Minutos antes de las doce del mediodía arrancó ayer en la plaza de Cibeles la manifestación de agricultores que, convocada por Asaja, Upa y Coag, congregó a decenas de miles de personas para denunciar la gravísima situación que está atravesando el sector desde hace unos años y que se ha agravado en los últimos meses con la crisis económica.

Este ha sido el primer gran acto multitudinario de protesta contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, casualmente, discurrió por las mismas calles -aunque en sentido contrario- por las que, el día 12, se manifestarán cientos de trabajadores convocados por UGT y CC.OO. contra los empresarios.

Unas 500.000 personas

Los agricultores denuncian, entre otras cuestiones, que la renta real del sector ha caído un 26% en los últimos cinco años, con la pérdida de 124.000 empleos, frente a un incremento de los costes de la producción agraria del 34,3%. Las organizaciones convocantes, a las que se habían adherido las cooperativas agro-alimentarias y la Federación de Regantes, calculan que participaron en la manifestación unos 500.000 agricultores y ganaderos, 80.000 de ellos procedentes de Andalucía. Así, Asaja señaló que por su parte, con la colaboración de las cooperativas, habían llegado a Madrid a primera hora desde Andalucía un total de 230 autobuses y nueves trenes AVE. La Delegación del Gobierno de Madrid no quiso dar una cifra.

Sin incidentes

Fue un acto festivo, sin incidentes, apenas alterado por el estruendo de varios petardos y el sonido de silbatos, bocinas y cencerros. Se pudo ver algún tractor y otros de juguete conducidos por niños con pancartas que decían «Queremos ser agricultor como papá». Otro pequeño llevaba en su carrito un cartel con la frase «Mis papás se arruinan».

En contadas ocasiones, los manifestantes, muchos de los cuales portaban banderas de España y de algunas comunidades autónomas, corearon consignas contra Zapatero y Espinosa. La manifestación iba encabezada por una pancarta en la que se podía leer «El campo se arruina, exigimos soluciones». Tras ella, se encontraban, entre otros, el secretario general de Coag (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Miguel López; el presidente de Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores), Pedro Barato; el secretario general de Upa (Unión de Pequeños Agricultores), Lorenzo Ramos; el presidente de las Cooperativas Agroalimentarias, Fernando Marcén; y el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, Andrés del Campo.

Miguel López declaró que las reivindicaciones del sector agrario son una «cuestión de Estado» porque «no se puede permitir que el dinero público sirva para desmantelar el tejido productivo» y reclamó la implicación de todas las administraciones públicas para lograr unos «precios justos» que ayuden a obtener unas rentas agrarias «dignas». También reclamó a Rodríguez Zapatero que restablezca el Ministerio de Agricultura y que desaparezca «el de los mares y el espacio».

Lorenzo Ramos denunció que las empresas de distribución «se están forrando» a costa del sector agrario y ganadero y reclamó «una política de mucha más sensibilidad por parte del Gobierno y que las políticas comunitarias cambien de rumbo».

Por su parte, Pedro Barato pidió al Gobierno ayudas para un sector que lo está pasando «tan mal o peor» que la banca, la construcción y el automóvil y recordó que, a diferencia de Rodríguez Zapatero, el presidente francés, Nicolás Sarkozy, ha reconocido la situación de los agricultores con un plan de ayudas de 1.650 millones de euros. «Si este presidente no hace caso al campo español, mejor que se vaya».

La Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental (Jcrmo) e Izquierda Unida (IU) mantuvieron una reunión durante la mañana de ayer en la que pulsaron su nivel de complicidad en torno a diversos asuntos. Ambas partes trataron de analizar las claves de la situación crítica que atraviesa el campo, manifestando una vez más su apoyo a las movilizaciones de estos días. En este sentido, el coordinador regional de IU, Daniel Martínez, manifestó que «no estamos ante una crisis parcial, sino total, ya que todos los sectores relacionados con la agricultura y la ganadería están seriamente afectados, de manera que las explotaciones no son viables». Martínez denunció que «un ganadero, por ejemplo, no puede percibir por un cordero una cantidad inferior al coste de su crianza». Este desequibrio se solucionaría con la Ley de márgenes comerciales que demandan los agricultores.

