Un informe elaborado para la Concejalía de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha desvelado que el agua procedente del río Júcar y destinada al consumo humano ha cumplido con los parámetros de calidad en los seis primeros meses de este año.

Según informó ayer el concejal responsable del área, Ramón Sotos, a excepción de los problemas de olor y sabor que se produjeron en los primeros meses del año, y que fueron solucionados con la instalación de dos nuevos filtros, «el agua procedente del Júcar, servida a los ciudadanos de esta capital, cumple con los parámetros de calidad exigidos por la normativa».

No obstante, este mismo informe también determina que, de forma esporádica, en el abastecimiento a la población se han detectado sulfatos por encima de los 250 miligramos permitidos, una situación «que ya estamos solucionando con la construcción de la planta de ósmosis inversa», indicó el concejal socialista.

En resumen, Ramón Sotos se congratuló de la calidad de las aguas superficiales del río Júcar que llegan hasta el grifo de los hogares albacetenses, ya que los niveles de nitratos se ajustan a los parámetros exigidos sin necesidad de que esté funcionando la planta de ósmosis inversa.

Ósmosis inversa

Las obras de construcción de la planta de ósmosis inversa en la estación depuradora de esta ciudad se iniciaron en el último trimestre del pasado año. Como se recordará, el plazo de ejecución de esta nueva infraestructura se sitúa en los 16 meses (por lo que tiene que estar finalizado a principios del año 2010) y cuenta con una inversión estimada en 11 millones de euros.

La línea de tratamiento para la planta de ósmosis inversa comenzará con el bombeo del agua bruta y pasará por los procesos de dosificación de hipoclorito sódicos, dosificación de ácido y de coagulante (cloruro férrico), dosificación de ayudante de coagulación, filtración bicapa a presión, equipos de lavado de filtros, dosificación de bisulfito sódico, dosificación de dispersante, filtración sobre cartuchos, bombeo de alta presión, racks de ósmosis inversa, equipos de lavado de módulos, depósito de desplazamiento para, finalmente, ser desviado al emisario de salmuera.

El responsable de la elaboración del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001, Francisco Cabezas, ha asegurado que su derogación en 2004 por parte del Gobierno central «ha traído consigo el surgimiento de una tensión territorial por la propiedad del agua».

Según un comunicado de la Fundación Agua y Progreso, el también director del Instituto Euromediterráneo del Agua de Murcia se ha expresado hoy así durante su intervención en el seminario «Agua y Gobernanza», que organiza la Fundación junto a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Valencia.

En su ponencia, ha aseverado que «no se puede ignorar el problema de desequilibrio de los recursos hídricos; hay que resolverlo», y ha apuntado que la situación «no se resuelve con una simple tubería, sino con una adecuada y eficaz ordenación administrativa de los recursos públicos».

En este sentido, ha explicado que el PHN era «más que la simplicidad de una obra hidráulica», ya que se trataba de «un plan de ordenación jurídico administrativa para la recuperación de los equilibrios perdidos, para ordenar lo que estaba desordenado».

«El PHN se derogó sin un mecanismo alternativo, con lo que la falta de ordenación persiste hasta hoy», ha lamentado Cabezas, quien ha añadido que «esto ha provocado consecuencias que van más allá de la mera sustitución de infraestructuras».

Así, ha explicado que «actualmente hay una sensación de mutua desconfianza entre usuarios, comunidades autónomas y Estado, lo que dificulta que se alcancen acuerdos que son muy necesarios» y ha destacado «la importancia de reconsiderar la ordenación hidráulica para corregir desequilibrios».

Por su parte, el vicepresidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat (Fecoreva), Andrés Martínez, ha destacado el papel de las entidades de gestión del regadío en la gestión del agua, que desarrollan un «juego de equilibrios» entre los diferentes intereses.

Además, el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante Antonio Manuel Rico, ha lamentado «la dejadez» del Gobierno central, «que no es capaz de ejercer una adecuada política en materia de agua». EFE

La portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, aseguró ayer que si exigir los recursos y el agua para los castellano-manchegos es «ser extremista, se puede considerar que lo somos».

