ARTICULO PACO LA VERDAD 2009

ARTICULO EL PUEBLO EXPOVICAMAN 2009

La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) acaba de hacer públicos los datos del nivel de sustancias químicas presentes en los casi 6.000 acuíferos subterránes catalogados en los 27 estados miembros de la UE.
Como es lógico, dentro de esta base de datos, a la que ha tenido acceso La Tribuna, se encuentra el acuífero de la Mancha Oriental, el más importante de la Cuenca del Júcar y de la provincias de Albacete y Cuenca, tanto para el regadío como para el consumo humano.
En lo tocante a este acuífero, se recogen datos desde el año 1985, aunque de forma discontinua, y llegan hasta el año 2007.
Se contemplan tres sustancias, que son el amonio, los nitratos y los nitritos, aunque estos últimos sólo desde el año 2003.
En el caso de los nitratos, los datos arrojan una primera sorpresa. El valor medio registrado en el año 1985 (29,8 miligramos por litro) es casi idéntico al que se registró en 2007 (29,31).
POLÉMICA RECURRENTE. En el caso de la Mancha Oriental, el nivel de nitratos ha sido siempre objeto de polémica entre regantes, por un lado, y ecologistas, por el otro, porque la presencia de nitratos se considera un indicador de contaminación por nitrógeno del agua, cuyo origen se atribuye al uso intensivo de fertilizantes nitrogenados en zonas de riego.
Por ello, resulta llamativo que, al cabo de 22 años de explotación intensiva de las aguas del acuífero 18, el nivel sea casi el mismo.
No obstante, esta media ha sufrido variaciones a lo largo del período. En el año 1989, se registró la media más elevada, 44,925 miligramos por litro. También se obtuvo el valor puntual extremo más elevado de todo el período, 278 miligramos por litro.
El valor medio anual más reducido se dio hacia finales del período estudiado, en 2006, con 29,31 miligramos por litro.
Otro aspecto llamativo de los datos recogidos por la Agencia Europea del Medio Ambiente son las fuertes oscilaciones que se dieron entre los valores extremos, esto es, máximos y mínimos, hasta el año 1999. Por ejemplo, en el año 1989, cuando se dio el máximo absoluto antes mencionado, 278 miligramos por litro, el mínimo fue de sólo seis miligramos, esto es, más de 40 veces inferior.
MENORES OSCILACIONES. Sin embargo, a partir del año 2002, se aprecia una diferencia mucho menos acusada entre los valores extremos. Los máximos oscilan entre los 45-60 y los mínimos llegan, en el peor de los casos, a los 16 miligramos por litro.
En el caso del amonio, su presencia ha registrado valores más estables, con valores que oscilaron entre los 0,02 y 0,03 miligramos por litro. Los nitritos, aunque sólo se han analizado entre 2002 y 2007, registran unos valores similares a estos últimos.
Es preciso señalar que la base de datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, denominada Waterbase-Groundwater contiene información sobre la presencia de estas mismas sustancias en los demás acuíferos subterráneos de la provincia de Albacete, y, en general, del resto de España.
En total, y sólo de nuestro país, hay datos sobre un total de 434 acuíferos subterráneos.
LÍMITES MÁXIMOS. En España, las normas de calidad de las aguas para consumo humano se establecieron en el Real Decreto 140/2003, de 7 de marzo. En su anexo I, se establece que el valor paramétrico máximo de nitratos para las aguas de consumo humano es de 50 miligramos por litro y, de nitritos, de entre 0,1 y 0,5 miligramos por litro.
Es preciso señalar que este valor es el que se marca para el agua que sale de los grifos, esto es, el agua que procede de una fuente de abastecimiento, sea superficial o subterránea, y que ha pasado por un proceso de potabilización, siempre obligatorio.
En ningún caso, sea agua del río Júcar o del acuífero de la Mancha Oriental, el agua pasa directamente de la fuente de suministro a la toma de agua, sino que pasa por todo un complejo sistema de tratamiento.
Aún así, es preciso resaltar que los valores medios del agua sin tratar del acuífero 18, tanto para nitratos como para nitritos, no exceden de lo que exige la legislación española para el agua ya tratada.
En otras zonas de la cuenca del Júcar, como la Plana de Valencia, los acuíferos subterráneos si superan con creces estos valores. Datos recogidos por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y referidos al período 1995-2000 recogen valores medios en nitratos cercanos a los 100 miligramos por litro, notablemente superiores a lo que constata la AEMA en el Júcar Medio.    

