Unas 15.000 personas, según la Policía Local, se manifestaron hoy en Murcia bajo el lema ‘En defensa del trasvase Tajo-Segura. No al Estatuto de Castilla-La Mancha’, como «primer toque de atención» a los políticos que está negociando la reforma del texto estatutario, a quienes los regantes pidieron que «no cedan ni un ápice, pues está en juego el futuro de la sociedad a la que representan».

   Así lo aseguró el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Francisco del Amor, en el manifiesto que leyó al término de la protesta, en el que exigió que el trasvase «no sea usado por nadie como bandera política, ni como arma de confrontación entre comunidades que son vecinas y hermanas», así como la necesidad de llegar a «un gran Pacto Nacional del Agua, ya que el agua debe servir como elemento de unión y nunca como arma de división».

   Y es que, según Del Amor, aprobar las propuestas en materia de agua recogidas en el texto de la reforma del Estatuto «sería nuestra muerte inmediata», ya que «todo el tejido socieconómico del sureste español –más de 2,5 millones de habitantes que beben agua y 70.000 familias de regantes– depende del trasvase, generando un empleo estable que mitiga los efectos de las épocas de crisis económica».

   «No podemos permitir que se pierda esta riqueza a nivel nacional», recalcó Del Amor, quien advirtió que «las falsedades que algunos transmiten al resto de la nación no hacen más que provocar incomprensión y tensiones entre regiones hermanas que a nada conducen».

   Del Amor, quien recordó que los regantes del Tajo-Segura llevan «pagados escrupulosamente» 200 millones de euros a las CCAA por las que discurre el Tajo «para su propio desarrollo y bienestar», insistió en que «estamos amparados por la Ley», rechazando que se pretenda poner una fecha de caducidad al trasvase (2015), aumentar la reserva estratégica no trasvasable a 600 hm3, impedir las cesiones de derechos y controlar el acueducto desde Castilla-La Mancha. «Todo ese es potestad del Gobierno de España», apostilló.

   El presidente del SCRATS reconoció estar «emocionado» por «vuestro multitudinario apoyo en defensa del trasvase», pues la protesta de hoy se concibió en origen como una concentración, que acabó en una manifestación que superó las previsiones de la organización.

«ACCIONES CONTUNDENTES».

   No obstante, avisó que «en caso de que finalmente el texto definitivo que se apruebe sea contrario a nuestros legítimos derechos, el SCRATS, junto con la sociedad y el Comité de Crisis ante la Sequía, os volverá a pedir vuestro apoyo». «No dudéis que, en ese caso, las acciones que tomaremos en el futuro serán contundentes», aseveró.

   La protesta estuvo precedida de una asamblea general abierta a toda la sociedad, que por primera vez celebra el SCRATS en sus 30 años de historia, con carácter extraordinario y con la reforma estatutaria como único punto del orden del día. En la misma, que dejó pequeño el salón de actos de la Cámara de Comercio de Murcia, se acordó por rotunda aclamación rechazar el texto y salir en manifestación por la Gran Vía hasta la plaza Fuensanta.

   En la primera fila de esa asamblea general estuvieron los secretarios generales del PP y el PSOE en la Región, así como el presidente del Parlamento murciano, entre otros, aunque la presencia de diputados regionales y nacionales de ambos partidos fue multitudinaria, así como de miembros del Gobierno regional, agentes sociales, colectivos agrarios y, sobre todo, comunidades de regantes, que vinieron en varios autobuses procedentes de diversas localidades, tanto de la Región de Murcia como de Alicante y Almería.

   La manifestación, que al inicio estuvo algo desorganizada puesto que el recorrido iba a la inversa del sentido circulatorio de la Gran Vía, lo que generó que mucha gente se pusiera delante de la pancarta, transcurrió sin incidentes entre pitos y música como ‘Agua dulce, agua salá’, ‘Mediterráneo’, ‘La Parranda’, el himno valenciano y flamenco.

REACCIONES.

   Entre los participantes, la portavoz del Ejecutivo murciano, María Pedro Reverte, aseguró que «no podemos permitir que un Estatuto recoja competencias que atentan contra los principios constitucionales». «Es un agua de todos los españoles», aseveró, tras lo que puso de manifiesto que el de hoy es un día «importante» y en donde «nos estamos jugando mucho».

   El presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán, argumentó que «lo sorprendente es que después de 30 años recibiendo el agua del Tajo, tengamos que salir a la calle a clamar por que no nos la quiten». «En esta Región –dijo– fuimos muchos los que nos rasgamos las vestiduras, nos escandalizamos cuando hay una ley aprobada por más de 200 diputados en el Congreso que nos otorgaba agua de otras cuencas españolas y fue derogada».

   Desde las filas del PP, su secretario general y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, recordó que esta infraestructura «nos ha dado agua, prosperidad y nos permite crear empleo», razón por la que remarcó que «no se permitirá que nadie nos quite el agua, porque el trasvase es intocable y nos da esperanza y confianza en el futuro». Así, auguró que «esta batalla, todos juntos la vamos a ganar», y afirmó que se conseguirá, del mismo modo, el trasvase del Ebro «para garantizar el futuro de Murcia».

   En términos similares se pronunció el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, quien incidió en que lo de hoy «es un aviso para navegantes», porque «tan sólo se ha convocado una concentración y tenemos una afluencia masiva».

   «Los murcianos tenemos ganas de decir que ya está bien de jugar con nuestras cosas, porque ya se jugó y se derogó el trasvase del Ebro y ahora se está jugando con el Tajo-Segura», apuntó Ruiz, en lo que coincidió con el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, quien consideró que «esto es un grito más de la sociedad en la Región, diciendo basta ya a un Gobierno socialista que está atacando y perjudicando constantemente a la Región».

