La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) de Albacete aprobó ayer en asamblea extraordinaria el Plan de Explotación para el 2010, que no plantea restricciones respecto al derecho que cada regante tiene concedido, según explicó el presidente de esta organización, Francisco Belmonte. La ausencia de estas restricciones supone una novedad en relación a los últimos ejercicios, en los que se aprobaron recortes en el consumo para regadío.

Belmonte apuntó que «el hecho de que este Plan no ponga restricciones a los regantes no quiere decir que rieguen todo lo que les dé la gana, sino que no hay restricción respecto al derecho que tienen en sus concesiones», y lamentó que esta circunstancia «no es que nos dé una gran alegría, porque a los precios que tienen los productos y la energía, las restricciones nos las hemos hecho nosotros. Este año nos hemos hecho una restricción de entre un 20 y un 25%, además del 5% que nos había impuesto la Administración».

Los regantes aprovecharon la ocasión para hacer un balance de la gestión llevada a cabo a lo largo del último ejercicio, pese a que la asamblea de ayer fuera extraordinaria. «En principio, el consumo está sobre los 290 hectómetros cúbicos, estamos volviendo al consumo de los años ochenta», señaló Belmonte, apuntando que «el acuífero no solamente se ha mantenido, sino que ha subido unos 15 centímetros de media, lo que revela que se está haciendo una gestión sostenible».

«Un marrón»

La asamblea de ayer sirvió además para elegir a los vocales, vicepresidentes y secretario de la directiva de la Junta. De las nueve personas presentadas a vocales, fueron elegidas Mercedes de Lis, Andrés Martínez, Pedro González y Herminio Molina. El resto será vocales suplentes. Herminio Molina será el secretario, y la vicepresidencia será ocupada por Mercedes de Lis y Andrés Martínez Alcantud, éste último, la única novedad respecto a la anterior directiva. A este respecto, Belmonte explicó que «aquí nadie gana y nadie pierde. Aquí unos salen con más votos y otros con menos, simplemente. Es más, probablemente ganan los que no salen, que se van a su casa tranquilamente y se quitan el marrón».

Francisco Belmonte: «Este año se ha regado entre un 20% y un 30% menos, no tenía sentido imponer restricciones que se quedan cortas frente a lo que nos impone la realidad»

Uno de los candidatos se dirige a la asambl

R.Serrallé

E.F.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo) celebró ayer asamblea general extraordinaria, para renovar parte de su directiva y aprobar, por primera vez en bastantes años, un plan de explotación, el próximo 2010, sin restricciones en el uso del agua.
Fue una asamblea un tanto atípica, porque asuntos que tuvieron gran importancia en sesiones anteriores, como la definición del ámbito de la futura Demarcación del Júcar o la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca, apenas se mencionaron.
En su lugar, se habló de la crisis económica y de sus consecuencias para el sector agrícola, en todas sus vertientes: la desmesurada subida de los precios de la energía, sobre todo eléctrica o el incremento de los precios de los costes de producción, así como el desplome de los precios que perciben los agricultores.
De hecho, ése fue el motivo por el que el plan de explotación para 2010 no contempla restricciones, frente al cinco por ciento de recorte que se aprobó en el plan anterior. Tal y como explicaba el presidente de la Jcrmo, Francisco Belmonte, ahora mismo la crisis da más cornadas que la sequía, el debate del Plan de Cuenca o la mismísima Generalitat Valenciana.
«Antes de esta asamblea, desde la Confederación nos preguntaron si este año nos íbamos a imponer restricciones -desveló- y nosotros les contestamos que para qué, si este año ha habido gente que en julio no ha regado nada, porque era tirar el dinero».
Belmonte explicó a los medios de comunicación que, este año, se ha dejado de regar entre uno 20% y un 30%, según las zonas, porque a los titulares de las explotaciones no les era rentable «así que no tiene sentido imponer restricciones que se quedan muy cortas con lo que ya nos impone la realidad».
VOTACIONES. En cuanto a las votaciones para renovar la Junta Directiva, las mismas comenzaron por las cuatro vocalías que quedaron vacantes. Los elegidos fueron Herminio Molina Abellán (3.652 votos), Pedro González Tobarra (3.515), Mercedes de Lis García (3.227) y Andrés Martínez Alcantud (2.772).
Actos seguido, se procedió a la votación del Plan de Explotación para 2010 propuesto por la Junta de Gobierno de la Jcrmo, aprobado por 5.658 votos a favor, 139 en contra y 350 abstenciones.
Por último, se procedió a la elección de los cargos de vicepresidente y secretario entre los miembros de la directiva. En este último caso, no hubo sorpresas, porque resultaron reelegidos Mercedes de Lis García, como vicepresidenta, por 3.272 votos, y Herminio Molina Abellán, como secretario, por 4.649 votos.    

