide en el tiempo. «Cuando la crisis remita los trabajadores retornarán a sus empleos anteriores», vaticina Pedro Marcos.

Las estadísticas también avalan los pronósticos sindicales. Así, frente al aumento de la afiliación y las cotizaciones en el Régimen Agrario, llama la atención que los perceptores del subsidio agrario no lo hagan en la misma proporción. Es más, la cifra viene reduciéndose en los últimos años de manera progresiva por las jubilaciones de trabajadores del campo y la imposibilidad del sistema para incorporar nuevos beneficiarios, que ahora pasan a la renta agraria. En ambos casos, los trabajadores requieren 35 jornales para optar a la prestación, cifrada en torno al 80% del salario mínimo.

Las últimas campañas de la vendimia, la aceituna o la fresa han sido un buen ejemplo de la llegada de parados de otros sectores a la agricultura. Para intentar casar las ofertas empresariales con las demandas laborales, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) puso en marcha el año pasado un registro, el GEA (Gestión de Empleo Agrario), para que los parados procedentes de otros sectores se inscriban en las campañas agrícolas. Entre el año pasado y los dos primeros meses de 2010 se han inscrito 42.242 trabajadores, aunque los puestos ofertados han sido sólo 5.372. «Es un sistema todavía poco conocido», admite Antonio Toro, gerente del SAE, que defiende este instrumento.

La actividad agraria genera el 20% del empleo industrial en la comunidad, donde existen unas 250.000 explotaciones que generan unos 400.000 empleos. Con todo, el peso del empleo del sector primario en el cómputo general se ha reducido en Andalucía en los últimos años por la pérdida de activos. Está en el 7,7%, por encima de la media española (4,5%), pero inferior a la de otras comunidades con mayor vocación agraria: Extremadura (10,7%), Murcia (10%) y Galicia (8,6%).

El informe "Agua y empleo: El trasvase del Ebro", dirigido por el profesor de la Universidad de Alicante Joaquín Melgarejo, ha sido realizado mediante un convenio suscrito por la patronal autonómica valenciana Cierval y la Fundación Agua y Progreso.

El estudio, que ha tenido un coste de 25.000 euros, será trasladado al Gobierno central y a los grupos parlamentarios de las Cortes y también a las comunidades autónomas referidas al tratarse de un análisis sufragado con fondos públicos valencianos, según ha indicado el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, que ha participado en la presentación.

La realización del proyecto "habría suavizado notablemente las consecuencias de la crisis económica sobre el mercado de trabajo autonómico -valenciano-" ya que habría conllevado un total de 233.580 empleos, 60.000 de ellos procedentes de la ejecución del trasvase, otros 29.580 en la agricultura y 144.000 en la industria y los servicios generados.

Ello supone el 45% de los puestos de trabajo totales que habría supuesto el trasvase, según Melgarejo, que ha explicado que las estimaciones de datos del informe se han hecho a partir de extrapolaciones de fuentes oficiales.

De los 514.135 empleos generados por el trasvase en el conjunto de las comunidades de su ámbito de cobertura, 85.092 corresponden a la ejecución de la obra, 345.604 a industria y servicios y 83.440 a agricultura.

Por demarcaciones hidrográficas, los empleos generados con los recursos del trasvase en los sectores del agua, industrial y de servicios habrían sido de 113.530 puestos en la del Júcar; de 62.721 en la del Segura; y de 169.353 en la de Cataluña.

El sector industrial habría recibido el 59% de esos empleos, los servicios el 40,5% y el sector del agua el 0,5%.

De los 29.580 empleos estimados para el sector agrícola en la Comunitat Valenciana, algo más de 4.000 corresponde a cultivos hortícolas, 313 a cultivos ornamentales, 1.900 a otros cultivos herbáceos, 12.900 a cítricos y 10.300 a frutales.

En Murcia, los 42.668 empleos agrícolas se distribuirían en 15.000 para cultivos hortícolas, otros 15.000 para frutales, 10.000 para cítricos, 2.000 para cultivos herbáceos y 200 para ornamentales.

En Almería la creación de empleo agrícola habría supuesto 11.190 puestos, de los que 8.700 habrían sido en cultivos hortícolas y 1.500 en frutales.

El estudio detalla el aumento del empleo agrario en las cuencas receptoras si se hubiera realizado el trasvase y, así, adjudica un crecimiento del 4,6% en la Comunitat Valenciana, del 18,4% en Murcia y del 33,9% en Almería.

Melgarejo ha manifestado que la falta de agua puede contraer la actividad productiva en territorios "de gran dinamismo" como el litoral mediterráneo.

