El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, mostró ayer su malestar por el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no les haya consultado la decisión de reducir el trasvase de los 80 hectómetros cúbicos anuales inicialmente previstos a 51 (un 35% menos), tal y como figura en un informe del Ministerio de Medio Ambiente remitido a la Unión Europea sobre la situación de las obras que ayer publicó LAS PROVINCIAS.

Para Martínez, la CHJ les ha «ninguneado» y «tomado el pelo» al no contar con ellos antes de tomar esta decisión. Lamentó, además, que frente a la marginación con la que se trata a los usuarios, que pagan de su bolsillo parte de las obras, la Confederación «sí cuenta con grupos ecopacifistas», en referencia a Xuquer Viu.

Andrés Martínez indicó que la Junta va a remitir una carta al Ministerio de Medio Ambiente para quejarse del trato que les está dando la CHJ. Martínez explicó que frente al cambio de actitud de Elena Espinosa, la Confederación mantiene el «sectarismo de los tiempos de Cristina Narbona».

El Consell también mostró ayer su malestar por la decisión «unilateral» del Gobierno. Para el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, el trato del Ministerio de Medio Ambiente únicamente se puede definir como «indignante».

El conseller apuntó que el Ministerio ha actuado «sin previo conocimiento y de forma unilateral» y teniendo tan sólo en cuenta la postura de la «nueva cultura del agua» para decidir el futuro de los recursos hídricos de la Comunitat.

El responsable de Medio Ambiente calificó de «sectaria» la posición del Ministerio. García Antón recordó «el esfuerzo» que está realizando la Generalitat para «depurar y reutilizar el agua y modernizar los regadíos».

Lo más grave, según el Consell, es que el agua que se ahorra gracias a esas inversiones no se reparte de forma equitativa. «Cada vez llegan menos recursos al Vinalopó», según García Antón, y los que lo hacen son de peor calidad. En cambio, la política que se aplica en Castilla-La Mancha es diferente, explicó.

A una política de racionalización de los recursos, el Gobierno «nos paga con desprecio, con menos agua, con la problemática del Vinalopó, del Tajo-Segura y con la ausencia de agua del Ebro, mientras cada vez hay más regadíos en Aragón y Cataluña».

El secretario general del PP, Ricardo Costa, calificó la reducción del caudal del Júcar-Vinalopó de «crónica de una muerte anunciada». El dirigente popular apuntó que la decisión obedece a «intereses políticos y no técnicos». «Está en el guión», dijo Costa.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, se limitó ayer a señalar que el trasvase es «un gran proyecto, por la cuantía de su inversión y por los trabajos que requiere», y remarcó que su grado de ejecución «está muy avanzado».

Sobre la reducción de los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó, el delegado del Gobierno optó por no pronunciarse. Peralta aprovechó para hacer un llamamiento a la Generalitat para «actuar todos juntos para que el día que esté disponible esté disponible efectivamente».

El 70% del campo valenciano funciona ya con técnicas de ahorro de agua. Con esta modernización, el 17% de la superficie de cultivo en España que utiliza el riego por goteo se encuentra en la Comunitat. Todo ello ha permitido un ahorro cercano a los 140 hectómetros cúbicos anuales. El principal beneficiado del esfuerzo realizado por la Administración autonómica y los agricultores valencianos ha sido el regadío de Castilla-La Mancha.

Los campos de Albacete están recibiendo aportes de alta calidad del embalse de Alarcón gracias a que el agricultor de la Comunitat emplea agua depurada.

La mayor parte de los cultivos del regadío manchego están subvencionados, mientras que la producción en los campos de la Comunitat es intensiva y de alta rentabilidad.

El Plan Hidrológico del Júcar prevé un máximo de extracciones de 320 hectómetros cúbicos del acuífero de la Mancha Oriental para evitar la sobreexplotación. Pero desde 2000, la Confederación del Júcar ha autorizado que se utilicen unos 400 hectómetros cúbicos, salvo los años de sequía.

La Confederación indemnizó a los agricultores albaceteños por dejar de regar con la compra de derechos de agua durante estos periodos. En el caso de los valencianos, la política fue restrigir los aportes al campo.

El Plan del Júcar también establece que los agricultores de La Mancha puedan recibir 125 hectómetros del embalse de Alarcón a cambio de la clausura de pozos y la modernización de regadíos para ahorrar 65 hectómetros. En estos momentos, están percibiendo la totalidad del aporte sin haber realizado las obras de sustitución. La Confederación ya ha regularizado 459,3 hectómetros, es decir, prácticamente el máximo posible.

