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El Gobierno tiene previsto aprobar hoy un trasvase desde el Tajo al Segura para los meses de verano. La comisión de expotación del trasvase planea aprobar un envío de unos 70 hectómetros cúbicos para abastecimiento y consumo humano, ya que unos 2,5 millones de personas de Murcia, Alicante y Almería beben agua del Tajo. El travase incluye la compraventa de derechos de agua a regantes de Estremera (Madrid), que cobran por el agua a cambio de no regar. El trasvase servirá para sortear el verano.

• Los embalses de cabecera del Tajo almacenan 552 hectómetros cúbicos (cada uno equivale a un volumen como el del estadio Santiago Bernabéu) y están al 40,11% de su capacidad. Los pantanos de Entrepañas y Buendía salieron a principios de marzo de la situación de emergencia y, por primera vez desde junio de 2005, no es el Consejo de Ministros el que debe autorizar los desembalses hacia Murcia. Ahora los desembalses los aprueba la Comisión de Explotación del Trasvase, un organismo controlado por Medio Ambiente pero con un perfil técnico.

El trasvase previsiblemente levantará las críticas de Castilla-La Mancha, que se opone a estos envíos. El estatuto de autonomía que aprobaron las Cortes autonómicas por unanimidad pedía la caducidad de la obra, pero lel texto va a cumplir un año encallado en el Congreso. El PP ha rechazado la última propuesta -que Castilla-La Mancha tenga una reserva de 6.000 hectómetros en toda la cuenca y una mención a la caducidad del trasvase en el preámbulo- pese a que su secretaria general, Dolores de Cospedal, la votó en Castilla-La Mancha. Mientras el texto no salga adelante, el Gobierno mantiene el uso del acueducto como regula la ley.

Una de seis, quedan cinco. Recientemente, el Pleno de la Diputación Provincial de Albacete aprobaba, por unanimidad, una moción en la que se proponían seis medidas para ayudar a los regantes, abrumados por la subida de las tarifas eléctricas.
Esta misma semana, por una ajustada mayoría de 168 votos a favor y 166 en contra, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la reducción de los tipos del Impuesto sobre el valor Añadido (IVA) en el suministro eléctrico a los regadíos.
La medida, tal y como se ha aprobado, prevé la aplicación de un tipo del siete por ciento en el suministro de electricidad a este sector económico, siguiendo la estela de otros países europeos, como Italia, y amparándose en la Directiva europea sobre el IVA.
Desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, su secretario, Herminio Molina, hacía ayer una primera valoración a La Tribuna, indicando que «la mayoría por la que se ha aprobado es ajustada, ciertamente, pero al menos es muy positivo que estos debates se planteen en el Parlamento de la Nación».
No obstante, Molina recordó que la moción aprobada conjuntamente por PP y PSOE en la corporación provincial contemplaba otras medidas que, a su juicio, se resumen en una sola, la liberalización «real y completa» de las tarifas eléctricas.
«De la misma forma que cualquier regante elige entre los proveedores que más le convienen de semillas, de abonos, de fitosanitarios, lo que nosotros pedimos es poder elegir entre las fuentes de suministro de energía que resulten más baratas, en vez de encontrarnos con ofertas cerradas que nos dejan sin margen para poder elegir o, al menos, negociar», señaló el secretario de la Jcrmo.
Molina recordó que, además de la liberalización real, la moción de la Diputación pedía la actualización de los equipos contadores y del sistema de cobro del lecturas, la supresión de los avales bancarios que se exigen para hacer los contratos con las empresas distribuidoras o abrir la posibilidad de la autogeneración de energía, por poner algunos ejemplos de lo aprobado.
La medida aprobada no por el Congreso también llegará a la Cámara Alta, según explicaba ayer la senadora por Albacete, Encarnación Naharro, «entre otras cosas, porque las ha presentado el Grupo Popular; de hecho, los 166 votos en contra son los del grupo socialista que, por razones que sigo sin comprender, votó en contra, pero por fortuna se quedó solo».
Naharro recordó que, el PP presentó dos mociones sobre el mismo asunto, una en la que se pedía el IVA reducido, que es la aprobada por el Congreso y que tambiñen se debatirá y votara en breve en el Senado, y otra más, en la que se pide la prórroga de las tarifas especiales para riego «y a la que también se opone el PSOE».    

