Las últimas prospecciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en los embalses administrados por el organismo de cuenca para determinar la presencia del mejillón cebra mantienen como únicos «focos calientes», con ejemplares adultos de esta especie, los del pantano de Sitjar, en el río Mijares (ampliado ahora hasta su desembocadura) y el embalse de Forata, donde la plaga, que se creía desaparecida, ha vuelto a dar señales de vida.

Sin embargo, los informes de seguimiento realizados por la consultora Tecnoma por el encargo del Ministerio de Medio Ambiente confirman la detección de larvas de mejillón cebra ( los que puede colonizar por completo el río Júcar, el más importante de la demarcación hidrográfica y con conexiones directas con el principal ecosistema de la cuenca: La Albufera de Valencia.

Según los informes remitidos a la Confederación Hidrográfica del Júcar por la consultora, el pasado verano fue detectada una larva de mejillón cebra en los filtros de plancton instalados en el embalse de Henchideros, situado al pie del parador nacional de Alarcón. Sin embargo ni en los controles previos de primavera ni posteriormente en otoño se detectaron ejemplares de larvas, lo que aporta un grado muy elevado de incertidumbre.

Además la CHJ confirma que en la campaña de 2008 se observó en el pantano de Alarcón, apenas un par de kilómetros por encima del de Henchideros, «lo que podría ser una larva de esta especie invasora». Sin embargo, ni en Alarcón en 2008 y 2009 ni en Henchideros se han capturado ejemplares adultos en las trampas colocadas por los biólogos.

Los informes concluyen en relación a ambos embalses y al de Ulldecona, donde se detectó una larva en 2008 que «no puede afirmarse que el embalse haya sido objeto de invasión significativa por parte del mejillón cebra» Sin embargo preocupa que el mejillón haya iniciado el descenso hacia el mediterráneo por el Júcar y recomienda extremar la vigilancia y aumentar los controles.

¿Hay mejillón cebra en el Júcar? La incógnita está lejos de resolverse debido a que no se han encontrado conchas de adultos aunque no parecen existir errores en la identificación de las larvas. Todas las muestras recogidas por Tecnoma, son remitidas en condiciones estables al Museo de Ciencias Naturales de Madrid donde son supervisadas por Rafael Araujo, un experto en Malacología que ha trabajado sobre diversas especies invasoras presentes en los ríos españoles. Desde que en 2005 se detectara la presencia de mejillón cebra en el embalse de Sitjar, la CHJ ha ido incrementando los controles sobre los embalses de la cuenca. En la actualidad estos controles afectan a todos los pantanos, incluidos los hidroeléctricos. Cada año se realizan tres prospecciones en primavera, verano y otoño mediante la recogida y filtrado del plancton. Además existen trampas con láminas de metacrilato y cuerdas como las usadas en las bateas para facilitar que se adhieran los mejillones. La Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Sant Mateu (Castelló) localizó y propuso para sanción a tres hombres que cazaban sin autorización cabra montesa en un coto de dicha localidad. Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado miércoles, cuando la patrulla de la Guardia Civil detectó la presencia de un vehículo todoterreno que se sospechaba estaba implicado en varios hechos anteriores de caza furtiva de cabra hispánica. El turismo ya había sido visto en lugares estratégicos donde es posible divisar y abatir algún macho montés, trofeo de considerable valor económico.

Los agentes llevaban varios días buscando el vehículo y sus ocupantes por las pistas forestales, caminos y sendas colindantes con cotos de los términos municipales de Catí, Xert y Sant Mateu. Finalmente, siguieron su paso por una pista hasta localizarlo estacionado en un camino sin salida dentro de un coto del termino municipal de Sant Mateu.

