Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que abastecen a la Comunitat Valenciana han disminuido 5,09 hectómetros cúbicos durante la pasada semana y se han situado en los 1.322,28 hectómetros, lo que supone el 39,51 por ciento de los 3.345,6 hectómetros de su capacidad total.

Según han informado hoy en un comunicado fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, doce han disminuido el agua embalsada, diez han aumentado y el resto se han mantenido invariables.

El mayor descenso se ha producido en Tous-La Ribera, del bajo Júcar, que almacena 5,65 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior y se encuentra a poco más de la mitad de su capacidad total (51,44%), seguido del embalse de La Muela, que ha perdido 4,51 hectómetros y se sitúa al 60,58 por ciento de su capacidad.

Por el contrario, el embalse que ha registrado el incremento de agua más importante ha sido el de El Naranjero que ha recibido 2,61 hectómetros cúbicos y se sitúa al 69,86 por ciento de su capacidad de 29 hectómetros cúbicos, seguido del embalse de Alarcón que ha aumentado en 1,98 hectómetros y está al 23,56 por ciento.

Otros embalses que han visto aumentadas sus reservas han sido Contreras con 1,77 hectómetros, La Toba con 0,31, Forata, con 0,03, y Regajo, Ulldecona y Beniarrés con 0,2.

Los cinco embalses que han mantenido el mismo nivel de reservas que la semana anterior han sido los de Algar, Almansa, Alcora, Onda y Escalona.

Por sistemas, el de Marina Baja/Serpis almacena el 87,85% de su capacidad; el del Turia está al 78,46%; el Palancia/Mijares/Cenia al 60,92%, y el del Júcar al 32,27 por ciento de su capacidad total.

El borrador de reforma del Real Decreto por el que se definen las demarcaciones hidrográficas que maneja el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino puede, de aprobarse tal como está redactado, dejar en el aire el abastecimiento de l´Alacantí y las Marinas, así como hacer poco menos que inviable la transferencia del Júcar al Vinalopó.

