COAG-

La alimentación, una preocupación de toda la sociedad que se ‘cocina’ en Bruselas

La actual Política Agraria Común (en adelante PAC) representa un 33% del presupuesto total de Unión Europea (un 42% si incluimos las políticas de desarrollo rural). Las últimas directrices establecidas en el llamado Chequeo Médico y la adhesión de nuevos países eminentemente agrícolas a la Unión Europea preocupan tanto a los productores/as como a los consumidores/as europeos. Sin embargo, la campaña electoral para las elecciones europeas que estamos viviendo durante las últimas semanas adolece de un debate serio y riguroso sobre el futuro de la agricultura y la alimentación en Europa, y en el Estado Español; en definitiva no se discute sobre la principal política común europea. Mientras tanto, desde finales de 2007 y principios de 2008 tiene lugar la mayor crisis alimentaria de las últimas décadas, producida por una subida espectacular de los precios de algunas materias primas agrícolas, así como de los costes de la producción agraria. En la última parte de 2008 asistimos a una elevada volatilidad de los precios y al desplome de las cotizaciones de las materias primas agrícolas con similar intensidad con la que en su día subieron.

En los próximos meses van a estar sobre la “mesa” distintos debates y decisiones que son cruciales para el futuro de la agricultura y la alimentación en toda Europa y también en muchas otras partes del mundo: comienza el debate de la Política Agraria Europea 2013 enmarcado y condicionado por el debate del presupuesto de la Unión Europea, la nueva ronda de Doha (OMC) y negociaciones de libre comercio con Centro-América, comunidad andina, área euromediterránea (Marruecos, Túnez, Egipto) y Mercosur entre otras.

Los partidos políticos y futuros parlamentarios europeos van a participar y decidir sobre todas estas cuestiones, por este motivo COAG, y las organizaciones de consumidores UCE, CEACCU Y CECU, consideramos de especial interés que los partidos políticos debatan e incluyan en su agenda electoral estos temas que son de vital importancia para los agricultores, los consumidores y en definitiva para el conjunto de la sociedad. La actual PAC está supeditándose a los acuerdos de la OMC y los tratados de libre comercio que colocan a la agricultura y la alimentación en la especulación de los mercados internacionales. Estos acuerdos destruyen la agricultura social y familiar en Europa y en todo el planeta, con consecuencias, también, para derechos básicos de los consumidores como el acceso a alimentos seguros a precios razonables. Por todo ello, las preguntas que nos hacemos de cara a los partidos políticos son las siguientes:

¿Qué PAC van a defender los parlamentarios? ¿Cómo piensan defender nuestras producciones y nuestra alimentación en los distintos organismos de la Unión Europea? ¿Qué tipo de apoyos a la agricultura van a defender para la PAC post 2013? ¿Qué presupuestos tienen pensado defender? ¿Cómo se van a distribuir las ayudas a partir de entonces? ¿Se va a seguir incentivando el abandono como con el desacoplamiento en contra del mantenimiento de la actividad? ¿Se van a seguir otorgando la mayor parte de las ayudas a empresas (muchas de ellas ajenas al sector) en vez de a las pequeñas y medianas explotaciones que viven de la actividad agraria? ¿Qué van a hacer para que los precios al agricultor cubran los costes de producción y que el consumidor pague unos precios razonables? ¿Qué se va a hacer para conseguir que la formación de los precios en los mercados agroalimentarios sea transparente? ¿Cómo se van a evitar las situaciones de abusos en las relaciones comerciales y el desarrollo de prácticas agresivas por parte de las cadenas de distribución? ¿Qué van a proponer para mejorar los controles de las importaciones en los distintos puertos de la Unión para que no se hundan los mercados europeos? Todas estas preguntas están íntimamente relacionadas y se podrían resumir en dos: ¿Se va a apostar decididamente por potenciar un modelo social de agricultura con el objetivo de hacer rentable la producción agrícola y ganadera para mantener la actividad en el medio rural y conseguir una mayor protección del medio ambiente y los derechos de los consumidores? ¿Va a ser considerada la agricultura y por lo tanto la alimentación como sector estratégico de nuestra economía y defendido como tal ante las instancias europeas?