La Guardia Civil identificó a todos los componentes de la partida, que eran vecinos de Madrid y Sant Mateu. El Seprona propuso denuncia ante la Consellería de Medio Ambiente a los tres identificados por no tener la autorización para cazar en el coto y a uno de ellos por carecer de licencia de caza. Igualmente se puso en conocimiento de Fiscalía de Medio Ambiente las circunstancias ocurridas por si considerara oportuno iniciar acciones judiciales. En el embalse de Forata no se han detectado larvas en 2009, pero sí individuos adultos en la trampa retirada en la primavera de 2008 y sustituida por otra en la que hasta el pasado otoño no se había instalado ningún mejillón. Los resultados son incongruentes pero parece evidente que hay una población reproductora.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental llevó a cabo su asamblea general ordinaria, que contó con una participación del 10 por ciento, 110 de un total de 1.122 socios

Un momento de la asamblea de los regant

RUBÉN SERRALLÉ

A.D.

El salón de actos de Caja Castilla La Mancha acogió ayer la asamblea general ordinaria de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, que sirvió para aprobar el acta de la sesión anterior y ver el informe económica y de auditoría, presupuesto para el ejercicio 2010 y establecimiento de cuotas. Tras la presentación del informe de gestión, se expusieron a la asamblea los estudios realizados para el aprovechamiento de residuos agrícolas, biomasa, para producir energía eléctrica.
El presidente de la JCRMO, Francisco Belmonte, explicó a La Tribuna de Albacete que la participación era la normal en este tipo de asambleas, «viene poca gente siempre, porque la participación alta se da en las que hay votaciones». La cuota de asistencia fue del 10 por ciento, 110 de 1.122 socios.
Decía, que ahora que hay agua, «qué hacemos con ella, por los precios y luego por los costes. El jueves, que estuve con el presidente y varios consejeros, lo advertí, porque sabía que los regantes me iban a preguntar mucho más por la luz que por el agua, tenemos más preocupación, tal y como están las cosas, porque la solución de la agricultura, en estos momentos no pasa porque nos den más ayudas de la PAC, ni que pongamos aranceles a terceros países para que tengamos productos más baratos, ni pasa porque las grandes empresas de distribución, que ponen a nuestros productos un 1.000 o 1.500 por cien, se conformaran por ganar sólo un 200 por cien y nos diera a nosotros un poco. La solución pasa por lo que se está haciendo ya en otros países, donde al medio rural se le están dando herramientas para que genere riqueza y pueda seguir la gente viviendo en el campo».
Concretaba Belmonte que al final, lo fundamental es que una riqueza tan importante que se produce en Castilla-La Mancha con las energías renovables, «de la que tanto presumimos, se quede aquí».

ENERGÍA. La situación, en palabras de Francisco Belmonte, «es que hemos tenido una subida de energía de un 60 por ciento y no ha crecido más porque la demanda ha caído y el kilovatio está bajando porque estamos en un mercado libre, pero en cambio, la cuota de potencia, es decir los derechos que pagas por tener luz, han subido un 480 por cien en año y medio, ese es el impuesto revolucionario que el Gobierno, a través del Boletín Oficial del Estado, les da a las distribuidoras para tenerlas contestas, y les dice, esquilen ustedes al usuario, al agricultor, y ahora te encuentras, en meses de bajo consumo, que pagas más por el derecho a usar la energía que por la que usas. Nosotros queremos pagar el kilovatio a lo que pague todo el mundo, como se pague en Europa, pero la cuota de potencia, que no la cobren cuando no se consume».
Sobre este gran problema del coste de la energía, Francisco Belmonte subrayó que la situación es crítica, «incluso esto nos hace que no podamos, es que vamos a tener que desconcertar las instalaciones y darnos de baja, si esto sigue así, es por lo que estamos pidiendo que la cuota de potencia se ajuste a la potencia que utilizas, no a la que puedes utilizar».
En cuanto al tema de la biomasa, para Belmonte, en nuestro campo hay poca masa para hacer biomasa, «lo que pasa es que no estamos en disposición de despreciar nada, lo vamos a estudiar y vamos a ver la viabilidad», algo que no está claro.
Otro planteamiento que analizó la asamblea fue la sentencia del Tribunal Superior de Valencia sobre la indemnización, por la curva de garantía de Alarcón. Para el presidente de la JCRMO, «las sentencias que no te gustan las recurres y cuando no hay recursos, las aceptas y nosotros la vamos a recurrir porque creemos que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se ha salido por la tangente, porque nosotros no firmamos el convenio de Alarcón, ni el Ayuntamiento de Albacete».  