Rodríguez contestó así a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente -que el lunes dijo que se estaban empezando a superar posturas extremistas en relación al agua- y aseguró que el Gobierno regional seguirá luchando para reclamar estos derechos, aunque dijo que no busca ningún tipo de confrontación con otras regiones.

Por otro lado, Rodríguez explicó el recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto el Ejecutivo contra el convenio suscrito el pasado 27 de mayo entre la Confederación Hidrográfica del Segura y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats), sobre la explotación de 24 sondeos y el aprovechamiento para el riego del agua extraída.

Lo que dijo el TS

Entre los argumentos que baraja el Ejecutivo para interponer este nuevo recurso, se considera que el convenio no tiene en cuenta el fallo emitido por el Tribunal Supremo en enero de 2009, por el que se anulaba -a raíz de otro recurso planteado por el Gobierno regional- el Real Decreto 1265/2005 de medidas excepcionales en determinadas cuencas hidrográficas, entre ellas la del Segura, «y además que se han omitido trámites esenciales como el de información pública o informes autonómicos, entre otros».

Además, Scrats no es una administración pública y por ello no se le pueden encomendar este tipo de gestiones, a lo que se añade la «aberración» medioambiental que supone la extracción de esos 30 hectómetros cúbicos de agua. De ellos, explicó Rodríguez, unos 18 están situados en territorio de Castilla-La Mancha, concretamente en la comarca albaceteña de Hellín, donde existen zonas sostenibles que se ven afectadas por las extracciones de agua, así como en la cuenca del río Mundo.

Finalmente, lamentó que el PP «pase del Estatuto» y dijo estar sorprendida por «la dispersión geográfica de algunas que dicen que el asunto está en el Congreso de los Diputados y sin embargo pretenden solucionarlo en Valencia y Murcia», añadió.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Ana Guarinos, reprochó al presidente regional, José María Barreda, que «no levantara la voz» en el Comité Federal del PSOE del pasado sábado en defensa del Estatuto de Castilla-La Mancha.

El diputado regional del PSOE por la provincia de Albacete, José Molina, pidió este martes a Maria Dolores de Cospedal que lo que vale para otras regiones valga para Castilla – La Mancha en referencia a la reserva estratégica de agua que, a su juicio, debe contener el nuevo Estatuto de Autonomía. En el marco de la visita de la Comisión del Agua del Grupo Parlamentario regional Molina insistió en buscar cauces para el diálogo y en no desaprovechar oportunidades de defender los intereses de la Comunidad.

Para los socialistas se hace absolutamente necesario sentarse a la mesa y dialogar hasta conseguir sacra adelante el Estatuto “atascado por la irresponsabilidad de los dirigentes del Partido Popular”. Y una de las vías principales es establecer una reserva de agua suficiente para hoy y para el futuro. Según José Molina “el conflicto hay que superarlo con acuerdo. No se puede aprobar sin el concurso del PP y hay que pedirle a Cospedal que lo que vale para otras comunidades valga para Castilla – La Mancha.

No entendemos cómo no se le puede dar el mismo trato por parte del Partido Popular que en otras comunidades como Cataluña o Aragón”. El diputado regional del PSOE entiende que estamos en el momento de garantizar una reserva de agua olvidando los intereses de partido y consiguiendo una salida “buena y aceptable”. Y se hace absolutamente necesario, añade, que Cospedal acepte ese diálogo.

Molina visitaba este martes la sede de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) en Albacete en compañía de los también diputados Rosa Melchor, Antonio Salinas e Irene Fernández. Los cuatro conforman la Comisión del Agua del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes y mantuvieron un encuentro que se extendió a toda la mañana con la Junta directiva de la JCRMO. Todo ello en un momento calificado por ambas partes como especialmente delicado ya que se está preparando la revisión de las cuencas hidrológicas.

El portavoz socialista denunció riegos que no se están ejecutando como deberían, especialmente en Levante. “Una parte muy importante, por encima del 80% en lo que es la acequia real del Júcar está con sistemas deficientes y eso supone un no ahorro del agua, generando problemas en la parte alta de la cuenca”. Asimismo incidió en la importancia de que el Júcar – Vinalopó se perfilara como un trasvase aparte y no se incluyera en la cuenca del Júcar. “El principal problema –señaló Molina- es que se quiere hacer encubierta, por eso es muy importante fijar la demarcación del río”.