El incremento del agua para el regadío de La Mancha se ha conseguido gracias a los esfuerzos del campo valenciano. Una circunstancia que acredita unos criterios de solidaridad en el reparto de los recursos hídricos que no parecen ser compartidos por todas las autonomías españolas.

A todo ello se suma ahora que Castilla-La Mancha pretende poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura con la aprobación de la reforma del Estatuto, una obra que se considera fundamental para la supervivencia de la agricultura en el sur de la provincia de Alicante.

Más de una década después, 12 años para ser exactos, el trasvase Júcar- Vinalopó vuelve a ser la piedra en la cual tropieza la planificación de la cuenca hidrográfica del Júcar.
En 1997, este trasvase fue el detonante de una movilización masiva de la sociedad manchega y, especialmente, la albaceteña, en exigencia de un reparto más justo y equitativo de los recursos hídricos de la cuenca.
Hoy, para hacer viable esta obra, la Comisión Europea ha propuesto una batería de medidas que no sólo afectan a la Mancha Oriental, sino también a otras partes de la cuenca, como el propio Vinalopó, que han caido como una bomba entre los afectados.
«Ha sido toda una encerrona -decía ayer a La Tribuna el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte- porque no sabíamos nada de estas condiciones adicionales hasta que nos las encontramos sobre la mesa, el pasado miércoles».
Estas condiciones se pusieron sobre la mesa del Comité de Seguimiento de las Obras del Júcar-Vinalopó. Y, en la parte que le toca a la Mancha Oriental, se plantea una «restricción ambiental» de entre 30 y 50 hectómetros cúbicos para sus usuarios.
La historia de estas restricciones se remonta al año 2003. Por aquella época, y en medio de una tremenda controversia social, política y ambiental sobre este trasvase, la Unión Europea estableció una serie de condiciones para financiar esta infraestructura con 120 millones de euros de los fondos Feder, el 50% del presupuesto estimado.
«Casi nadie se opuso a las condiciones -recordaba Belmonte- porque todas eran asumibles y casi todas ellas encajaban bien con el articulado del Plan Hidrológico de Cuenca del año 98, aún vigente y en proceso de revisión».
Por poner algunos ejemplos, se planteaba que los caudales a trasvasar -80 hectómetros máximo- debían proceder de las medidas de ahorro de aguas para riego, o la creación de unas normas de explotación del trasvase que respetasen las necesidades de la cuenca, ambientales incluídas.
En 2006, la UE detalló aún más los criterios pero, salvo alguna imprecisión en las expresiones -se eliminó el término «modernización»- tampoco había nada que se considerase inasumible por las partes.
«Hasta que llegó el miércoles -señáló Belmonte- y nos encontramos con un documento de 250 folios, en el que, con el Plan del Júcar a medio revisar, sin consultas previas, ni petición de informes, ni alegaciones previas, vamos, lo habitual en la UE, nos pretenden imponer una serie de restricciones y de recortes a varios de los usuarios, con las que no contábamos y que, sin formar parte del proceso de revisión del Plan Hidrológico de Cuenca, lo condicionan por completo».
El presidente de los regantes manchegos señaló, además, que una restricción de ese calibre echaría el esfuerzo de décadas hecho en programas como la sustitución de bombeos, que se basan en cambiar volúmenes de agua subterránea por volúmenes de aguas superficiales, y que ya ha llegado a su segunda fase.
«Pero lo que realmente sorprende es el proceder de Bruselas -indicó- porque Europa había sido hasta ahora una administración muy garantista; te escuchaban, al final, podían decidir en tu contra, pero siempre oían a todas las partes, no te tendían emboscadas como ésta».    

La Unión Europea ha impuesto una serie de condiciones para aportar la subvención de 120 millones de euros al trasvase Júcar-Vinalopó. Por un lado, se exige al Gobierno que la transferencia no afecte a L’Albufera, tanto en la calidad como en la cantidad de los aportes.

Además, la Unión Europea reclama una solución a la sobreexplotación de los acuíferos que se encuentran tanto en la Comunitat como en Castilla-La Mancha. Muchos de ellos se encuentran en muy mal estado y se pide que se realicen distintas actuaciones para su regeneraciòn.

La tercera petición de la UE es que se cuide la calidad de los vertidos que se realizan al Júcar. Para ello, se ha reclamado el establecimiento de instalaciones depuradoras a lo largo del curso fluvial.