Los embalses españoles cuentan actualmente con 32.722 hectómetros cúbicos de agua (hm3), lo que supone que están al 60,2% y una diferencia de 535 hm3 más que el año pasado.

Según los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la reserva hídrica española ha disminuido en 384 hm3 (0,7%) respecto a los niveles de la semana anterior.

Los mayores niveles de agua corresponden a las cuencas internas del País Vasco, que están al 95,2%; a la del Cantábrico, que se sitúa en el 92,3%, y a la del Ebro, que se encuentra al 84,8% de su capacidad total.

En el otro extremo se sitúan las cuencas del Tajo (49,5%), Júcar (37,7%) y la del Segura (34,7%).

En la última semana se registraron precipitaciones en la vertiente atlántica. La máxima se produjo en Santiago de Compostela, donde se registraron 60 litros por metro cuadrado.

la directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Marta Morén, ha asegurado hoy que el Gobierno quiere promover un gran pacto de Estado sobre el agua que, con la mirada puesta en el futuro, «aúne todos los intereses territoriales, sociales, económicos y ecológicos».

Morén ha hecho estas declaraciones en la inauguración del III Encuentro sobre el Agua en Cataluña, que se celebra en Barcelona, donde ha recalcado que el ejecutivo pretende impulsar este pacto «desde su papel de coordinador y garante de la solidaridad y la cohesión territorial».

El cauce idóneo para alcanzarlo, según Morén, son los planes hidrológicos de cuenca, que, como recoge la Directiva Marco del Agua, deberán estar listos el año que viene.

Por esta razón, el ministerio está trabajando para convertir estos nuevos planes «en espacios para el diálogo, el consenso y el pacto».

Morén fundamenta el pacto en la idea de que, desde el punto de vista de la gestión, el agua no puede considerarse «un mero negocio», ya que a pesar de ser un activo económico, «también es un activo social y ambiental», según se indica en una nota remitida por el ministerio.

La Directora general del Agua ha hablado además de la necesidad de un nuevo «Contrato Social con el Agua» basado en la garantía de su disponibilidad y calidad, en su gestión sostenible y eficiente, en el fomento de la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías.

También ha abogado por la potenciación de fórmulas de regeneración y reutilización, en la modernización de regadíos y en la creación de nuevos recursos, y en la desalación como tecnología prioritaria.

El ministerio, ha dicho, tiene la prioridad de hacer compatible el desarrollo económico y el equilibrio ecológico asumiendo la defensa del patrimonio natural y la biodiversidad como una responsabilidad política «de primer orden».

Marta Morén ha señalado que los ejes fundamentales de la política del ministerio son el Plan Nacional de la Calidad de las Aguas para el saneamiento y depuración (2007-2015) y la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.

El Plan Nacional de la Calidad de las Aguas ya se ha puesto en marcha, con un presupuesto de 19.500 millones de euros.

Por su parte, la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, que consolida el programa de voluntariado y se incluye con el plan de choque de vertidos de aguas residuales, el control de la calidad de las aguas y la gestión del dominio público hidráulico, supondrá una inversión de 1.500 millones de euros hasta 2015 y creará alrededor de 5.000 empleo anuales, han informado las mismas fuentes.

Morén ha hecho público también que se está ultimando el borrador de la Estrategia de Sostenibilidad del Regadío, que se presentará próximamente a las comunidades autónomas y a los agentes involucrados en la misma para su negociación.

La medida beneficia a las explotaciones de regadío situadas en ocho términos municipales de la zona noroccidental de Albacete, entre ellos Ossa de Montiel, El Bonillo o Munera