La delegación socialista terminó agradeciendo las propuestas y consejos de la JCRMO en la redacción del nuevo Estatuto que han quedado reflejados en el texto final.

Por su parte Francisco Belmonte, presidente de la JCRMO, recordó cómo en los años 90 se alcanzó un punto de entendimiento entre partidos y sociedad civil ahora inexistente y apeló a la negociación entre todas las partes. “En el 96-97 estuvimos muy unidos ¿por qué no se puede hacer ahora? Lo poco que ha cambiado el panorama ha sido a nuestro favor con sentencias de por medio. Nos hace falta llegar a acuerdos” aseveró. El máximo responsable de la organización precisó que el Plan del Júcar se encuentra en estos momentos “muy atascado” y se acaban los plazos puestos por la Unión Europea, por lo que urgió a una solución durante este otoño recién estrenado.

La compañía eléctrica Iberdrola ha exigido por vía judicial a los regantes de Castilla-la Mancha y al Ayuntamiento de Albacete que le indemnicen por el uso de las aguas reguladas en el embalse de Alarcón.
Iberdrola ha recurrido durante tres años consecutivos contra la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) y el Ayuntamiento de Albacete por «el impago» de la «indemnización» a la que supuestamente tiene derecho por la utilización de agua superficiales de Alarcón, que deja de turbinar en todas las centrales hidroeléctricas situadas en el río aguas abajo de El Picazo, en Cuenca.
El importe de la reclamación no ha trascendido, aunque ninguno de los demandados ha hecho efectivo el pago y mantienen el pleito vivo en los tribunales del País Vasc0.
Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha reclamado también a los regantes manchegos, al ayuntamiento de Albacete y a los usuarios del área metropolitana de Valencia que compensen a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ)- Iberdrola más los regantes tradicionales del Júcar en la Ribera- por el coste de bombear agua del acuífero valenciano en los últimos años de sequía, al no poner disponer USUJ de los recursos almacenados en Alarcón una vez se sitúan por debajo de la «curva de reserva» pactada en el Convenio de Alarcón.
Fuentes de la JCRMO dijeron a este periódico que no compartían la reclamación de los regantes valencianos porque ellos no son «parte» ni firmaron el convenio de Alarcón y, por tanto, no les afecta. No obstante, y al contrario de lo que ocurre con Iberdrola, fuentes de los regantes manchegos admitieron que el dinero está «consignado» y pendiente de los tribunales.
El Convenio de Alarcón, acuerdo firmado por el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, con el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y el titular del Ministerio de Medio Ambiente, Jaume Matas, fija una reserva mínima en Alarcón que cambia cada mes y por debajo de la cual todo consumo de agua procedente de este pantano debe indemnizarse a los regantes valencianos.
La CHJ, ya bajo el control del PP, interpretó que la «curva de reserva» hay que fijarla en el conjunto de todos los embalses (Alarcón-Contreras-Tous) y no solo en Alarcón, lo que ha provocado la interposición de numerosos recursos. No obstante, las reclamaciones valencianas aluden casi siempre a periodos en los que la curva de reserva, incluso sumando los tres embalses, ha estado por debajo de lo pactado.
En este caso, los regantes manchegos, que no firmaron el Convenio de Alarcón y no se reconocen afectados por su contenido, admiten que tienen el dinero «consignado» por si finalmente tuvieran que pagar.

