El próximo lunes está previsto que comiencen las obras de emergencia para modificar las tomas del acueducto Tajo-Segura en la zona regable de Los Llanos de Albacete, a cuya finalización -oficialmente dos meses- se ha supeditado el nuevo trasvase anunciado sin fecha y sin que se determine la cantidad de agua que contemplará. Las actuaciones, que se llevarán a cabo en un tramo ubicado en las proximidades de El Salobral, fueron anunciadas el pasado mes de diciembre por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y su objetivo es mejorar tanto la sustitución de bombeos como el abastecimiento de Albacete, según informó ayer a este periódico la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Fuentes de esta entidad indicaron que las obras se inician ahora porque «se ha esperado a que Murcia recibiese toda el agua del trasvase», ya que «la infraestructura tiene que estar seca para acometer los trabajos», solicitándose para ello autorización a la Comisión de Explotación del Tajo-Segura. El propósito es que las obras puedan estar listas en el menor plazo de tiempo posible, para lo cual se va a trabajar «sábados, domingos y noches». Sobre la polémica que se ha suscitado, el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte, afirmó que «las obras ya estaban previstas y hay que hacerlas», y añadió que «algunos tienen ganas de calentar los ánimos de forma gratuita».

«Prohibitivo» e «inviable» son algunos de los términos con los que, desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), califican el continuado incremento de las tarifas eléctricas y su repercusión sobre la actividad agraria. A juicio del presidente de la entidad, Francisco Belmonte, el escenario que se está planteando implica una auténtica lucha de «David contra Goliat» en el que, de momento, las compañías eléctricas tienen todas las de ganar.

Belmonte recordaba que, desde el 1 de julio de 2008 y hasta la última subida de tarifas eléctricas de acceso que ha entrado en vigor el 1 de enero pasado, el incremento acumulado para los usuarios en la cuota de potencia se sitúa «en un 480%». La subida se agrava para los regantes albaceteños ya que «lo que abonan por este concepto es muy superior, durante al menos siete meses al año, al consumo en kilovatios». Un periodo en el que, según explicaba el presidente de la JCRMO, prácticamente no se riega debido a las características específicas de cada cultivo, a la estación o a las precipitaciones que se hayan registrado.

Sobre el incremento más reciente en el recibo de la luz, el que se ha hecho efectivo, coincidiendo con el comienzo de 2010, para las tarifas eléctricas de acceso, el representante de los regantes aseguró que «el Estado permite subidas de hasta un 20%».

No obstante, hizo un recordatorio de algunos de los aumentos sufridos hasta ahora, que cifró en el 60% con fecha 1 de julio de 2008, un 15% en enero de 2009, o un 8% en julio del mismo año.

Liberalización

Un escenario que se ha producido tras la modificación de la normativa vigente en materia de suministro eléctrico, encaminada a liberalizar el sector, aumentar la competencia y, de paso, reducir los precios para el consumidor.

Sin embargo, para Francisco Belmonte «esto, de mercado libre, tiene muy poco». De hecho, ayer mismo la JCRMO emitió un comunicado de prensa en el que aseguraba que «la teórica liberalización del mercado eléctrico queda adulterada ya que, en las distintas ofertas que los consumidores podemos negociar con las comercializadoras que aparecen en el sector, el término de potencia contratada lo fija el Gobierno por orden ministerial, sin que admita posibilidad de competencia entre operadores».

Medidas

Aunque reconoció que, con este panorama, el agricultor «lo tiene muy difícil», Belmonte señaló que entre las cosas que se están haciendo para aliviar la presión de los costes es, por ejemplo, y a título individual, «contratar menos potencia».

Como colectivo, la JCRMO se suma a otros que también han criticado la subida más reciente, como las organizaciones agrarias, y reclama de forma «urgente» una norma que permita pagar el término de potencia sólo durante el periodo que se utiliza, «adaptando la estructura del suministro a las necesidades reales de la actividad agraria».

A la larga, destacó el presidente de los regantes de la Mancha Oriental, «lo que está ocurriendo es que cada vez regamos menos», ya que a los problemas del suministro eléctrico se suman los bajos precios de los productos agrícolas.