Belmonte defiende que el beneficio de las energías renovables se quede en el medio rural para evitar el abandono del sector agrario

Un centenar de regantes de la Mancha Oriental participó en la asamblea de ayer

Lejos de la sequía que ha marcado la agenda en anteriores ocasiones, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) celebró ayer su asamblea general ordinaria con la mirada puesta, más que en el agua, en el coste de la electricidad, que es la que en estos momentos está poniendo contra las cuerdas al sector.

En declaraciones a los periodistas tras el encuentro, al que asistieron poco más de un centenar de regantes y en donde se dio cuenta, entre otros asuntos, del informe económico y de gestión de 2009 y del presupuesto para este año, el presidente de la JCRMO, Francisco Belmonte, indicó sobre la factura eléctrica que la subida ha sido del 60%.

Este aumento, detalló, no es superior «porque la demanda ha caído y porque el kilovatio ha bajado», mientras que, sin embargo, la cuota de potencia «se ha incrementado un 480% en año y medio».

El encarecimiento de los costes de producción contrasta con los bajos precios de los productos agrícolas, cuestiones que amenazan el futuro de la actividad: «Si esto sigue así tendremos que desconectar nuestras instalaciones y darnos de baja», señaló.

La solución de la agricultura y, en este caso, la de regadío, no pasa, recordó Belmonte, ni por más ayudas de la PAC, ni por el establecimiento de aranceles a terceros países, ni siquiera, reseñó, «por que las grandes empresas de distribución se conformen con ganarle menos a los productos y den a los profesionales un poco».

Por el contrario, explicó, la alternativa es ofrecer al medio rural las herramientas para generar riqueza y que la gente pueda seguir viviendo en el campo, una opción que, según dijo, está al alcance de los castellano-manchegos a través de las energías renovables, «de la que tanto presumimos y que, sin embargo, se lleva sus beneficios a otros lugares».

Menos de un 1% de esa riqueza se queda aquí, manifestó el presidente de los regantes, que defendió que todos los habitantes del medio rural, incluyendo los ayuntamientos, participen de proyectos como el de los parques eólicos y mejoren así sus ingresos , fijando población.

Precisamente, y como una vía para que los regantes puedan producir su propia electricidad, una de las iniciativas que se presentó en la asamblea, a cargo de la vicepresidenta de la JCRMO Mercedes de Lis, es la instalación de una planta de biomasa para el aprovechamiento de los residuos agrícolas. Un proyecto cuya viabilidad, según Belmonte, se está estudiando, ya que «no estamos en situación de despreciar nada».

Sentencia

A preguntas de los periodistas, Belmonte confirmó que la entidad a la que representa va a recurrir, como ha anunciado también el Ayuntamiento de la ciudad, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que ordena el pago de indemnizaciones por utilizar los recursos del pantano de Alarcón. Recordó que ni los regantes de la Mancha Oriental ni el Ayuntamiento de Albacete firmaron el convenio en el que se basa la reclamación, sino «la Usuj, unos particulares, y el Ministerio», por lo que «no se entiende que afecte a un tercero».

Señaló que las pretensiones valencianas en esta materia «no se pueden permitir», a no ser, afirmó, «que nos dejen a nosotros la llave de Alarcón».

Belmonte volvió a insistir en que «estamos como en el año 95 ó 96, cuando vino la señora Tocino y dijo que el Júcar era, históricamente y jurídicamente, de Valencia», algo que el secretario de Estado de Medio Rural y Agua del actual Gobierno, Josep Puxeu, «no está diciendo pero sí escribiendo».