El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte, aseguró hoy que los regantes de Albacete y Cuenca, con un total de 112.314 hectáreas de superficie que pertenecen a la cuenca del Júcar, no tendrán restricciones de caudales para la próxima campaña, «dadas las circunstancias».

   En declaraciones a los medios momentos antes de la reunión de la Asamblea Extraordinaria de la institución, el presidente de la misma  aseguró que, «no era necesario ya que en la última campaña hemos hecho una restricción de entre un 20 y un 25 por ciento, además del cinco por ciento que nos había impuesto la Administración», manifestó.

   Durante la asamblea, el director del Instituto Técnico Agrario Provincial (ITAP), Prudencio López Fuster, apuntó que el consumo de agua en el acuífero de La Mancha Oriental fue de 290 metros cúbicos en este año, registrándose  una recarga de 292, Así, afirmó que «se está haciendo una gestión sostenible del recurso».

    Asimismo, lamentó el «momento crítico» que atraviesa la agricultura, y explicó que a consecuencia de los bajos precios en el campo, la elevación del 40 por ciento en la factura de la luz, en el último año, e incrementos del precio del agua similares a los que se aplican a los regantes de Levante, ha hecho que se opte por cultivos que necesitan menos agua como la cebada y el trigo.

   En la Asamblea también fue expuesto el trasvase Jucar-Vinalopó, en el sentido de que están a punto de finalizar las obras de infraestructura, sin que las tomas necesarias para disponer de los 80 hectometros de aguas superficiales, que establece el plan de cuenca vigente, se hayan materializado.

   En este sentido, Belmonte aseguró que harán todo lo necesario, «incluso acudir a Bruselas, para evitar que este hecho se realice, sin que estén satisfechas las necesidades de los usuarios del Júcar», argumentó.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) renovará a la mitad de los cargos que integran su junta de gobierno en la asamblea extraordinaria que celebrará el próximo sábado día 17 de octubre.

En concreto en esta cita electoral se elegirán a cuatro nuevos vocales y se designarán al vicepresidente y secretario.

En la actualidad la junta de gobierno está compuesta por trece miembros, de los cuales nueve son elegidos por la asamblea general entre regantes individuales. La duración de los cargos es de cuatro años, renovándose por mitades cada dos.

Los vocales salientes son Mercedes de Lis García (actual vicepresidenta), Herminio Molina Abellán (actual secretario), Francisco Ruiz Alfaro y Pedro González Tobarra (actual presidente del Jurado de Riegos). Estos vocales se presentan a la reelección. Junto a ellos se presentan cinco candidatos más que son Julián García Alcaraz, Sebastián Casanova Borso Di Carminati, José María García Roldán, Andrés Martínez Alcantud y Malaquías Jiménez Ramírez.

Proceso

Según informaron desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, la elección de los cargos de vicepresidente y secretario se realiza incluyendo tanto a los nuevos vocales electos en la asamblea del sábado como a aquellos que no se renuevan en esta ocasión.

ELECCIONES

Vocales salientes: Mercedes de Lis García (actual vicepresidente), Herminio Molina Abellán (actual secretario), Francisco Ruiz Alfaro, y Pedro González Tobarra (actual presidente del Jurado de Riegos).