SECTOR AGRARIO, LA BASE DE LA ALIMENTACIÓN EN CRISIS

Durante 2009 y en el contexto de crisis económica que nos encontramos, hemos podido comprobar como, mientras los márgenes comerciales de los productos agroalimentarios seguían subiendo de forma generalizada en toda Europa, se desplomaban los precios en origen de algunos productos básicos como la leche , el aceite de oliva y algunas frutas y hortalizas. La Comisión Europea ha tenido que poner en marcha el almacenamiento privado de 110.000 tn de aceite de oliva ante tal situación. La volatilidad de los precios, las estrategias de abuso de poder en la cadena de valor por parte de la distribución comercial y la falta de transparencia de los mercados en toda Europa no favorecen en ningún caso ni a productores/as ni a consumidores/as.

En este marco, se ha aprobado la reforma del “chequeo” de la PAC, que supone la profundización de la gran reforma de las políticas agrarias europeas acometida en 2003. Junto al “desacoplamiento”, estas reformas se caracterizan por la “desregulación” de los mercados: bajada de precios a nivel de mercado mundial, apertura de fronteras y eliminación de mecanismos como la intervención o las cuotas. Es decir, se fomenta la especulación y el abandono, en lugar de la producción agraria y la permanencia de los/as agricultores/as en las explotaciones.

Se trata de una reforma que vuelve la espalda a lo que está sucediendo en los mercados alimentarios mundiales y actúa como si nada ocurriera, siguiendo el plan preestablecido desde 2003 y dejando a la agricultura y la alimentación europea en manos de un mercado desregulado y de las producciones de terceros países, sin los controles de calidad y seguridad que se exigen a las nuestras y a precios especulativos que arruinan nuestras explotaciones, al tiempo que se cae en una dependencia suicida del exterior.

El chequeo trae consigo además un recorte radical de las ayudas directas, ya que al tijeretazo del 10% hay que unirle la congelación de dichas ayudas hasta 2013, por lo que con el efecto de la inflación el recorte total se puede cifrar en torno al 35%, algo inasumible para la mermada rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias. En el conjunto de la Unión Europea, el año agrario 2008 ha sido pésimo, teniendo en cuenta que los factores agro-climáticos han evolucionado dentro de la normalidad, lo que pone ante el espejo una realidad del sector agrario que evoluciona en caída libre. El descenso de la renta agraria en la UE durante dicho año fue del -3,5%.

Todos estos datos reflejan una situación en la que, mientras que los precios en el campo se han desplomado de forma generalizada, los/as agricultores/as y ganaderos/as han sufrido un incremento de los costes de producción. En este contexto de subida de costes, caída de precios agrarios y reducción de los apoyos comunitarios, las organizaciones firmantes reivindican el carácter estratégico de la alimentación para evitar la dependencia del exterior y el encarecimiento de los alimentos, defendiendo el principio de soberanía alimentaria tanto para la Unión Europea como para los países pobres y en vías de desarrollo, en el marco del modelo social de agricultura. El mantenimiento de la actividad agraria es esencial para conservar el empleo y la vida en el medio rural.

LA NECESIDAD DE DESARROLLAR POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA IMPULSAR
UN SECTOR AGRARIO SOSTENIBLE

La crisis del sector agrario ha estado acompañada por una crisis alimentaria de alcance mundial, que no se ha solucionado como algunos piensan con las últimas bajadas del precio de las materias primas agrícolas y que ha mostrado el fracaso de las políticas ultraliberales aplicadas hasta ahora a la agricultura y la alimentación. El mercado no hace función de regulación, sino que se comporta de forma especulativa generando un encarecimiento abusivo de la alimentación en toda Europa al tiempo que ocasiona graves problemas alimentarios en muchas partes del mundo, con más de mil millones de personas afectadas por el hambre. La desregulación de los mercados pone en serio peligro de desaparición a las pequeñas y medianas explotaciones, a la economía social agraria, tanto en los países pobres como en el conjunto de Europa.

Exigimos como necesaria una reforma de la PAC con una orientación social y de preservación de los valores estratégicos de la actividad agraria. Esto significa que Europa debe renovar su apuesta por la agricultura social, garantizando la seguridad alimentaria en el marco de la soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente y el medio rural. Los/as agricultores/as tenemos que ver reconocida y valorada nuestra labor, principalmente a través de unos precios justos para nuestros productos y accesibles para los consumidores lo que hace imprescindible desarrollar políticas de regulación y transparencia de los mercados. La producción agraria y alimentaria no puede considerarse como meras mercancías para la especulación, sino como recursos estratégicos y vitales para garantizar el derecho de las personas a una alimentación segura.