En cuanto al plan del Júcar, que según recordó está «totalmente paralizado», Belmonte volvió a hacer un llamamiento para que se defina la demarcación de la cuenca «de acuerdo a la ley».

En un comunicado, la edil popular se ha pronunciado así respecto a la elaboración del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar y ha defendido la creación de un "frente común" para reivindicar el uso del río.

"Desde el Ayuntamiento de Valencia no podemos permitir estos planteamientos, que son del todo inadmisibles y antidemocráticos y por tanto, creemos que es necesario crear un frente común para defender y reivindicar nuestro uso del río Júcar", ha afirmado.

Según ha explicado Ramón-Llin, el plan contempla, entre otras medidas, la apropiación de la práctica totalidad de los recursos hídricos del Júcar por parte de Castilla-La Mancha, además de una reducción de los caudales disponibles para los regantes valencianos.

Igualmente, ha resaltado que "propone un planteamiento excluyente contra el Parque Natural de La Albufera o el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Valencia".

En este sentido, ha anunciado que el Ayuntamiento de Valencia requerirá a la CHJ la necesidad de mantener el ámbito actual del Sistema Júcar, "el cual no es un capricho, sino consecuencia de la unidad hidrogeológica de la zona baja del Júcar".

"Todos sabemos que cuando el Júcar se desborda, sus aguas llegan al mar a través de La Albufera y que el lago recibe aportes freáticos del río, el agua de los "Ullals" proviene del Júcar y sin sus aguas, se provocaría un desastre ecológico sin precedentes", ha advertido.

Asimismo, la concejala ha recordado que el ámbito del Júcar alcanza poblaciones como Torrent o Silla, al norte de La Albufera, la cual es propiedad patrimonial del Ayuntamiento y por tanto, abarca quince municipios del Área Metropolitana, incluida una franja de diez kilómetros del sur del término municipal de la ciudad.

Ha recordado que pedanías como Perelló, Perellonet, Palmar o El Saler están íntegramente en el Sistema Júcar, por lo que "bajo ningún concepto se puede calificar como ‘trasvase entre cuencas’ la infraestructura del Canal Júcar Turia".

"Las aguas del Júcar en él se transportan dando suministro a zonas del propio Sistema Júcar tanto para riegos como para suministro de agua potable a la tercera área metropolitana de España", ha argumentado al respecto. EFE

La secretaria general del Partido Popular y presidenta de esta formación política en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, dijo ayer en Albacete, coincidiendo con su participación en las jornadas provinciales de asociaciones de padres y madres de alumnos, que el agua para consumo humano «debe estar fuera de todo comercio y de cualquier otro tipo de consideración», al ser preguntada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que se insta al Ayuntamiento de Albacete a que compense económicamente a los regantes valencianos por el uso del pantano de Alarcón.

«El derecho que tienen los hombres y mujeres de todo el mundo a beber agua está por encima de todo», afirmó Cospedal, añadiendo que «este era un principio que estaba bien definido y garantizado en el Plan Hidrológico Nacional que lamentablemente fue derogado por el PSOE, y creo que antes de hacer convenios y conciertos como se hizo en 2005 y 2006 por confederaciones hidrográficas o por cualquier otra entidad publica, sería importante que se respetara el derecho a beber que tenemos todos», un derecho que, indicó, «no puede ser objeto de un sobrecoste».

Preguntada sobre si el PP llevará algún tipo de iniciativa de apoyo en este sentido a las Cortes regionales, Cospedal reiteró que «el mayor apoyo que ha hecho el Partido Popular en materia de agua ha sido un Plan Hidrológico Nacional, que fue derogado por el Partido Socialista».

«Esto es algo que es de lamentar porque el consumo humano preferente estaba garantizado por ley y no habría necesidad de ningún convenio, de hecho no estaríamos en esta situación que viene de un convenio socialista en la Confederación Hidrográfica del Júcar», manifestó, detallando que su partido va a seguir defendiendo «un Plan nacional de agua y que el agua para beber no puede ser moneda de cambio».