 La Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente (DGA) ha abierto un poco la mano a los regantes del acuífero de Campo de Montiel, a caballo de las provincias de Albacete y Ciudad Real, y les permitirá regar con un poco más de agua durante el ejercicio de 2009.
Así se confirma en una resolución de la DGA publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En concreto, y siguiendo la recomendación de la Junta de Explotación del acuífero, el volumen máximo de extracción autorizable en la zona pasaría de ocho a 10 hectómetros cúbicos.
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino justifica la medida adoptada al señalar que «la precipitación acumulada hasta febrero del presente año ha generado una recarga notable del acuífero, que justifica un incremento del volumen de extracción autorizado».
Por el motivo antes señalado, dentro del perímetro declarado sobreexplotado del acuífero del Campo de Montiel, la extracción de agua no podrá sobrepasar «el límite global de 10 hectómetros cúbicos para regadío».
Esta decisión la adopta el Ministerio de Medio Ambiente y no la Confederación Hidrográfica del Guadiana porque el acuífero del Campo de Montiel fue declarado sobreexplotado en el año 1989, esto es, hace dos décadas.
Técnicamente, el acuífero se llama unidad hidrogeológica 00.04. Tiene una extensión de 2.160 kilómetros cuadrados y, de ellos, 1.394 kilómetros cuadrados pertenecen a una serie de municipios de la provincia de Albacete.
En concreto, son ocho. Los más importantes y, por consiguiente, los más beneficiados por este aumento del agua disponible para riego son Ossa de Montiel, El Bonillo y Munera.
No obstante, el acuífero también se encuentra, del todo o en parte, bajo el subsuelo de otros términos municipales del oeste y el noroeste de la provincia, como El Ballestero, Viveros, Alcaraz, Robledo y Povedilla.
Los regantes de la zona están agrupados en la Comunidad de Regantes de Aguas Subterráneas del Campo de Montiel. Tiene en torno al centenar de usuarios y, además de los municipios albaceteños antes mencionados, hay otros tres de Ciudad Real, que son Villahermosa, Montiel y Villanueva de la Fuente. Todos ellos, al menos durante el 2009, se beneficiarán de este aumento del recurso.    

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, aplaudió hoy la decisión del Congreso de los Diputados de llevar adelante una reducción del IVA en el suministro eléctrico para los regadíos.

   Del Campo consideró que esta iniciativa contribuirá a «aliviar parcialmente» la presión económica que sufren los agricultores a causa de la caída del precio de los productos agrarios y el encarecimiento de la factura eléctrica, tras la supresión de las tarifas especiales para el regadío.

   Esta medida contempla la aplicación de un tipo reducido del 7% en el suministro de electricidad para los regadíos, de acuerdo a lo previsto en la Directiva del Impuesto sobre el Valor Añadido y tomando como antecedente inmediato el caso de Italia.

   Del Campo explicó que la aplicación de este tratamiento fiscal, que adapta la directiva europea a la normativa española, es «muy positiva» para el sector agrario, pero recordó la necesidad de poner en marcha soluciones complementarias que permitan compensar «todo el esfuerzo económico» que están realizando los regantes en la modernización de regadíos.

   En este sentido, adelantó un «otoño caliente» con movilizaciones generalizadas en toda España si el Ejecutivo no adopta un paquete de medidas orientadas a aliviar la «asfixia» económica que padecen los agricultores con el fin de garantizar la competitividad del sector agrario.

   De esta forma, solicitó flexibilidad a las compañías eléctricas en la discriminación de la potencia a contratar por parte de las compañías eléctricas, de manera que se incluya la posibilidad de modificar semestralmente al alza o a la baja cada una de las seis potencias que aparecen en el calendario, y no anualmente como se establece en la actualidad.

   Así, pidió pagar únicamente por la potencia realmente utilizada en lugar de la contratada, ya que la necesidad de energía no es la misma durante todo el año, siendo superior en los meses de abril a septiembre y nula entre octubre y marzo. Actualmente, deben pagar por un servicio que no usan, lo que incrementa los gastos de forma innecesaria.

   Por otro lado, solicitó la devolución del importe del consumo eléctrico, tal y como se hace actualmente para el gasóleo con el impuesto de hidrocarburos. Según datos técnicos de las comunidades de regantes, la devolución del impuesto de la luz supone un 5% del total de la factura.

   Por último, con el fin de avanzar en la modernización de regadíos y minimizar los costes energéticos derivados de este proceso, propuso la elaboración de una normativa estatal que facilite el acceso de las comunidades de regantes a las energías renovables, de manera que se reduzcan los consumos eléctricos de las energías fósiles.

FENACORE dice que calmará la presión económica y pide flexibilidad a las compañías para poder modificar semestralmente al alza o a la baja cada una de las seis potencias que aparecen en el calendario y no anualmente como en la actualidad.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, ha aplaudido la decisión del Consejo de los Diputados de llevar a cabo la aplicación de un tipo reducido del 7 por ciento en el suministro eléctrico para los regadíos.