Las ayudas directas a la renta, cuando sean necesarias, tienen que estar vinculadas a la actividad agraria desarrollada en las explotaciones (ayuda por activo agrario), con lo que se conseguiría una redistribución de los fondos con legitimidad económica y social, frente al despilfarro de las ayudas actuales concedidas en buena medida a absentistas ajenos al sector agrario. En este nuevo escenario, el protagonismo de los Estados Miembros en la elaboración de las políticas agrarias, debe ser necesariamente mucho mayor que en el pasado, extendiéndose cada vez más hacia la vertiente económico-social de la actividad agraria.

En medio de la actual crisis, desde algunas instancias públicas no se les ocurre otra opción que acometer una nueva reconversión del sector agrario reduciendo aún más la población activa, con el falso argumento de incrementar “competitividad”. Nosotros rechazamos este enfoque porque se está llegando al límite de la viabilidad social del sector. Un sector, por otra parte, profesionalizado y eficiente que no puede ser obligado a competir frente a la explotación social, económica y medioambiental que practican las multinacionales y poderosos agroexportadores en los países pobres.

La gran cuestión es si se quiere mantener el sector agrario dada su naturaleza estratégica y sus múltiples funciones (desde el punto de vista alimentario, medio ambiental, social y territorial) o se pretende entregar la alimentación a los mercados especulativos. Una mayor destrucción de nuestra agricultura supondrá un aumento de las importaciones y como consecuencia unos alimentos más caros para los/as consumidores/as y la posible asunción de más riesgos de seguridad alimentaria.

Estas decisiones estratégicas se están demorando en un momento en el que el tiempo se nos acaba. Los responsables políticos deben buscar los acuerdos que permitan establecer estrategias de futuro para nuestro sector. Los/as agricultores/as tienen graves problemas en la cadena de distribución agroalimentaria, que están afectando negativamente a sus rentas como por ejemplo, la presión “hacia abajo” de los precios en origen, el retraso abusivo de los pagos en el tiempo, importaciones cada vez en mayor volumen y con menor control, devolución injustificada de productos, no remuneración de los costes de producción, inexistencia de contratos-tipo y relaciones interprofesionales equilibradas. Los consumidores/as, por su parte, están pagando precios excesivos por los productos agrarios en relación a lo que percibe el agricultor/a o ganadero/a por ellos.

1) PROPUESTAS DE MEDIDAS DE POLITICA AGRARIA Y ALIMENTARIA
− Una nueva Política Agraria Común, una nueva PAC que apueste por el modelo social de agricultura, la soberanía alimentaria, la regulación de los mercados y consolide unos precios rentables en el campo y asumibles por los consumidores. La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico para el conjunto de la sociedad y así se explica la necesidad de políticas públicas para mantener un modelo social de agricultura y alimentación. Sectores básicos que deben ser protegidos en la UE y en nuestro país para evitar la dependencia del exterior, el encarecimiento de los alimentos al consumidor y el abandono de la actividad agraria.

− Medidas de seguimiento que eviten las situaciones de abuso sobre productores/as y consumidores/as. Vigilancia especial de los mercados en origen y en destino por parte de las administraciones públicas, tratando de analizar en profundidad la transparencia de los mismos, así como las prácticas desleales y posiciones de dominio que en él se están dando.

− Medidas estructurales que propicien una mayor participación de los productores/as y de los consumidores/as en la cadena comercial agroalimentaria, en el valor final de los productos y en la información comercial de los mismos, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual en la que los/as productores/as están viendo seriamente amenazadas sus explotaciones y los/as consumidores/as ven cómo se les incrementan los precios paulatinamente.

− Establecimiento de un marco de comercialización agroalimentaria que contribuya a normalizar las relaciones comerciales de tal forma que se sean equitativas, transparentes y justas para todos los agentes.

− Garantizar la seguridad de los consumidores intensificando el control de las importaciones de productos agroalimentarios asegurando así la no comercialización de productos que puedan contener sustancias prohibidas en la UE.

− Implantar un sistema de doble etiquetado (precios origen/precios destino) como criterio al servicio de la información al consumidor, que propicie el conocimiento del valor real de los productos y la detección de distorsiones interesadas de precios.

− Legislación contra la morosidad en las operaciones comerciales que propicia que las cadenas de distribución agroalimentaria puedan pagar a 90 días a sus proveedores en la mayor parte de los casos.