El colectivo ciudadano Xúquer Viu lamentó ayer la paralización que sufre el proceso de planificación en el Júcar a consecuencia de la falta de acuerdo entre las administraciones sobre la delimitación de las cuencas hidrográficas.
Xúquer Viu atribuye la responsabilidad de este retraso al Ministerio de Medio Ambiente y a los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana.
En concreto aseguran que la pretensión de desvincular La Albufera del Júcar expresada repetidamente por la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, a quienes acusan de ser «responsables de la sobreexplotación de este acuífero en detrimento del río» «es inaceptable, no tiene ningún fundamento y es contraria a la Directiva Marco del Agua».
El colectivo asegura que la delimitación de las cuencas hidrográficas se ha de hacer con criterios científicos y racionales y no desde posicionamientos políticos. Exigen a la Generalitat que no siga eludiendo su responsabilidad en la gestión de los río que nacen y mueren en territorio valenciano. «Su oposición frontal a hacerse cargo de las cuencas internas demuestra su incapacidad para asumir sus propias competencias hídricas mientras se refugia en discursos demagógicos del ýAgua para todosý»,concluyen en un comunicado.

Ecologistas en Acción considera que las propuestas de delimitación realizadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la Demarcación Hidrológica del Júcar, produciría gravísimos daños ambientales. En concreto, la Junta propone que se saquen de la Demarcación Hidrológica del Júcar un buen número de pequeñas cuencas de escasa entidad, y que mantienen una intensa interrelación con la principal del Júcar, así como la propia Albufera de Valencia. En este sentido, la Junta considera a la Albufera de Valencia como una cuenca endorreica, sin relación alguna con el río Júcar. Ecologistas en Acción considera que dicha afirmación es totalmente falsa, tanto desde el punto de vista técnico como medioambiental, pues la Albufera de Valencia se mantiene en gran medida gracias a los sobrantes de agua dulce que recibe de los regadíos de su entorno, que a su vez se abastecen del río Júcar, y que es lo que permite que las aguas de este lago sean salobres.

En el caso de que se desgajara la Albufera de la Cuenca del Júcar, cualquier aporte de agua de éste río a la misma, pasaría a ser un trasvase entre cuencas, por lo que no podría realizarse mientras existan regadíos infradotados en la cuenca del Júcar. De esta manera, la Albufera de Valencia, una de las principales zonas húmedas de España, dejaría de recibir agua dulce, produciéndose grandes y graves alteraciones en sus actuales condiciones ambientales, lo que le abocaría hacia su próxima destrucción.

Por otra parte, la posible exclusión de algunas pequeñas cuencas de la Demarcación Hidrológica del Júcar, produciría también graves daños medioambientales y problemas de gestión, especialmente si se desgajasen las cuencas del Maestrazgo (Castellón), donde hay previstos importantes proyectos urbanísticos y de campos de golf, potenciados por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, de tal manera que su separación de la cuenca del Júcar nos llevaría necesariamente en pocos años a la sobreexplotación de los acuíferos allí existentes, para dar servicio a esos proyectos.

El empeño de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en que se desgaje de la Demarcación Hidrográfica del Júcar la mayor cantidad de terreno posible dentro de la Comunidad Valenciana, responde al deseo de incrementar el porcentaje de superficie de la cuenca del Júcar perteneciente a la comunidad castellano-machega, para de esa manera poder exigir que se incrementen los recursos hídricos del Júcar a utilizar en esa Comunidad, y reducir el volumen de agua del Júcar que va a parar a la comunidad Valenciana. Ecologistas en Acción considera que esa situación a la que aspira la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha produciría una sobreexplotación del río Júcar y sus afluentes, poniendo en peligro los caudales ambientales, así como las aportaciones a la Albufera. No hay que olvidar que los regadíos castellano-manchegos situados en la cuenca del Júcar consumen una gran cantidad de agua y aspiran a consumir aún bastante más. De hecho, hace pocos meses, una sobreextracción de agua del Júcar para regadío secó totalmente varios kilómetros de este río.

