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La Asociación Valenciana de Agricultores AVA-ASAJA ha lamentado la «falta de sensibilidad» del Gobierno central al no bajar el impuesto del IVA pese a que se haya consumado una subida anual de hasta el 70 por ciento en los costes de electricidad para el riego.

Fuentes de la organización agraria han criticado hoy que la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, «rechace aplicar a este colectivo un IVA con tipo reducido del siete por ciento».

Según han indicado, la ministra «opta así por desoír el doble mandato acordado por el Senado en 2008 y ratificado por el Congreso de los Diputados en mayo de este año, porque considera que estos momentos no son los más adecuados para una rebaja fiscal de esta índole».

En este sentido, han explicado que la decisión se produce «justo después de que se consume la subida de hasta el 70 por ciento en los costes de la electricidad » y se han preguntado «qué tiene que pasar para que el Gobierno se decida a bajar los impuestos».

La petición del sector se basaba en lo previsto en la Directiva 2006/112/CE del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y tomaba como antecedente el caso de Italia, donde los regantes pagan un impuesto reducido.

Sin embargo, el Ministerio, según AVA, «ha decidido negarse a materializar este mandato de las Cortes, alegando que la aplicación de tipos reducidos cuenta con la oposición de muchos Estados miembros de la Unión Europea».

A este respecto, la asociación ha aseverado que esa oposición «no ha sido obstáculo para que Italia mueva pieza o para que Francia haya logrado recientemente el respaldo de la UE para rebajar el IVA de bares y restaurantes.

Para los miembros de AVA-ASAJA, esto es un ejemplo de que la decisión «es sólo una cuestión de voluntad política que el Ejecutivo español no tiene».

 según un informe del INE, basado en datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en el año 2006 la superficie dedicada al regadío en toda España ascendió hasta el 13,6 por ciento.

Por comunidades autónomas, la de mayor superficie dedicada al regadío fue la comunidad Valenciana (41,7 por ciento), seguida por el País Vasco (40,3); Murcia (37,1); Canarias (32,6); Cataluña (23,9); Andalucía (19,6); Aragón (18,2); y Navarra y La Rioja, ambas con el 14,3 por ciento, todas ellas, por encima de la media de España.

Por debajo de dicha media se situaron Castilla-La Mancha (10,6 por ciento); Castilla y León (8,4 por ciento); Galicia (7,6); Madrid (7,2); Extremadura (6,6); Baleares (6,2); Asturias (1,1) y Cantabria (0,1).

La tarifa eléctrica para regadíos experimentó en el último año un incremento medio superior al 60% según los datos manejados por el sector. Las tres organizaciones agrarias Asaja, Upa y Coag se han dirigido al Gobierno denunciando los incumplimientos de los compromisos suscritos en su día con el Ministerio de Industria, y el silencio de los departamentos de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente en este asunto.

Las organizaciones señalan que, mientras en otras actividades económicas se prevé y pueden repercutir en los precios el incremento del coste de la energía, en el caso de la actividad agraria es algo imposible.

Por su parte, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes estima la subida en un 90%, lo que supone un coste añadido para los agricultores de 100 millones de euros.

Para Javier Alejandre, responsable de los servicios técnicos de UPA, es impresentable que el sector agrario esté haciendo esfuerzos para ser más eficiente en el uso del agua, con la aplicación de nuevos sistemas de riego, y que esa política sea penalizada por el Gobierno con estas subidas.

El 1 de julio de 2008, el Gobierno eliminó las tarifas especiales para el riego que suponían una media de rebaja del 30% sobre las tarifas normales. Para los contratos de alta tensión, como compensación a esa decisión, Industria se comprometió con el sector a la puesta en marcha de una serie de medidas como los contratos temporales para cinco meses, ampliar las horas valle con tarifas reducidas, así como los festivos y fines de semana.

