El secretario regional de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha presentado hoy ante el Defensor del Pueblo de la comunidad autónoma un escrito para pedir su mediación en problemas que afectan al sector

El secretario regional de Asaja de Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha presentado hoy ante el Defensor del Pueblo de la comunidad autónoma un escrito para pedir su mediación en problemas que afectan al sector, como las excesivas tarifas eléctricas que hacen inviables los regadíos.

En rueda de prensa antes de reunirse con el Defensor del Pueblo en la región, José Manuel Martínez Cenzano, Fresneda ha explicado que las subidas en los recibos de la luz están siendo de entre un 250 y un 400 por cien, llegando incluso a una subida que ronda el 600 por ciento respecto al año anterior.

El dirigente de la patronal agraria ha lamentado que se trata de una serie de cuestiones «que están haciendo imposibles los regadíos» y ha denunciado que «los agricultores no saben por qué le cobran, qué le cobran y qué tarifas les aplican», por lo que ha pedido al defensor que medie en esta cuestión.

También han transmitido al Defensor del Pueblo la «indefensión del sector ante los robos y atentados que están pasando cada vez más en el campo».

En este sentido, ha adelantado que la semana que viene se reunirán con el delegado del Gobierno en la región, Máximo Díaz-Cano, para transmitirle su preocupación por el aumento de robos en las explotaciones agrarias.

La falta de liquidez en el sector es otro de los temas que los agricultores han planteado en su escrito a Martínez Cenzano para que medie con las instituciones ante posibles soluciones.

Del mismo modo, han pedido a Martínez Cenzano «que se queje ante quien corresponda» para que desde las instituciones no se «alardee» de todo el dinero que se destina al campo.

Ha lamentado que los delegados de la Junta en las distintas provincias están «alardeando» de estas ayudas y ha considerado que esto «perjudica» la imagen de los agricultores puesto que, según Fresneda, «la gente, al leer esto, pensará que a los agricultores nos están hinchando a millones».

Así, ha explicado que «esto no es así», sino que reciben las ayudas que les corresponden según se fija en la Unión Europea.

Junto a Fresneda han estado el vicepresidente regional de Asaja, Florencio Rodríguez; el presidente de Asaja Albacete, José Pérez Cuenca; y el de Ciudad Real, Cristóbal Jiménez.

A preguntas de los periodistas sobre si prevén algún tipo de movilización para este año dada la situación de crisis del sector agrario y ganadero, Fresneda ha valorado que «sí» es muy predecible que tengan que hacer movilizaciones en 2009.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, se comprometió ayer con Asaja a intensificar la presencia de la Guardia Civil en el campo, pero pidió a los agricultores que no salgan armados a patrullar.

Representantes del comité ejecutivo de Asaja se reunieron con el delegado del Gobierno para pedirle un aumento de la vigilancia policial ante el incremento de robos en naves agrícolas, sobre todo en las zonas más despobladas del medio rural.

Entre las medidas anunciadas por el delegado del gobierno están intensificar la presencia de la Guardia Civil en los caminos rurales y aumentar la colaboración con los guardas rurales.

Además, va a dar instrucciones -dijo Díaz-Cano- a las subdelegaciones del gobierno para que los capitanes de las comandancias de la Guardia Civil se reúnan periódicamente con representantes de los agricultores para analizar la evolución de la situación y establecer líneas de colaboración y coordinación.

Díaz-Cano constató que en 2008 hubo más robos que en 2007 en el medio rural de la región, pero también hubo mayor eficacia policial porque se detuvieron a más personas, manifestó.

Sin embargo, el delegado del Gobierno considera «un error» que los agricultores salgan armados a patrullar por la noche sus explotaciones, porque ponen en riesgo su propia seguridad y también la eficacia de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Previamente, el secretario regional de Asaja, José María Fresneda, explicó que existe una gran alarma y preocupación por el aumento de los robos y hurtos por parte de bandas que a su juicio están muy bien organizadas y que se desplazan con facilidad en función de la vigilancia.

Cauces legales

Fresneda también es partidario de que la vigilancia se haga por los cauces legales, aunque justificó el anunció de sus compañeros de Guadalajara de establecer patrullas nocturnas ante la desesperación que tienen por esta oleada de robos.