ANDRÉS MOLINA GIMÉNEZ Asimismo, la Comunidad Valenciana cedería poder de decisión en la demarcación hidrográfica del Júcar a favor de Castilla-La Mancha.
Desde que las actuales confederaciones hidrográficas cobraron renovado protagonismo en la gestión hidráulica en España, de la mano de la nueva legislación de Aguas de 1985, las comarcas alicantinas situadas al norte de la desembocadura del río Segura han estado ubicadas en el ámbito de planificación hidrológica del Júcar. Por consiguiente, tanto el Vinalopó, como las ramblas y acuíferos de las Marinas, aun no teniendo una conexión física directa con aquel río, han estado adscritos a dicha Confederación, lo que está totalmente justificado por razones organizativas, técnicas y de racionalidad económica.
Este marco estable, razonable y considerad, hasta ahora, compatible con el sistema constitucional de distribución de competencias, que pivota sobre el criterio de que las «aguas que discurran por más de una Comunidad Autónoma» dependerán del Estado; mientras que las «aguas internas» son responsabilidad de las Comunidades Autónomas, ha sufrido distintos ataques que carecen, a mi juicio, de la suficiente justificación. Se trata de conceder mayor protagonismo competencial a los gobiernos regionales en la gestión de las aguas, dejando a un lado los planteamientos lógicos y la experiencia.
Algunos de estos episodios son particularmente llamativos y no obedecen más que a una lógica política; la Junta de Andalucía asumió recientemente plenas competencias sobre la cuenca del Guadalquivir, a pesar de que parte de la misma (aunque no llegue a un 10%, pertenece a otras comunidades autónomas (Castilla-La Mancha y Murcia). De esta manera, una cuenca intercomunitaria ha sido desagregada, rompiendo el principio de unidad de cuenca, para atribuir la gestión del río principal a Andalucía, en detrimento de las competencias estatales.
Este sinsentido se pretende repetir en nuestro ámbito, si bien bajo una lógica distinta, ya que, por lo que sé, la Generalitat no ha manifestado interés alguno por asumir la gestión de las supuestas cuencas internas valencianas. La situación afecta directamente a la provincia de Alicante, ya que el actual borrador de reforma del Real Decreto de 2007, por el que se definen las demarcaciones hidrográficas, disgrega del ámbito de planificación del Júcar a las comarcas de L´Alacantí y las Marinas.
La alteración de ese marco organizativo puede afectar a varios intereses estratégicos alicantinos, y alguno de ámbito más general:
La exclusión de estas comarcas del ámbito del Júcar alterará el equilibrio representativo en dicha confederación y provocará la pérdida de posiciones de los intereses alicantinos y valencianos en relación con el peso específico de otras comunidades autónomas, especialmente Castilla-La Mancha.
La Generalitat Valenciana tendrá que asumir la competencia sobre las cuencas internas valencianas, ya que el borrador de Real Decreto permite el mantenimiento del actual «status quo» sólo de manera provisional. Ello obligará a la Administración autonómica a llevar a cabo una planificación hidrológica propia y a generar un aparato organizativo y de gestión, con los costes que ello conlleva. Es decir, más gasto público para las arcas autonómicas, más funcionarios y más competencias que nadie ha reclamado.
El absurdo de este proceso de atomización de la gestión hidráulica en España podría llegar al punto de que prácticamente todas las comunidades autónomas costeras tuvieran que generar, a pesar de su voluntad e interés, sus propios ámbitos de planificación y gestión para minicuencas.
El trasvase Júcar-Vinalopó que aparece en el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar como una transferencia interna, seguirá siendo tal para el Vinalopó, pero se convertirá en una transferencia intercomunitaria, en relación con los caudales destinados a las comarcas de L´Alacantí y las Marinas. Toda transferencia entre distintos ámbitos de planificación hidrológica precisa de un texto legal que la regule, al establecer la Ley de Aguas una reserva formal para ello. En tales condiciones, y salvo que una ordenanza ordinaria fuera aprobada en el Parlamento nacional, estas comarcas no podrían recibir aguas de dicho trasvase (unos 80 hm3 anuales). Colateralmente, los regantes del Vinalopó difícilmente podrían sostener por sí solos los gastos de la transferencia si se excluyen los suministros del litoral.
Es verdad que el borrador del Real Decreto, en su disposición adicional 3ª, salva este problema, en relación con aprovechamientos previstos en la Ley del Plan Hidrológico Nacional ya en marcha, como el trasvase Tajo-Segura (que tiene una ley previa), pero no necesariamente para el Júcar-Vinalopó, que no la tiene. Si esta norma pretendiera aplicarse en este caso, correría el riesgo de ser impugnada y anulada por infringir el principio de reserva de ley.
En la misma circunstancia podría quedar la actual transferencia de caudales desde los pozos de Villena, que suministra agua a la ciudad de Alicante. Estaríamos ante una cesión de caudal desde la cuenca del Vinalopó hacia otro ámbito de planificación hidrológica, correspondiente a cuencas internas valencianas.
En definitiva, estamos asistiendo a una política errática en materia de gestión de recursos hídricos, que genera inseguridad jurídica en los actores económicos. Frente a ello, me atrevo a proponer a todas las administraciones implicadas el máximo esfuerzo para alcanzar el consenso necesario en la gestión del agua. Sacar de la «arena política» el debate hídrico sería lo mejor para este bien tan trascendente para la economía y la sociedad de la provincia de Alicante.

Andrés Molina Giménez es profesor titular de Derecho Administrativo de la UA.

El debate sobre la nueva Demarcación Hidrográfica del Júcar ha enfrentado a la Generalitat con Castilla-La Mancha, poniendo en cuestión conceptos geográficos como "delta" o "cuencas endorreicas". En liza: que la nueva demarcación abarque más territorio en cada una de las autonomías para mantener su control.