Cuantía
En el caso de la ciudad de Albacete, Iberdrola reclamó en 2007 una cantidad de 668.213 euros por un consumo de 9,3 hectómetros cúbicos de agua procedente de Alarcón, lo que supone una indemnización de 13,91 euros por metro cúbico.
Según datos de la CHJ, Albacete ha consumido desde 2001 y hasta el ejercicio de 2008 una cantidad de 88,84 hectómetros cúbicos de aguas superficiales de Alarcón, mientras que la sustitución de bombeos realizada por los regantes- toman agua del Júcar directamente en lugar de extraerla del cuífero- asciende a 112,92 hm3 hasta este verano. Si se aplica el baremo usado por Iberdrola, los regantes deberían hacer frente a una reclamacion de 8,113 millones de euros y Albacete deberia pagar 6,38 millones.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental dispone de un documento oficial dirigido al Ministro de Medio Ambiente por un consejero de Iberdrola en el que se hace renuncia expresa de Iberdrola «a las indemnizaciones derivadas de las afecciones a sus aprovechamientos hidroeléctricos en la cuenca del Júcar derivadas de las determinaciones del Plan Hidrológico de dicha cuenca». Quizá por ello sorprende la reclamación actual de la compañía». Iberdrola obtuvo a cambio el expediente de concesión del aprovechamiento hidroeléctrico de la presa de Alarcón que reclamaba hace desde los años cuarenta y el de las rápidas de Fontanar, una obra artificial situada a la salida del túnel del Talave en el Tajo-Segura. j. S.valencia.

Vuelve el Júcar. Representantes del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Regionales se reunieron ayer en Albacete con la cúpula de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), como parte de una maratoniana reunión de trabajo que les ocupó la mayor parte de la jornada.
En el receso para atender a los medios, intervinieron el diputado José Molina y el presidente de la Jcrmo, Francisco Belmonte. Sus intervenciones dejaron bien claro que el nudo gordiano del Júcar vuelve al primer plano de la política regional, tras meses y meses de protagonismo monográfico del trasvase Tajo-Segura en los debates en torno al agua.
Ambos, político y regante, lanzaron un mismo mensaje: En el Júcar hay agua de sobra para todos, siempre que se gestione de forma adecuada, sin planteamientos maximalistas y cumpliendo al pie de la letra con la legislación. Aunque ambos, veteranos curtidos, también barrieron para sus respectivos rediles, haciendo las preceptivas matizaciones.
Molina abrió el turno de intervenciones, deshaciéndose en toda suerte de elogios a la Jcrmo. «Voz respetada», «opinión solvente e imprescindible», «valioso apoyo para el gobierno en cuestiones de aguas» fueron algunas de las flores dedicadas a Belmonte y los suyos.
«Ambas partes compartimos plenamente el diagnóstico -señaló el diputado- pues creemos que el plan del Júcar del 97, pese a sus defectos, nunca ha llegado a aplicarse del todo; por ejemplo, en Valencia, la modernización de regadíos, que ya debería estar hecha, lleva un considerable retraso, mientras que aquí, en La Mancha, está casi concluida».
En cuanto a la revisión del Plan de Cuenca, señaló que la única hoja de ruta posible es la que marca la sentencia del Supremo de 2004. En este sentido, lamentó ver cómo «se vuelve a falsificar» el Plan, cumpliendo sólo en parte dicha sentencia, manteniendo dentro del Júcar «cuencas internas» que no deberían estar dentro de ella.
Y, ya metidos en harina, el diputado también aprovechó una pregunta sobre el Júcar-Vinalopó para lanzar la correspondiente pulla contra las filas populares. Cuando se le preguntó por qué dicho trasvase no se cita en el Estatuto, mientras que sí se hace con el Tajo-Segura, le dio la vuelta a la pregunta para preguntarle a Cospedal a qué está esperando.
«La cuestión no es si el Júcar-Vinalopó está o no en el Estatuto -remarcó- sino si Castilla-la Mancha tendrá garantizadas las cantidades suficientes de agua para garantizar su desarrollo; eso es lo que estamos planteando y esperamos que la señora Cospedal lo apoye, desde el momento en que el Partido Popular ha votado a favor de este mismo criterio en otras regiones, como Valencia».
DESAMPARO. Llegado su turno, Belmonte agradeció su apoyo a los diputados socialistas en las Cortes Regionales y reiteró uno de los argumentos básico lanzados por Molina: si hay acuerdo, todo es posible en el Júcar y ahora, precisamente, es el momento de conseguirlo.
Pero también quiso lanzar «una pequeña crítica al Gobierno regional, y es que hemos puesto tanto el foco en el Tajo-Segura que, a veces, me he sentido un tanto desamparado con el Júcar».
No obstante, hubo tirón de orejas para todos, pues reclamó a toda la clase política, «pues ahora que algo se está moviendo en el Estatuto, espero que todos lleguen a un gran pacto del agua que beneficie a esta región, y que todos tengamos la altura de miras suficiente, para no mirarnos el ombligo y mirar por la región».
En cuanto a la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, reiteró que «en el Júcar hay agua para todos, si se hace una buena gestión, e incluso se podría hacer algún trasvase, en base a la Ley de Aguas, pero no de manera encubierta, pero si lo hacemos mal y nos empeñamos en defender los derechos históricos de Jaime I, así no vamos a ningún sitio».
«Todo lo que no quepa en la Constitución y en la Ley de Aguas, no cabe en ningún sitio, y que yo sepa la Constitución no habla de Jaime I», aseguró el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental mientras los socialistas asentían sus palabras.    