Tras el encuentro, Asaja valoró positivamente la reunión con el delegado del Gobierno en un comunicado, coincidiendo en el peligro que conlleva la formación de patrullas de agricultores «no sólo por la integridad física de los vecinos, sino también porque obstaculizan las investigaciones policiales».

Entre las actuaciones a las que se comprometió Díaz-Cano, según Asaja, figura la promoción de jornadas de formación para agricultores y guardería rural, «de manera que no se ponga en riesgo la integridad de los propios agricultores».

La organización agraria confió en que la situación se solucione pronto, de forma que este colectivo pueda «vivir y trabajar con la más absoluta normalidad».

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha exigido a las Administraciones Públicas «que aumenten la protección en las zonas rurales de la región donde se están produciendo una desmesurada oleada de robos organizados que atentan no sólo contra la propiedad de los profesionales, sino también contra su propia integridad física».

Aseguran que todas las comarcas de la Región se han visto afectadas y que «el número de robos continúa en aumento, lo que está provocando entre los agricultores nerviosismo, indignación y una sensación de inseguridad que les prohíbe desarrollar su actividad con normalidad».

La organización exige a los gobiernos regional y nacional que, de manera urgente, administren el Estado de Derecho y apliquen medidas que terminen de una vez por todas con la inestabilidad en el campo. Apuntan que debe aumentarse la vigilancia al igual que se ha incrementado notablemente la presencia de guardas forestales para vigilar el medio ambiente.

Asaja asegura que no debe permitirse ni un robo más, y advierte que «no va a participar en un debate estéril, pues mientras se producen negociaciones, aumenta el miedo en el medio rural».

Añaden que «los actos delictivos que antes eran aislados ahora son robos de bandas organizadas que sustraen de las explotaciones desde gasóleo, cobre, maquinaria, aperos y herramientas hasta sistemas de regadío completos, tractores o incluso ganado o la propia producción».

Situación insostenible

Denuncia Asaja que la situación es insostenible porque viene a sumarse a la complicada situación agropecuaria, con falta de liquidez y paralización de la actividad productiva.

Anuncian que ante la falta de fuerzas de seguridad, algunos afectados se plantean formar «patrullas formadas por ellos mismos, con el correspondiente peligro que esto conlleva».

Asaja prevé reunirse hoy con el delegado del Gobierno de la Región, Máximo Díaz, «como último recurso, para exigir protección y seguridad en el campo».

El PSOE registró ayer en el Congreso nueve grupos de enmiendas al estatuto de Castilla-La Mancha que, entre otras cosas, mantiene el objetivo de la disminución progresiva del trasvase Tajo-Segura, aunque relega al preámbulo la fecha de caducidad de 2015, como aspiración de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Así, la enmienda socialista plantea que el preámbulo del texto hable de una «progresiva disminución del agua trasvasable y el cumplimiento de los objetivos medioambientales» fijados en la directiva marco del agua de la UE, «cuya eficacia plena habrá de alcanzarse en el año 2015 y que, para las Cortes de Castilla-La Mancha, conllevaría la extinción del trasvase».
En el preámbulo y en el articulado se recoge otro de los aspectos clave de la propuesta: que la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo plantee «la disminución progresiva de los caudales trasvasables y el aumento de las reservas no trasvasables para atender las necesidades de la propia cuenca que los poderes públicos de Castilla-La Mancha han estimado en 600 hectómetros cúbicos».
Asimismo, la enmienda del PSOE propone que la Junta de Comunidades tenga que ser informada con carácter previo ante cualquier trasvase o cesión de agua que afecte a las cuencas de la comunidad, a fin de que emita preceptivamente un informe, que requeriría respuesta motivada.
Recoge también la participación de Castilla-La Mancha en el proceso de planificación hidrológica de las cuencas que afecten a su territorio y en los órganos de dirección de las cuencas hidrográficas intercomunitarias que le afectan.
El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, admitió que las negociaciones con el PP estaban bloqueadas desde enero y que se decidió poner fin a las prórrogas presentando ayer las enmiendas.
Según explicó, el PP ha mantenido en las últimas semanas un discurso distinto e incluso antagónico en Castilla-La Mancha y en Murcia y la Comunidad Valenciana.
Propuestas del PP
Por su parte, el PP incluyó en sus enmiendas al Estatuto de Castilla-La Mancha una alusión a la fecha de 2015, pero sin mencionar el final del trasvase Tajo-Segura, y plantea que el Estado debe garantizar las necesidades de agua de Castilla-La Mancha, que la Junta cifra en 600 hectómetros cúbicos.
El grupo parlamentario del PP presentó ayer tarde 80 enmiendas al proyecto, parte de ellas dedicadas a la política hidráulica.
Fuentes populares indicaron que, aunque las enmiendas se han presentado por separado, el PP no renuncia a llegar a un acuerdo con el PSOE en la tramitación de las mismas, pues considera que tienen bastantes puntos en común.
Al igual que el PSOE, el PP ha suprimido de la disposición transitoria primera del Estatuto la alusión a la caducidad del trasvase en 2015, fecha que ambos partidos fijaron por consenso en las Cortes de Castilla-La Mancha.