J. Sierra, Valencia
El debate abierto sobre la nueva Demarcación Hidrográfica del Júcar, organismo que sustituirá a la actual confederación hidrográfica, con sede en Valencia, ha generado un enfrentamiento entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana con el Ministerio de Medio Ambiente como árbitro, en el que se mezclan intereses geopolíticos y en el que se lucha, literalmente, «palmo a palmo» por el control del río Júcar.
En el conflicto, que debe resolver el Ministerio tras «conocer» la opinión del Consejo Nacional del Agua, forman parte esencial aspectos geográficos que en ocasiones parecen recuperados de viejos libros de texto como la Enciclopedia Álvarez.
De pronto, se han puesto en cuestión conceptos como el de «delta», «estuario»»llanuras de inundación» por parte de Castilla-La Mancha, mientras la Generalitat Valenciana recupera para sus intereses la figura de las «cuencas endorreicas» que hace años se estudiaban en Bachillerato e incorpora en sus tesis, que en este caso son también las del ministerio, conceptos más actuales como el de las «aguas de transición y costeras».
En el fondo de esta compleja batalla que impide avanzar en el nuevo Plan Hidrológico del Júcar se encuentra algo relativamente sencillo: La Generalitat y Castilla-La Mancha quieren que la demarcación Júcar abarque la mayor superficie y habitantes posibles dentro del territorio de cada una de estas autonomías para mantener el control del río, la sede del organismo y el mayor número de votos para condicionar la gestión de sus caudales.
De momento nadie ha buscado a un doctor Livinsgtone que determine la situación exacta de las fuentes del Nilo, aunque por poco.
La Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha encargó al Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) de la Universidad de Castilla-La Mancha una delimitación de las cuencas hidrográficas incluidas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Dicho y hecho. Sin necesidad de nuevas exploraciones pero apoyándose en la cartografía digital y en modelos del terreno, el CREA ha localizado «ríos» donde ni siquiera los mapas los señalan, «descubriendo» pequeños cauces que, lógicamente, atribuye a la gestión de la Generalitat -ríos intracomunitario- y excluye de la macrocuenca del Júcar.
En la guerra abierta vale todo y Castilla-la Mancha niega que «los pequeños espacios interfluviales que se suceden entre las cuencas hidrográficas de los cauces principales que desembocan a lo largo de la costa entre Benicàssim y Gandia» sean intercomunitarios y adscritos por tanto a la futura Demarcación del Júcar, como defiende el Gobierno y la Generalitat.
La estrategia de Castilla-La Mancha
Más aún, los castellano manchegos niegan que La Albufera sea producto de una llanura de inundación o interfluvio a la que contribuyen por igual las aguas y avenidas del Júcar y el Turia. Esta estratagema permitiría, de ser aceptada por el Gobierno, adjudicar a la Generalitat la cuenca del Carraixet y la del Barranco del Poyo-dos auténticas joyas que solo aportan avenidas e inundaciones, pero ni gota de agua-, provocando una «ruptura» en las aguas costeras-de Benicàssim a Gandia- y restando «suelo» a la Generalitat.
Básicamente, el Gobierno valenciano acepta el criterio del Ejecutivo a excepción de la división entre las cuencas del Vinalopó y el Alacantí realizada con criterios geográficos -aguas superficiales-aunque discutible por otras razones «de segundo y tercer orden» basadas en la interconexión existente en sus aguas subterráneas y a través de múltiples infraestructuras de riego y suministro hídrico.
Sin embargo, y puestos a hilar fino, el conseller José Ramón García Antón recuerda en un escrito al ministerio que en Albacete hay cuencas endorreicas como las del río Lezuza, Balazote, Don Juan o Pozohondo-sin salida al Júcar o a través de canales artificiales como el de Maria Cristina- que deberían ser adscritas a Castilla. El movimiento haría que Albacete se quedara «fuera» del Júcar.

Cuarenta y un millones de euros está previsto que se inviertan este año en la modernización de explotaciones agraria, facilitar la incorporación de jóvenes al sector agrícola y mejorar los regadíos. Así lo indicó ayer la portavoz del Gobierno regional, al informar de los acuerdos del Consejo de esta semana.

Se trata de unas subvenciones cofinanciadas por la Junta de Comunidades, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Unión Europea.

La primera línea de ayudas está destinada a la modernización de las explotaciones agrarias y se dirige a los titulares de las mismas, ya sean personas físicas (agricultores profesionales) o personas jurídicas (cooperativas, sociedades mercantiles, etc.) cuya actividad principal sea la agraria.