Candidatos: Mercedes de Lis García, Herminio Molina Abellán, Francisco Ruiz Alfaro, Pedro González Tobarra, Julián García Alcaraz, Sebastián Casanova Borso Di Carminati, José María García Roldán, Andrés Martínez Alcantud y Malaquias Jiménez Ramírez.

Asimismo en la asamblea, previamente a la aprobación del Plan, se presentará el informe que realiza el Instituto Técnico Agronómico Provincial (Itap) cada año acerca de la situación del acuífero, de los riegos superficiales, etc…

En la asamblea también se analizará otra cuestión candente como es la relativa a las tarifas eléctricas a las que tienen que hacer frente los regantes y que, según han venido denunciando, se han encarecido mucho en el último año.

El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, mantuvo ayer un maratón de conversaciones y reuniones para afrontar el estado crítico que atraviesa el parque nacional de las Tablas de Daimiel. Conclusión: el Ministerio de Medio Ambiente acelerará las obras para poder trasvasar agua de forma efectiva desde el Tajo al parque, en la cuenca del Guadiana, para inundarlo y sofocar así el incendio subterráneo de turba que desde agosto corroe el paraje. El Gobierno admite que, en cualquier caso, el agua no llegará antes de enero.

El ministerio descarta usar hidroaviones para empapar el parque

Puxeu se mostró moderadamente optimista sobre el futuro del parque y negó que su degradación sea «irreversible». Así lo afirmó el director del espacio, Carlos Ruiz, en una reunión interna del patronato del parque a principios de 2007 en la que señaló que el incendio de la turba supone «un punto de no retorno en su conservación».

Tras analizar alternativas inviables como empapar el suelo mediante hidroaviones -la cantidad necesaria es tan elevada que la propuesta fue inmediatamente desechada-, el Gobierno ha decidido acelerar en todo lo posible las obras de la tubería de la llanura manchega y el recubrimiento de los tramos más permeables del río Cigüela. Con estas dos alternativas, prevé tener a principios de 2010 forma de enviar agua desde el Tajo al parque con pocas pérdidas.

En mayo pasado, Medio Ambiente aprobó un trasvase de 20 hectómetros cúbicos (cada uno equivale a un volumen como el del estadio Santiago Bernabéu) a través del Cigüela pero llegó menos de uno. La inmensa mayoría se infiltró por el camino.

Ahora, para sofocar el incendio de turba, hacen falta más de 15 hectómetros para inundar la zona de las turberas, situada en el extremo opuesto de la entrada del Cigüela. «En la próxima comisión de desembalse propondré un trasvase a las Tablas. Y espero que sea lo antes posible pero con rendimientos de más del 70% y eso espero que sea en enero», explicó Puxeu. El anuncio llegó 48 horas después de que EL PAÍS informara sobre el fuego de turbas en el corazón del parque.

El Ejecutivo completará también con una obra provisional los tramos que faltan de la tubería de la llanura manchega -prevista sólo para abastecimiento- y que están paralizados por la aparición de restos arqueológicos. El Gobierno considera que al utilizar una obra que no está terminada no necesita modificar la ley.

Puxeu consideró que «la bajada de las temperaturas juega a favor de las Tablas». Mientras tanto, «la opción es seguir compactando la turba».

El secretario de Estado explicó que el ministerio mantiene la política de compra de fincas adyacentes al parque. Y de los pozos que haya en ellas se lanzarán tuberías para mojar la turba.

Medio Ambiente ve con preocupación el deterioro del humedal, entre otras cosas, porque la Unesco está vigilante para retirarle la calificación de reserva de la biosfera a La Mancha Húmeda en 2011. Y lo peor que le podía pasar antes de ese examen era un incendio de turba.