El último informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha servido para poner negro sobre blanco de nuevo el precario estado de salud de esa cuenca fluvial. Fundamentalmente, debido a la sobreexplotación de los acuíferos —de forma ilegal en muchos casos— desde Castilla-La Mancha. En la zona limítrofe de la comunidad vecina existen en la actualidad 82.887 hectáreas de regadíos alimentados por el río. Y esos recursos se detraen, por tanto, del caudal que tradicionalmente nutre a los agricultores de la Comunitat Valenciana.
Se trata de una situación en la que colisionan los derechos históricos de los regantes valencianos con los políticos derivados de la nueva configuración del Estado. Es comprensible que la Junta de Comunidades castellanomanchega defienda los intereses de sus ciudadanos. Sin embargo, no puede ser a costa de aquellos a los que la ley les reconoce unos derechos muy claros, hasta el punto de ser incluso titulares de importantes infraestructuras como los embalses.
Para regular el uso de las aguas del río está la Confederación Hidrográfica, que como organismo de carácter interterritorial y dependiente del Gobierno central debe velar por el cumplimiento de la legalidad en todos sus puntos. Y en ese sentido, no parecen asumibles reivindicaciones como la de excluir la Albufera de la cuenca que bebe de las aguas del Júcar. Por eso, el futuro del río y de sus usos pasa por compaginar en la medida de lo posible todas las demandas, pero sin vulnerar los derechos de cada uno.

­Si el nuevo Plan Hidrológico no lo remedia, el río Júcar tiene sus horas contadas. El gran pacto del vigente Plan, de 1998, reconoció de facto la explotación insostenible del acuífero que alimentaba el río en su tramo medio, la vistió de legalidad y otorgó unos derechos a Castilla-La Mancha que ahora pesan como una losa sobre los intentos de aplicar una ordenación más sostenible en el río que comparten ambas comunidades autónomas.
En 2003 y 2007, la Comisión Europea exigió en dos documentos oficiales un plan de recuperación de los acuíferos de la Mancha Oriental a cambio de financiar el trasvase Júcar-Vinalopó. El informe elaborado este año por la Confederación Hidrográfica del Júcar para la Comisión Europea constata que en los últimos años se ha frenado el ritmo de las extracciones de agua en la Mancha, aunque del mismo se desprende que no se dan las condiciones para revertir las situación actual, con tramos de río que solo se sostienen artificialmente con las aguas acumuladas en invierno y después liberadas en el embalse de Alarcón.
La necesidad de llegar a consensos internos en la cuenca—Castilla-la Mancha— han provocado que el informe pase de puntillas sobre el espinoso asunto del acuífero de La Mancha oriental. Europa parece haber quedado satisfecha con el trabajo realizado.Sin embargo, las verdaderas soluciones quedan para el futuro plan hidrológico, que debería estar finalizado este año, un empeño imposible.
Según los últimos datos de la confederación, la media de consumos anuales en Albacete y Cuenca en el período 2000/05 fue de 398,3 hm3, mientras que la de las extracciones subterráneas fueron de 376,2 hm3 frente a los 320 que tiene asignados legalmente el regadío manchego.
La Confederación admite que aún aplicando todas las medidas de gestión previstas, el volumen de recursos utilizados por el regadío manchego —entre aguas superficiales y subterráneas— no bajará de 400 hectómetros en 2015, con 320 hm3 de aguas subterráneas, lo que según Xúquer Viu perpetuaría la sangría del acuífero del Júcar.
Para Xúquer Viu, cuyo papel ha sido determinante al elevar el peso de los criterios medioambientales en la gestión actual del río, la exigencia europea de elaborar un plan de recuperación de los acuíferos de la Mancha oriental con horizonte 2012 «no se cumple».
Francisco Sanz, portavoz de este colectivo, asegura que solo hay una manera de recuperar el acuífero: «Las extracciones deben de situarse por debajo de la recarga natural y limitarse como máximo a los recursos disponibles para así poder restablecer la relación río acuífero».
«El diagnóstico está bien hecho, pero a ese buen diagnóstico no le corresponde una buena solución, porque las actuaciones previstas se basan principalmente en la sustitución de recursos subterráneos por superficiales», explica el portavoz.
La propia confederación estima que los recursos renovables anuales del acuífero, cuyo nivel ha bajado entre 70 y 90 metros en los últimos 30 años, oscila entre 238 y 316 hm3 y considera que la aplicación de la directiva marco del agua y sus criterios sostenibles obligará a reducir entre 30 y 50 hm3 esos recursos renovables para dárselos al río. Xúquer Viu disiente y eleva a 110 hm3 la restricción, a la que añade un coeficiente corrector del 0,8. «Si gastas lo mismo que ingresas cuando ya debes a la caja cientos de hectómetros de agua nunca habrá una recuperación», parecen decir desde el colectivo.
«El informe no contempla como actuaciones para conseguir la recuperación del acuífero y la conexión del acuífero con el río la reducción de las extracciones y de los usos actuales, con lo que la situación de sobreexplotación persistirá y se agravará», apunta Paco Sanz, para quien solo con una reducción drástica de las extracciones y de los usos se podrá recuperar el acuífero y las aportaciones al río que son «fundamentales» para dotar de unos caudales ecológicos apropiados al río.
En cualquier caso y se lean como se lean, los números que ha hecho la CHJ demuestran que incluso en la hipótesis más optimista y conservadora- 230 hm3 de recursos subterráneos renovables- la Mancha no puede extraer los 320 a los que tienen derecho legalmente por el Plan Hidrológico de 1988 o el río, lejos de recuperarse, se sumergirá para siempre en la llanura manchega.