La cuenca del Júcar es la cuarta de mayor crecimiento de todas las de España en agua embalsada de los últimos diez años, y actualmente hay casi un 52% más de reserva en los embalses de esta cuenca que hace un año.
Según la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, actualmente se dispone de un 32,6% total de la reserva, lo que suponen 1.090 hectómetros cúbicos, aumentando esta semana la reserva en 45 hectómetros cúbicos respecto de la semana pasada (un 1,4%).
Respecto al año pasado, el agua embalsada ahora es un 11,1% superior y un 17,1% sobre 2007, así como de un 7,3% sobre la media de los últimos cinco años y de un 6,6% sobre la de la última década.
El incremento de agua embalsada en la cuenca del Júcar supone un incremento del 28,4% respecto a la media de los últimos diez años, situándose solo por delante las de Galicia Costa, Segura e internas de Cataluña.
Por detrás de la cuenca del Júcar quedan, por ejemplo, Ebro con un 23,8% o la del Tajo y la del Guadiana que registran incrementos negativos.
La media nacional de incremento se sitúa por debajo de la media de incremento que ha tenido la cuenca del Júcar en los últimos diez años, según las mismas fuente

ASAJA de Castilla La Mancha ha hecho hincapié en la falsa liberalización del mercado eléctrico, con la desaparición de las tarifas especiales de riego que ello supone y que, en la práctica, no ha fomentado la competencia entre operadores sino que ha supuesto un aumento de los costes energéticos para los agricultores del 40 por ciento.

Al incremento de las tarifas eléctricas y los cambios de contrato hay que sumarles otros aspectos negativos como el nuevo modo de facturación de las compañías. A diferencia de como venía haciéndose, las facturas son mensuales, mientras que la medición de la energía consumida se establece cada dos meses. Esto supone que uno de los meses se cobra por estimación, sin ajustarse, en la mayoría de los casos, a la realidad.

Ante esta preocupación, el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha ha mostrado total interés y se ha comprometido a actuar dentro de las competencias asignadas para esta Institución.

No obstante, ASAJA C-LM ha transmitido otros constantes problemas que está sufriendo el campo en los últimos tiempos. Así, los robos en el campo, han pasado de pequeños hurtos a grandes delitos de bandas organizadas que tienen a los agricultores y ganaderos atemorizados.

La Organización Agraria también se ha referido al gran diferencial existente entre los precios en origen y lo que paga el consumidor. Este factor, junto con la coyuntura económica del momento, está llevando a la desaparición a un sector estratégico para la sociedad.

José Manuel Martínez Cenzano se ha interesado profundamente en los diferentes temas y se ha comprometido con ASAJA de Castilla-La Mancha a transmitir al Defensor del Pueblo de la Nación aquellas cuestiones que le competen, tales como el tipo de facturación de las tarifas eléctricas por estimación y los abusos existentes en el gran diferencial entre lo que se le paga al agricultor por producir y lo que paga el consumidor en las grandes superficies.

Asimismo, el Defensor del Pueblo de la Región, protegerá los intereses de los usuarios y consumidores castellano-manchegos trasladando los problemas con los contratos energéticos y exigiendo una información transparente para los agricultores, ante la Administración Regional y, concretamente, ante la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.

Los agricultores de la zona de Barrax están alarmados por la oleada de robos de transformadores eléctricos que se están produciendo en los regadíos. Estos delitos se están incrementando y provocando daños muy cuantiosos en las instalaciones de riego.

Según los propios afectados, una misma finca ha sido objeto de tres robos de equipos (en tres días distintos); se han llegado a sufrir cuatro sustracciones en una sola noche.