Los responsables de las organizaciones agrarias Asaja, UPA y Coag llevaron ayer al portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, las demandas de Castilla-La Mancha en materia de agua, reflejadas «por el consenso de todo el pueblo» en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Un texto que por falta de acuerdo entre los dos grandes grupos en Madrid, lleva casi un año y medio atascado en la Cámara baja. Por ello el mensaje fue claro: «El Estatuto se tiene que aprobar cuanto antes, con o sin consenso», y debe «garantizar todas las necesidades de agua de la comunidad», explica a La Tribuna el secretario regional de Asaja, José María Fresneda.
«No entramos en el debate político, nos da lo mismo quien se ponga de acuerdo con quien, lo que queremos es que se cumplan todos los compromisos adquiridos con Castilla-La Mancha en materia de agua», advierte Fresneda.
Dentro de las reivindicaciones hídricas regionales, los agricultores también se acercaron a Madrid con dos exigencias para Moncloa: que cumpla con lo acordado en el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) y cubra las obras pendientes en el Plan Hidrológico Nacional. A juicio de las organizaciones agrarias, si el Estatuto «sale bien», el PEAG «se cumplirá».

UNA reserva irrenunciable. El ‘atasco’ político del Estatuto se reduce únicamente a la cuestión hídrica, que cuenta con el rechazo frontal de Murcia y Valencia. A día de hoy, está encima de la mesa de negociación la propuesta socialista de crear una reserva de agua en Castilla-La Mancha de 6.000 hectómetros cúbicos, que es irrenunciable para los agricultores. Como dicen, «la Región lleva cediendo agua toda la vida».
Para Fresneda, la cuestión no es acabar con la «injusticia» del trasvase Tajo-Segura ni de fomentar «guerras de agua» entre comunidades, «lo que queremos es garantizar nuestras necesidades presentes y futuras de agua».
«El debate no lo estamos generando nosotros, viene desde otras comunidades. Nadie puede cuestionar nuestra solidaridad y lo que queremos es que salga adelante el Estatuto con nuestra reserva estratégica», recalca.
Reivindicaciones que fueron escuchadas por José Antonio Alonso, que se comprometió a «trabajar por el consenso», según explica el responsable regional de UPA, Julián Morcillo.
«No venimos a pedir nada que no sea garantizar nuestro futuro» y «no atentamos contra nadie», añade Morcillo, insistiendo en que es preciso aprobar la citada reserva hídrica para la comunidad.
Por su parte, Coag, representado por Alejandro García Gasco, subraya que el agua es vital «para la vertebración de la Comunidad» y la «viabilidad de las explotaciones agrarias». En este sentido, asegura «echar de menos» al PP, que, dice, no ha tenido la iniciativa de recibir a los responsables agrarios y escuchar sus propuestas.
Esta reunión entre los agricultores castellano-manchegos con Alonso llega dos días después del polémico encuentro entre el portavoz socialista y los regantes murcianos, celebrado ‘de rebote’ y que llegó a ser desautorizado por el PSOE regional. Y es que, en un primer momento, la reunión prevista no era con el portavoz socialista, sino con Soraya Sáenz de Santamaría, con el objeto de acercar al PP su rechazo a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. No obstante, la portavoz popular ‘esquivó’ el encuentro, que terminó en el despacho de su ‘contrario’ socialista.