− Garantizar el mayor nivel posible de seguridad alimentaria no sólo es un derecho irrenunciable sino un requisito imprescindible para sostener la confianza del consumidor y, por tanto, la estabilidad económica del sector, por lo que debería rechazarse la utilización e implantación de los Organismos Modificados Genéticamente (OGMs).

− El problema de los costes de producción está adquiriendo cada vez mayor importancia: en un marco caracterizado por precios congelados y a la baja, así como por las incontroladas importaciones de terceros países, una buena política de costes de producción resulta determinante para la viabilidad de las explotaciones.

COAG-IR de Castilla-La Mancha ha recomendado a los agricultores y ganaderos que consulten antes de finales de junio las ofertas de las compañías eléctricas para contratar, si fueran interesantes, las tarifas que ofrece el mercado liberalizado.

03/06/2009 (Noticia leida 161 veces)

COAG-IR ha constatado que, independientemente de que la liberalización del mercado eléctrico pueda o no tener efectos positivos a medio y largo plazo sobre la competencia en dicho sector , de momento, representa un incremento de la factura eléctrica al tener que asumir una parte del déficit tarifario (diferencia entre el precio de producción de la energía eléctrica y el precio de venta) que hasta ahora financiaba el propio Estado.

La organización agraria se pone a disposición de los agricultores interesados para solicitar ofertas individualizadas a las compañías que, como Unión FENOSA, están ofreciendo en Castilla-La Mancha un tratamiento especial para los suministros de regadío.

No obstante, al margen de estudiar las ofertas, COAG-IR sugiere a los agricultores que quieran abaratar su factura eléctrica que contraten la potencia en función de las necesidades de los períodos valle, llano y punta.

“En términos de potencia pagamos por lo que tengamos contratado, pero no es necesario en el mercado liberalizado que para esos períodos tengamos la misma potencia contratada. Es decir, si necesitamos 20 Kw para alimentar nuestro motor, podemos contratar esos 20 Kw en el período en el que realmente los vayamos a consumir (procurando, además, que coincida si es posible con los más baratos) y contratar mucha menos potencia en los períodos en los que no la utilicemos”, subraya la organización agraria.

Asimismo aconseja que se respete escrupulosamente el uso de la potencia de cada período, en función de la potencia contratada y ajustarse a los horarios más baratos, ya que el precio se respeta siempre que la potencia usada oscile entre el 85 % y el 105 % de la contratada. “Por debajo del 85 % se bonifica el precio en un 15 %; pero si se supera el 105 % , lo que se paga es prácticamente el doble de lo normal”.

Otra de las recomendaciones de COAG-IR para abaratar la factura es la eliminación de la energía reactiva, cuyo complemento puede suponer penalizaciones importantes en el gasto eléctrico, mediante la instalación de equipos reductores o baterías de condensadores, además de contar con equipos de medida, acordes a la tensión de la línea (en alta o en baja).

Iberdrola ha puesto en marcha un programa de reuniones, una de ellas en Toledo, con más de 300 asociaciones de consumidores y oficinas municipales de información al consumidor (OMIC) en toda España para informarles sobre la liberalización del sector eléctrico y facilitar la adaptación de los usuarios a la progresiva apertura del mercado.
La empresa dará a conocer a estas organizaciones concretamente la normativa legal que regula el suministro de último recurso (SUR) y el mecanismo de traspaso de clientes de las compañías distribuidoras a las comercializadoras.
Con la puesta en marcha de estas sesiones, que se desarrollarán durante el mes de junio, Iberdrola tratará de solucionar las posibles dudas de los usuarios ante la implantación del suministro de último recurso eléctrico, el próximo 1 de julio, especialmente en lo referente al mencionado traspaso de los contratos, que será automático, sin trámites, sin necesidad de actuación en las instalaciones y sin interrupción del suministro.
En este marco, y con el objetivo de fomentar el conocimiento de las particularidades del sector energético entre la sociedad, la compañía ha firmado en los últimos meses varios acuerdos de colaboración con las asociaciones de consumidores Facua, CECU, FUCI, UCE y UNAE.
Asimismo, Iberdrola tiene previsto incrementar este año su red de puntos de atención al cliente con la apertura de 50 nuevos en toda España, a los que los consumidores podrán acudir en caso de que tengan alguna duda sobre la nueva situación. Además, la empresa tiene a disposición del usuario las 24 horas del día el teléfono de atención 901 20 20 20 y la web www.iberdrola.es.