En la actualidad se dispone de un 36,5% total de la reserva, lo que suponen 1.216 hectómetros cúbicos, ya que ha disminuyendo esta semana la reserva en 23 Hectómetros cúbicos, un 0,7%, respecto de la semana pasada (1.239). Aun así, el año pasado por estas fechas había un 27,2%, frente al 36,5% actual, 9,3 puntos más que el año pasado.

Además, según estos datos, la reserva de agua ha aumentado en 13,6 puntos más que hace dos años y se dispone de un 8% más que la media de los últimos 5 años y un 7,7% que en los últimos 10 años.

En concreto, hace un año se disponía de 909 hectómetros y ahora 1.216, es decir, 307 Hm. más, un 33,8 % más. La media de los últimos 5 años era de 954 hectómetros y ahora 1.216, es decir, 262 más, un 27,5% superior.

Finalmente, las mismasd fuentes señalaron que la media de los últimos 10 años era de 964 Hectómetros y ahora alcanza los 1.216, es decir, 252 más, un incremento del 26,1%.

La Confederación Hidrográfica del Júcar ha terminado las jornadas de participación pública en las que se ha informado sobre los proyectos de restauración de los ríos Valdemembra y Jardín, en el marco de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

El objetivo final de la ENRR es lograr que los ríos y arroyos recuperen su buen estado ecológico y hacer compatibles todos los usos y actuaciones administrativas con la conservación de sus valores naturales. La Confederación ha seleccionado 10 tramos de ríos en los que se desarrollarán proyectos de restauración.

Dos de los diez tramos corresponden a los citados proyectos: El río Valdemembra, en los términos municipales de Tarazona de la Mancha y Madrigueras; y el río Jardín, en los términos municipales de Casas de Lázaro, Alcaraz y Robledo.

La restauración del río Valdemembra comprende un tramo de 13,7 kilómetros, dentro de los términos municipales del casco urbano de Tarazona de la Mancha y Madrigueras.

La restauración del río Jardín comprende un tramo de 22,5 kilómetros, desde Robledo hasta el azud de la Carrasca del Sombrero, en Alcaraz.

Castilla-La Mancha ha aplicado a la perfección el Plan Nacional de
Regadíos «con un grado de cumplimiento altamente satisfactorio», indicó
el consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez
Guijarro. El responsable regional aseveró que su departamento ha
cumplido con el 141por ciento de la superficie prevista para la mejora
de sus regadíos y con el 96 por ciento de nuevas transformaciones.
Estos
dos datos, unidos al ahorro de otros 160 hectómetros cúbicos de agua al
año a través de los servicios de optimización de la gestión que
desarrolla el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), «hacen que
estamos ahorrando más agua de la que necesita nuestra Comunidad para
beber».
Martínez Guijarro firmó ayer en Toledo un convenio de
colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para la
generación de herramientas de apoyo en materia de regadíos. A la
rúbrica acudió el vicerrector de Investigación de la Universidad
regional, Francisco José Quílez.
El responsable de Agricultura
recordó que la Consejería ha actuado en la modernización de 150.000
hectáreas en la Región, cantidad que supone el 80 por ciento del
consumo de agua de la población de Castilla-La Mancha. «Y en esa
dirección queremos seguir trabajando y, por ello, hemos hecho
propuestas al Plan Nacional de Sostenibilidad de Regadíos, con el
horizonte de 2015, para seguir modernizando otras 100.000 hectáreas en
Castilla-La Mancha, y conseguir la transformación de otras 23.000
hectáreas».