Por último, Ecologistas en Acción lamenta la falta de ética, de escrúpulos y de sensibilidad ambiental que está mostrando Castilla-La Mancha en este tema que, con tal de incrementar los recursos hídricos disponibles para el regadío en su región, no tiene problema en poner en peligro en la vecina Comunidad Valenciana el futuro de acuíferos, cursos de agua, e incluso el de uno de los principales humedales de nuestro país, como es la Albufera de Valencia.

Xúquer Viu alertó ayer que la paralización de la elaboración del nuevo plan de cuenca del Júcar y del decreto que ha de fijar las demarcaciones hidrográficas tendrán consecuencias «nefastas» para la agricultura de la Ribera.

Para este colectivo, desvincular la Albufera del río Júcar expresada repetidamente por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y de la Junta de Regantes de la Mancha Oriental, «responsables de la sobreexplotación de este acuífero en detrimento del río, es inaceptable, no tiene ningún fundamento y es contraria a la Directiva Marco del Agua».

Según Xúquer Viu, más allá de la evidencia de que la Albufera ha estado y está íntimamente relacionada con el Júcar, la aplicación que se quiere hacer «tiene como consecuencia que la cuenca hidrográfica del Júcar incluya la Albufera así como toda la plana de inundación del río».

La pretensión de desvincular la Albufera del Júcar «sólo responde a intereses particulares para hacer una explotación más intensiva del Júcar, dejando al lago sin aportaciones de agua limpia del río que necesita para su supervivencia y recuperación».

Esta circunstancia «no sólo generaría una grave perjuicio para este espacio natural protegido y para el propio río, sino que, además también dañaría a los regantes tradicionales y a los habitantes de la Ribera».

Xúquer Viu recuerda que desde hace un año el proceso de planificación del Júcar se encuentra paralizado «por la falta de delimitación en el ámbito territorial al que afecta».

Para esta asociación desde la Generalitat Valenciana «no se ha ejercido su responsabilidad competencial sobre las cuencas internas valencianas y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no ha definido cuál es el ámbito territorial de las cuencas intercomunitarias de las cuales ha de hacerse cargo».

Esta delimitación de las cuencas internas es «ineludible y se debe de realizar al igual que se ha efectuado en la mayoría de las comunidades autónomas».

Para Xúquer Viu la delimitación de las cuencas hidrográficas se debe de realizar con criterios científicos y racionales aplicando la definición de cuenca hidrográfica contenida en la Directiva Marco del Agua, que siempre ha defendido este colectivo nacido en la comarca.

Delimitación

Esta definición establece que la cuenca hidrográfica es la superficie de terreno de escorrentía superficial del cual fluye en su totalidad, a través de una serie de corrientes, ríos y eventualmente lagos y llega al mar por una única desembocadura, estuario o delta.

Las reservas hídricas de los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que abastecen a la Comunitat Valenciana han disminuido 5,09 hectómetros cúbicos durante la pasada semana y se han situado en los 1.322,28 hectómetros, lo que supone el 39,51 por ciento de los 3.345,6 hectómetros de su capacidad total.

Según han informado hoy en un comunicado fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, doce han disminuido el agua embalsada, diez han aumentado y el resto se han mantenido invariables.

El mayor descenso se ha producido en Tous-La Ribera, del bajo Júcar, que almacena 5,65 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior y se encuentra a poco más de la mitad de su capacidad total (51,44%), seguido del embalse de La Muela, que ha perdido 4,51 hectómetros y se sitúa al 60,58 por ciento de su capacidad.

Por el contrario, el embalse que ha registrado el incremento de agua más importante ha sido el de El Naranjero que ha recibido 2,61 hectómetros cúbicos y se sitúa al 69,86 por ciento de su capacidad de 29 hectómetros cúbicos, seguido del embalse de Alarcón que ha aumentado en 1,98 hectómetros y está al 23,56 por ciento.