El presidente de la patronal valenciana, Rafael Ferrando, ha defendido una red mallada de cuencas españolas como ocurre con la red eléctrica, idea en la que ha coincidido el conseller tras asegurar que el agua sobrante del Ebro "enriquece a mucha gente y genera empleo". EFE im/jc/br

Es agua limpia que viene de Balazote, inundado, de Lezuza, de Tiriez, de la sierra, y que tiene que ir a juntare al río caca… No es para dar crédito. En tiempos de crisis, con el cambio climático, con los años tan duros de sequía, pasados, y para un año bueno que tenemos, resulta que ningún político mueve un dedo para tomar alguna medida al respecto, en defensa de nuestros intereses. Los políticos dirían: «Según la normativa, este canal pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar y no se puede tocar ni una gota» y un albaceteño y el sentido común dirían que ¡El agua es de todos!, también de los lugares por donde pasa… y así tal y como están las cosas el agua no es contra otros partidos, que ocuparse de los problemas de a pie.

En este caso, parece que la preocupación medioambiental, brilla por su ausencia. Y si no que alguien, desde nuestro Ayuntamiento, que tenga la amabilidad, por ejemplo, de explicar a sus conciudadanos , cuales fueron las conclusiones y las medidas a aplicar en Albacete, como consecuencia de la Asistencia de nuestra estimada alcaldesa a la pasada cumbre contra el cambio climático de Copenhague.

Es de exigir a nuestros representantes, a los cuales hemos votado, que tengan los pies en la tierra y que defiendan nuestras necesidades para que vivamos en un «entorno sostenible», como dicen ellos, y no es desierto y si no al tiempo. Ya vendrán otra vez los calores y los años secos y nada, otra vez, sin agua como hace más de treinta años. Esto es como el cuento de la cigarra y la hormiga, solo que aquí no tenemos cigarra y más que políticos, lo que tenemos es hormigas, horadado y dejando huecos por todas partes.

En una reunión presidida por la ministra Elena Espinosa El MARM y las organizaciones agrarias alcanzan un acuerdo para la financiación del sector agrario

Según ha señalado el Subsecretario del MARM, Santiago Menéndez de Luarca, supondrán una inyección de liquidez para agricultores y ganaderos próxima a los 2.400 millones de euros.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha alcanzado un acuerdo con las Organizaciones Profesionales y Cooperativas Agrarias para la financiación del sector agrario, en el transcurso de una reunión celebrada este jueves y presidida por la ministra Elena Espinosa.

Según ha señalado el Subsecretario del MARM, Santiago Menéndez de Luarca, al término del encuentro, las medidas que el MARM va a poner en marcha mediante una Orden Ministerial de próxima publicación en el BOE suponen una inyección de liquidez para el sector agrario de cerca de 2.400 millones de euros.

Las medidas suponen la participación del MARM en la línea ICO liquidez con la que se aportarán 1.300 millones de euros, así como a través del Convenio con SAECA, la prórroga del Plan de Estimulo a la Inversión o la moratoria de 2 años en la Línea de Poyo al sector ganadero 2008-2015.

En el encuentro también se han acordado medidas relativas al apoyo a la exportación del sector agroganadero y de representatividad.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha celebrado en Teruel una jornada, abierta al público, para presentar el documento del ‘Esquema provisional de temas importantes’, como parte de la tramitación del Plan Hidrológico de la Cuenca de este río.

   El plazo de presentación de propuestas para el esquema provisional está abierto hasta el próximo mes de junio, así que, en este tiempo, «nos acercamos a los territorios, recibimos sugerencias, para a finales de junio poder convertir este esquema provisional en esquema de temas importantes», según explicó el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, en declaraciones a los medios de comunicación.

   «Intentamos revisar el plan con un documento que de como resultado el que quieran los ciudadanos», expresó. Y ese es el objetivo de este tipo de reuniones, en las que se conocen las principales preocupaciones de los municipios, los agentes sociales y económicos o las asociaciones ecologistas.

   Entre esas preocupaciones, las de los municipios pasan por la garantía del abastecimiento de agua y el control de las avenidas. En este sentido, Moragues destacó que «a veces nos tenemos que dar cuenta de que no puede uno situarse en todos los lados y el agua vuelve a donde fue». Por eso insistió en que «hay que estar en contacto con el territorio para gestionar los recursos hídricos».

   En el documento que se elabore a partir del mes de junio han de aparecer todas las obras, proyectos y normas que regularán los ríos de la CHJ durante los próximos meses. El presidente de la misma insistió en que no sólo hay que hablar de inversiones, sino que hay otras cuestiones.

   «Vamos a ver si somos capaces de mezclar utopía y realidad porque los temas de agua no sólo se resuelven con inversiones, sino que hay que buscar garantías, calidades y usos eficientes», aseveró

OBRAS «MUY IMPORTANTES»

   Por su parte, el alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, agradeció que la reunión se haya celebrado en Teruel, pero también que «se nos escuche y que se estudien nuestras ofertas».

   Además, Ferrer destacó que «la relación con la CHJ está siendo muy buena, se están haciendo obras muy importantes en la ciudad», entre ellas las reformas en el pantano del Arquillo o las mejoras en la zona de la Fuentecerrada. Según el primer edil, éstas son unas obras «importantes que va a cambiar un área de esparcimiento tan destacada como ésa para la ciudad».