compromiso. El objetivo de Iberdrola con todas estas sesiones informativas es seguir facilitando la adaptación de los consumidores a un mercado en pleno proceso de apertura, que el próximo 1 de julio alcanzará un nuevo hito con la entrada en vigor del SUR.
Desde esa fecha, las compañías distribuidoras sólo se ocuparán de gestionar las redes, mientras que corresponderá a las comercializadoras suministrar la energía a los clientes en plena competencia.
En este marco, a partir de julio comenzarán a operar las comercializadoras de último recurso, que ofrecerán la electricidad al precio que establezca el Gobierno a través de la denominada tarifa de último recurso (TUR). A esta tarifa podrán acogerse los clientes con una potencia contratada inferior o igual a los 10 kilovatios, la gran mayoría de los usuarios domésticos y alguna pequeña empresa.    

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 33.106 hectómetros cúbicos, 1.410 más que el pasado año y 2.255 menos que la media de los últimos 10 años, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses de las cuencas internas del País Vasco, al 95,2 por ciento; las del Cantábrico al 89; Ebro al 85,1 por ciento; las cuencas internas de Cataluña que están al 84,7; Miño-Sil al 78,3; Duero al 74,7; y Galicia Costa al 71,9 por ciento de su capacidad.

Le siguen la cuenca Atlántica Andaluza al 56,4 por ciento; la del Guadalquivir al 53,5; la cuenca Mediterránea Andaluza al 52,8 por ciento; la del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 51,1; Tajo al 50,2 por ciento de su capacidad.

En situación más crítica permanecen la del Júcar al 38,1 por ciento, y la del Segura, que está, al 35,8 por ciento de su capacidad.

Los embalses de las cuencas españolas pueden acoger un total de 54.364 hm³, aunque la cantidad de agua embalsada es de 33.106 hm³. De éstos, 23.949 hm³ corresponden a las cuencas de la vertiente atlántica y 9.157 hm³ a las de la vertiente mediterránea.

La Mesa pel Xúquer denunció ayer de nuevo en Sueca la paralización de los trabajos para terminar el nuevo Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar. La normativa exige que esté listo para finales de año, pero los plazos son prácticamente imposibles de cumplir. La Mesa es una plataforma abierta de ayuntamientos, agricultores, regantes, partidos políticos, sindicatos y todo tipo de entidades de la Ribera. Gabriel Palop, concejal del PP en Algemesí, cuyo partido se ha mantenido hasta ahora al margen, participó activamente en la reunión de ayer.

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El documento debe concretar un caudal ecológico para proteger el río

Todos los participantes mostraron su preocupación sobre la marcha del futuro plan del Júcar, que debe establecer, entre otras condiciones medioambientales, un caudal ecológico del Júcar y garantizar el uso sostenible de los recursos y acuíferos asociados al río. En esa línea, «la directiva marco del agua de la Unión Europea es la norma, y vamos a exigir, en Valencia, Madrid o Bruselas, su estricto cumplimiento», aseveró Paco Sanz, de Xúquer Viu. La plataforma ha criticado reiteradamente el retraso del plan, que sigue pendiente de que se concrete el ámbito territorial de la demarcación, del que deben excluirse para una gestión autonómica los ríos que nacen y mueren en la Comunidad Valenciana.

Sus críticas las ha lanzado la Mesa a todas las administraciones implicadas, a las que exige que asuman su responsabilidad para desatascar el conflicto de las competencias, ya que el plan del Júcar sufre el mayor retraso de todos. Otras demarcaciones, como la del Ebro o el Tajo, tienen sus planes muy avanzados.

No es el único problema, también hay que mejorar la gestión de los recursos. Así, Joan Baldoví (Bloc), alcalde de Sueca, puso el ejemplo de la situación en que se encuentran los ayuntamientos de la comarca después de que la Administración autonómica construyera tuberías para llevar a los pueblos agua sin nitratos «y ahora resulta que, técnicamente, ésta no existe». José Pascual Fortea, presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, recurrió a la ironía para hablar de las contradicciones en el reparto del agua del Júcar y recordó que la Valencia del Turia, en realidad, bebe más agua del Júcar, donde los recursos son cada vez más escasos.

Un espejo en el que mirarse. La delegación del Ministerio de Agricultura de Arabia Saudí que ha estado visitando, estos días, la provincia de Albacete, avanzó ayer que una de las acciones que se plantean es la formación de especialistas en territorio castellano-manchego en materias como la gestión del agua y la automatización de sistemas de riego, ‘importando’ la fórmula que aplican aquí las comunidades de regantes y entidades como la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO).