Este carbón vegetal formado durante 300.000 años en ausencia de oxígeno está tan seco por falta de agua que pierde volumen y agrieta el terreno. Por esas grietas entra el aire que oxigena la turba y eleva la temperatura. A partir de cierto nivel de calentamiento las turberas entran en combustión. En 1986 ya ardió la turba en el parque nacional, pero fue por un incendio de rastrojos que pasó al subsuelo. Entonces había más agua que hoy para sofocarlo. El 26 de agosto pasado, el parque detectó el primer caso de autocombustión por la sequía, tras cuatro años sin agua.

El anuncio de trasvase previsiblemente generará rechazo en Murcia y Almería, la zona que vive y riega con agua de la cabecera del Tajo. El director general del Agua de Murcia, Miguel Ángel Ródenas, anunció que «las turberas se incendian de forma espontánea». «Es un fenómeno natural», dijo. «Inundar el parque es algo artificial», informa Servimedia.

Aunque los trasvases de emergencia logren inundar Daimiel el problema persistirá. Decenas de miles de pozos ilegales han hundido el nivel del acuífero 23, el que hasta los años 80 rebosaba en los Ojos del Guadiana. Y los efectos de esa sobreexplotación, que comenzó hace décadas, se notarán durante años.

El alcalde de Daimiel, José Díaz del Campo, afirmó ayer que «ha llegado el momento de actuar con todas las de la ley» y que el ministerio «no puede dilatar más su responsabilidad». Aunque la comunidad autónoma tiene competencias en Agricultura, el Gobierno es competente en agua y en el parque nacional. El Tribunal Constitucional falló en 2004 que los parques nacionales debían ser competencia autonómica. Uno de los pocos que queda por traspasara es el de las Tablas de Daimiel, debido a su mal estado.

Los ecologistas ven alarmados el fuego de turba. Miguel Ángel Soto, de la campaña de bosques de Greenpeace, advirtió de que cuando se habla de las emisiones de gases de efecto invernadero «no sólo hay que tener en cuenta las fábricas sino que por el abuso los humedales están pasando de ser sumideros de dióxido de carbono a emisores».

En el periódico Levante del 15 de septiembre de 2009 se recogía un artículo que, bajo el título de «Los nuevos dueños del Júcar» planteaba una de las cuestiones fundamentales que deben de resolverse dentro de la redacción del nuevo Plan de Cuenca del Júcar el próximo año 2010: la relativa a la distribución de derechos en todos los tramos del río. Simultáneamente, el portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha anunciaba su propuesta de acelerar la tramitación del Proyecto de Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales, mediante la renuncia a que ni en su articulado ni en su preámbulo figurara la caducidad del Trasvase Tajo-Segura. ¿Qué está ocurriendo en el ámbito de los recursos hídricos que provoca estas reacciones y noticias? ¿Nos afectan en algo a los valencianos y especialmente a los alicantinos?
Es obvio que sí.
Muchas veces, entregados a discusiones locales y a reflexiones maximalistas, perdemos de vista las claves de los procesos de decisión que van a condicionar nuestro futuro. La cuestión es la siguiente: durante el año 2010 va a tener lugar la redacción y aprobación de los Planes de Cuenca de los ríos Júcar y Tajo, entre otros, y las determinaciones que en los mismos se fijen, van a ser claves en los aprovechamientos de sus recursos en el futuro.
Es lógico que los castellano-manchegos traten de influir en el aprovechamientos de los ríos que pasan o nacen sobre su territorio y que traten de maximizar los recursos disponibles para los mismos, con independencia de que esto lo traten de fijar en el Estatuto de Autonomía o, más hábilmente, en los Planes de Cuenca. Como sabemos, los ríos no son sistemas jurídicos estables y, a pesar de que existan derechos sobre los mismos desde tiempo inmemorial, su propia naturaleza hace que tanto los nuevos usuarios como los territorios por los que discurren traten de hacer valer cualquier derecho sobre sus aprovechamientos.
Es obvio que las Comunidades valenciana y murciana, situadas a la cola en el caso del Júcar y receptoras del río Tajo merced al trasvase, sean las más afectadas por estos posibles cambios de sistemas de aprovechamiento, por lo que, cuestiones como la delimitación definitiva de la demarcación del Júcar, con la inclusión o no de las zonas costeras de Alicante, o la determinación de las zonas regables con derechos en los nuevos regadíos de la demarcación del Segura, sean claves en esta discusión.
Lo cierto es que estas cuestiones están siendo tratadas desde un enfoque fundamentalmente político (el «agua para todos») o económico (destacando la alta rentabilidad comparativa del regadío en las zonas costeras en relación con el de Castilla La Mancha), que, con independencia de su mayor o menor certeza, difícilmente pueden ser aceptados por otros territorios.
La explicación es elemental, esos mayores rendimientos se dan en las zonas costeras benefician a los regantes de dichas zonas y, aunque esos mismos rendimientos sean inferiores en Castilla La Mancha, a quienes benefician son a sus propios regantes castellano-manchegos.
Esta situación hace que se tenga que argumentar con mucha mayor consistencia la defensa de los derechos de las zonas costeras que lo que se ha hecho hasta ahora si se pretende que, a escala nacional, se reconozca el valor de nuestras producciones como de interés para toda la nación. Y desde luego, esa batalla debe ganarse con transparencia en la información, como así lo ha entendido la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental que permite conocer sus actuaciones en su página web, mientras que en nuestro territorio apenas se dispone de información detallada de la extensión de nuestros regadíos, las inversiones de mejora realizadas, los ahorros de agua o los Presupuestos de las Comunidades de Regantes. ¿De qué se tiene miedo?