Belmonte hizo hincapié en la importancia que los regadíos tienen para la economía de la provincia de Albacete, citando su repercusión en sectores como los servicios, el transporte, los abonos o la maquinaria.

Y es que, según constataba el presidente de la JCRMO, justo cuando la escasez de recursos hídricos está dando una tregua debido al incremento de las precipitaciones, crece la incertidumbre por el aumento de costes y los bajos precios: «Algo habrá que hacer, porque a este paso la agricultura de regadío, que produce en torno a un 60 por cien del total, va a echar el cierre».

«Vamos hacia cultivos que requieren poca agua y poca inversión, y de esta forma se va a mover muy poco dinero en el campo», sentenció el representante de los regantes de la Mancha Oriental.

El Ministerio de Medio Ambiente alegó ayer una avería «que obliga a la interrupción del trasvase» para no cuantificar el agua a enviar del Tajo al Segura. La Comisión Central de Explotación del Acueducto aprobaba «un trasvase de agua para abastecimiento humano y para riego de socorro para el trimestre de enero a marzo», sin concretar cantidades. Oficialmente, la cuantificación de este trasvase se hará cuando finalicen las obras de reparación de una avería en la conducción en Albacete que, según el ministerio, impide el trasvase y «que no deben alargarse más de dos meses».
El Ministerio de Medio Ambiente aseguraba que «de este modo se garantiza» el abastecimiento a la población atendida por el Taibilla, así como la supervivencia de las plantaciones leñosas. A su vez, insistía en que la interrupción del trasvase se hacía «por motivos técnicos», al tener que ejecutarse las obras de emergencia para las tomas en el acueducto Tajo-Segura de la zona regable de los Llanos de Albacete.
La justificación oficial no ha agradado a los regantes alicantinos. El portavoz de la Comunidad Riegos de Levante, Ángel Urbina, afirmaba ayer a este periódico que «el Gobierno incumple, una vez más, la legislación para no molestar a Castilla-La Mancha en pleno debate sobre su estatuto». Y, además, lo hace «impiendo a los agricultores poder planificar los cultivos y las inversiones que tienen que realizar de aquí a marzo». Según Urbina, se «inventan» una rotura para no concedernos el trasvase que, «por ley, tienen que aprobar».
Según el portavoz de los regantes, «una vez más somos los agricultores los que vamos a pagar los platos rotos. Otra vez están primando las cuestiones políticas sobre las técnicas y ante esta situación es el regante el que no sabe si este año debe o no plantar o si será rentable invertir en la modernización de sus campos».
Los regantes se sienten «ofendidos» por la «maquiavélica» decisión de ayer de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. También por el discurso «light», según Urbina, de los presidentes Camps y Valcárcel. «Estamos ya hartos de los políticos y exigimos que nos digan claramente lo que debemos hacer, si debemos dejar perder todas nuestras tierras y apuntarnos al paro».
Los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia «no defendieron a los regantes y exigimos que nos digan qué hacer», apunta Ángel Urbina, quien recuerda que «ya dijimos que el Ebro se inundaría y que serían necesarios desembalses. Reclamamos que nos tengan en cuenta y que se retome el Plan Hidrológico Nacional».
Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) decidía mantener las restricciones del 25 por ciento en los derechos de riego, a pesar de que las lluvias del último mes han contribuido a mejorar la situación de la cuenca. El presidente de la CHS, José Fuentes Zorita, explicaba que mantendrán la política de «prudencia».

Por si no estaba bastante enmarañado el debate del agua en España con la famosa reserva hídrica que Castilla-La Mancha pretende introducir en su nuevo Estatuto, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura vino ayer a añadir más motivos para la polémica al aprobar lo que los regantes de la Comunitat Valenciana y los del Murcia ya han calificado como el primer «trasvase sin agua» de la historia. Y es que, en efecto, lo que esta entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente acordó es que durante el primer trimestre del año en curso se transferirá agua del Tajo al Segura -como se viene haciendo desde hace 30 años- aunque sin concretar ni cuánta ni cuándo. Es comprensible, por tanto, el revuelo que la medida ha originado en las comunidades que pueden verse negativamente afectadas.