Hasta 200.000 euros

Según Rodríguez, el objetivo es aumentar la renta agraria y mejorar las condiciones de vida y de trabajo del sector, aumentando la competitividad de las explotaciones. La ayuda alcanzaría hasta el 50% de la inversión máxima financiable y podría llegar a los 200.000 euros para personas físicas y 800.000 para personas jurídicas. Se estima que al año puede haber alrededor de 900 beneficiarios.

La segunda línea es la de incorporación de jóvenes a la agricultura y está dirigida a personas de entre 18 y 40 años. Se busca facilitar que jóvenes agricultores puedan convertirse en titulares de explotaciones agrarias, para contribuir al relevo generacional y al rejuvenecimiento del sector. Las estimaciones apuntan a unos 300 beneficiarios al año con una ayuda máxima de 40.000 euros.

La tercera línea se refiere a las actuaciones en regadíos y va dirigida a entidades asociativas de riego común, personas físicas titulares de explotaciones agrarias que sean agricultores no profesionales y personas jurídicas titulares de explotaciones agrarias calificadas como no prioritarias. Los cálculos realizados prevén unos 300 beneficiarios al año.

La Confederación Hidrográfica del Júcar espera terminar la campaña de riegos que arrancó simbólicamente ayer con la apertura de compuertas en la Acequia Real del Júcar sin recurrir prácticamente a los volúmenes almacenados en Alarcón y Contreras, que permanecerían como reserva frente a futuras sequías.
Según fuentes de la Confederación, este objetivo será posible si se producen algunas precipitaciones antes de que acabe la primavera y el verano se mantiene en parámetros meteorológicos «normales», sin demasiados días con vientos secos de Poniente ni temperaturas excesivamente altas.
El objetivo es posible «ahora mismo con los volúmenes de agua retenida en los embalses», dicen las fuentes, si se mantiene una gestión «muy ajustada» de los recursos, gracias al agua acumulada en los embalses de Tous y Bellús y, sobre todo, al elevado caudal circulante en el río Júcar.
Según un aforo realizado ayer, el río Júcar llevaba 15,25 metros cúbicos por segundo en Huerto Mulet y 9,52 m3/segundo en Sueca, lo que permite atender con las denominadas aguas fluyentes una parte significativa de las demandas.
Para el llenado del arrozal, que comenzó hace una semana, la confederación está utilizando los recursos fluyentes y en los próximas días acelerará la liberación de caudales de Bellús, donde se acumulan 28,3 hectómetros cúbicos, y del embalse de Tous, que almacena 200 hectómetros y que obligatoriamente debe quedar semivacío antes de que el otoño traiga de nuevo el riesgo de lluvias torrenciales.
Hiperanuales
Alarcón y Contreras fueron diseñados como embalses hiperanuales, lo que se traduce en la posibilidad de acumular agua durante varios años y servir de garantía frente a eventuales sequías.
La escasez de precipitaciones de los últimos años ha obligado ha realizar una explotación anual de los mismos, dando salida en verano a los escasos caudales acumulados durante el invierno anterior.
En la actualidad, Alarcón acumula 262 hm3 que suponen un 23,45% de su capacidad, mientras que en Contreras hay depositados 224 hm3, que suponen un 26,31%.
Si las expectativas se cumplen, Contreras solo liberaría a diario el caudal ambiental y algunos caudales suplementarios durante el fin de semana para mantener la actividad turística en el río Cabriel.
La gestión de Alarcón estaría condicionada por la necesidad de impedir que los pozos abiertos en La Mancha sequen el río en los tramos más próximos a Albacete, lo que en los últimos años ha sido imposible sin elevar el caudal «ecológico» por encima del volumen de entrada en Alarcón

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha asegurado hoy que la reserva de agua en los embalses de los que es titular es un 63% superior a la misma que había hace un año, ya que en la actualidad se dispone de 1.325 hectómetros cúbicos, el 39,8 por ciento de la reserva total.

La entidad ha valorado así los datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Medio Ambiente sobre la evolución semanal de los 27 embalses de los que es titular.

Según estas fuentes, los pantanos tienen un 63% más de agua almacenada que el año pasado, y se encuentran al 39,8 por ciento de capacidad, con 1.325 hectómetros cúbicos, frente al 24,3% en el que estaban en 2008.