Los socialistas se comprometen a «forzar» el acuerdo con el PP
c.s.r./ agencias / Toledo
Alejandro Alonso, diputado socialista por Toledo, valoró positivamente la reunión mantenida con los agricultores castellano-manchegos, comprometiéndose a «forzar» el acuerdo con el PP para sacar adelante la reforma del Estatuto regional.
«Los socialistas no hemos ahorrado ni un solo esfuerzo en este sentido, por eso, la verdad es que desearíamos un poquito más de compromiso por parte de los dirigentes ‘populares’ para poder desbloquear de una vez y aprobar nuestro Estatuto», apuntó Alonso.
En este sentido, confirmó que en la actualidad se siguen manteniendo contactos entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular, contactos que confía «puedan culminarse con éxito».
No obstante, advirtió que si no hubiera ese deseado consenso con el Partido Popular, los socialistas buscarían «otros caminos» para poder llevar a buen puerto el Estatuto castellano-manchego. «Si finalmente el PP no quiere venir con nosotros, tendremos que aprobarlo sin ellos», aseguró.
Para Alonso, «Castilla-La Mancha tiene todo el derecho a que las Cortes Generales de respuesta a su propuesta».

Respuesta popular. Por su parte, la senadora ‘popular’ Carmen Riolobos, desautorizó el encuentro entre el PSOE y los agricultores castellano-manchegos, que calificó de «paripé» e «improvisación». A su juicio, el fin de esta «foto» del PSOE con las organizaciones agrarias de la Región es el de «tapar» la reunión que mantuvo Alonso dos días antes con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. «Están dando un auténtico espectáculo», concluyó.    

El grupo municipal de IU emprenderá todas las acciones que esté en su mano contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que ordena que el Ayuntamiento de Albacete pague determinadas indemnizaciones, aun sin cuantificar, por el uso del Embalse de Alarcon, a los regantes¹ valencianos. La sentencia viene a resolver un recurso, presentado por el Ayuntamiento de Albacete y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar de julio de 2005 que estableció indemnizaciones a los regantes valencianos por el uso del Pantano de Alarcón, cuando éste estuviera por debajo de unos determinados umbrales. Esta Resolución de 2005 deriva del Convenio de Alarcón firmado en el 2001 por el entonces Presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, el Presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana y del Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas.

Según Rosario Gualda “no vamos a admitir que se priorice el uso del agua para riego frente al derecho preferente de Albacete al uso del agua del Júcar para consumo humano”. Según IU, esta sentencia vulnera claramente lo que estable la ley de Aguas y el Plan Hidrológico, que prioriza, en todo caso, el uso para consumo humano frente al resto de usos. “Además” –añade Rosario Gualda- “Albacete es la única ciudad que pertenece a la Cuenca del Júcar, tal y como ha determinado el Tribunal Supremo”.

Por todo ello, IU anuncia que una vez que se estudie con detenimiento la sentencia y la situación que se genera, va a proponer al Ayuntamiento de Albacete que recurra ante el Supremo, y que se emprendan todas las acciones políticas pertinentes para evitar este atropello que va en contra de la ciudad de Albacete. Según Rosario Gualda “ya nos opusimos en el 2008 a volver a coger agua de los pozos mientras que los regantes seguían utilizando el agua del embalse de Alarcón, y ahora seguimos insistiendo en el uso preferente del agua superficial del Júcar por parte de Albacete”

Nueva Cultura del Agua

Para IU la época de lluvia que estamos viviendo en los últimos meses no puede hacernos olvidar que tenemos que cambiar de modelo de gestión del agua, basado en años pasados en regadíos insostenibles, campos de golf y adosados. Según Rosario Gualda “los regantes valencianos no pueden pretender que la ciudad de Albacete pague un peaje injusto para satisfacer sus intereses”.

La Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunitat Valenciana (Fecoav) se sumó ayer a las denuncias efectuadas por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) respecto a la pretensión del Gobierno de recortar en un 40% las dotaciones de agua de riego del Júcar que llegan a Valencia y al llamamiento efectuado por dicha organización para sumar iniciativas políticas y ciudadanas en defensa de los caudales actuales del río.

José Vicente Torrent, presidente de Fecoav ha pedido la formación de un frente común entre todas las entidades agrarias, de regantes, políticas, culturales, universitarias, económicas y cívicas de la Comunitat Valenciana «porque nos estamos jugando el futuro, ya que no sólo no conseguimos que vengan caudales extraordinarios de trasvases que están por hacer, sino que pretenden recortarnos el agua escasa que tenemos para favorecer a otros territorios».