Los agricultores de la Comunidad Valenciana fueron los más eficientes en el uso del agua de riego en 2007 al reducir el consumo en un 2,1%. En total, la Comunidad utilizó 1.514 hectómetros cúbicos, un 9% del total nacional, según el informe hecho público ayer por el Instituto Nacional de Estadística.
Mientras en comunidades autónomas como Aragón y Castilla-La Mancha creció significativamente el consumo de agua de riego. En Aragón, los agricultores necesitaron 2.204 hm3, lo que representó un crecimiento del 2,2% y en Castilla-La Mancha el consumo aumentó un 2% con un total de 1.758 hm3.
Los datos nacionales indican que el uso de agua de las explotaciones agrarias ascendió a 16.211 hm3 en 2007, lo que supuso un aumento del 2,2% respecto a 2006.
Por tipo de cultivo, los herbáceos alcanzaron el 45,3% del uso total. Atendiendo a las técnicas de riego, las técnicas de aspersión y goteo concentraron el 58,3 % del total de agua. Las plantaciones de patata y hortalizas incrementaron su uso de agua un 16% en relación con 2006, en tanto que en cultivos como los industriales, huertos familiares, cultivos ornamentales y leñosos no frutales se produjo un descenso en la utilización de agua del 19,3%, según la estadística hecha pública por el INE.

Las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura no son dogma de fe, y tampoco obligan al Gobierno central a la hora de autorizar envíos de agua a la Región de Murcia. Así viene recogido en la última sentencia del Tribunal Supremo, que rechaza un recurso que presentó el Gobierno de Castilla-La Mancha a un desembalse de 82 hectómetros cúbicos realizado en el verano del 2005. El Supremo también ha rechazado recientemente otro recurso de la comunidad autónoma vecina a un riego de socorro con agua del Tajo aprobado en otoño de mismo año.

En este caso, el Gobierno de Barreda argumentó que el Consejo de Ministros había autorizado un desembalse con un volumen superior a lo que marcaban las reglas de explotación del acueducto, que limita a 23 hectómetros por mes el envío de caudales cuando existen circunstancias excepcionales en los pantanos de la cabecera del Tajo.

También alegó que la Comisión de Explotación, presidida por Medio Ambiente, no había propuesto un volumen concreto. El Supremo recuerda que las propuestas que hace la Comisión de Explotación tienen un carácter técnico, indicativo y orientativo, y que se abstuvo de decidir el desembalse en aquella ocasión debido a la situación hidrológica excepcional que dejaba la decisión en manos del Consejo de Ministros.

El alto tribunal sostiene que el Gobierno no queda sujeto para fijar el agua trasvasable a la referida regla, no sólo por ese carácter técnico, indicativo y orientativo que tiene, sino porque las circunstancias excepcionales requieren tener en cuenta una serie de datos o factores que son los que ha ponderado el Consejo de Ministros con independencia de que la regla mentada prevea un volumen trasvasable de 23 hectómetros al mes.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha anunciado «un otoño caliente» con movilizaciones generalizadas en toda España si el Gobierno no transige e introduce las modificaciones legislativas necesarias que faciliten la adaptación de los regantes al mercado liberalizado de la energía eléctrica.

Tanto el Congreso como el Senado aprobaron una proposición no de ley en la que instaban a aplicar un tipo reducido del 7 por ciento en el suministro de electricidad para los regadíos, sin embargo, el Gobierno «desoyendo una moción aprobada por las dos Cámaras» se ha negado a aplicar dicha reducción, lo que supone, según del Campo, un «profundo varapalo» para el sector.

En este sentido, afirma que «las consecuencias más graves» del incremento «continuado y periódico» de la factura eléctrica se harán notar especialmente en estos meses de verano en los que es necesario intensificar las campañas de riego, disparando el gasto energético a «cotas inasumibles» y poniendo en peligro las viabilidad del sector y los procesos de modernización en curso.

Asimismo, el presidente de FENACORE, ha explicado que, lo primero que harán desde la Federación que dirige, es recoger firmas a través de las juntas de gobierno de las comunidades de regantes con el fin de que el Ejecutivo se replantee su negativa y no descarta poner en marcha una campaña de recogida de 500.000 firmas que les permita obtener el apoyo suficiente para presentar una propuesta legislativa por iniciativa popular ante el Congreso de los Diputados.