El director general de Regadíos del Gobierno del Reino de Arabia Saudí, Abdulkareem Al Ghamdi, compareció en rueda de prensa en las instalaciones del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) junto al director de esta entidad dependiente de la UCLM, José María Tarjuelo; la directora general del Agua de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Verónica Montero; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues y el presidente de la JCRMO, Francisco Belmonte.

Con un clima desértico en el que el índice pluviométrico no supera los 50 milímetros anuales y recursos para regar que, al igual que en la zona de Albacete, se obtienen mayoritariamente de aguas subterráneas, Arabia Saudí explota cultivos como el trigo, los pastos, los frutales, las palmeras y los viñedos, con un uso extendido de los invernaderos. Sin embargo, su asignatura pendiente es conseguir niveles de eficiencia similares a los que se obtienen en regiones de España como Castilla-La Mancha, ya que el país «sigue importando alimentos o cultivando en países extranjeros».

En este sentido, Tarjuelo puso como ejemplo el interés suscitado entre los representantes saudíes por datos como que, en nuestra provincia, se están consiguiendo producciones «de más de 8.000 kilos de trigo con menos de 4.000 metros cúbicos por hectárea».

En otro orden de cosas, la directora general del Agua se refirió a las concesiones a los regantes de la cuenca del Segura con cargo al agua del Tajo, reiterando que la postura del Gobierno regional es de «firme oposición» porque «contradice el Plan Hidrológico Nacional». A este respecto, aseguró que en todo caso «los excedentes, si los hay, van a ser cada vez menores».

El país árabe, que cuenta con gran experiencia en el uso combinado de aguas subterráneas y desaladas, acude a Albacete para formar técnicos cualificados en hidrología y teledetección

Un instante de la reunión técnica en la sede del CR

A.P.

E.F.

En la UE, hay miles de acuíferos subterráneos y muchos modelos de gestión de las aguas del subsuelo. Pero a Arabia Saudí, uno de los países más áridos del planeta, hay uno que le interesa especialmente, el acuífero 18 y el modelo de gestión de la Mancha Oriental.
Invitada por el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), una delegación encabezada por el director general de Regadíos de dicho país, Abdulkareen Al Ghandi, se entrevistó, entre otros, con la directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Verónica Montero; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues; el presidente de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), Francisco Belmonte.
Al Ghandi explicó que los aspectos de la gestión de la Mancha Oriental que más le interesan a su país son «los sistemas de telecontrol y de automatización de las aguas de regadío; los sistemas de bombeo a presión y distribución de aguas, así como la organización y funcionamiento de las comunidades de regantes».
Otros aspectos que llamaron la atención de los técnicos sudíes fueron ayudas al regantes, como el Sistema Integral de Asesoramiento al Regante (SIAR), así como los métodos que se siguen en la selección de cultivos.
En este mismo sentido, la delegación saudí manifestó su interés en crear sistemas de trabajo e intercambio con el CREA y la Universidad Regional, para formar técnicos en gestión hídrica. Pero también es preciso subrayar que este país árabe no solo viene a aprender, sino que también puede enseñar técnicas de riego y cultivo en entornos áridos a los regantes manchegos.
Así, por ejemplo, Al Ghandi destacó que su país es un imporante productor agrícola, con importantes superficies de cultivos leñosos, herbáceos e, incluso, hortofrutícolas. El propio director del CREA, José María Tarjuelo, subrayó con admiración que, en algunas zonas de Arabia Saudí, se logran rendimientos de 8.000 kilos por hectárea, en cultivos hecbáceos y con asignaciones de agua de menos de 4.000 metros cúbicos por hectárea.
Otro aspecto en el que Arabia Saudí tiene mucho que enseñar a los manchegos es la tecnología de desalación. El director general del Agua de dicho país «somos, en estos momentos, uno de los países del mundo con más experiencia en este campo, tal vez el más avanzado, aunque el 100% de nuestras desaladoras se usan para el suministro de agua potable a la población; los acuíferos, en su mayor parte, un 85% aproximadamente, se usan para el regadío» de forma que hay una estricta separación entre fuentes de suministro y usos finales del agua.
En todo caso, Al Ghandi señaló que, en su país, «sin lugar a dudas, el agua es mucho más valiosa que el petróleo» cuando en el resto del mundo civilizado suele ser al revés. Pero eso tiene una explicac ión muy sencilla, y es que la pluviometría media de su nación es de 50 mm de agua… en un año.  