Por otra parte, IU y los regantes volvieron a expresar su deseo de implantar el doble etiquetado de los productos agroalimentarios, para que el consumidor sepa exactamente qué cantidad ha recibido el agricultor por el producto en cuestión. Respecto a este asunto, el presidente de la Jcrmo, Francisco Belmonte, afirmó que «los productores son doblemente agraviados: primero cuando reciben poco por lo que producen y después cuando van a supermercado y tienen que comprarlo por un precio mucho más alto. ¿Adónde va ese margen de dinero cada vez mayor? Eso debe estar bajo un cierto control», reclamó.

También trataron el tema de la PAC, refiriéndose a la renegociación prevista para 2013 y señalando que «la situación actual no es sostenible. Se deben fomentar las producciones en lugar de favorecer a empresas que trabajan en la Región y luego se llevan los beneficios a otras zonas de España». En cuanto al Plan Hidrológico del Júcar, ambas partes expresaron su deseo de que se desbloquee, aunque un pesimista Belmonte consideró que «esto no sucederá hasta dentro de dos años por lo menos, me temo, porque no hay voluntad de meterle mano a este asunto tan complicado».

Más de 40.000 regantes procedentes de toda España se sumarán el próximo sábado, 21 de noviembre, a la manifestación agraria convocada por Asaja, COAG y UPA en Madrid para denunciar la situación dramática del sector agrario español.

Según explica la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), su adhesión a esta movilización persigue solicitar al Gobierno la puesta en marcha de un paquete de medidas destinadas a aliviar el fuerte encarecimiento de las tarifas eléctricas para el regadío.

Fenacore explica en una nota de prensa que en los últimos tres años la factura eléctrica de los regantes ha experimentado un incremento medio cercano al 70% llegando a superar en algunos casos el 100%.

En este sentido, advierte que este encarecimiento de la factura eléctrica puede frenar la transformación de las más de un millón de hectáreas previstas en la segunda fase del Plan Nacional de Regadíos-Horizonte 2015, además de hacer inviable la modernización ya realizada en más del 65% de la superficie de regadío español y que se diseñó bajo unos parámetros de coste energético inferiores a los actuales.

En los últimos ocho años, el riego de superficie (sin modernizar) –de mayor consumo de agua pero coste energético ínfimo- ha pasado de representar el 59% del regadío español en el año 2000 al 33% en 2008.

Por el contrario, el riego por goteo –de menor consumo de agua y mayor demanda energética- ha pasado del 17% al 46% en idéntico periodo, multiplicando exponencialmente los costes derivados del uso de la electricidad, denuncian los regantes.

Castilla-La Mancha es la segunda región más perjudicada por la desaparición de las tarifas especiales para regadío y el consiguiente encarecimiento de la factura eléctrica, según un estudio realizado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

El estudio -hecho público a raíz de la manifestación contra la subida de las tarifas eléctricas que tendrá lugar el próximo sábado en Madrid- revela que las regiones que han transformado en mayor medida sus explotaciones hacia sistemas de riego más eficientes (aspersión y goteo) son las más afectadas por la nueva normativa.

En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta con 482.660 hectáreas de superficie regada (el 14,3% del total de la superficie regada nacional), de las que un 56,8% son abastecidas con sistemas de riego por aspersión que si bien permiten un mayor ahorro de agua, exigen también un mayor consumo energético.

El estudio muestra que el encarecimiento de las tarifas eléctricas puede frenar el proceso de modernización de regadíos e incluso provocar el cambio hacia otros cultivos que exijan menor consumo de agua y, por tanto, de energía. EFE

La Comisión de Agua de las Cortes regionales dio luz verde ayer al dictamen sobre el Proyecto de Ley por el que se crea la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

PSOE y PP han alcanzado un «volumen importante de acuerdo», pero finalmente los populares decidieron mantener vivas ocho de las 34 enmiendas que inicialmente habían presentado.

En declaraciones a Europa Press, el diputado socialista José Molina, que será el diputado encargado de defender el dictamen en el Pleno de las Cortes, aseguró tener la «impresión» de que el Partido Popular ha querido mantener vivas estas ocho enmiendas porque no quiere dar la idea de que en Castilla-La Mancha se pueden alcanzar acuerdos.

Según indicó, la mayoría de las enmiendas presentadas por el PP no cuestionaban el objeto de la ley, «que es crear el germen, el embrión de la administración hidráulica de Castilla-La Mancha». A los socialistas, apuntó, «nos parecía importante que se pudiera llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición».

Por su parte, la parlamentaria del PP María Luisa Soriano considera que las ocho enmiendas que su Grupo ha decidido mantener vivas son «fundamentales» para el Proyecto de Ley. Los populares no están de acuerdo con que la Agencia del Agua se adscriba a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, tal y como dice el texto, y por el contrario propone que se adscriba a la Vicepresidencia Primera.

