Las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura no son dogma de fe, y tampoco obligan al Gobierno central a la hora de autorizar envíos de agua a la Región de Murcia. Así viene recogido en la última sentencia del Tribunal Supremo, que rechaza un recurso que presentó el Gobierno de Castilla-La Mancha a un desembalse de 82 hectómetros cúbicos realizado en el verano del 2005. El Supremo también ha rechazado recientemente otro recurso de la comunidad autónoma vecina a un riego de socorro con agua del Tajo aprobado en otoño de mismo año.

En este caso, el Gobierno de Barreda argumentó que el Consejo de Ministros había autorizado un desembalse con un volumen superior a lo que marcaban las reglas de explotación del acueducto, que limita a 23 hectómetros por mes el envío de caudales cuando existen circunstancias excepcionales en los pantanos de la cabecera del Tajo.

También alegó que la Comisión de Explotación, presidida por Medio Ambiente, no había propuesto un volumen concreto. El Supremo recuerda que las propuestas que hace la Comisión de Explotación tienen un carácter técnico, indicativo y orientativo, y que se abstuvo de decidir el desembalse en aquella ocasión debido a la situación hidrológica excepcional que dejaba la decisión en manos del Consejo de Ministros.

El alto tribunal sostiene que el Gobierno no queda sujeto para fijar el agua trasvasable a la referida regla, no sólo por ese carácter técnico, indicativo y orientativo que tiene, sino porque las circunstancias excepcionales requieren tener en cuenta una serie de datos o factores que son los que ha ponderado el Consejo de Ministros con independencia de que la regla mentada prevea un volumen trasvasable de 23 hectómetros al mes.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha anunciado «un otoño caliente» con movilizaciones generalizadas en toda España si el Gobierno no transige e introduce las modificaciones legislativas necesarias que faciliten la adaptación de los regantes al mercado liberalizado de la energía eléctrica.

Tanto el Congreso como el Senado aprobaron una proposición no de ley en la que instaban a aplicar un tipo reducido del 7 por ciento en el suministro de electricidad para los regadíos, sin embargo, el Gobierno «desoyendo una moción aprobada por las dos Cámaras» se ha negado a aplicar dicha reducción, lo que supone, según del Campo, un «profundo varapalo» para el sector.

En este sentido, afirma que «las consecuencias más graves» del incremento «continuado y periódico» de la factura eléctrica se harán notar especialmente en estos meses de verano en los que es necesario intensificar las campañas de riego, disparando el gasto energético a «cotas inasumibles» y poniendo en peligro las viabilidad del sector y los procesos de modernización en curso.

Asimismo, el presidente de FENACORE, ha explicado que, lo primero que harán desde la Federación que dirige, es recoger firmas a través de las juntas de gobierno de las comunidades de regantes con el fin de que el Ejecutivo se replantee su negativa y no descarta poner en marcha una campaña de recogida de 500.000 firmas que les permita obtener el apoyo suficiente para presentar una propuesta legislativa por iniciativa popular ante el Congreso de los Diputados.

El presidente de la Diputación, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, han hecho balance del convenio de obras hidráulicas para el período 2008-2009,y han firmado una adenda para ampliar el plazo de ejecución en seis meses, lo que permitirá realizar un total de 68 obras, 58 de ellas de abastecimiento y 10 de saneamiento.

El presidente de la Diputación ha recordado que el convenio vigente supondrá una vez finalizado una inversión de 10 millones de euros, de la que se han beneficiado hasta la fecha 51 municipios que engloban a más de 42.000 habitantes, que han visto mejorado en calidad y cantidad el suministro de agua.

Ruiz Santos ha señalado que todas las obras que se han llevado a cabo gracias a este convenio con la Consejería, que se firmó por primera vez en 2005, han posibilitado modificar el mapa de la provincia de Albacete, de tal forma que muchos de los sitios en los que se ha actuado eran los mismos a los que hace apenas dos años tenían que ir los camiones cisterna de la Diputación para garantizar el suministro de agua.