Nuevo objetivo.
A estas actuaciones, el
titular de Agricultura prevé sumar un nuevo objetivo: la optimización
de la gestión de otras 400.000 hectáreas, que permitirá el ahorro de
160 hectómetros cúbicos de agua al año.
«Impulsar la política de
regadíos es clave de cara al futuro de la agricultura en Castilla-La
Mancha», manifestó Martínez Guijarro, al tiempo que incidió en seguir
apostando por el incremento de la superficie de regadíos, siempre y
cuando se haga de una forma eficiente y racional. «El agua es un bien
escaso y, por tanto, tenemos que sacarle la máxima rentabilidad»,
resaltó.
El consejero agradeció a los responsables de la UCLM los
trabajos realizados en todos estos años, especialmente en la
transferencia de tecnología y de los resultados de sus investigaciones.
De esta forma, destacó que para el Gobierno regional «es un orgullo
contar con el CREA para seguir avanzando en unos regadíos eficaces y
eficientes que mejoren la rentabilidad de las explotaciones agrarias,
al mismo tiempo que garantizamos nuestro abastecimiento y colaboramos
en la gestión eficaz y sostenible del agua».
Quílez, por su parte,
también agradeció la confianza depositada por la Junta de Comunidades
en la Universidad regional durante los últimos diez años.

el
SIAR. El vicerrector de Investigación de la UCLM recordó la labor
desarrollada por el Servicio Integral de Asesoramiento al Regante
(SIAR) que persigue ayudar al agricultor a conseguir un uso eficiente y
racional de sus medios de producción, especialmente del agua, de los
fertilizantes y de la energía.
«Mantenemos, por tanto, un convenio
durante más de una década, un convenio marco gracias al cual hemos
consolidado la investigación agraria en la UCLM y hemos dado, a la vez,
un servicio a la sociedad», indicó.    

Inferior en un 7% a la de 2008 pero ligeramente por encima de la media de la última década. Estas son las previsiones de la Delegación Provincial de Agricultura y Desarrollo Rural respecto a la cosecha de cereales de invierno en la provincia de Albacete, una producción que ya ha comenzado a recogerse.

El delegado provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, Antonio Mompó, manifestó que para esta campaña se espera una cosecha media de 650.000 toneladas de estos cultivos, que este año ocupan una superficie estimada de 258.000 hectáreas.

El representante de la Junta indicó que la cifra de 2009 está por debajo de la de 2008, cuando se recolectaron 694.000 toneladas en la provincia, y también de la cosecha récord de 2007, que ascendió a 815.000 toneladas.

No obstante, matizó que la media de los últimos diez años en la provincia se sitúa en 627.000 toneladas, por lo que este año el resultado se colocaría por encima. Las altas temperaturas, sobre todo a partir del mes de mayo, unidas al viento y a la escasez de precipitaciones, son uno de los factores que explican la reducción de cosecha en 2009, unido a la disminución de la superficie de siembra por los elevados costes de producción que soportan los productores. Mompó señaló, respecto a las condiciones agroclimáticas del cultivo, que en otoño la siembra «se realizó en muy buenas condiciones» y con «bastante sazón» debido a las precipitaciones en forma de lluvia y nieve que se registraron y que se situaron «por encima de lo normal». Sin embargo, el calor prematuro en primavera ha provocado el temido asurado del grano, que implica menos peso específico y, por ende, rendimiento y calidad inferiores.

«Las cebadas más tempranas han sido las más afectadas», dijo el delegado provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, mientras que para cuantificar el grado de perjuicio en los trigos «habrá que esperar unas semanas».

Los precios

En cuanto a la evolución de los precios del cereal, con altibajos muy importantes en los últimos años, el representante de la Junta aseguró que las perspectivas «son buenas», ya que desde el pasado mes de enero la tendencia ha venido marcada por un incremento cifrado en unos 10 euros por tonelada.

Pese a todo, recordó que la evolución de los precios es una cuestión «complicada» debido a que está directamente relacionada con la coyuntura mundial y el comportamiento de los mercados.

En otro orden de cosas, Antonio Mompó también destacó las «buenas perspectivas por el desarrollo del cultivo» de la vid y el olivar en la provincia y, sobre todo, la «gran cosecha» de almendra que, según indicó, se espera obtener este año.