Otros embalses que han visto aumentadas sus reservas han sido Contreras con 1,77 hectómetros, La Toba con 0,31, Forata, con 0,03, y Regajo, Ulldecona y Beniarrés con 0,2.

Los cinco embalses que han mantenido el mismo nivel de reservas que la semana anterior han sido los de Algar, Almansa, Alcora, Onda y Escalona.

Por sistemas, el de Marina Baja/Serpis almacena el 87,85% de su capacidad; el del Turia está al 78,46%; el Palancia/Mijares/Cenia al 60,92%, y el del Júcar al 32,27 por ciento de su capacidad total.

El borrador de reforma del Real Decreto por el que se definen las demarcaciones hidrográficas que maneja el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino puede, de aprobarse tal como está redactado, dejar en el aire el abastecimiento de l´Alacantí y las Marinas, así como hacer poco menos que inviable la transferencia del Júcar al Vinalopó.

ANDRÉS MOLINA GIMÉNEZ Asimismo, la Comunidad Valenciana cedería poder de decisión en la demarcación hidrográfica del Júcar a favor de Castilla-La Mancha.
Desde que las actuales confederaciones hidrográficas cobraron renovado protagonismo en la gestión hidráulica en España, de la mano de la nueva legislación de Aguas de 1985, las comarcas alicantinas situadas al norte de la desembocadura del río Segura han estado ubicadas en el ámbito de planificación hidrológica del Júcar. Por consiguiente, tanto el Vinalopó, como las ramblas y acuíferos de las Marinas, aun no teniendo una conexión física directa con aquel río, han estado adscritos a dicha Confederación, lo que está totalmente justificado por razones organizativas, técnicas y de racionalidad económica.
Este marco estable, razonable y considerad, hasta ahora, compatible con el sistema constitucional de distribución de competencias, que pivota sobre el criterio de que las «aguas que discurran por más de una Comunidad Autónoma» dependerán del Estado; mientras que las «aguas internas» son responsabilidad de las Comunidades Autónomas, ha sufrido distintos ataques que carecen, a mi juicio, de la suficiente justificación. Se trata de conceder mayor protagonismo competencial a los gobiernos regionales en la gestión de las aguas, dejando a un lado los planteamientos lógicos y la experiencia.
Algunos de estos episodios son particularmente llamativos y no obedecen más que a una lógica política; la Junta de Andalucía asumió recientemente plenas competencias sobre la cuenca del Guadalquivir, a pesar de que parte de la misma (aunque no llegue a un 10%, pertenece a otras comunidades autónomas (Castilla-La Mancha y Murcia). De esta manera, una cuenca intercomunitaria ha sido desagregada, rompiendo el principio de unidad de cuenca, para atribuir la gestión del río principal a Andalucía, en detrimento de las competencias estatales.
Este sinsentido se pretende repetir en nuestro ámbito, si bien bajo una lógica distinta, ya que, por lo que sé, la Generalitat no ha manifestado interés alguno por asumir la gestión de las supuestas cuencas internas valencianas. La situación afecta directamente a la provincia de Alicante, ya que el actual borrador de reforma del Real Decreto de 2007, por el que se definen las demarcaciones hidrográficas, disgrega del ámbito de planificación del Júcar a las comarcas de L´Alacantí y las Marinas.