«En la actualidad -ha señalado Ruiz Santos- los camiones de Diputación sólo acuden a cuatro núcleos de población: Las Muelas (Bogarra); Casa Rosa (Paterna del Madera); Fuentes del Taif y Horno Ciego (Elche de la Sierra), cuando hace unos años estábamos obligados a dar servicio a más de una veintena de pedanías y municipios».

Financiación

El presidente de la Diputación ha destacado también la diligencia con las que se ha administrado y gestionado el presupuesto del convenio, agradeciendo a la Comisión de Seguimiento y

Pueblos beneficiados de las obras: Abengibre, Aguas Nuevas, Alatoz, Albatana, Alborea, Alcadozo, Alcalá del Júcar, Alcaraz, Alpera, Ayna, Balazote, Balsa de Ves, Barrax, Bienservida, Bogarra, Bonete, Carcelén, Casas de Juan Nuñez, Casas Ibáñez, Casas de Lázaro, Caudete, Corral Rubio, Cotillas, Chinchilla de Montearagón, Elche de la Sierra, Higueruela, La Herrera, Liétor, Motilleja, Munera, Mahora, Molinicos, Montealegre del Castillo, Nerpio, Ontur, Paterna de Madera, Peñas de San Pedro, Peñascosa, Pétrola, Riópar, Robledo, Salobre, Vianos, Villapalacios, Socovos, Villatoya, Villaverde de Guadalimar y Yeste.

Control su trabajo y a los servicios de Hidrogeología y de Contratación de la Diputación.

Sánchez Pingarrón, ha recordado que este convenio, que tiene el antecedente de uno anterior con dotación inferior, está financiado en un 75% por la Consejería, un 25% por la Diputación y una pequeña cofinanciación municipal para que los ayuntamientos se impliquen.

Pingarrón ha dejado claro que las obras objeto de este convenio son de competencia municipal, aunque ello no impide que aunque la Junta realice grandes infraestructuras en materia hidráulica también apoye a los ayuntamientos que tienen menos recursos para poder acometer actuaciones de su titularidad.

El incremento de agua en los embalses de uso consuntivo en la Cuenca del Júcar es de un 34, 7 por ciento mayor que la que hace un año, según se recoge en el Informe Hidrológico.

En la actualidad se dispone de un 35,1 por ciento total de la reserva (Uso consuntivo más hidroeléctrico), lo que suponen 1.169 hectómetros cúbicos, disminuyendo esta semana la reserva en 25 Hectómetros cúbicos respecto de la semana pasada (1.194)

El informe indica que en la actualidad se dispone de un 0,8 por ciento menos que hace una semana de reserva de agua (1.169 hectómetros cúbicos frente a 1.194 hectómetros cúbicos.

El año pasado por estas fechas había un 27,0 por ciento, ahora un 35,1 por ciento, 8,1 puntos más que el año pasado.

La reserva de agua ha aumentado en 13,2 puntos más que hace dos años.

Se dispone de un 7,5 por ciento más que la media de los últimos 5 años y un 7,6 por ciento que en los últimos 10 años.

Hace un año se disponía de 903 hectómetros cúbicos y ahora 1.169, es decir, 266 hectómetros cúbicos más, un 29,5 por ciento más.

La media de los últimos 5 años era de 922 hectómetros cúbicos y ahora 1.169, es decir, 247 hectómetros cúbicos más, un 26,8 por ciento más.

La media de los últimos 10 años era de 921 hectómetros cúbicos y ahora 1.169, es decir, 248 hectómetros más, un 26,9 por ciento más.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, negó ayer que el informe remitido por el Ministerio de Medio Ambiente a la UE sobre la situación de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó plantee una disminución del caudal.

La afirmación de Moragues se produce tres días después de que el Consell y los regantes denunciaran, tal y como publicó LAS PROVINCIAS, que el documento elaborado por el Ministerio incluye una reducción del caudal del trasvase Júcar-Vinalopó de los 80 hectómetros cúbicos inicialmente previstos a 51,6.