Los ladrones, aseguran, son extranjeros y están muy organizados, tanto para localizar los objetivos de sus asaltos como para desmontar los transformadores, que pueden pesar unos 800 kilos.

Alfonso Calderón, agricultor y vocal de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, confirmó que la situación se agrava por días: «siempre ha habido robos en el campo, por aquí el año pasado robaban cables, equipos de los pívots, cosas así. En Ciudad Real sí robaban transformadores; ahora han dado el salto aquí, son gente extranjera muy organizada. Por el día recorren el campo, con la excusa de buscar trabajo, y así localizan lo que se van a llevar por la noche, porque están llegando a sitios muy difíciles de encontrar».

Explica que ante esa delincuencia los agricultores apenas tienen defensa; sólo hay un agente de policía local en Barrax, y no hay puesto de la Guardia Civil. Los robos se producen de noche en fincas aisladas, no es fácil controlar las grandes superficies de riego que se extienden entre Albacete, Barrax, La Gineta y La Roda.

Alfonso Calderón explica que los robos necesitan una cierta preparación: «tienen que llevar algún tipo de grúa, porque bajan los transformadores, que pesan setecientos u ochocientos kilos, al suelo, los desmontan, dejan la carcasa y se llevan lo de dentro. Aquí se usan transformadores grandes, de doscientas o trescientas kaveas (cada cien kaveas pueden costar millón y medio a dos millones de pesetas), de manera que para lo que ellos puedan sacar, al agricultor le hacen un destrozo enorme».

Mucho tajo

Lo peor, asegura, es que «el agricultor, claro, tiene que reponer lo que le han robado si no quiere perder el cultivo; pero pones otro transformador y pueden volver a robártelo, ya se saben el camino. A mí mismo se me han llevado hace poco los cables de una bomba, que valen sobre un millón; no se llevaron el transformador porque no les debió dar tiempo. Seguramente volverán y se lo llevarán, pero, ¿qué podemos hacer? ¿ponerme junto al pozo con una escopeta? ¿quién nos va a resarcir? No hay Guardia Civil, y la poca que hay, no sabemos qué instrucciones tiene, porque pasan cosas increíbles, como el otro día, que atascaron en el barro unos de los que iban a robar; se llamó a la Guardia Civil, y dijeron que si no había sangre no iban. ¿Qué tiene que pasar para que se haga algo para cortar ésto?»

Alerta este regante sobre lo que puede suceder si no se ataja el problema: «un transformador cubre unas sesenta o setenta hectáreas, y hay unas cien mil hectáreas de regadío, así que se pueden echar cuentas del tajo que tiene esta gente si no se les frena».

Denuncia que «en el fondo, es un problema de que aquí el Gobierno ha dejado venir a gente sin control; igual que viene gente a trabajar, que a mí me parece muy bien, también han dejado venir a gente que viene a delinquir, que son bandas organizadas; están metiéndose en sondeos muy difíciles de encontrar, y luego son capaces, por ejemplo, de coordinarse en una noche para hacer varios robos en sitios alejados varios kilómetros en muy poco tiempo».

El asunto ya se ha llevado a las organizaciones profesionales para ver si consiguen una respuesta de las autoridades; Alfonso Calderón comenta, finalmente que «la situación del campo está ya bastante mal para tener que cargar además con un lastre como éste».

El secretario de la Junta Central de Regantes, Herminio Molina (que también fue víctima de robo de material) recordó que ya hubo reuniones con la Subdelegación del Gobierno, y que la Guardia Civil practicó algunas detenciones. Indicó que es un problema complejo, ya que se trata «de bandas organizadas; han dado el salto, y ya no nos enfrentamos a raterillos que se llevan lo que pueden. En este caso, están causando un daño enorme, porque cuando te quitan el transformador, además de la pérdida económica, que es importante, te causan una parada de la instalación que te puede repercutir en la cosecha».

Insistió en que es un daño más para la actividad agraria, ya bastante castigada, y se mostró partidario de que «si es imposible que las fuerzas de seguridad nos protejan, al menos que se nos indemnice como víctimas de estos casos; hay una gran preocupación por lo que está pasando».

Lamentó también la permisividad que hay a la hora de combatir esta delincuencia: «mi experiencia como víctima de uno de estos robos no fue buena; parece como si las leyes estuvieran hechas más para dar garantías al delincuente que a la víctima. Resulta que ellos saben lo que dicen las normas, intentan actuar de manera que se consideren hurtos y no robos, y eso tiene un tratamiento legal mucho más leve, aunque al perjudicado le provoquen un perjuicio enorme».