En sólo 24 horas, el presidente de la Confederación del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita, ha hecho de poli malo y de poli bueno. Primero, anunció desde Murcia que las concesiones de agua a regantes del trasvase siguen adelante; luego, se desplazó a Albacete para supervisar la ejecución de varias obras de infraestructura básica.
En un acto que tuvo lugar en Murcia, en la firma de un convenio con el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, el aún presidente del Scrats, Francisco del Amor, hizo por un momento de periodista, preguntándole al presidente del organismo de cuenca por el estado de la tramitación de las concesiones a los regantes del trasvase Tajo-Segura.
Al respecto, Fuentes Zorita ratificó lo dicho la pasada semana y aseguró que la parte que corresponde a la CHS estará lista «en unos días». Así, explicó que «faltan por cerrar unos flecos de una comunidad de regantes y en cuestión de días se remitirá toda la documentación al Ministerio de Medio Ambiente», competente a la hora de otorgar las concesiones al tratarse de aguas del Tajo.
Fuentes Zorita aseveró que «hay que ser extremadamente cuidadoso porque no todo el mundo está de acuerdo en que se tramiten estas concesiones-dijo en referencia a la férrea oposición de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha- por lo que hay que tener todas las cautelas para no dejar ningún flanco débil».
Y ayer, poco tiempo después de pronunciar tales palabras, Fuentes Zorita, visitaba las obras de emergencia realizadas en el Canal de Martínez Parras, en el municipio de Liétor, cuya inversión ha superado los 500.000 euros, junto a la alcaldesa de la localidad, María José Moreno.
Los trabajos, que ejecuta la empresa Hermanos Chelines, S.A., contemplan la implantación de sistema de telecontrol de las acequias, así como la reparación de infraestructuras de transporte en las acequias principales de las zonas de cabecera del canal de Martínez Parras, que abastece, entre otras localidades, a Hellín, uno de los principales núcleos de población de la provincia.
En concreto, la CHS está ejecutando la modernización del sistema de control de caudales, mediante un sistema de telemedida y telecontrol de los caudales derivados desde el río Mundo hacia este canal, que permite agilizar las maniobras en la toma.
Además, en el túnel existente tras su toma en el río, el organismo de cuenca ha retirado los materiales desprendidos que obstruían su interior, además de reparar y consolidar tramos del revestimiento que se encontraban en mal estado.
Después de pasar por Liétor, Fuentes Zorita estuvo en Ayna, para la cesión de un nuevo depósito de agua en dicha localidad serrana y, por último, visitó las obras de acondicionamiento del río Bogarra, en el término municipal del mismo nombre.    