El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte, reclamó hoy, coincidiendo con la negociación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, «un gran pacto en materia de agua».

   Así lo confirmó en rueda de prensa, al término de la reunión que mantuvo con miembros de la comisión regional del agua en el Grupo Socialista de las Cortes regionales, Antonio Salinas, José Molina e Irene Fernández, para conocer de manera directa los problemas que les preocupan.

   Belmonte propuso que sería conveniente «un gran pacto del agua» en Castilla-La Mancha. «Yo espero que ahora que algo se está moviendo en el Estatuto lleguen todos a un  gran pacto del agua que beneficie a esta región, y que todos tengamos la altura de miras suficiente, para no mirarnos el ombligo y mirar por la región», aseguró Belmonte.

   El presidente de la Junta Central de Regantes aseguró que el principal escollo que presenta la revisión de la cuenca del Júcar es el decreto de demarcación, recurrido por el gobierno de Castilla-La Mancha, al contravenir la sentencia de 2004 dictada por el Tribunal Supremo, en la que se delimitaban la cuenca del Júcar del resto de las cuencas intracomunitarias valencianas.

   Asimismo lamentó que en Valencia no hayan cumplido el Plan del Júcar de 1997, ya que al no haber hecho las obras de mejora en regadíos no se han producido los ahorros previstos, y añadió que «en el Júcar hay agua para todos, si se hace una buena gestión, e incluso se podría hacer algún trasvase, en base a la Ley de Aguas, pero no de manera encubierta, pero si lo hacemos mal y nos empeñamos en defender los derechos históricos de Jaime I, así no vamos a ningún sitio».

   «Todo lo que no quepa en la Constitución y en la Ley de Aguas, no cabe en ningún sitio, y que yo sepa la Constitución no habla de Jaime I», aseguró el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental.

   Por su parte, José Molina insistió sobre el trasvase Júcar-Vinalopó, al que se incluye en la llamada demarcación del Júcar, recurrida por el Gobierno regional, debería tener el tratamiento que se le da a cualquier otro trasvase, y añadió que «sí en la capital valenciana se abastecieran del Turia, en vez de tomar el agua del Júcar, y se hubiesen hecho la mejora en los sistemas de riego, ahora habría agua suficiente», por tanto aseguró que «la batalla de la demarcación de la cuenca es la batalla más importante».

   En el orden del día de este encuentro se encontraba también la reforma del Estatuto de Autonomía, sobre el que el diputado socialista insistió en que la solución ahora no pasa por poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, si no en establecer una reserva de agua suficiente para garantizar el uso actual y el futuro.

   Sobre este asunto, Belmonte aseguró que «aquí hay unos intereses políticos, que al ciudadano de a pie le puede dar una idea de que interesa más dar la batalla política, que por los intereses de la región», en insistió en que lo que verdaderamente interesa es llegar a acuerdos tanto en el texto autonómico, como en el plan de cuenca.

La Comisión del agua del grupo parlamentario socialista regional visitó en la mañana de ayer a la Junta Central de Regantes de la Mancha. Los regantes reclamaron «un gran pacto en materia de agua» y manifestaron, por boca de su presidente, Francisco Belmonte, que «si la negociación de 1997, que estaba muy bien hecha, se hubiera respetado por todas las partes, ahora solamente tendríamos que hacer unos pequeños retoques y prorrogarla. Si se hubiera cumplido viviríamos en un mundo maravilloso».