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través del Presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias SEIASA de la Meseta Sur, Francisco Rodríguez Mulero y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de su Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luís Martínez Guijarro, han firmado hoy un Protocolo de colaboración para la financiación y ejecución entre ambas administraciones y junto con los regantes, de futuras obras de modernización de regadíos que serán contempladas en el marco de la nueva Estrategia Nacional para la modernización sostenible de los Regadíos Horizonte 2015.

Ambas administraciones han manifestado su máxima disposición para cooperar en la financiación conjunta de los proyectos, lo que permitirá reforzar y dar un mayor alcance al desarrollo de inversiones que completen las acciones ejecutadas hasta la fecha.

Las actuaciones en materia de modernización y consolidación de regadíos que se lleven a cabo en base a este acuerdo deberán haber sido declaradas como obras de interés general por parte del Gobierno de España.

Con la modernización de las instalaciones se pretende mejorar la utilización de agua en calidad y cantidad, consiguiendo una optimización del riego y la reducción del consumo y costes en las explotaciones.

Las futuras infraestructuras contribuirán además a evitar la contaminación de acuíferos por nitratos al disminuir la cantidad de fertilizantes aplicados por una distribución controlada del abono a través del agua de riego.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de SEIASA de la Meseta Sur, ha acometido ya obras de modernización de regadíos por valor de 45,6 millones de euros en Castilla-La Mancha, modernizando una superficie de 6.422 hectáreas y beneficiando a más de 1.782 regantes. Estas actuaciones permiten un ahorro de agua estimado en 6 Hm3 al año.

El vicepresidente tercero del Consell y Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino ha informado, esta mañana, que su departamento ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar un aporte de caudales superficiales desde las cuencas del Xúquer y del Turia hacia la Albufera.

Estas declaraciones las ha realizado el Vicepresidente tercero tras la reunión de expertos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en la que se han analizado los principales temas de interés medioambientales, urbanísticos, de vivienda y, especialmente, hídricos.

“El objetivo de esta medida –ha explicado Cotino- es posibilitar la renovación de las aguas evitando que queden estancadas. Las intensas lluvias del pasado mes de septiembre han provocado la inundación de los campos lo que favorece que la paja del arroz inicie un proceso de descomposición que provoca el deterioro de la calidad hídrica de la Albufera”.