Sin embargo, los socialistas consideran esto una «barbaridad» pues «no existe en otra comunidad autónoma». No obstante, al PP le preocupa mucho este asunto pues opina que es un «error bastante grave» adscribir la Agencia a la Consejería de Ordenación del Territorio.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental apoya sin reservas las movilizaciones del campo, convocadas por las Organizaciones Profesionales Agrarias para el 20 y 21 de Noviembre. La organización de regantes de Albacete y Cuenca están siendo los mas afectados por la subida de los precios de producción sobre todo con la elevación de las tarifas eléctricas que ha supuesto incrementos por factura de mas de 60%.

Los representantes provinciales de las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, UPA Y COAG convocantes del paro del próximo día 20 y manifestación para el sábado 21 en Madrid, continúan recavando apoyos sociales.

Hoy fueron recibidos por miembros de la Junta de Gobierno de la organización de regantes de la Mancha Oriental, quienes mostraron su respaldo y apoyo fletando los autobuses necesarios para trasladar a los socios y amigos a la capital del España el próximo sábado.

 El presidente de los regantes manchegos, Francisco Belmonte  aseguró en un encuentro con la prensa, que las repercusiones del paro agrario no se apreciarán por parte de los ciudadanos, ya que  solo se trata de un toque de atencion al gobierno, del que esperan un gesto. No obstante, Belmonte avanzó que en esta ocasión los mercados no quedarán desabastecidos, pero de continuar sin soluciones, aseguró esta situación podría llegar a producirse.

  on el lema «El campo se arruina movilizate», la manifestación comenzará a las 11 de la mañana, en la madrileña Plaza de Cibeles, y recorrerá el Paseo de Recoletos para finalizar en la Glorieta de Atocha, junto al Ministerio Medio Ambiente, Rural y Marino,  en torno a las dos de la tarde, según prevén los organizadores.

 No se trata de una manifestación conjunta de las organizaciones agrarias, aseguró Julian Martínez representante de UPA, si no de todo el mundo rural .

 Según las primeras estimaciones de las organizaciones agrarias mas de 100.000 personas podrían darse cita el sábado en Madrid, cifra que para el presidente de ASAJA en Albacete, José Pérez Cuenca seria considerada un fracaso. El dirigente de la organización aseguró que en torno a los 400.000 asistentes seria un éxito.

 Así mismo, Pérez Cuenca señaló que están recibiendo el apoyo de la sociedad albaceteña, muy ligada a la agricultura y la ganadería, y la industria que se desarrolla en torno al campo, como son talleres, venta de semillas,o  fitosanitarios cerrarán en señal de protesta por la catastrófica situación que atraviesa la agricultura.

Finalmente animó a la participación de todos y recordó que las organizaciones convocantes están contratando autobuses para el traslado de los que quieran apoyar al campo.

La secretaria general del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, reiteró esta tarde en Ciudad Real que el Partido Popular «no va a dejar solos a los agricultores y ganaderos» en la defensa de sus intereses, y que el campo «no se vende, ni se rinde».

   En la clausura de la Comisión Nacional de Agricultura del PP, en la que también participó el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, Cospedal aseguró que «estamos ante la mayor crisis del sector», en el que «no hay futuro» para las nuevas generaciones, por lo que el PP «será su voz cuando ganemos las elecciones municipales y nacionales», afirmó.

   En su intervención ante centenares de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, entre los que se encontraban el secretario general de COAG, Alfonso Marín, y el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, sostuvo que «el campo no se vende, ni se rinde», un mensaje que quiso enviarle al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.

   Tras apoyar los contenidos de la plataforma de alcaldes de La Mancha, firmada a principios de agosto con el lema «Salvemos el campo», la líder «popular» criticó que se haya rebajado la renta agraria en un año en un 8%, mientras que en el último lustro ha caído un 27%.

   Ante esa situación, los gobiernos central y regional, a su juicio «están impasibles», teniendo en cuenta las grandes diferencias entre los precios de origen y de comercialización y la subida de los ‘inputs’, como los precios de los abonos, combustible y los productos fitosanitarios.

   Cospedal reprobó que el Ejecutivo central no haya apoyado la rebaja del IVA agrícola, así como que se haya recortado en un 12% la partida para Agricultura en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y un 30% para las actuaciones de modernización de los regadíos. Agregó que «los precios agrícolas bajan y lo único que suben son los impuestos». En Castilla-La Mancha subirán, según dijo, «los presupuestos de las multas de dos a cuatro millones».