La alteración de ese marco organizativo puede afectar a varios intereses estratégicos alicantinos, y alguno de ámbito más general:
La exclusión de estas comarcas del ámbito del Júcar alterará el equilibrio representativo en dicha confederación y provocará la pérdida de posiciones de los intereses alicantinos y valencianos en relación con el peso específico de otras comunidades autónomas, especialmente Castilla-La Mancha.
La Generalitat Valenciana tendrá que asumir la competencia sobre las cuencas internas valencianas, ya que el borrador de Real Decreto permite el mantenimiento del actual «status quo» sólo de manera provisional. Ello obligará a la Administración autonómica a llevar a cabo una planificación hidrológica propia y a generar un aparato organizativo y de gestión, con los costes que ello conlleva. Es decir, más gasto público para las arcas autonómicas, más funcionarios y más competencias que nadie ha reclamado.
El absurdo de este proceso de atomización de la gestión hidráulica en España podría llegar al punto de que prácticamente todas las comunidades autónomas costeras tuvieran que generar, a pesar de su voluntad e interés, sus propios ámbitos de planificación y gestión para minicuencas.
El trasvase Júcar-Vinalopó que aparece en el Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar como una transferencia interna, seguirá siendo tal para el Vinalopó, pero se convertirá en una transferencia intercomunitaria, en relación con los caudales destinados a las comarcas de L´Alacantí y las Marinas. Toda transferencia entre distintos ámbitos de planificación hidrológica precisa de un texto legal que la regule, al establecer la Ley de Aguas una reserva formal para ello. En tales condiciones, y salvo que una ordenanza ordinaria fuera aprobada en el Parlamento nacional, estas comarcas no podrían recibir aguas de dicho trasvase (unos 80 hm3 anuales). Colateralmente, los regantes del Vinalopó difícilmente podrían sostener por sí solos los gastos de la transferencia si se excluyen los suministros del litoral.
Es verdad que el borrador del Real Decreto, en su disposición adicional 3ª, salva este problema, en relación con aprovechamientos previstos en la Ley del Plan Hidrológico Nacional ya en marcha, como el trasvase Tajo-Segura (que tiene una ley previa), pero no necesariamente para el Júcar-Vinalopó, que no la tiene. Si esta norma pretendiera aplicarse en este caso, correría el riesgo de ser impugnada y anulada por infringir el principio de reserva de ley.
En la misma circunstancia podría quedar la actual transferencia de caudales desde los pozos de Villena, que suministra agua a la ciudad de Alicante. Estaríamos ante una cesión de caudal desde la cuenca del Vinalopó hacia otro ámbito de planificación hidrológica, correspondiente a cuencas internas valencianas.
En definitiva, estamos asistiendo a una política errática en materia de gestión de recursos hídricos, que genera inseguridad jurídica en los actores económicos. Frente a ello, me atrevo a proponer a todas las administraciones implicadas el máximo esfuerzo para alcanzar el consenso necesario en la gestión del agua. Sacar de la «arena política» el debate hídrico sería lo mejor para este bien tan trascendente para la economía y la sociedad de la provincia de Alicante.

