La Comisión Europea afeó ayer el espectáculo que está dando España en la gestión del agua por la guerra que mantienen las comunidades. El director general de Medio Ambiente, Karl Falkenberg, en un acto en Madrid, pidió al Gobierno que acelere el envío a Bruselas de los planes de cuenca que deben ordenar la gestión del agua.

"Sé que hay problemas de competencia en las comunidades autónomas, pero vengo de Viena, de la firma de un acuerdo entre 14 Estados soberanos para gestionar el Danubio. Después de eso, estoy seguro de que en España podrán ponerse de acuerdo", ironizó Falkenberg en Madrid, en la clausura de un seminario internacional sobre sequía y cambio climático. Entre el público corrió un murmullo sarcástico.

Sentado junto a Falkenberg estaba el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, que recogió el guante: «Es más difícil llegar a acuerdos para el Júcar que para el Danubio, pero lo estamos intentando».

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El coordinador provincial de Izquierda Unida (IU) en Albacete, Luis Ángel Aguilar, mostró ayer en rueda de prensa su repulsa al nuevo sistema de pensiones propuesto por el equipo de gobierno. Además, rechazó el actual modelo económico y social caracterizado «por unos salarios bajos, escasa protección social, dependencia tecnológica, endeudamiento de empresas y familias, alto impacto medio ambiental, una fiscalidad regresiva insostenible y un elevado porcentaje de economía sumergida», como apuntó Aguilar quien acusó al Partido Popular de criticar mucho al grupo socialista pero de poner pocas propuestas sobre la mesa.

«Nosotros creemos que este ‘pensionazo’ en un golpe muy duro para los derechos fundamentales de los trabajadores, por lo que se van a apoyar las movilizaciones sindicales que se van a dar en todas las capitales de España y de la región. Meter la mano en los bolsillos de los pensionistas por un importe de 80.000.000 millones de euros, según datos del gobierno, significan cuatro puntos del PIB en 2030», añadió el coordinador provincial.

Desde IU tienen claro que van a luchar contra la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años y contra la ampliación del periodo del computo de las pensiones más allá de los 15 años. Así, presentarán una moción en todos los ayuntamientos en los que tengan representación y no descartan una huelga general.

Según los de izquierdas en Castilla- La Mancha hay 193.871 jubilados, 38.988 en Albacete, con una pensión media de 811,85 euros, 770,26 euros en Albacete, muy por debajo de la media nacional que es de 874,97 euros. Por lo que este cambio significaría una «injusta pérdida para los trabajadores y nuestros vecinos debilitando el sistema de bienestar social».

Aguilar destacó que no hay que crear alarma social ya que el Sistema Público de Pensiones no esta amenazado e incluso durante 2009 ha tenido un superávit de 8.500 millones de euros y se ha aumentado el Fondo de Reserva.

Mociones por las pensiones

Así, en los acuerdos recogidos en la moción, piden a los ayuntamientos a que insten al Gobierno de España para retirar las propuestas presentadas a la Comisión del Pacto de Toledo sobre la reforma de pensiones públicas, y a que se pronuncien a favor de que el Sistema Público de Pensiones siga garantizando los derechos actuales de los pensionistas y se asegure la revalorización de éstas de acuerdo al incremento del IPC y en mayor medida para las pensiones más bajas, como en el caso de Albacete.

Por su parte, el coordinador regional de IU, Daniel Martínez, recordó que las únicas pensiones que están en peligro son las privadas y «no pueden garantizarse a costa de los pensionistas del sistema de seguridad social».

Cambiando de tercio y haciendo referencia a la tramitación del Estatuto de Autonomía, Martínez aconsejó a José María Barreda, presidente de la Junta, a que cumpla su palabra de no aceptar un Estatuto devaluado para la Región. «Vistas las negociaciones invitamos a Barreda a que se traiga el Estatuto a Castilla- La Mancha porque consideramos que los ciudadanos manchegos conocemos más de su contenido a través de las reuniones de los presidentes de Murcia y Valencia, que de nuestro

La aprobación ayer por unanimidad en la Asamblea Regional de Murcia de una proposición de ley en defensa del trasvase Tajo-Segura, como respuesta al debate sobre la caducidad del acueducto o las reservas estratégicas que ha propuesto Castilla-La Mancha en la reforma de su Estatuto de Autonomía, no han gustado en territorio castellano-manchego.