   Por otro lado, recordó que Teruel cuenta con una propuesta arquitectónica ganadora del concurso Europan, que pretende mejorar las riberas del Turia para «devolverlas a la ciudad». En este sentido apuntó que intentarán involucrar a la CHJ, pero que «ahora vamos a hacer el proyecto». «Hablaremos con ellos cuando tengamos el proyecto acabado porque ahora no deja de ser una buena idea, pero una idea nada más», sostuvo.

   Finalmente, el presidente de la CHJ, Juan José Moragas, se refirió a la situación del río Turia que, según él, «está que no sabemos donde meter el agua», en referencia a la cantidad que contiene actualmente tras un invierno cargado de lluvias y nieves.

   Así afirmó que «ahora estamos en uno de esos años en el que el agua circulante es muy elevada». «El Arquillo está al cien por cien, igual que los otros embalses del río», un hecho que, a su juicio, «es buenísimo porque los embalses interrumpen los cursos naturales, así que, si de vez en cuando hay un año en el que se sigue el curso natural, es bueno para los ríos».

El Gobierno regional trasladará a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la posibilidad de extrapolar el modelo de concesiones aplicado al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) en las explotaciones prioritarias de cultivos sociales y leñosos a otros acuíferos de la Mancha Oriental como son el 19 y el 20 o a las masas de agua Rus-Valdelobos y Altomira. Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, quien recientemente ha mantenido una reunión en San Clemente con los regantes de la zona y el alcalde de la localidad, Juan Carlos Carrascosa.
Una reunión convocada por la Comunidad de Regantes de San Clemente a la que asistieron regantes de Las Pedroñeras, Villarrobledo (Albacete), La Alberca de Záncara, Casas de Fernando Alonso y representantes de la organización agraria UPA-Cuenca, entre otros, y en la que los regantes mostraron su satisfacción por la posibilidad de poder beneficiarse las dotaciones del PEAG, que según el consejero se comunicarán en el próximo mes de abril, pero afirman que no es la solución que necesita la zona.
Los comuneros expusieron al consejero la situación que está viviendo buena parte de La Mancha Oriental al haber incluido en el perímetro de sobreexplotación masas de agua que según todos los informes técnicos que se han realizado hasta el momento demuestran que son excedentarias y por tanto no deberían estar sujetas al régimen restrictivo del acuífero 23, además en el caso de la masa de agua Rus-Valdelobos los regantes aseguran que las aguas subterráneas vierten al Júcar, sólo las superficiales van al Guadiana, pero estas no contribuyen a la recarga, por tanto insisten en que necesitan tener una gestión propia como así viene determinado en la Directiva Marco del Agua.

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Junta Central de Regantes
De momento no parece que la lucha esté dando demasiados frutos, incluso los regantes de esta masa están teniendo serios problemas para constituir una Junta Central de Regantes. A pesar de haber realizado todos los pasos previos, haber nombrado una gestora en la junta constituyente y haber aprobado los estatutos, la CHG no la ha autorizado, razón por lo que pidieron al consejero su mediación, así como un listado de usuarios de la masa de agua.
Por su parte, Martínez Guijarro ha señalado a EL DÍA que “desde el Gobierno regional queremos que cuanto antes se regularice esa situación y puedan constituirse como comunidad los regantes de la masa de Rus-Valdelobos como los de Altomira, del acuífero 19 y del 20. Cuanto antes se constituyan tendremos interlocutores válidos en ese tema”, apostilló el consejero.
Sin embargo los regantes no lo tienen demasiado claro. La pretensión es hacer una comunidad fuerte integrando en la de San Clemente municipios como El Provencio y Villarrobledo, en cuyo territorio se extiende buena parte de la masa Rus-Valdelobos. Una extensión cuyo vertido de aguas aún no está claro a nivel administrativo. La información recibida por parte de la Confederación no aporta ningún informe nuevo, si bien concluye en que las aguas vierten tanto al Júcar como al Guadiana, por lo que en el borrador del próximo Plan Hidrológico reconocen que debe haber una gestión conjunta. Un paso importante, eso sí en los papeles se disminuye notablemente la dotación de agua.

“Han movido el mapa para justificarse”
Hace unos seis o siete meses la CHG decidió ampliar el perímetro de la masa de agua Rus-Valdelobos hasta la nueva divisoria del Guadiana. Una actuación de la que Los regantes de esta masa han tenido conocimiento recientemente. A su juicio “han movido el mapa para justificarse. Dicen que el vertido es doble y que también va al Guadiana, y para justificar ésto han ampliado una zona que transcurre por la carretera que va de Villarrobledo a Minaya donde es todo monte y no hay ningún pozo”. Así se pronunciaba Francisco Collado, portavoz de la gestora de Rus- Valdelobos, quien a su vez critica que este doble vertido que aparece en los papeles se completa con una reducción que pasaría de una recarga de 35 hectómetros cúbicos a 9.