Del Campo ha manifestado que esto «aliviará parcialmente» la presión económica que sufren los agricultores a causa de la caída de los productos agrícolas y la subida de la luz.

En este sentido, ha vaticinado «un otoño caliente» con movilizaciones generalizadas en toda España si el Ejecutivo no adopta un paquete de medidas con el fin de garantizar la competitividad del sector agrario.

BATERÍA DE MEDIDAS

Así, ha solicitado flexibilidad a las compañías eléctricas para poder modificar semestralmente al alza o a la baja cada una de  las seis potencias que aparecen en el calendario y no anualmente como en la actualidad.

Además ha pedido pagar por la potencia realmente utilizada en lugar de por la contratada, ya que la necesidad de energía no es la misma durante todo el año; y la devolución del importe del consumo eléctricos.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental pretenden que en la futura Demarcación Hidrológica del Júcar, la Albufera de Valencia se desvincule de dicho río y que, en consecuencia, no reciba caudales del mismo, como ahora.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) denunció ayer la gravedad de las consecuencias de dichos postulados castellano manchegos y los tildó de «barbaridad histórica y medioambiental», puesto que, de llevarse a cabo, pondría en peligro el abastecimiento de agua para riego en una amplia zona circundante al lago y cuestionaría el futuro del propio humedal, que es Parque Natural y uno de los espacios valencianos protegidos más emblemáticos y queridos.

La propuesta manchega intenta progresar aprovechando la oportunidad de la próxima reordenación geográfica en la actual Confederación Hidrográfica del Júcar, que en un futuro próximo separará las pequeñas cuencas fluviales que sólo pertenecen a una comunidad autónoma de las que son intercomunitarias. Las primeras pasarán a ser competencia de la autonomía correspondiente y las segundas seguirán dependiendo del Estado, componiendo la nueva Demarcación Hidrográfica del Júcar.

Lo que parece más probable es que de la actual CHJ se desgaje, al norte, la cuenca del fronterizo Cènia, con territorios en Castellón y Tarragona, que pasaría a la Confederación del Ebro y, así, podría recibir en un futuro próximo aguas trasvasadas de este.

La futura Demarcación del Júcar incluiría la cuenca propiamente de este río, la del Vinalopó, la del Turia, la del Palancia y la del Mijares.

Los pequeños cauces fluviales o de ramblas, con caudales esporádicos y de régimen torrencial, que se encuentran en la provincia de Castellón, entre el Mijares y el Cénia, pasarían a ser consideradas como «cuencas internas de la Comunitat Valenciana» y su gestión dependería de la Generalitat. En el mismo caso de asignación autonómica estarían, al sur, los ríos Serpis, Girona, Algar, Gorgos, Amadorio, Monnegre y ramblas y barrancos de la provincia de Alicante entre el Vinalopó y el Segura.

Pero ahora, Castilla-La Mancha defiende también que quede como «cuenca interna de la Comunitat Valenciana» la de la Albufera, con lo que el lago y el arrozal que lo rodea quedarían desgajados de los caudales del Júcar y dependerían sólo de los barrancos de Chiva (también llamado del Poyo, Torrent o Massanassa) y Picassent (conocido así mismo como de Beniparrell).

Estos barrancos son, como su denominación indica, cauces decaudal muy esporádico, con importantes crecidas ocasionales cuando se registran fuertes lluvias otoñales y largos periodos de estiaje. La mayor parte del año, y de todos los años, son cauces secos.

Por tanto la pretensión castellano manchega entraña el peligro, como apunta AVA, de que pueda consolidarse una nueva situación jurídica en la que la Albufera y el arrozal no tuvieran, como ahora, derecho a recibir con regularidad los caudales que les llegan a través de acequias del Júcar, y, en todo caso, las aportaciones necesarias tendrían que ser aprobadas de forma extraordinaria por el Gobierno, en un régimen de precaridad.

Según fuentes de AVA, la petición manchega se apoya en los argumentos del CREA (Centro Regional de Estudios del Agua), un instituto de la Universidad de Castilla-La Mancha que trabaja con el claro objetivo de aportar datos y razonamientos para lograr una reasignación de recursos hídricos en favor de su región.