Belmonte dijo que espera que «ahora que algo se está moviendo en el estatuto lleguen todos a un gran pacto del agua que beneficie a la Región, y que todos tengamos la altura de miras suficiente para no mirarnos el ombligo y velar por la Región», y aseguró que «en la cuenca del Júcar, si se hace una buena gestión, hay agua para los que estamos en el Júcar y también para otras zonas a través de un trasvase, y somos tan generosos que estaríamos dispuestos a ello. Estamos a favor de un trasvase, pero no uno encubierto. Nosotros queremos hacer las cosas bien, y si se hacen bien, hay agua para todos».

El presidente de la Junta central de regantes de la Mancha se refirió a la polémica generada en torno a este asunto, lamentando que «al ciudadano de a pie le puede dar la impresión de que a los responsables les interesa más la batalla política que la batalla por la Región. Podría ser fácil llegar a acuerdos en el Estatuto, en el Plan hidrológico y en lo que hiciera falta, pero no lo es».

Buscar el consenso

En este sentido, José Molina, miembro de la comisión del agua, señaló que «hay que superar esta situación con el consenso», por lo que instó a María Dolores de Cospedal a que «lo que valga para otras comunidades valga también para Castilla-La Mancha». Molina indicó que «el principal problema del trasvase Júcar-Vinalopó es que se quiere hacer de manera encubierta», y no dudó de que una buena gestión «garantiza una reserva suficiente de agua para Castilla-La Mancha, para ahora y también para el futuro».

El presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Francisco Belmonte, ha reclamado hoy «altura de miras» y «responsabilidad» a los políticos castellanomanchegos para velar por el bien de la región en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Francisco Belmonte ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa antes de reunirse con los miembros de la Comisión del Agua del grupo parlamentario socialista en las Cortes regionales este mediodía en Albacete.

El presidente de los regantes se ha referido sobre todo a la necesidad de que se avance en el Plan de Cuenca del Júcar y de que se apruebe «este otoño o invierno» y que sea «por unanimidad o al menos por cierto consenso».

Ha señalado al respecto que el actual Plan estaba «bastante bien hecho» y que los regantes albaceteños lo han cumplido, pero «otros no».

«Si el actual se hubiera cumplido en un 75 por ciento, ahora estaríamos hablando de una pequeña revisión y prorrogarlo», ha añadido.

A su juicio, en el cuenca del Júcar, «si las cosas se hacen bien, hay agua para todos los que estamos en el Júcar y para otros que no lo están».

Sin embargo, ha lamentado que la modernización de regadíos, por ejemplo, no se ha hecho en la Comunidad Valenciana -que pertenece a la cuenca del Júcar- en la misma medida que en Castilla-La Mancha.

A la reunión con la JCRMO han acudido los diputados regionales socialistas José Molina, Irene Fernández y Antonio Salinas.

Sobre el problema de la Cuenca del Júcar, José Molina ha incidido en que los regantes de la Mancha Oriental han sido un «ejemplo de gestión» y ha lamentado que la modernización de riegos no se haya hecho en la Comunidad Valenciana en la misma medida que aquí, lo que repercute en la disponibilidad de agua en la región.

En materia de agua, también ha lamentado que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha esté «atascado» por la «irresponsabilidad» de dirigentes del PP. EFE 1010289

El agua almacenada en los embalses de la cuenca del río Júcar es un 37,5 por ciento mayor que hace un año, según un informe hecho público hoy por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

En la actualidad se dispone de un 28,01 por ciento del total de la reserva (uso consuntivo más hidroeléctrico), lo que supone 936 hectómetros cúbicos, tres hectómetros cúbicos más que la semana pasada.

Además, la reserva ha aumentado 6,9 puntos respecto al mismo periodo de 2008, cuando los embalses se situaban al 21,2 por ciento de su capacidad total.

Los embalses del Júcar disponen de un 7,5 por ciento más de agua que la media de los últimos cinco años, que es del 20,6 por ciento de la reserva, y un 7,9 por ciento más que en la media de los últimos diez años (20,2 por ciento).

Hace un año, las reservas hídricas almacenaban un 32,2 por ciento menos de agua, es decir, 228 hectómetros cúbicos menos, ya que los embalses del Júcar disponían de 708 hectómetros cúbicos.