Para el presidente del órgano de Cuenca, es «falso» interpretar así el documento. Moragues aseguró ayer, durante la visita a las obras de la desalinizadora de Oropesa recién iniciadas, que el informe se hizo público ante unas 20 personas y únicamente «el representante de la Generalitat entendió eso». Además, incidió en que los propios usuarios del trasvase «no entendieron eso».

Precisamente los usuarios, por boca de su presidente, Andrés Martínez, y frente a lo que ayer dijo Moragues, denunciaron la política del órgano de cuenca y anunciaron que van a remitir una carta al Ministerio de Medio Ambiente quejándose de su actuación.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, también presente en el acto, fue mucho más prudente. Sin negar la reducción de caudales, tal y como hizo el lunes, se limitó a decir que el trasvase «nos permitará que llegue agua a las comarcas del sur de la Comunitat, y nosotros no tenemos ningún veto a cualquier medida que suponga solucionar los problemas de agua, lo que ocurre es que tras nuestras decisiones hay razones».

La directora general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Marta Morén, aseguró ayer que la nueva desalinizadora cubrirá las necesidades de la comarca de La Plana de Castellón con «calidad» y preservando el medio ambiente.

La planta, cuya inversión asciende a 55,5 millones de euros, producirá 21,5 hectómetros cúbicos anuales de agua destinada al abastecimiento de unas 150.000 personas en Oropesa , Cabanes y Benicàssim. En caso de incrementarse las necesidades, la desalinizadora puede incrementar su capacidad de producción hasta los 43 hectómetros anuales. Según Morén, «se trata de una actuación que es coherente y está en la línea de los objetivos fijados por la Directiva Marco del Agua, ya que contribuye a garantizar el suministro suficiente de agua en buen estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo».

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que abastecen a la Comunitat Valenciana han perdido 23,20 hectómetros cúbicos durante la pasada semana y se han situado en los 1.174,67 hectómetros cúbicos, lo que supone el 35,10 por ciento de los 3.346,6 hectómetros de su capacidad total.

Según han informado hoy en un comunicado fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, 22 han disminuido el agua embalsada, tres han aumentado y el resto se han mantenido invariables.

El mayor descenso se ha producido en Tous-La Ribera, en el sistema del bajo Júcar, que almacena 9,16 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior y se encuentra por debajo de la mitad de su capacidad total (32,37%), seguido del embalse de La Muela, que ha perdido 5,71 hectómetros y se sitúa al 53,77 por ciento de su capacidad.

Frente a estos, el embalse que ha registrado el incremento de agua más importante ha sido el de Cortes II que ha recibido 2,69 hectómetros cúbicos más y se sitúa al 91,48 por ciento de su capacidad de 118 hectómetros cúbicos, seguido del embalse de El Naranjero que ha aumentado en 2,24 hectómetros y está al 74,63 por ciento.

Otros embalses que han visto disminuidas sus reservas han sido Benageber con 2,62 hectómetros menos, Alarcón con 2,30 menos, o Bellús, con 2,26 menos, mientras que los que han mantenido el mismo nivel de reservas que la semana anterior han sido los de Algar y Almansa.

Por sistemas, el de Marina Baja/Serpis almacena el 79,30% de su capacidad; el del Turia está al 73,17%; el Palancia/Mijares/Cenia al 53,32%, y el del Júcar al 28,30% de su capacidad total.

El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, mostró ayer su malestar por el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no les haya consultado la decisión de reducir el trasvase de los 80 hectómetros cúbicos anuales inicialmente previstos a 51 (un 35% menos), tal y como figura en un informe del Ministerio de Medio Ambiente remitido a la Unión Europea sobre la situación de las obras que ayer publicó LAS PROVINCIAS.

Para Martínez, la CHJ les ha «ninguneado» y «tomado el pelo» al no contar con ellos antes de tomar esta decisión. Lamentó, además, que frente a la marginación con la que se trata a los usuarios, que pagan de su bolsillo parte de las obras, la Confederación «sí cuenta con grupos ecopacifistas», en referencia a Xuquer Viu.