Hay que recordar que desde 2008 se ha hecho efectiva la aplicación del compromiso de no quemar los rastrojos de paja tras la recopilación del cereal en medida del cumplimiento de la Medida Agroambiental del Cultivo sostenible del arroz.

De esta manera, tras quedar inundados los campos de arroz, y en especial después de las intensas precipitaciones, la descomposición de los rastrojos que quedan sumergidos da lugar al deterioro de la calidad de las aguas que ocasiona graves molestias en las poblaciones del entorno por los malos olores y provoca episodios de mortandad de peces en las zonas donde el agua queda estancada.

“Para evitar esta situación, la solución pasa por recibir más agua de las acequias que vierten a la Albufera y así se lo hemos solicitado a la Confederación Hidrográfica del Júcar”, ha manifestado el Vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

Otras medidas

Igualmente desde la Conselleria de Medio Ambiente se ha instado a las entidades agrarias correspondientes a que inicien los trabajos de fangueo y roturación de los campos de arroz. El objetivo de esta medida es favorecer la incorporación de los restos vegetales en el suelo y acelerar así su mineralización.

Asimismo –ha asegurado el Vicepresidente Juan Cotino- se han iniciado las acciones necesarias para garantizar la salida del agua hacia el mar, a través de las diferentes golas, y favorecer la recirculación de las aguas mediante la puesta en marcha de motores agrícolas, evitando así la retención de las aguas y su deterioro al quedar estancadas.

Los embalses de la cuenca del río Júcar están al 29,8 por ciento de su capacidad total, lo que supone 994 hectómetros cúbicos según un informe hecho público hoy por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Además, la reserva ha aumentado en 8,8 puntos respecto al mismo periodo de 2008, cuando los embalses se situaban al 21 por ciento de su capacidad total.

Los embalses del Júcar disponen de un 9,5 por ciento más de agua que la media de los últimos cinco años y un 9,9 por ciento más que en la media de los últimos diez años.

Hace un año, las reservas hídricas almacenaban 703 hectómetros cúbicos y ahora son 994, es decir un 41,4% más.

Nuevo varapalo, esta vez judicial, a la construcción de la macrourbanización de la Losilla. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número de 2 de Albacete ha anulado el plan de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento de Chinchilla por considerar que no están garantizados los recursos hídricos para la construcción de esta macrourbanización. Lo que anula el juzgado es la resolución de alcaldía, aprobada el 27 de noviembre del 2007, en la que se aprobaba definitivamente el proyecto de reparcelación del área de reparto número 1 (APR-1, La Losilla) del Plan de Ordenación Municipal de Chinchilla, tras la denuncia interpuesta por Izquierda Unida en abril del 2008.

La Comisión Provincial de Urbanismo emitió en febrero del 2006 el informe favorable al plan de la Losilla, aunque lo condicionó a la resolución de varios factores, entre ellos a que contara con un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el que se expresara claramente si existían recursos hídricos suficientes para atender las necesidades de una macrourbanización de más de 1.800 chalés.

Pero según la resolución judicial, el Ayuntamiento de Chinchilla desoyó los requerimientos de la Comisión Provincial de Urbanismo y aprobó en el pleno municipal el 30 de mayo del 2006 el Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) con los votos del equipo de gobierno socialista y del PP en la oposición «ignorando la existencia de recursos hídricos suficientes para garantizar el abastecimiento a todo el área de reparto». Entonces el Ayuntamiento aportó una escritura con una opción de compra de la Finca de la Morena con dos pozos que aseguraban que garantizarían el suministro de agua, «obviando de manera incomprensible la condición que para tal aprobación le venía impuesta de manera vinculante».

En la sentencia, el juez incluso se muestra irritado con el Ayuntamiento porque «a pesar de los intentos por sostener lo contrario no existe hasta la fecha ningún informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar dando cumplimiento a lo interesado por la Comisión Provincial de Urbanismo». Explica además que el único informe que se presenta por parte del Ayuntamiento chinchillano es uno del 12 de abril del 2007 en el que la Confederación asegura que no se puede pronunciar sobre la existencia de recursos hídricos para La Losilla porque los pozos de la Finca de la Morena pertenecían al término municipal de Albacete y no al de Chinchilla.