El presidente de la Diputación, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, han hecho balance del convenio de obras hidráulicas para el período 2008-2009,y han firmado una adenda para ampliar el plazo de ejecución en seis meses, lo que permitirá realizar un total de 68 obras, 58 de ellas de abastecimiento y 10 de saneamiento.

El presidente de la Diputación ha recordado que el convenio vigente supondrá una vez finalizado una inversión de 10 millones de euros, de la que se han beneficiado hasta la fecha 51 municipios que engloban a más de 42.000 habitantes, que han visto mejorado en calidad y cantidad el suministro de agua.

Ruiz Santos ha señalado que todas las obras que se han llevado a cabo gracias a este convenio con la Consejería, que se firmó por primera vez en 2005, han posibilitado modificar el mapa de la provincia de Albacete, de tal forma que muchos de los sitios en los que se ha actuado eran los mismos a los que hace apenas dos años tenían que ir los camiones cisterna de la Diputación para garantizar el suministro de agua.

«En la actualidad -ha señalado Ruiz Santos- los camiones de Diputación sólo acuden a cuatro núcleos de población: Las Muelas (Bogarra); Casa Rosa (Paterna del Madera); Fuentes del Taif y Horno Ciego (Elche de la Sierra), cuando hace unos años estábamos obligados a dar servicio a más de una veintena de pedanías y municipios».

Financiación

El presidente de la Diputación ha destacado también la diligencia con las que se ha administrado y gestionado el presupuesto del convenio, agradeciendo a la Comisión de Seguimiento y

Pueblos beneficiados de las obras: Abengibre, Aguas Nuevas, Alatoz, Albatana, Alborea, Alcadozo, Alcalá del Júcar, Alcaraz, Alpera, Ayna, Balazote, Balsa de Ves, Barrax, Bienservida, Bogarra, Bonete, Carcelén, Casas de Juan Nuñez, Casas Ibáñez, Casas de Lázaro, Caudete, Corral Rubio, Cotillas, Chinchilla de Montearagón, Elche de la Sierra, Higueruela, La Herrera, Liétor, Motilleja, Munera, Mahora, Molinicos, Montealegre del Castillo, Nerpio, Ontur, Paterna de Madera, Peñas de San Pedro, Peñascosa, Pétrola, Riópar, Robledo, Salobre, Vianos, Villapalacios, Socovos, Villatoya, Villaverde de Guadalimar y Yeste.

Control su trabajo y a los servicios de Hidrogeología y de Contratación de la Diputación.

Sánchez Pingarrón, ha recordado que este convenio, que tiene el antecedente de uno anterior con dotación inferior, está financiado en un 75% por la Consejería, un 25% por la Diputación y una pequeña cofinanciación municipal para que los ayuntamientos se impliquen.

Pingarrón ha dejado claro que las obras objeto de este convenio son de competencia municipal, aunque ello no impide que aunque la Junta realice grandes infraestructuras en materia hidráulica también apoye a los ayuntamientos que tienen menos recursos para poder acometer actuaciones de su titularidad.

El incremento de agua en los embalses de uso consuntivo en la Cuenca del Júcar es de un 34, 7 por ciento mayor que la que hace un año, según se recoge en el Informe Hidrológico.

En la actualidad se dispone de un 35,1 por ciento total de la reserva (Uso consuntivo más hidroeléctrico), lo que suponen 1.169 hectómetros cúbicos, disminuyendo esta semana la reserva en 25 Hectómetros cúbicos respecto de la semana pasada (1.194)

El informe indica que en la actualidad se dispone de un 0,8 por ciento menos que hace una semana de reserva de agua (1.169 hectómetros cúbicos frente a 1.194 hectómetros cúbicos.

El año pasado por estas fechas había un 27,0 por ciento, ahora un 35,1 por ciento, 8,1 puntos más que el año pasado.

La reserva de agua ha aumentado en 13,2 puntos más que hace dos años.

Se dispone de un 7,5 por ciento más que la media de los últimos 5 años y un 7,6 por ciento que en los últimos 10 años.

Hace un año se disponía de 903 hectómetros cúbicos y ahora 1.169, es decir, 266 hectómetros cúbicos más, un 29,5 por ciento más.