La excusa que ofrece la citada comisión para no fijar fecha ni cantidad del trasvase es una obra a ejecutar en Los Llanos, provincia de Albacete. Pero cuando al mismo tiempo está en discusión el intento de una comunidad, Castilla-La Mancha, por asegurarse una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos -que de aprobarse haría inviable el mantenimiento de la cíclica transferencia al Segura- es lógico que todas las alarmas se disparen y que cunda la sensación de que la Comunitat Valenciana puede verse nuevamente perjudicada en este litigio que sobre el agua se vive en España desde hace años. La derogación del trasvase del Ebro por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero ya supuso un duro golpe para las aspiraciones valencianas de contar con un modelo hídrico que garantizase su desarrollo. Ahora, los contínuos obstáculos en el Tajo-Segura llenan de nubarrones de inquietud el panorama de la solidaridad interterritorial. Pero mientras el Ejecutivo central no se decida a hacer lo que debería hacer, y a lo que está obligado por la Constitución, es decir, a coordinar una política hídrica para todo el Estado, los problemas se irán sucediendo, los localismos seguirán imponiéndose y los peligros para la Comunitat irán en aumento.

El recibo de la luz ha subido este mes otro 20% para el sector del regadío, lo que está llevando a los agricultores aragoneses a una situación que califican de «insoportable». Los regadíos más modernos, que son precisamente los más dependientes de la electricidad, han visto incrementado el coste de la energía en el último año en cerca del 60%, siendo Aragón una de las comunidades más afectadas, hasta el punto, aseguran los agricultores, de poner en riesgo los futuros proyectos. Por esto motivo, el presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Ebro, César Trillo, acude hoy a Madrid para participar en una reunión de urgencia convocada por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

«En estos momentos está en juego la viabilidad económica de los proyectos de modernización, porque el coste de la energía se ha doblado desde que calculamos su aplicación en los años 2003 y 2004. Si a esto sumamos la caída de los precios de los productos, el problema es ahora mismo muy serio porque las tarifas son inaguantables», asegura Trillo en referencia, por ejemplo, a los planes de riego por aspersión que se están ejecutando en el Alto Aragón. La liberalización del mercado energético y el fin de las tarifas especiales para el regadío ha supuesto que el coste de la energía desde mediados del 2008 haya aumentado «entre un 60 y un 80%», advierte el Trillo.

En todo caso, los agricultores agradecen que las compañías han ofrecido una bajada importante en sus tarifas porque, con la actual crisis, «hay un exceso de energía al desaparecer muchas industrias y bajar las horas de consumo», argumenta Trillo.

El encarecimiento «histórico» de la factura eléctrica llevó a los regantes del país a una manifestación que se celebró a finales de año en Madrid. Entre sus peticiones, la más viable, aseguran, es la aplicación de un IVA reducido del 7% en el suministro.