   Seguidamente, aseguró que «faltan políticas agrarias y ganaderas, no negocian y no defienden nuestros intereses», lo que le llevó a decir que «la verdad no se puede callar y tapar» porque no están cumpliendo y ya nadie les cree».

   También sostuvo que la defensa de la agricultura, la ganadería y de la industria agroalimentaria «será prioridad en mi gobierno», si alcanza la Presidencia de la región. Por contra, argumentó, en Castilla-La Mancha «tenemos a quienes hablan en nombre de los más poderosos y de los que más tienen, para hacerlos más ricos», como, por ejemplo, «cuando compraron terrenos por un euro el metro cuadrado y lo querían vender por 600 euros».  

   En otro orden de cosas, la número dos del PP aseguró que el presidente regional, José María Barreda, solo ofreció en las Cortes esta mañana dos alternativas para Caja Castilla La Mancha (CCM): la liquidación y «aceptar una propuesta que no nos terminan de explicar».

   «Cuando le preguntamos qué pasa con el personal de CCM, con los impositores y los depósitos, los dirigentes socialistas no saben y no contestan», agregó. «En Castilla-La Mancha y en España gobierna el PSOE, el gobernador del Banco de España fue elegido únicamente por el PSOE, el ex presidente de CCM fue un alto dirigente de los socialistas en la región, y, sin embargo, Barreda todavía insiste en que la culpa de la situación de Caja Castilla-La Mancha la tiene el PP», indicó Cospedal.

MEDIO RURAL VIVO

   De su lado, el portavoz de Agricultura del PP en el Senado, José Cruz Lapazarán, apostó por «un medio rural vivo», a la vez que mostró su apoyo a la manifestación convocada por las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) el 21 y 22 de noviembre.

   Tras exponer que en el Senado el PP impulsa debates sobre el sector porque «nos preocupa», aseguró que «no queremos que se desmantele el campo, no queremos importar productos y que queremos seguir en los pueblos y producir alimentación». Por ello, auguró una «buena defensa de la PAC» en Europa cuando el Partido Popular alcance el Gobierno dentro de dos años y medio.

PARO AGRÍCOLA

   Por su parte, el portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, José Ignacio Llorens, criticó que por primera vez en España el paro agrícola haya superado al general en cuatro puntos, pues el primero alcanza el 23%, frente al 19% del total. Asimismo, puso el acento en la deuda del sector y en el recorte de partidas para el mismo en los PGE, frente al impulso de políticas medioambientales sostenibles. «Si no hay agricultura, ¿qué van a sostener?», se preguntó.

   De igual manera, criticó que «se haya negociado tan mal» el chequeo médico de la PAC, que ha supuesto que «se dupliquen las jubilaciones y que desaparezcan los mecanismos de intervención».

   Por último, significó que «adedmás de opinar y trasladar nuestras inquietudes, también arrimamos el hombro». En este sentido, recordó las medidas agrícolas sacadas adelante en el Congreso de los Diputados en mayo, con los votos en contra el PSOE. Agregó que «a los diputados Clementina Díez y el sindicalista Fernando Moraleda (ambos del PSOE) se les tenía que caer la cara de vergüenza».

Las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha, al igual que las del resto de comunidades autónomas, protagonizarán el día 20 de noviembre un paro general para exigir al Gobierno central medidas que palien la situación del sector y una política agraria definida. Una acción que se verá complementada con la manifestación del día siguiente en Madrid.
El sector agrario denuncia que no se recuerda una crisis «tan aguda y generalizada» como la actual, afectando a todas las producciones. Esta crispación ha llevado a que las organizaciones soliciten el apoyo de toda la sociedad, al objeto de que se sume a la defensa del campo.
Una de estas muestras fue la reunión que mantuvieron ayer Asaja, UPA y COAG con los consejeros de Presidencia, José Valverde, y el de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, en Toledo, a quienes solicitaron el compromiso manifiesto de atender todas sus reivindicaciones.
Así, José María Fresneda, Julián Morcillo y Alfonso Marín, «en pie de guerra» desde hace tiempo, exigieron la puesta en marcha de una política agraria nacional, «que no existe desde 1986», un gran Pacto Social a nivel nacional y europeo y, entre otras, un mayor control de los aranceles que permitan competir a los productos importados en igualdad de condiciones que los españoles.
Valverde recordó que el campo, que «no escapa de la crisis económica», sí la sufre de una manera específica. Por ello, dijo, «estamos comprometidos con los agricultores y ganaderos de la Región y, por tanto, estamos buscando solucionar sus problemas y, entre todos, seremos capaces de hacerlo».
Al respecto, confió en que la Presidencia española de la Unión Europea a partir de enero de 2010 se torne en «un momento privilegiado que habrá que saber aprovechar» para intentar buscar soluciones, «no sólo presentes, sino también futuras», concluyó.