Tanto es así, que el presidente castellano-manchego, José María Barreda , señaló ayer, tras conocer la petición murciana, que «el Estatuto de Castilla-La Mancha no se decide en Murcia, se decide en Castilla-La Mancha» y que eso «está más claro que el agua».

Barreda respondió ayer así al ser preguntado por periodistas en Guadalajara sobre las peticiones desde Murcia de que se rebaje la reserva estratégica de agua pretendida en la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.

También las declaraciones del secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, en las que afirmaba que la reserva de agua de 6.000 hectómetros cúbicos es una cifra que «daña la vista», han escocido en el seno del Ejecutivo castellano-manchego.

Así, la portavoz de la Junta, Isabel Rodríguez , afirmó que la posición del Gobierno de España sobre la reserva estratégica de agua en el Estatuto de Autonomía es la misma que la que ha plasmado el grupo socialista en el Congreso en el documento entregado al PP.

La portavoz señaló que, si bien Puxeu es un miembro del Gobierno, en este caso «más bien estaba expresando su propia opinión» que la decisión del Gobierno, que está plasmada «blanco sobre negro» en el documento que el grupo socialista, con el consentimiento del Gobierno de España y previa negociación, envió al grupo popular con esa propuesta de reserva de agua.

Por tanto, añadió, la posición del Gobierno de España es esa, y se está negociando en el Congreso de los Diputados, mientras que la única postura «que seguimos sin tener clara es la del grupo popular», dijo Rodríguez , quien añadió que «confiamos en un acuerdo» en la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.

«Confiamos que en las negociaciones en el Congreso de los Diputados se está trabajando para el acuerdo que garantice nuestros derechos de agua para el presente y el futuro, y eso lo vamos a decir ante quien sea, el secretario de Estado o el presidente del Gobierno», afirmó.

También fue preguntada también por las declaraciones de la portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, en las que opinaba que, o el presidente de la región, José María Barreda, «se espabila» en la defensa de los intereses de la comunidad, o le va a terminar criticando «hasta el portero de Ferraz» (donde está la sede del PSOE).

Rodríguez dijo que le gustaría que los dirigentes del PP «supieran que todos los porteros o cualquier trabajador es muy respetable en su trabajo y, desde luego, el portero de Ferraz», que es además «un castellano-manchego, Daniel, de Alcázar de San Juan, una persona muy honorable que merece el respeto de todos los ciudadanos».

Dijo la portavoz que a Barreda se le escuchará muchas veces respondiendo a quien haga falta, mientras que la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, «pocas veces habla» y «pocas veces se le escucha defendiendo a Castilla-La Mancha».

La polémica entre PSOE y PP no terminó ahí ya que los populares consideran que en torno a la reforma del Estatuto no solo hay discrepancias en el seno del PSOE, y de los Gobiernos Central y Regional, sino que el Gobierno de España debería «aclarar» cual es su «opción» entorno a la reserva de 6.000 hectómetros cúbicos.

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Ana Guarinos , considera que dentro del Gobierno Central ha habido «muchas voces» que han cuestionado las pretensiones del Gobierno regional en torno a la caducidad del trasvase primero y ahora con la reserva estratégica de los seis mil hectómetros

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, donde conviven regantes, ayuntamientos y la Diputación de Alicante, han vuelto a perder en los tribunales un recurso contra el cambio de trazado acordado por el Ministerio de Medio Ambiente en junio de 2007.
La junta ha recurrido en diversas ocasiones tanto la decisión del cambio de trazado como las adjudicaciones posteriores de los nuevos tramos. La respuesta de los tribunales es unánime al fallar siempre en contra de los argumentos de quienes reclamaban con «urgencia» el agua del Júcar.
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por la Junta, presidida por Andrés Martínez, contra la resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que se aprobaba el expediente de información pública del Proyecto de Construcción del Tramo C del nuevo trazado, el primero que se puso en marcha por el Gobierno central una vez decidió trasladar la toma al azud de la Marquesa.

Cinco recursos perdidos
Previamente, la Junta Central de Usuarios ha visto rechazados los recursos presentados ante un Juzgado de lo Mercantil de Valencia, otros dos consecutivos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y los dos últimos ante la Audiencia Nacional.
Los argumentos jurídicos ofrecidos por la Audiencia Nacional son muy similares a los que esta misma instancia utilizó hace tan solo una semana para desestimar otro recurso de la Junta de Usuarios. La Audiencia Nacional rechaza el empleo del recurso contra un acto administrativo como si fuera una «causa general» contra el trasvase.
La sala afea a los denunciantes que acusen de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y no lo incluyan en su demanda. Del mismo modo refuta la denuncia contra la decisión de no someter el cambio de proyecto a evaluación de impacto ambiental y la argumentación de que el Gobierno no había acreditado «suficientemente la viabilidad técnica, económica y ambiental de la nueva conducción».