Torrent ha acusado al Gobierno de «consentir que desde otra comunidad autónoma (Castilla-La Mancha) se vulneren continuamente los derechos y las necesidades valencianas». Además ha señalado que «si se llegara a materializar esa propuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) de recortarnos 290 hectómetros cúbicos anuales de agua, que necesitamos, para favorecer a otra región, lo tomaríamos como un atentado inaceptable y recurriríamos hasta las más altas instancias, incluidas las de la Unión Europea».

El presidente de las cooperativas agrarias valencianas ha mostrado su «total respaldo a las iniciativas de AVA» y ha pedido que se sumen otras entidades y que la Generalitat tome con fuerza la bandera de «defender los intereses agrarios valencianos sobre el agua del Júcar».

Aunque los servicios jurídicos municipales andan todavía estudiando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la alcaldesa, Carmen Oliver, ya anunció ayer su intención de recurrir en casación al Tribunal Supremo el fallo que obliga al Ayuntamiento de Albacete a pagar a los regantes valencianos una compensación económica por cada metro cúbico de agua que se beba la ciudad en tiempo de sequía, cuando el pantano de Alarcón se encuentre por debajo de un determinado límite.

«Vamos a defender el uso prioritario del abastecimiento humano», declaró Oliver, al ser preguntada por esta sentencia que ha sido notificada en esta semana al Ayuntamiento y a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo). Ambas entidades llevaron este asunto a los tribunales en 2005, recurriendo una resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar que autorizaba a Albacete a beber agua de los volúmenes de reserva, a cambio de pagar a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) a razón de 0,0305 euros por metro cúbico.

El origen de este pleito está en el convenio del embalse de Alarcón, firmado en julio del 2001 entre el Ministerio de Medio Ambiente y la USUJ. Los regantes valencianos e Iberdrola, propietarios del embalse, cedían al Estado el uso de Alarcón, eso sí, en dicho acuerdo se fijaron unos volúmenes de agua reservados para la USUJ y las condiciones en las que, alcanzados esos niveles, podrían ser utilizados por otros usuarios de la cuenca del Júcar.

En tiempos de sequía

En 2005, con la sequía, las reservas del pantano de Alarcón bajaron tanto que la ciudad de Albacete necesitó recurrir a esos volúmenes de reserva para beber. La Confederación del Júcar, le autorizó, pero aprobó una resolución obligando al a ciudad a pagar una compensación económica a los regantes valencianos que al no poder usar agua de Alarcón debían bombear agua de los pozos y a Iberdrola que dejaba de turbinar agua en las presas del Júcar al ser derivada ésta por el canal del trasvase Tajo-Segura. La situación volvió a repetirse en 2006.

El Ayuntamiento de Albacete, y la Junta Central de Regantes, de la que forma parte el consistorio como usuario del Júcar que es, recurrieron a los tribunales, con el argumento de que la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico del Júcar no podía quedar supeditado al convenio de Alarcón. Así, ante la Justicia trataron de hacer valer que lo primero era beber, y después regar y los usos hidroeléctricos, tal y como dice la Ley de Aguas, y que no era de recibo tener que pagar a los regantes para poder abastecer a una ciudad como es Albacete que, además, está en la cuenca del Júcar. A este respecto, recordaban que durante años la ciudad de Valencia que está en la cuenca del Turia se había estado abasteciendo casi en exclusiva con agua del Júcar, de ahí que intentasen hacer valer el derecho prioritario de la ciudad de Albacete que sí pertenece a la cuenca del Júcar.

Estos argumentos no han sido respaldados por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Ahora, el Ayuntamiento tratará de defender su tesis en el Tribunal Supremo. La Junta Central de Regantes también estudia la viabilidad de un posible recurso.