Además, la reserva de agua «es un 17,2% superior» a la que mantenían hace dos años los embalses de la CHJ y, comparando los datos con los últimos cinco años, «se dispone de un 10,8%» más que la media de todos ellos.

La media de los últimos cinco años era de 972 hectómetros cúbicos, y ahora es de 335 hectómetros cúbicos, un 36,3% más, según las mismas fuentes.

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, aseguró ayer que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, «podría haber llegado a un pacto con la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, a espaldas de los valencianos y las valencianas»en relación a la caducidad del Acueducto Tajo-Segura (ATS).
El anuncio se produjo después de que el presidente de Castilla-la Mancha, José María Barreda, asegurara que PSOE y PP han conseguido una redacción de «consenso» sobre el tema del agua en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de esta comunidad que «podría desbloquear» la tramitación parlamentaria del texto.
En declaraciones a TVE recogidas por Efe, Barreda dijo que ha mantenido «conversaciones recientes» con la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, «y parece» que se ha conseguido una redacción de «consenso»
Sin embargo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguraba poco después que no existía el acuerdo al que aludía José María Barreda.
Cospedal insistió en que los «acuerdos existen cuando se terminan, se ultiman y están firmados y concretados» y remarcó: «Hoy -por ayer-no hay un acuerdo, todavía».
Más contundente, el diputado Arturo García Tizón, negociador por parte del PP del Estatuto de Castilla-La Mancha, afirmó que es «absolutamente falso» que exista el acuerdo.
Alarte insistió en la «oposición frontal» de su partido a la «inclusión en el texto estatutario de cualquier fecha de caducidad, ni a la determinación de ningún tipo de reserva hídrica que comprometa la viabilidad del trasvase o que reduzca paulatinamente el caudal actual».
«Es obvio que la debilidad política de Camps por su implicación en el caso Gürtel no es la mejor garantía de una posición de fortaleza en la defensa de los intereses de la Comunitat Valenciana frente a la secretaria general del PP», aseguró Jorge Alarte.

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 33.410 hectómetros cúbicos, 3.216 más que el pasado año y 1.588 menos que la media de los últimos 10 años, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses de las cuencas internas del País Vasco, 100 por ciento; las cuencas internas de Cataluña que están al 86,2; Miño-Sil al 78,8; las del Cantábrico al 79,5; Ebro al 79,5%; Duero al 76,1; y Galicia Costa al 70,6 por ciento de su capacidad.

Le siguen la cuenca Atlántica Andaluza al 57,9 por ciento; la del Guadalquivir al 55,5; Tajo al 53 y la del Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 52,3; y la cuenca Mediterránea Andaluza al 53,6 por ciento de su capacidad.

En situación más crítica permanecen la del Júcar al 39,8 por ciento, y la del Segura, que está, al 35,9 por ciento de su capacidad.

Los embalses de las cuencas españolas pueden acoger un total de 54.364 hm³, aunque la cantidad de agua embalsada es de 33.410 hm³. De éstos, 24.596 hm³ corresponden a las cuencas de la vertiente atlántica y 8.814 hm³ a las de la vertiente mediterránea.

Encarnación Naharro ha preguntado a Espinosa “si el Gobierno va a reaccionar y va a hacer algo a partir de ahora, para paliar la situación de los regantes, de nuestros agricultores, porque hasta ahora desde el Ejecutivo se han lavado las manos, han abandonado a los regantes españoles a su suerte”.

La senadora albaceteña ha recordado que como el Secretario de Estado del Ministerio de Medio Rural y Marino dijo que el incremento de las tarifas eléctricas no superaría la subida del IPC, “prometió que estarían con los agricultores en las negociaciones con las compañías eléctricas para que la subida fuera razonable; y lo único que ha pasado es que toda esta palabrería se ha convertido en un verdadero fracaso”.

“El Gobierno fijaba la previsión de subidas entre un 10-15%, y la propia Comisión Nacional de la Energía la establecía en un 20%. Y, ¿Sabe cuanto se ha incrementado el coste de la energía eléctrica para los agricultores después de que ustedes suprimieran las tarifas especiales?, Entre un 50 y un 100%”, ha interpelado con rotundidad la senadora del PP a la ministra Espinosa.