Andrés Molina Giménez es profesor titular de Derecho Administrativo de la UA.

El debate sobre la nueva Demarcación Hidrográfica del Júcar ha enfrentado a la Generalitat con Castilla-La Mancha, poniendo en cuestión conceptos geográficos como "delta" o "cuencas endorreicas". En liza: que la nueva demarcación abarque más territorio en cada una de las autonomías para mantener su control.

J. Sierra, Valencia
El debate abierto sobre la nueva Demarcación Hidrográfica del Júcar, organismo que sustituirá a la actual confederación hidrográfica, con sede en Valencia, ha generado un enfrentamiento entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Generalitat Valenciana con el Ministerio de Medio Ambiente como árbitro, en el que se mezclan intereses geopolíticos y en el que se lucha, literalmente, «palmo a palmo» por el control del río Júcar.
En el conflicto, que debe resolver el Ministerio tras «conocer» la opinión del Consejo Nacional del Agua, forman parte esencial aspectos geográficos que en ocasiones parecen recuperados de viejos libros de texto como la Enciclopedia Álvarez.
De pronto, se han puesto en cuestión conceptos como el de «delta», «estuario»»llanuras de inundación» por parte de Castilla-La Mancha, mientras la Generalitat Valenciana recupera para sus intereses la figura de las «cuencas endorreicas» que hace años se estudiaban en Bachillerato e incorpora en sus tesis, que en este caso son también las del ministerio, conceptos más actuales como el de las «aguas de transición y costeras».
En el fondo de esta compleja batalla que impide avanzar en el nuevo Plan Hidrológico del Júcar se encuentra algo relativamente sencillo: La Generalitat y Castilla-La Mancha quieren que la demarcación Júcar abarque la mayor superficie y habitantes posibles dentro del territorio de cada una de estas autonomías para mantener el control del río, la sede del organismo y el mayor número de votos para condicionar la gestión de sus caudales.
De momento nadie ha buscado a un doctor Livinsgtone que determine la situación exacta de las fuentes del Nilo, aunque por poco.
La Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha encargó al Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) de la Universidad de Castilla-La Mancha una delimitación de las cuencas hidrográficas incluidas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Dicho y hecho. Sin necesidad de nuevas exploraciones pero apoyándose en la cartografía digital y en modelos del terreno, el CREA ha localizado «ríos» donde ni siquiera los mapas los señalan, «descubriendo» pequeños cauces que, lógicamente, atribuye a la gestión de la Generalitat -ríos intracomunitario- y excluye de la macrocuenca del Júcar.
En la guerra abierta vale todo y Castilla-la Mancha niega que «los pequeños espacios interfluviales que se suceden entre las cuencas hidrográficas de los cauces principales que desembocan a lo largo de la costa entre Benicàssim y Gandia» sean intercomunitarios y adscritos por tanto a la futura Demarcación del Júcar, como defiende el Gobierno y la Generalitat.
La estrategia de Castilla-La Mancha
Más aún, los castellano manchegos niegan que La Albufera sea producto de una llanura de inundación o interfluvio a la que contribuyen por igual las aguas y avenidas del Júcar y el Turia. Esta estratagema permitiría, de ser aceptada por el Gobierno, adjudicar a la Generalitat la cuenca del Carraixet y la del Barranco del Poyo-dos auténticas joyas que solo aportan avenidas e inundaciones, pero ni gota de agua-, provocando una «ruptura» en las aguas costeras-de Benicàssim a Gandia- y restando «suelo» a la Generalitat.
Básicamente, el Gobierno valenciano acepta el criterio del Ejecutivo a excepción de la división entre las cuencas del Vinalopó y el Alacantí realizada con criterios geográficos -aguas superficiales-aunque discutible por otras razones «de segundo y tercer orden» basadas en la interconexión existente en sus aguas subterráneas y a través de múltiples infraestructuras de riego y suministro hídrico.
Sin embargo, y puestos a hilar fino, el conseller José Ramón García Antón recuerda en un escrito al ministerio que en Albacete hay cuencas endorreicas como las del río Lezuza, Balazote, Don Juan o Pozohondo-sin salida al Júcar o a través de canales artificiales como el de Maria Cristina- que deberían ser adscritas a Castilla. El movimiento haría que Albacete se quedara «fuera» del Júcar.

Cuarenta y un millones de euros está previsto que se inviertan este año en la modernización de explotaciones agraria, facilitar la incorporación de jóvenes al sector agrícola y mejorar los regadíos. Así lo indicó ayer la portavoz del Gobierno regional, al informar de los acuerdos del Consejo de esta semana.

Se trata de unas subvenciones cofinanciadas por la Junta de Comunidades, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Unión Europea.

La primera línea de ayudas está destinada a la modernización de las explotaciones agrarias y se dirige a los titulares de las mismas, ya sean personas físicas (agricultores profesionales) o personas jurídicas (cooperativas, sociedades mercantiles, etc.) cuya actividad principal sea la agraria.

Hasta 200.000 euros

Según Rodríguez, el objetivo es aumentar la renta agraria y mejorar las condiciones de vida y de trabajo del sector, aumentando la competitividad de las explotaciones. La ayuda alcanzaría hasta el 50% de la inversión máxima financiable y podría llegar a los 200.000 euros para personas físicas y 800.000 para personas jurídicas. Se estima que al año puede haber alrededor de 900 beneficiarios.

La segunda línea es la de incorporación de jóvenes a la agricultura y está dirigida a personas de entre 18 y 40 años. Se busca facilitar que jóvenes agricultores puedan convertirse en titulares de explotaciones agrarias, para contribuir al relevo generacional y al rejuvenecimiento del sector. Las estimaciones apuntan a unos 300 beneficiarios al año con una ayuda máxima de 40.000 euros.

La tercera línea se refiere a las actuaciones en regadíos y va dirigida a entidades asociativas de riego común, personas físicas titulares de explotaciones agrarias que sean agricultores no profesionales y personas jurídicas titulares de explotaciones agrarias calificadas como no prioritarias. Los cálculos realizados prevén unos 300 beneficiarios al año.