Ilegalidad de todo el PAU

Lo que anula el juez es el decreto del Ayuntamiento que aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación pero considera que toda la aprobación del PAU debe ser considerada nula, ya que no se habían solventado los problemas remarcados por la Comisión Provincial de Urbanismo.

Para ello, como reconoce que no tiene competencias para hacerlo, plantea elevar, cuando la actual resolución sea firme, una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para que se declare la nulidad de todo el PAU.

Izquierda Unida se opuso desde el principio a la construcción de La Losilla «porque suponía una modificación encubierta de Plan de Ordenación Municipal de Albacete», tal y como recordó ayer durante la valoración de la sentencia la portavoz izquierdista en el Ayuntamiento de Albacete, Rosario Gualda.

La edil de IU recordó que en un principio el Ayuntamiento de Albacete también se opuso a la construcción de esta macrourbanización «por los graves perjuicios que tendría para la ciudad» en la fase de consulta interadministrativa que era obligatoria ya que La Losilla se ubicaba en el límite con el término municipal de Albacete, pero poco a poco esa oposición desaparición según IU porque la urbanización «estaba amparada e impulsada» por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el entonces consejero de Urbanismo, Alejandro Gil «y financiada por CCM, que por actuaciones como esta fue intervenida por el Banco de España», aseguró el coordinador provincial de IU.

Esta urbanización supondría triplicar la población de Chinchilla que sumaría más de 7.000 nuevos vecinos a los apenas 2.300 habitantes con que contaba cuando se inició su tramitación allá por el 2003.

La portavoz izquierdista en el Ayuntamiento de Albacete recordó que su formación siempre había considerado La Losilla como un «pelotazo urbanístico» porque «se había ahí para evitar la construcción de viviendas de protección oficial» (la normativa regional sólo obligaba a construirlas en localidades mayores de 10.000 habitantes).

Amparado por la Junta

El coordinador provincial de la formación izquierdista mostró ayer «una doble satisfacción» tras conocer la sentencia porque se «ha conseguido frenar el modelo de desarrollo impulsado por la Junta que busca beneficiar a unos pocos promotores, aunque sea a costa de perjudicar al medio ambiente» por un lado y por otro «que conseguimos que se cumplan las leyes».

Aguilar anunció que su formación estudiará en los próximos días si inicia un proceso para pedir responsabilidades de tipo político y penal «por una supuesta prevaricación, ya que se aprobó el proyecto a sabiendas de que no había recursos hídricos».

Se da la circunstancia de que el proyecto se encuentra paralizado por la actual situación económica ya que, como admitió uno de los promotores, Sebastián Moreno, a este diario hacía falta un crédito de 60 millones de euros para llevarla a cabo y no encontraban una entidad que lo financiara.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya rechazó en marzo del 2009 el recurso presentado por IU a todo el PAU «por defectos de forma, sin entrar al fondo del asunto».

La sentencia ha provocado «sorpresa y extrañeza en el Ayuntamiento de Chinchilla» que recuerda que la Confederación Hidrográfica del Júcar ya ha tramitado el cambio de uso del agua, de uso agrícola a uso residencial, de unos derechos que tenía el agente urbanizador.

Así lo explicó ayer a este diario el concejal de Urbanismo chinchillano que aseguró que la resolución incluso está publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 12 de agosto de este mismo año. Ballesteros aclaró que lo que se ha hecho es un cambio de uso de las aguas cuyos derechos ostentaba el agente urbanizador por 985.000 metros cúbicos de agua, «aunque para La Losilla sólo harían falta 655.000». Además, recordó que el agente urbanizador ha renunciado incluso al 15% que tiene que ceder al Estado.

«Alguien nos tendrá que explicar esto», argumentó Ballesteros que aseguró estar «muy tranquilo» porque «desde el principio hemos actuado con mucho rigor».