El 1º gran parón del campo.
Los tres representantes de las organizaciones agrarias señalaron que la mayoría de los agricultores y ganaderos están perdiendo dinero porque los precios que perciben por sus productos han bajado de forma significativa, mientras que, por el contrario, han tenido que hacer frente a un incremento considerable de los costes de producción.
Por estos motivos, insistieron en la necesidad de llegar a un gran pacto social a favor del medio agrario y rural.
Fresneda, Morcillo y Marín hicieron, además, un llamamiento para que la movilización del próximo 21 de noviembre en la capital española no se instrumentalice políticamente porque «sería lo peor que les pudiera pasar a los agricultores y ganaderos en estos momentos, que se genere un debate político cargado de promesas, pero sin soluciones».
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha también ha expresado su «total respaldo» ante una situación que sufre un «importante colectivo de trabajadores en la Región», alrededor de unos 30.000 y 800.000 en toda España, según informó en nota de prensa.

Tabla reivindicativa
Asaja, UPA y COAG han firmado un manifiesto que contiene ocho reivindicaciones que buscan ser escuchadas en la manifestación del día 21 de noviembre en Madrid: 1. Precios justos para los productos agrarios y regulación de los mercados; 2. Mayor transparencia en los precios; 3. Una fiscalidad agraria adecuada (incremento del IVA compensatorio al sector ganadero, puesta en marcha del gasóleo profesional…); 4. Plan de financiación y refinanciación para el sector; 5. Establecimiento de una PAC sólida más allá de 2013 con un presupuesto actualizado; 6. Un verdadero apoyo a las energías renovables que tengan su base en el sector agrario; 7. Apoyo decidido al sector de cara a su adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático; 8. Plan de concentración de la oferta e integración cooperativa.    

Albacete podría ser una de las zonas de España que tenga más presencia en la manifestación convocada para el próximo día 21 por las principales organizaciones agrarias en Madrid, ya que el objetivo es desplazar a 10.000 personas de toda la provincia.
Así se dio a conocer en el transcurso de una rueda de prensa, celebrada ayer en la sede de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) en Albacete. En la misma, junto al presidente de los regantes, Francisco Belmonte, comparecieron representantes de Asaja, UPA, COAG y diversas cooperativas de la provincia.
Pero los organizadores fueron más allá de la mera contabilidad de manifestantes, al señalar que su objetivo es mucho más ambicioso. La idea, señalaron, es paralizar la actividad agrícola y ganadera y todo lo que hay a su alrededor, el día de antes, el 20, lo que equivale a paralizar buena parte de la provincia, eminentemente agrícola y ganadera.
«Nuestro objetivo es dejar bien claro que, sin la gente del campo, no hay desarrollo rural que valga -señalaba Julián Martínez, de UPA- y eso quedará claro si, además de parar el agricultor o el ganadero, para el del taller, el de las semillas, el de los fitosanitarios, el de los abonos, es decir, la gente que no trabaja en el campo, pero que también vive de él».
Por su parte, José Pérez Cuenca, de Asaja, iba más allá de las reivindicaciones en materia de precios percibidos, de costes de producción o de mantenimiento de la PAC, al señalar que «el campo necesita alternativas, y las necesita ya, ahora mismo».
«Nosotros podemos entender que hay que dedicarse a cosas nuevas -indicó- porque ya ha pasado en otras épocas, pero es que no nos dan alternativas; por ejemplo, ahora está muy de moda decir que el futuro del campo pasa por las renovables, pero el futuro ¿para quien? -se preguntó- porque o vamos de la mano de una eléctrica, y eso significa no pintar nada, o sólo podemos producir para autoconsumo, no nos dan ninguna otra posibilidad».
Por el momento, la previsión de los organizadores de la protesta es que, el día 21, salgan de Albacete hacia Madrid entre 40 y 60 buses, más un número indeterminado de vehículos particulares. La manifestación, de ámbito nacional, irá precedida de una jornada de paro general en el campo, convocada también para toda España, el día 20 de noviembre.