Andrés Martínez indicó que la Junta va a remitir una carta al Ministerio de Medio Ambiente para quejarse del trato que les está dando la CHJ. Martínez explicó que frente al cambio de actitud de Elena Espinosa, la Confederación mantiene el «sectarismo de los tiempos de Cristina Narbona».

El Consell también mostró ayer su malestar por la decisión «unilateral» del Gobierno. Para el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, el trato del Ministerio de Medio Ambiente únicamente se puede definir como «indignante».

El conseller apuntó que el Ministerio ha actuado «sin previo conocimiento y de forma unilateral» y teniendo tan sólo en cuenta la postura de la «nueva cultura del agua» para decidir el futuro de los recursos hídricos de la Comunitat.

El responsable de Medio Ambiente calificó de «sectaria» la posición del Ministerio. García Antón recordó «el esfuerzo» que está realizando la Generalitat para «depurar y reutilizar el agua y modernizar los regadíos».

Lo más grave, según el Consell, es que el agua que se ahorra gracias a esas inversiones no se reparte de forma equitativa. «Cada vez llegan menos recursos al Vinalopó», según García Antón, y los que lo hacen son de peor calidad. En cambio, la política que se aplica en Castilla-La Mancha es diferente, explicó.

A una política de racionalización de los recursos, el Gobierno «nos paga con desprecio, con menos agua, con la problemática del Vinalopó, del Tajo-Segura y con la ausencia de agua del Ebro, mientras cada vez hay más regadíos en Aragón y Cataluña».

El secretario general del PP, Ricardo Costa, calificó la reducción del caudal del Júcar-Vinalopó de «crónica de una muerte anunciada». El dirigente popular apuntó que la decisión obedece a «intereses políticos y no técnicos». «Está en el guión», dijo Costa.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, se limitó ayer a señalar que el trasvase es «un gran proyecto, por la cuantía de su inversión y por los trabajos que requiere», y remarcó que su grado de ejecución «está muy avanzado».

Sobre la reducción de los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó, el delegado del Gobierno optó por no pronunciarse. Peralta aprovechó para hacer un llamamiento a la Generalitat para «actuar todos juntos para que el día que esté disponible esté disponible efectivamente».

El 70% del campo valenciano funciona ya con técnicas de ahorro de agua. Con esta modernización, el 17% de la superficie de cultivo en España que utiliza el riego por goteo se encuentra en la Comunitat. Todo ello ha permitido un ahorro cercano a los 140 hectómetros cúbicos anuales. El principal beneficiado del esfuerzo realizado por la Administración autonómica y los agricultores valencianos ha sido el regadío de Castilla-La Mancha.

Los campos de Albacete están recibiendo aportes de alta calidad del embalse de Alarcón gracias a que el agricultor de la Comunitat emplea agua depurada.

La mayor parte de los cultivos del regadío manchego están subvencionados, mientras que la producción en los campos de la Comunitat es intensiva y de alta rentabilidad.

El Plan Hidrológico del Júcar prevé un máximo de extracciones de 320 hectómetros cúbicos del acuífero de la Mancha Oriental para evitar la sobreexplotación. Pero desde 2000, la Confederación del Júcar ha autorizado que se utilicen unos 400 hectómetros cúbicos, salvo los años de sequía.

La Confederación indemnizó a los agricultores albaceteños por dejar de regar con la compra de derechos de agua durante estos periodos. En el caso de los valencianos, la política fue restrigir los aportes al campo.

El Plan del Júcar también establece que los agricultores de La Mancha puedan recibir 125 hectómetros del embalse de Alarcón a cambio de la clausura de pozos y la modernización de regadíos para ahorrar 65 hectómetros. En estos momentos, están percibiendo la totalidad del aporte sin haber realizado las obras de sustitución. La Confederación ya ha regularizado 459,3 hectómetros, es decir, prácticamente el máximo posible.

El incremento del agua para el regadío de La Mancha se ha conseguido gracias a los esfuerzos del campo valenciano. Una circunstancia que acredita unos criterios de solidaridad en el reparto de los recursos hídricos que no parecen ser compartidos por todas las autonomías españolas.