Fernando Ortega se dice «triplemente satisfecho» por la reciente anulación del Decreto de Sequía. En su calidad de alto cargo de la administración regional, en la de habitante de Castilla-La Mancha y, sobre todo, en su calidad de albaceteño, porque su provincia era, con mucho, la más afectada por la norma anulada por el Tribunal Supremo.
¿Qué consecuencias tiene la anulación del Decreto de Sequía en el Tajo, Júcar y Segura?
En primer lugar, que no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. La sentencia, de hecho, anula el decreto porque no se dio audiencia a las comunidades autónomas. No se puede legislar por las bravas, sin hablar antes con las partes implicadas y afectadas, como pueden ser las administraciones o los usuarios. En definitiva, que hay un procedimiento y unas normas de participación, y que todos tenemos que aplicarlas, incluyendo el Gobierno de la Nación.
¿Tendrá consecuencias en otros contenciosos como, por ejemplo, el del ámbito de la futura Demarcación del Júcar?
Son procesos diferentes. Pero creo que hay un denominador común, y es que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera, como ya le dije. El Supremo ha anulado el Real Decreto de Sequía porque la ley obligaba, por ejemplo, a convocar la Junta de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas afectadas antes de aprobarlo, y no se hizo. Y el Supremo anuló en octubre de 2004 el ámbito territorial del Júcar porque la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana obligan a la Generalitat Valenciana a asumir la gestión de sus cuencas internas. En definitiva, que nadie por está por encima de la ley, y que las leyes y sentencias no se negocian, se acatan y se cumplen.
¿Qué pasará con los pozos de Hellín después de la anulación del Real Decreto de Sequía?
Que pasan a ser simple huecos en el suelo, porque ya no pueden ser pozos de sequía. La Confederación Hidrográfica del Segura los perforó y los usó para derivar aguas a la cuenca baja del Segura amparándose, precisamente, en este Decreto. Ahora, esas decisiones, así como las que se pudieran haber tomado en el futuro con estos pozos, quedan sin cobertura legal.
¿Vamos a tener Plan de Cuenca del Júcar en 2009, como está previsto?
Ni del Júcar ni de ninguna otra parte, vamos con mucho retraso en todas las cuencas. Es cierto que algunas van más adelantadas que otras, como por ejemplo el Segura, que ya tiene publicado, de forma provisional, el esquema de temas importantes. Pero si uno coge los plazos que están marcados ve que, aunque se llevase todo sin recursos, sin conflictos ni discusiones, se ve que es materialmente imposible. Y eso llevándolo bien.
Entonces, ¿2010?
Eso espero, porque sería una barbaridad irse más allá. Hagamos, si me permite, unas cuentas someras. Supongamos, subrayo, supongamos, que estuviese listo el esquema de temas importantes del Júcar. Una vez publicado de forma provisional, hay seis meses para hacer alegaciones, como ya hemos hecho en el Segura; pasado el plazo, iría al Consejo del de Agua de la Demarcación…
Perdone, pero ¿ese Consejo existe?
Pues no, no existe aún, ése es otro problema añadido. Pero sigamos suponiendo. Llegamos al Consejo del Agua y éste, en un plazo más o menos breve, logra llegar a un documento provisional de Plan Hidrológico. Después, viene otro plazo de alegaciones de seis meses, en definitiva, que 2009 es imposible, no puede ser.
Y entretanto, ¿qué ocurre con la gestión del Plan?
Que seguimos metidos en un círculo vicioso, con el Plan anterior, el de 1998, cuyo ámbito territorial ha sido anulado por el Supremo en virtud de la sentencia de 2004.
¿Cómo se puede romper esta situación?
Cumpliendo la ley y segregando del Júcar las cuencas internas. El problema es que ahí topamos con la indecisión en la que se mueve la Generalitat Valenciana, que no sólo no cumple la Constitución y una sentencia del Supremo, sino que encima se niega a cumplir su propio Estatuto de Autonomía, que marca que las cuencas internas las tiene que gestionar ellos. Pero ahí están, sin decir qué van a hacer o dejar de hacer, negándose a cumplir sus propias leyes y frenando el proceso de revisión del Plan de Cuenca del Júcar más allá de todo límite razonable.