JOSÉ SIERRA VALENCIA El nuevo Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) que actualmente elabora el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con los usuarios del río reconoce que las extracciones en el acuífero de la Mancha Oriental están por encima de los recursos renovables.
El documento también admite la obligatoriedad de alcanzar un «punto de equilibrio» en el acuífero en el horizonte del 2015 derivada de la aplicación de la Directiva marco del Agua . Sin embargo, apunta la posibilidad de establecer una moratoria hasta alcanzar los objetivos medioambientales en 2027 acogiéndose a la posibilidad de «establecer objetivos menos rigurosos» … «si el coste de las medidas resulta desproporcionado».
Según se explica en el borrador del Esquema de Temas Importantes (ETIs) del PHJ, el cumplimiento de la directiva marco pasa por mantener los caudales ambientales en el río aguas abajo de Alarcón, bien con aguas superficiales recogidas en el embalse- algo que es rechazado en Valencia y a lo que se aspira en Castilla-la Mancha- bien por las aportaciones del acuífero que descarga en el río. Sin embargo, la realidad actual constatada en el ETI es un «desequilibrio entre extracción y recarga» que han hecho disminuir espectacularmente el nivel del acuífero.
En resumen, los recursos renovables del acuífero se sitúan en un rango de entre 238 y 330 hm3 anuales. Si se extrae por encima de esta cifra, la explotación del acuífero, como ocurre desde hace 30 años, resulta insostenible.
Existen, además unos volúmenes que el acuífero entrega todavía al río entre la estación de aforo de Los Frailes en Albacete y el embalse del Molinar, cerca del límite con Valencia, «con los que no puede contarse en la explotación sostenible del acuífero». Son las denominadas «restricciones ambientales» que el Ministerio de Medio Ambiente cifra entre 30 y 50 hm3 /año.
Sumados y restados todos estos conceptos, los recursos disponibles en la Mancha oscilan entre 236 y 300 hm3/año mientras que la suma de las demandas en 2005 y las previstas en 2015, cuando en teoría deberían equilibrase la cifras del acuífero será superior a los 420 hectómetros cúbicos.
Las soluciones propuestas son incrementar los recursos superficiales de Alarcón para no sacar tanta agua del subsuelo y disminuir la demanda agrícola, «reduciendo la superficie» o la «dotación», analizando también la posibilidad de «implantar medidas económicas compensatorias de la pérdida de renta agraria».
Sin embargo, y ahí es donde estral la moratoria propuesta, la «reducción de las extracciones supondría un importante impacto socioeconómico» por lo que se plantea un «análisis de más detalle con el fin de determinar si es posible alcanzar los objetivos medioambientales en el año 2027 o es necesario establecer objetivos menos rigurosos».

Suma y sigue. Las escorrentías de las abundantes lluvias y nevadas del último mes siguen alimentando los embalses de la cuenca del Júcar, que en la última semana han ganado 77,49 hectómetros cúbicos, una cantidad que sitúa el volumen almacenado en toda la cuenca en niveles próximos al 40% de la capacidad teórica de los embalses.
Los aumentos más llamativos se han producido en Alarcón (+29,23 hm3) y Contreras (+22,89 hm3). Sin embargo uno de los embalses que más ha ganado porcentualmente es el de Benagéber que con un incremento de 9,76 hm3 en la semana se sitúa ya en el 94,3% de su capacidad.
Mientras, aunque algunos modelos meteorológicos apuntan a medio plazo a un «bloqueo» anticiclónico- todavía por confirmar- que impedirá el flujo de borrascas que ha caracterizado diciembre, el caudal de los ríos Júcar, Cabriel y Turia que llega a los embalses es muy elevado.

Con la intención de buscar soluciones a la reciente subida del 20 por ciento de enero en la tarifa eléctrica, mañana se reúne con carácter de urgencia la Comisión de Energía de la Federación Nacional de Regantes (FENACORE).

En esta reunión, las comunidades de regantes buscan hacer frente al encarecimiento histórico que ha sufrido la factura eléctrica. Entre las posibles medidas: la aplicación de un IVA reducido del 7 por ciento en el suministro.

La factura eléctrica se ha encarecido entre un 70 y un 150 por ciento, suponiendo el 30 por ciento de los costes de producción. Sólo en el último año ha aumentado un 60 por ciento, de tal forma que para el agricultor es «inviable» cualquier tipo de proceso de modernización.

Así se desprende del informe presentado hoy en rueda de prensa por el delegado del Gobierno en la Comunitat valenciana, Ricardo Peralta, que recoge los datos a día de hoy de la tendencia de esa cuenca.

Según ha explicado, el agua embalsada en la actualidad en el conjunto de España se ha incrementado un 16,4% sobre la media de los últimos diez años, un aumento «significativamente inferior» -un tercio menos- al 50,7% registrado en la Cuenca del Júcar.

Este porcentaje referente al Júcar es el tercer mayor incremento de todas las cuencas de España, sólo superado por la Cuenca Mediterránea Andaluza (55,9%) y la del Segura (114,9%).