A todo ello se suma ahora que Castilla-La Mancha pretende poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura con la aprobación de la reforma del Estatuto, una obra que se considera fundamental para la supervivencia de la agricultura en el sur de la provincia de Alicante.

Más de una década después, 12 años para ser exactos, el trasvase Júcar- Vinalopó vuelve a ser la piedra en la cual tropieza la planificación de la cuenca hidrográfica del Júcar.
En 1997, este trasvase fue el detonante de una movilización masiva de la sociedad manchega y, especialmente, la albaceteña, en exigencia de un reparto más justo y equitativo de los recursos hídricos de la cuenca.
Hoy, para hacer viable esta obra, la Comisión Europea ha propuesto una batería de medidas que no sólo afectan a la Mancha Oriental, sino también a otras partes de la cuenca, como el propio Vinalopó, que han caido como una bomba entre los afectados.
«Ha sido toda una encerrona -decía ayer a La Tribuna el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, Francisco Belmonte- porque no sabíamos nada de estas condiciones adicionales hasta que nos las encontramos sobre la mesa, el pasado miércoles».
Estas condiciones se pusieron sobre la mesa del Comité de Seguimiento de las Obras del Júcar-Vinalopó. Y, en la parte que le toca a la Mancha Oriental, se plantea una «restricción ambiental» de entre 30 y 50 hectómetros cúbicos para sus usuarios.
La historia de estas restricciones se remonta al año 2003. Por aquella época, y en medio de una tremenda controversia social, política y ambiental sobre este trasvase, la Unión Europea estableció una serie de condiciones para financiar esta infraestructura con 120 millones de euros de los fondos Feder, el 50% del presupuesto estimado.
«Casi nadie se opuso a las condiciones -recordaba Belmonte- porque todas eran asumibles y casi todas ellas encajaban bien con el articulado del Plan Hidrológico de Cuenca del año 98, aún vigente y en proceso de revisión».
Por poner algunos ejemplos, se planteaba que los caudales a trasvasar -80 hectómetros máximo- debían proceder de las medidas de ahorro de aguas para riego, o la creación de unas normas de explotación del trasvase que respetasen las necesidades de la cuenca, ambientales incluídas.
En 2006, la UE detalló aún más los criterios pero, salvo alguna imprecisión en las expresiones -se eliminó el término «modernización»- tampoco había nada que se considerase inasumible por las partes.
«Hasta que llegó el miércoles -señáló Belmonte- y nos encontramos con un documento de 250 folios, en el que, con el Plan del Júcar a medio revisar, sin consultas previas, ni petición de informes, ni alegaciones previas, vamos, lo habitual en la UE, nos pretenden imponer una serie de restricciones y de recortes a varios de los usuarios, con las que no contábamos y que, sin formar parte del proceso de revisión del Plan Hidrológico de Cuenca, lo condicionan por completo».
El presidente de los regantes manchegos señaló, además, que una restricción de ese calibre echaría el esfuerzo de décadas hecho en programas como la sustitución de bombeos, que se basan en cambiar volúmenes de agua subterránea por volúmenes de aguas superficiales, y que ya ha llegado a su segunda fase.
«Pero lo que realmente sorprende es el proceder de Bruselas -indicó- porque Europa había sido hasta ahora una administración muy garantista; te escuchaban, al final, podían decidir en tu contra, pero siempre oían a todas las partes, no te tendían emboscadas como ésta».    

La Unión Europea ha impuesto una serie de condiciones para aportar la subvención de 120 millones de euros al trasvase Júcar-Vinalopó. Por un lado, se exige al Gobierno que la transferencia no afecte a L’Albufera, tanto en la calidad como en la cantidad de los aportes.

Además, la Unión Europea reclama una solución a la sobreexplotación de los acuíferos que se encuentran tanto en la Comunitat como en Castilla-La Mancha. Muchos de ellos se encuentran en muy mal estado y se pide que se realicen distintas actuaciones para su regeneraciòn.

La tercera petición de la UE es que se cuide la calidad de los vertidos que se realizan al Júcar. Para ello, se ha reclamado el establecimiento de instalaciones depuradoras a lo largo del curso fluvial.