La media de los últimos 5 años era de 922 hectómetros cúbicos y ahora 1.169, es decir, 247 hectómetros cúbicos más, un 26,8 por ciento más.

La media de los últimos 10 años era de 921 hectómetros cúbicos y ahora 1.169, es decir, 248 hectómetros más, un 26,9 por ciento más.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, negó ayer que el informe remitido por el Ministerio de Medio Ambiente a la UE sobre la situación de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó plantee una disminución del caudal.

La afirmación de Moragues se produce tres días después de que el Consell y los regantes denunciaran, tal y como publicó LAS PROVINCIAS, que el documento elaborado por el Ministerio incluye una reducción del caudal del trasvase Júcar-Vinalopó de los 80 hectómetros cúbicos inicialmente previstos a 51,6.

Para el presidente del órgano de Cuenca, es «falso» interpretar así el documento. Moragues aseguró ayer, durante la visita a las obras de la desalinizadora de Oropesa recién iniciadas, que el informe se hizo público ante unas 20 personas y únicamente «el representante de la Generalitat entendió eso». Además, incidió en que los propios usuarios del trasvase «no entendieron eso».

Precisamente los usuarios, por boca de su presidente, Andrés Martínez, y frente a lo que ayer dijo Moragues, denunciaron la política del órgano de cuenca y anunciaron que van a remitir una carta al Ministerio de Medio Ambiente quejándose de su actuación.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, también presente en el acto, fue mucho más prudente. Sin negar la reducción de caudales, tal y como hizo el lunes, se limitó a decir que el trasvase «nos permitará que llegue agua a las comarcas del sur de la Comunitat, y nosotros no tenemos ningún veto a cualquier medida que suponga solucionar los problemas de agua, lo que ocurre es que tras nuestras decisiones hay razones».

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Marta Morén, aseguró ayer que la nueva desalinizadora cubrirá las necesidades de la comarca de La Plana de Castellón con «calidad» y preservando el medio ambiente.

La planta, cuya inversión asciende a 55,5 millones de euros, producirá 21,5 hectómetros cúbicos anuales de agua destinada al abastecimiento de unas 150.000 personas en Oropesa , Cabanes y Benicàssim. En caso de incrementarse las necesidades, la desalinizadora puede incrementar su capacidad de producción hasta los 43 hectómetros anuales. Según Morén, «se trata de una actuación que es coherente y está en la línea de los objetivos fijados por la Directiva Marco del Agua, ya que contribuye a garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo».

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que abastecen a la Comunitat Valenciana han perdido 23,20 hectómetros cúbicos durante la pasada semana y se han situado en los 1.174,67 hectómetros cúbicos, lo que supone el 35,10 por ciento de los 3.346,6 hectómetros de su capacidad total.

Según han informado hoy en un comunicado fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, 22 han disminuido el agua embalsada, tres han aumentado y el resto se han mantenido invariables.

El mayor descenso se ha producido en Tous-La Ribera, en el sistema del bajo Júcar, que almacena 9,16 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior y se encuentra por debajo de la mitad de su capacidad total (32,37%), seguido del embalse de La Muela, que ha perdido 5,71 hectómetros y se sitúa al 53,77 por ciento de su capacidad.

Frente a estos, el embalse que ha registrado el incremento de agua más importante ha sido el de Cortes II que ha recibido 2,69 hectómetros cúbicos más y se sitúa al 91,48 por ciento de su capacidad de 118 hectómetros cúbicos, seguido del embalse de El Naranjero que ha aumentado en 2,24 hectómetros y está al 74,63 por ciento.

Otros embalses que han visto disminuidas sus reservas han sido Benageber con 2,62 hectómetros menos, Alarcón con 2,30 menos, o Bellús, con 2,26 menos, mientras que los que han mantenido el mismo nivel de reservas que la semana anterior han sido los de Algar y Almansa.

Por sistemas, el de Marina Baja/Serpis almacena el 79,30% de su capacidad; el del Turia está al 73,17%; el Palancia/Mijares/Cenia al 53,32%, y el del Júcar al 28,30% de su capacidad total.