GRAVES REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

Del mismo modo, Naharro ha asegurado que el Gobierno no se ha parado a valorar las repercusiones económicas y sociales que va a tener a corto, medio y largo plazo la política “totalmente irresponsable del Ministerio”. “La corrección del déficit tarifario reconocido a las eléctricas no puede ser soportado por los sectores productivos, y mucho menos por el sector primario. Los regantes como consumidores finales no pueden repercutir la subida de la energía en sus productos”, ha afirmado la parlamentaria castellano manchega.

En este sentido, Encarnación Naharro ha puesto de manifiesto que el efecto sobre la rentabilidad de muchas explotaciones es la perdida de viabilidad de sus cultivos. Como ejemplo de esto, ha señalado que los cereales van a ver reducidos sus beneficios en un 70%.

UN GOBIERNO QUE NO CUMPLE CON LOS MANDATOS DEL SENADO

En su debate con la ministra Espinosa, Encarnación Naharro ha recordado que en junio de 2008, en el Pleno del Senado, se aprobó una moción para que se prolongasen dos años más las tarifas especiales de regadío, de manera que hubiera un periodo transitorio antes de la liberalización total de las tarifas. Además, ha explicado la senadora, se pedía una reducción del IVA energético, algo que países como Italia han puesto en marcha, aspecto en el que existía el acuerdo del sector; “pero cada día que pasa nos demuestran su falta de respeto por las decisiones que se toman en el Parlamento, ustedes no han hecho ni caso a esa moción”.

“La realidad, basándonos en los hechos, es que a éste Gobierno no le importa nada el sector agrario español. Para solucionar los problemas lo único que hace falta es voluntad política, que es lo que a ustedes les falta –en referencia a la ministra-“, ha apostillado.

Así también, Naharro ha querido reflejar que el sector también apunta algunas soluciones, como la creación de una tarifa de energía profesional para los regadíos; piden que se obligue a las compañías a abrir oficinas de atención directa a los usuarios, que haya flexibilidad en la discriminación de potencia a contratar, y la elaboración de una normativa estatal que facilite el acceso de las comunidades de regantes a las energías renovables, entre otras cosas.

Para finalizar, la senadora albaceteña ha pedido reiteradamente a Espinosa que “escuche a los agricultores, ponga voluntad política para ayudarles; y desde el PP, desde luego, vamos a seguir presentando iniciativas con soluciones para el campo español, porque lo consideramos un sector estratégico”.

La Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha reiterado hoy en el Senado el apoyo de su Departamento a los regantes, mediante una estrategia de futuro que debe conducir a una racionalización de los consumos, energéticos y de agua, que haga viable, rentable y sostenible al sector.

Elena Espinosa ha señalado que desde el respeto y acatamiento de las directrices y normativa europea, el MARM, a petición de las comunidades de regantes, viene actuando para reducir el impacto de las tarifas eléctricas en el riego, siendo uno de los objetivos fundamentales la mejora y modernización de las instalaciones para disminuir los consumos.

Tras la desaparición de las taifas eléctricas específicas de riego, ha recordado la Ministra, se dispuso una moratoria, prolongada hasta julio de 2008, de acuerdo con las OPAS, para que durante ese tiempo, y conjuntamente con los regantes se negociara con las operadoras eléctricas para obtener las tarifas más favorables, habiéndose puesto de manifiesto la necesidad de ajustar la demanda horaria a la oferta, por lo que las instalaciones flexibles han conseguido ya tarifas ventajosas.

Desde el MARM, ha indicado Elena Espinosa, se está impulsando la mejora de las instalaciones, flexibilizándolas y minimizando los consumos, financiándose, en los nuevos planes de actuación en regadíos, esta optimización energética, que podría ir a más con programas específicos de auditoria y mejora.

Las Ministra ha finalizado su intervención recordando otras actuaciones que se están llevando a cabo como las negociaciones con las compañías eléctricas sobre los tipos de contratos, sobre sus ofertas, la disminución del precio de los seguros por hectárea regada, o el de la telefonía.