Además, hoy por hoy la Cuenca del Júcar dispone de reservas de agua embalsada que suman 1.198 hectómetros cúbicos, cifra equivalente a un 35,9% total de la reserva -uso consuntivo más hidroeléctrico- con un incremento de 252 hectómetros cúbicos respecto del año anterior.

Peralta ha destacado que por estas fechas en 2009, esa cuenca contaba con un 28,3% del total de la reserva mientras que ahora ha aumentado al 35,9%, un 7,6 puntos absolutos más.

Asimismo, la reserva de agua ha aumentado en 15,4% puntos más que hace dos años y se dispone de 12,2 puntos más de reserva de agua embalsada que la media de los últimos cinco años.

En su opinión, todas estas cifras son «muy significativas de la incidencia de las medidas puestas en marcha por el Estado» en la Comunitat y acreditan que en esta autonomía la tendencia es a garantizar adecuadamente las necesidades hídricas existentes».

«El Gobierno de España no ha vacilado en los últimos años en disponer en cuanto ha sido necesario las aportaciones del trasvase Tajo-Segura y además tiene ejecutado a día de hoy al 92% el trasvase Júcar Vinalopó», ha señalado.

En ese sentido, ha incidido en que las obras del Júcar-Vinalopó de competencia estatal -«no las post-trasvase», de competencia autonómica- estarán terminadas a mediados de 2010, «tal y como se comprometió el Gobierno».

Una delegación de la Junta Central de Regantes, se ha reunido esta semana en Bruselas con el director general de la Comision Europea de Medio Ambiente  el alemán Karl Friedrich Falkenberg. En el encuentro, el presidente de la JCRMO, Francisco Belmonte Alfaro expuso la visión de los regantes y demás usuarios del agua del Júcar en Albacete y Cuenca respecto del proceso de revisión  del Plan Hidrológico del Júcar, cuya aprobación ya debería haberse producido en el año 2009 y que se encuentra paralizado, en este momento.   La JCRMO, trasladó a las autoridades europeas la problemática y complejidad en la gestión del río Júcar como Sistema, de cuya cuenca hidrográfica se han ido trasladando históricamente recursos a otras cuencas hidrográficas valencianas, con claro perjuicio para los usuarios de este río. Se denunció, así mismo, la presión ejercida por el conjunto de intereses valencianos en Bruselas para obtener una posición de ventaja en el Júcar, oponiéndose a la explotación del acuífero de la Mancha Oriental bajo el pretexto de recuperar el río para el mantenimiento medioambiental de éste y de La Albufera de Valencia. Se solicitó, finalmente, que se tuviera en cuenta la posición de la Junta Central y de los legítimos intereses de sus usuarios, así como del gobierno de Castilla La Mancha a la hora de dictar decisiones desde Bruselas que pudieron afectar a nuestros intereses, tal como la que se adoptó en 2006 en relación con la financiación del Júcar-Vinalopó.    Según informó la Junta Central de Regantes a través de un comunicado, los representantes de la UE agradecieron la exposición de las inquietudes de los usuarios de la JCRMO y expresaron su preocupación por que España no haya presentado en plazo los planes hidrológicos acordes con la Directiva Marco de Agua, remarcando que Europa elabora Directivas, pero los problemas concretos deben ser resueltos por los estados miembros. Los representantes de la UE destacaron la necesidad de que el Estado Español reforme los planes hidrológicos conforme la DMA de 2000, pero respetando, en cualquier caso, la competencia del estado miembro para hacerlo.   La JCRMO ha valorado muy positivamente el encuentro aal haberse cubierto los objetivos fijados para la vista que eran, fundamentalmente, solicitar a Bruselas que, cuando analice los problemas de gestión de un río, oiga a todas las partes implicadas y no sólo, como ha sido el caso, a representantes de colectivos valencianos; así como que, estando de acuerdo con el hecho de que el Plan Hidrológico hay que revisarlo para adaptarlo a la Directiva Marco, es necesario mantener sus principios rectores básicos y no elaborar un nuevo Plan, como pretende desde la Comunidad Valenciana, “recuperando” el río Júcar exclusivamente para sus intereses.