Más agua para el Vinalopó
Respecto a la mayor o menor disponibilidad de caudales, el tribunal reconoce la validez del proceso de debate que precedió el cambio de toma y se suma a quienes creen que está acreditado que hay más agua y más garantías para los regantes en el azud de la Marquesa que en Cortes, así lo acreditan todos los informes, incluido el presentado a petición de la Junta por el redactor del Plan Hidrológico Nacional, Francisco Cabezas Calvo-Rubio.

Expertos internacionales debatirán hoy y el viernes en Madrid sobre las herramientas disponibles en Europa para prevenir y mitigar las situaciones de carestía de agua en un escenario de clima cambiante en la ‘Conferencia Internacional sobre Escasez de Agua y Sequía: El camino hacia la adaptación al cambio climático».

   Además, las conclusiones que se extraigan de este encuentro internacional, que será inaugurado por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, en el Palacio de Congresos de Madrid, serán remitidas al Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea.

   España es ‘co-líder’ del Grupo de expertos sobre Escasez de Agua y Sequías de la Estrategia Común de Implantación de la Directiva Marco de Agua y, aprovechando la «oportunidad» de la Presidencia española de la Unión Europea, quiere promover este foro de encuentro de expertos en la gestión del agua a nivel internacional, en el que se tratará de dar respuesta a las principales cuestiones sobre los posibles modelos de gestión de la sequía y de la escasez de agua.

   Las proyecciones del cambio climático prevén un descenso de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas en áreas tradicionalmente afectadas por escasez de agua, por lo que es de prever que el cambio climático aumente la intensidad y la frecuencia de estos episodios, así como las regiones afectadas por ellos.

   El ministerio que dirige Elena Espinosa, considera también que ante el reto del cambio climático y la sequía, es «de vital importancia» favorecer el desarrollo de una estrategia que proporcione las «herramientas necesarias» para evolucionar desde un sistema de gestión de crisis, centrado en la reacción inmediata ante las necesidades de un periodo de sequías, hacia una metodología basada en la prevención planificada de los períodos de escasez de agua y sequías.

     A ese respecto, los objetivos de esta Conferencia Internacional pasan por dar a conocer las principales consecuencias del cambio climático en relación con la disminución de los recursos hídricos y fomentar la inclusión de los conceptos de «prevención» de la escasez de agua y sequías en la planificación habitual de los recursos hídricos, apoyando la implantación de sistemas de indicadores y el desarrollo de planes de gestión y mapas de riesgos.

   Finalmente, con este encuentro se busca promover «soluciones alternativas o complementarias» para el ahorro de agua, sobre todo en situaciones de déficit hídrico; presentar las herramientas, metodologías y técnicas más innovadoras para promover el ahorro del agua; abordar los impactos ambientales, económicos y sociales de la escasez de agua; promover el uso racional del agua en el sector agrario; e identificar las mejores prácticas en la gestión de la sequía en el mundo.

Barreda reitera que «que el Estatuto de Castilla-La Mancha no se decide en Murcia» y desafía así la proposición de ley en defensa del Tajo-Segura que ha aprobado la región vecina

