Sobre el trasvase Júcar- Vinalopó y los intereses de Castilla La Mancha
En el periódico Levante del 15 de septiembre de 2009 se recogía un artículo que, bajo el título de «Los nuevos dueños del Júcar» planteaba una de las cuestiones fundamentales que deben de resolverse dentro de la redacción del nuevo Plan de Cuenca del Júcar el próximo año 2010: la relativa a la distribución de derechos en todos los tramos del río. Simultáneamente, el portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha anunciaba su propuesta de acelerar la tramitación del Proyecto de Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales, mediante la renuncia a que ni en su articulado ni en su preámbulo figurara la caducidad del Trasvase Tajo-Segura. ¿Qué está ocurriendo en el ámbito de los recursos hídricos que provoca estas reacciones y noticias? ¿Nos afectan en algo a los valencianos y especialmente a los alicantinos?
Es obvio que sí.
Muchas veces, entregados a discusiones locales y a reflexiones maximalistas, perdemos de vista las claves de los procesos de decisión que van a condicionar nuestro futuro. La cuestión es la siguiente: durante el año 2010 va a tener lugar la redacción y aprobación de los Planes de Cuenca de los ríos Júcar y Tajo, entre otros, y las determinaciones que en los mismos se fijen, van a ser claves en los aprovechamientos de sus recursos en el futuro.
Es lógico que los castellano-manchegos traten de influir en el aprovechamientos de los ríos que pasan o nacen sobre su territorio y que traten de maximizar los recursos disponibles para los mismos, con independencia de que esto lo traten de fijar en el Estatuto de Autonomía o, más hábilmente, en los Planes de Cuenca. Como sabemos, los ríos no son sistemas jurídicos estables y, a pesar de que existan derechos sobre los mismos desde tiempo inmemorial, su propia naturaleza hace que tanto los nuevos usuarios como los territorios por los que discurren traten de hacer valer cualquier derecho sobre sus aprovechamientos.
Es obvio que las Comunidades valenciana y murciana, situadas a la cola en el caso del Júcar y receptoras del río Tajo merced al trasvase, sean las más afectadas por estos posibles cambios de sistemas de aprovechamiento, por lo que, cuestiones como la delimitación definitiva de la demarcación del Júcar, con la inclusión o no de las zonas costeras de Alicante, o la determinación de las zonas regables con derechos en los nuevos regadíos de la demarcación del Segura, sean claves en esta discusión.
Lo cierto es que estas cuestiones están siendo tratadas desde un enfoque fundamentalmente político (el «agua para todos») o económico (destacando la alta rentabilidad comparativa del regadío en las zonas costeras en relación con el de Castilla La Mancha), que, con independencia de su mayor o menor certeza, difícilmente pueden ser aceptados por otros territorios.
La explicación es elemental, esos mayores rendimientos se dan en las zonas costeras benefician a los regantes de dichas zonas y, aunque esos mismos rendimientos sean inferiores en Castilla La Mancha, a quienes benefician son a sus propios regantes castellano-manchegos.
Esta situación hace que se tenga que argumentar con mucha mayor consistencia la defensa de los derechos de las zonas costeras que lo que se ha hecho hasta ahora si se pretende que, a escala nacional, se reconozca el valor de nuestras producciones como de interés para toda la nación. Y desde luego, esa batalla debe ganarse con transparencia en la información, como así lo ha entendido la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental que permite conocer sus actuaciones en su página web, mientras que en nuestro territorio apenas se dispone de información detallada de la extensión de nuestros regadíos, las inversiones de mejora realizadas, los ahorros de agua o los Presupuestos de las Comunidades de Regantes. ¿De qué se tiene miedo?