Albacete no pertenece al Júcar, y el Júcar no pertenece a Albacete. Lo que pasa por el paraje de Cuasiermas y marca el límite entre los términos municipales de Albacete y Madrigueras es otra cosa, pero no es el Júcar, según la Generalitat Valenciana.
Semejante afirmación consta, en negro sobre blanco, en un escrito que ha presentado el director general del Agua de la región vecina, José María Benlliure, ante el Ministerio de Merdio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM). Y dice basarse en la célebre sentencia del Supremo de 2004.
Como se recordará, esta sentencia obliga a la Generalitat Valenciana a asumir la gestión de sus cuencas internas que, conforme a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, son de su competencia exclusiva y no pueden formar parte de la cuenca del Júcar.
La sentencia también obliga a la Junta de Comunidades a asumir la gestión de una pequeña cuenca endorreica, la de Pozohondo. Pero, según Benlliure, existe un conjunto de cuencas endorreicas que abarcan «la casi totalidad de la llanura albaceteña» y que, a su juicio, no son Júcar y también deben quedar fuera.
De ellas, las más importantes serían dos. En primer lugar, el ámbito de los ríos Quéjola, Jardín y Lezuza «que no tiene salida natural a la cuenca del Júcar, infiltrando o evaporándose sus caudales» y el acuífero subterráneo Jardín-Lezuza que, siempre según la Dirección General del Agua valenciana, está «claramente diferenciado» de la Mancha Oriental.
«Más extensa aún, y afectando a la propia ciudad de Albacete, tenemos la cubeta de Los Llanos -indica- la principal prueba del endorreismo de esta cubeta, lo constituye el Canal de María Cristina, proyectado y construido hace más de un siglo con objeto de drenar esta amplia zona».
Lo curioso de esta afirmación es que lo que hay en la superficie -la cubeta de los Llanos- no formaría parte del Júcar, pero si formaría parte del ámbito de la CHJ lo que hay bajo ella, esto es, el gran acuífero subterráneo de la Mancha Oriental.
«Si seguimos criterios hidrogeológicos, es evidente que hay una relación entre el acuífero de la Mancha Oriental y la cuenca del Júcar -afirma el director general del Agua de la Comunidad Valenciana- aunque ya hemos mencionado que no todas las masas de agua subterráneas de la llanura albaceteña tienen una conexión tan clara con este río y pueden ser claramente diferenciadas».
El motivo por el cual Benlliure hace toda esta exposición es que, si hay que aceptar que todo lo antedicho forma parte del Júcar, se debería aceptar lo mismo para la zona del Vinalopó-L’Alacantí, una de las áreas excluidas por el Supremo del ámbito del Júcar, donde se encuentran núcleos como Alicante o Benidorm.
«En otras palabras -afirma- si hemos de considerar la importancia de las aguas subterráneas para mantener como una misma cuencaalgunos de los endorreísmos manchegos y el Júcar, hemos de hacer lo mismo con la unidad entre el Vinalopó y L’Alacantí».
Es más, incluso llegar a señalar que, si el Vinalopó-L’Alcantí quedase fuera del ámbito de la CHJ, habría que segregar los «endorreísmo manchegos» y, por esta razón «tanto al abastecimiento a Albacete como las sustituciones de regadíos con aguas subterráneas con aguas superficiales del Júcar, deben pasar a considerarse como transferencias entre demarcaciones», esto es, trasvases.
En definitiva, que «debe mantenerse la unidad del sistema Vinalopó-L’Alacantí» o bien «separar igualmente la cubeta endorreica de los Llanos de Albacete, incluyendo lógicamente la capital de esa provincia, de la Demarcación del Júcar».    

En negro sobre blanco. José María Barreda, presidente de la Junta de Comunidades, ha enviado una carta a la Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, en la que considera «inadmisible» que se quiera blindar el trasvase Tajo-Segura con concesiones de agua.
Tal y como adelantó La Tribuna de Albacete el domingo, la Confederación Hidrográfica del Segura está ultimando las concesiones a los regantes del Tajo-Segura para remitirlas, en el plazo de «unas semanas» a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, que es quien debe darles el visto bueno final.
Es preciso señalar que éste es el tercer intento de blindar los regadíos del trasvase. Los otros dos tuvieron lugar en 2004 y en 2007, y contaron con la más enérgica oposición por parte de la Junta, quien rechaza que los regantes de la cuenca del Segura tengan derechos sobre los recursos de una cuenca diferente, la del Tajo.
En este caso, el rechazo ha llegado desde lo más alto, desde la presidencia de la Junta de Comunidades. El 13 de mayo, José María Barreda escribía a la ministra de Medio Ambiente, para rechazar de plano que se otorguen concesiones sobre 400 hectómetros de agua del Tajo a regantes del Segura y por espacio de 75 años.
El presidente señala que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se considera «inadmisible la concesión de aguas procedentes del Tajo para regantes del Segura».
Barreda manifiesta en su carta la «enorme preocupación» del Gobierno regional, ya que resulta evidente que el otorgamiento de estas concesiones daría lugar a una consolidación de derechos sobre unos recursos que son necesarios en la cuenca del Tajo.

archivo inmediato. Barreda ha pedido a la ministra que sea sensible a esta problemática «que resulta gravemente perjudicial para el río Tajo, para los miles de ciudadanos que viven en las poblaciones que abastece, y para el desarrollo presente y futuro de Castilla-La Mancha», y le ha pedido en su escrito «que se proceda, de una manera efectiva, al archivo de los expedientes iniciados».
De hecho, el escrito remitido a la ministra Elena Espinosa remarca que el artículo 12.2 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan hidrológico Nacional establece que «Toda transferencia se basará en los principios de garantía de las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamiento de la cuenca cedente, incluidas las restricciones medioambientales, sin que se puede verse limitado el desarrollo de esa cuenca amparándose en la previsión de las transferencias».
En el caso concreto del Tajo, los estudios disponibles prevén una demanda de abastecimiento urbano e industrial para los distintos sistemas dependientes de la cabecera del Tajo, en el horizonte 2015, que unida a las restricciones ambientales que establecen las directivas europeas resultaría claramente incompatible con la detracción de recursos para riegos a la cuenca del Segura.