 L.G.E. / S.L.H. / Toledo

Moncloa acepta la reserva estratégica de 6.000 hectómetros cúbicos que ha propuesto la Junta en el Estatuto. La portavoz del Gobierno regional negó que las declaraciones del secretario de Estado de Agua hayan obstaculizado la negociación del Estatuto. «Si bien es un miembro del Gobierno, Puxeu estaba manifestando sus opiniones personales más que la decisión del Gobierno», concretó. Isabel Rodríguez defendió que si a Puxeu le hacía daño a la vista los 6.000 hectómetros cúbicos, a Moncloa esta cifra le parece bien y por eso es la propuesta que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados.
«Las negociaciones se están trabajando para alcanzar ese acuerdo que exigimos venga a garantizar nuestros derechos de agua para presente y futuro», comentó Rodríguez, «se lo vamos a decir ante quien sea, ante el secretario de Estado, el presidente de Gobierno o ante quien sea necesario». De hecho Barreda tardó sólo un día en responder a Puxeu.
Rodríguez explicó que el presidente autonómico «habla alto y claro y antes quien haga falta». Por eso no se extraña por que se pueda «escuchar a mucha gente responder a Barreda y no a Cospedal, que pocas veces habla defendiendo los intereses de Castilla-La Mancha».
La anécdota del día vino protagonizada por las declaciones de la senadora del PP Carmen Riolobos, que el martes comentó que a este paso a Barreda le iba a cuestionar hasta el portero de la calle Ferraz. Ayer de mano de la portavoz del Gobierno se desveló que dicho portero se llama Daniel y que precisamente es castellano-manchego, concretamente de Alcázar de San Juan. «No tenemos ningún inconveniente con las opiniones de los porteros de ningún sitio», comentó la portavoz, «y me gustaría que los dirigentes el PP supieran que todos los porteros son respetables».
Al respecto, la diputada popular Ana Guarinos, tras dejar claro que su partido siente mucho respeto por todos los ciudadanos, incluido el portero de Ferraz, consideró que la reforma del Estatuto causa no solo discrepancias en el seno del PSOE, sino que el Gobierno de España debería «aclarar» cuál es su «opción» sobre la reserva estratégica.
Opinó que dentro del Gobierno central hay «muchas voces» que cuestionan las pretensiones de Barreda, por lo que acusó al presidente regional de ser «incapaz» de defender los intereses de Castilla-La Mancha. «Lo único que hace es enzarzarse en peleas con el Gobierno de España» y «abrir vías de escape interesadas».
Por último, insistió en que el PSOE puede sacar adelante la reforma estatutaria sin el Partido Popular.

Desde Murcia
La batalla del Estatuto también se libró ayer desde Murcia. La Asamblea regional de esta comunidad aprobó por unanimidad remitir a las Cortes Generales una proposición de ley en defensa del trasvase Tajo-Segura, como respuesta al debate sobre la caducidad del acueducto o las reservas estratégicas que ahora plantea la Junta de Castilla-La Mancha. Aun así, también hubo fuego amigo en el parlamento levantino. Los socialistas afirmaron que la iniciativa que se aprobó ayer, «se debió hacer antes». El PP contestó que con este aplazamiento han podido actualizar la iniciativa a las últimas propuestas del Estatuto regional.
La ofensiva murciana ha tenido rápidamente una respuesta de Barreda. El presidente autonómico declaró que «el Estatuto de Castilla-La Mancha no se decide en Murcia, se decide en Castilla-La Mancha» y que eso «está más claro que el agua». Barreda desafió así al parlamento murciano y a sus iniciativas que coinciden justo con la tramitación del Estatuto en el Congreso de los Diputados.

La Región revisará su normativa para suprimir los trámites de crear una empresa
Una empresa de índole industrial se tarda en constituir 150 días en Castilla-La Mancha y cuesta 2.000 euros. «Quizá a una persona muy emprendedora esto no sea un inconveniente, pero desde luego tampoco es alentador», comentó la portavoz del Gobierno. Para eliminar estas barreras, la Junta ha diseñado un nuevo Programa para la Simplificación de Trámites y para el Fomento de la Creación de Empresas.
Isabel Rodríguez explicó que el Gobierno va a revisar legislación y normativa para «reducir, simplificar e incluso eliminar algunas de las trabas administrativas». El programa no se queda ahí, también se van a volcar en internet todos los procedimientos necesarios para implantar una empresa. Entre otras medidas, la Junta formará específicamente a los funcionarios para ayudar a la simplificación de trámites.
Además se prevé ampliar el número de puntos de asesoramiento e inicio de trámites para comenzar una nueva actividad empresarial. Otro de los caballos de batalla será la coordinación y colaboración entre las diferentes administraciones implicadas. «Vamos a promover una red de carácter autonómica que ponga en común los recursos de asesoramiento e información que existen en la Región para empresarios y emprendedores», apuntó Rodríguez.

Dinero a los consistorios
Otro de los acuerdos de Gobierno va dirigido a aumentar el dinero que la Junta entrega a los ayuntamientos con el Fondo de Cooperación Local (Forcol). En concreto se incremente la parte incondicionada hasta un 70%, es decir la que se puede utilizar para gasto corriente. De esta forma la partida global para todos los municipios sube hasta los 41,2 millones a costa de reducir el presupuesto condicionado, es decir para obras e inversiones. Rodríguez señaló que espera que este dinero «sea un respiro también para los autónomos y pequeñas y medianas empresas que prestan servicios a los ayuntamientos».
Otro acuerdo del Gobierno regional repartirá 5 millones de euros a los municipios que acometan obras en su red de saneamiento. Con un tope de 100.000 euros por ayuntamiento, la portavoz explicó que la mayor parte de las obras serán para evitar que se filtre agua limpia, ya sea de lluvia o subterránea, en los conductos de aguas residuales que llegan a las depuradoras. La cuantía se fijará por el número de habitantes o el tipo de obras solicitadas.

La Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana señaló este martes que los embalses de la cuenca del Júcar presentan un incremento del 23,7 por ciento más de agua que hace un año y un 61,4 por ciento más que la media de los últimos 10 años.

Así, en la actualidad, el agua embalsada en el conjunto de España se ha incrementado un 23,2 por ciento sobre la media de los últimos diez años, un incremento «significativamente inferior, casi tres veces menos», de lo que ha experimentado la cuenca del Júcar, según informó la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El incremento del 61,4 por ciento es el tercer mayor de todas las cuencas de España, sólo superado por la Cuenca Mediterránea Andaluza con una aumento del 93,8 por ciento y la del Segura con un 129,2 por ciento.

En la actualidad, en la cuenca del Júcar se disponen de reservas por un total de 1.404 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 42,1 por ciento del total de la reserva de uso consuntivo más hidroeléctrico con un incremento, respecto al año anterior, de 269 hectómetros cúbicos.

Asimismo, en dicha cuenca, en el año pasado, por estas fechas, había un 33,9 por ciento, mientras que ahora hay un 42,1 por ciento, es decir, 8,2 puntos más que el ejercicio anterior.

Por otra parte, la reserva de agua ha aumentado en 20,4 puntos más que hace dos años y se dispone de 16,4 puntos más que la media de los últimos cinco años y de 16,1 puntos más que en la media de los últimos diez años.

Según han indicado fuentes del Ministerio en un comunicado, la adjudicación ha sido para la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Typsa, Técnica y Proyecto y Tecnoma Tecnología del Medio Ambiente.

El nuevo proceso de planificación hidrológica se inició formalmente en 2007 con la consulta pública del Programa, Calendario y Formulas de Consulta, el Estudio General de la Demarcación y el Proyecto de participación pública.

En este sentido, han explicado que los trabajos para la redacción de estos documentos "están muy avanzados", pero han afirmado que "es preciso realizar una serie de tareas previas a la elaboración del borrador del nuevo plan".

Entre estas tareas, se encuentra la coordinación con el comité de autoridades competentes, la preparación de modelos de simulación hidrológica o el impulso de la participación en la fase final del proceso de elaboración del plan hidrológico.

Por otro lado, una vez aprobado el nuevo plan hidrológico de cuenca, se requerirán actividades de seguimiento, como la implantación del programa de medidas para alcanzar los objetivos medioambientales marcados en la planificación hidrológica, entre otras cosas. EFE

La gran cantidad de lluvias caídas durante el pasado otoño y el invierno en curso han posibilitado que los embalses de la provincia estén al máximo de su capacidad y que dispongan de reservas hídricas “como mínimo para dos años”, como señala el presidente de la Federación de las Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva), el castellonense Pepe Pascual. También el delegado de la Unió de Llauradors en la provincia, Vicent Goterris, confirma que actualmente existe agua “para dos años”.

El motivo se encuentra en el inusual periodo de precipitaciones que está viviendo el territorio provincial, que ha propiciado que los pantanos se encuentren “en el máximo que permiten sus normas de explotación”, según detallan fuentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Es decir, con todo el agua posible ante la hipotética avenida de grandes lluvias o, en el caso concreto del Embalse de Arenós, con el tope que las obras que se están llevando a cabo en su perímetro permite almacenar.

Es precisamente este pantano el único que forzosamente deberá perder agua este verano, dado que, durante un mes y debido a las obras que se están ejecutando en él, se dejará con 25 hectómetros cúbicos, tal y como la CHJ y las comunidades de regantes han acordado. De esta manera se aprovechará el agua que debe ser evacuada, se realizarán las actividades constructivas (que están en marcha desde diciembre) y se estará en disposición de recoger “las lluvias de otoño”, detallan fuentes de la CHJ.

Ante un posible déficit hídrico también han ayudado las actuaciones que los agricultores han realizado en las comunidades de regantes para aprovechar al máximo el caudal. Como señala Pepe Pascual, “ahora gastamos la mitad de agua que antes”. Goterris también confirma que se han “mejorado las infraestructuras”, pero esto no esconde que los últimos sean años “hidrológicamente muy buenos”, afirma. H