   El diputado nacional del PP por Murcia, Vicente Martínez-Pujalte, quien estuvo acompañado por los también parlamentarios en el Congreso del PP por Murcia Jaime García Legaz, Arsenio Pacheco y Pilar Barreiro, recordó que desde este partido «siempre hemos defendido lo mismo», y destacó que la posición al respecto es «clara». «El agua es de todos, es un derecho, y el trasvase es un derecho de murcianos, alicantinos, almerienses», por lo que, advirtió, «no se va a tolerar que se nos quite ni una gota de agua del trasvase».

   Desde el PSRM-PSOE, el secretario general, Pedro Saura, destacó que la Región «necesita agua, el Tajo-Segura, ya que es una infraestructura fundamental no sólo para Murcia, sino también para la Comunidad Valenciana, Andalucía y el conjunto de España». Por ello, declaró que «el mensaje que hoy enviamos es de unidad al resto de la sociedad española y fundamentalmente a las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha».

   «El Tajo-Segura es una obra fundamental para la Región y España y el que desaparezca es un elemento de insolidaridad, va contra la cohesión social y económica de España», expresó Saura, tras lo que destacó que hoy «está unida la sociedad murciana, peleando con los intereses de la Región». Entre los asistentes también estuvo el diputado socialista por Murcia en el Congreso, Javier Mármol.

   Finalmente, la alcaldesa de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, destacó la «solidaridad de Comunidad Valenciana y Murcia, que demuestran siempre que nunca han dejado de defender los trasvases». «Siempre somos los mismos los que damos ejemplo de solidaridad territorial: los que no tenemos agua», concluyó. 

Miles de personas. Esa era la previsión que hacía ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, para la manifestación que comenzará hoy, a las 17 horas, en Murcia, bajo el lema «En defensa del Trasvase Tajo-Segura: No al Estatuto de Castilla-La Mancha», y para la que se fletarán casi un centenar de autobuses desde tres provincias. El punto de partida de la protesta será la plaza San Bartolomé, lugar que dejarán los manifestantes para, posteriormente, dirigirse a la Gran Vía para finalizar en la plaza Fuensanta. Y es que, recalcó Del Amor, tanto la reforma del Estatuto, como el nuevo plan de cuenca del Tajo, supondrían «el fin del Trasvase, y eso es algo que no podemos consentir, ni como regantes, ni como ciudadanos, porque del agua del Trasvase regamos y bebemos».
La cantidad de adhesiones recibidas ha hecho que lo que se pensó inicialmente como una concentración, a modo de «toque de atención» a los políticos que están pactando la reforma del Estatuto, sea ya una manifestación que quiere ir más allá de un «tirón de orejas» para ser un «tirón a la conciencia», apuntó Del Amor.
Asimismo, el presidente del Sindicato comentó que están recibiendo adhesiones de «muchísimos ayuntamientos» de las tres provincias que abastece el Trasvase Tajo-Segura -Murcia, Alicante y Almería-, así como de los tres partidos políticos con representación en la Asamblea Regional de Murcia.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, aseguró hoy que la Junta de Comunidades ha presentado alegaciones a los Planes de Cuenca de los ríos Tajo y Segura, con el objetivo que también se persigue con el Estatuto de Autonomía, actualmente tramitándose en el Congreso de los Diputados, que es el de «conseguir el agua necesaria para Castilla-La Mancha».

   A preguntas de los medios, Rodríguez insistió en que las propuestas son muy similares a las que contempla el texto castellano-manchego, que pasan por alcanzar la reserva estratégica en la cabecera del Tajo de 600 hectómetros cúbicos, o de los 700 según las previsiones realizadas para 2017, año en el que se volvería a revisar el Plan de Cuenca.

   El Gobierno regional también ha pedido mantener la reserva ecológica del río Tajo a su paso por Aranjuez en los 12,7 hectómetros, lo que demuestra que «no estamos parados, sino que estamos actuando, tanto en la negociación del Estatuto, como por otras vías, para conseguir lo mejor para la región en materia de agua».

   La razón, prosiguió Rodríguez, es que el Gobierno autonómico está «convencido» de que hay que trabajar y seguir insistiendo para conseguirlo, y el Plan de Cuenca «es muy importante para el futuro del río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha».

   En cuanto al Plan de Cuenca del río Segura, la portavoz subrayó que la Junta de Comunidades ha pedido un estudio «para ver cómo tendríamos que plantear la cuenca del Segura cuando llegue el agua del trasvase del Tajo».

   En definitiva, reconoció que dichas alegaciones se han presentado con la confianza de que sean contempladas, y advirtió que la única solución que queda para conseguir beneficios positivos en la región es «trabajar, trabajar y trabajar».

   No obstante, Isabel Rodríguez recordó que las condiciones que se plantean en las alegaciones al Plan de Cuenca «podrían estar ya aprobadas si el Partido Popular, con María Dolores de Cospedal a la cabeza, hubiese admitido la propuesta que ha puesto el PSOE, en materia de agua, encima de la mesa», en referencia al Estatuto de Autonomía.

PLENO EXTRAORDINARIO

   En esta línea, la portavoz autonómica explicó que durante la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada ayer, se hizo un análisis exhaustivo del pleno extraordinario del pasado lunes, dedicado a unificar posiciones en torno al Estatuto de Autonomía.

   En dicha reunión se analizó, por un lado, la posición «muy clara» del presidente José María Barreda, que puso sobre la mesa un buen acuerdo en materia de agua, y por otro lado, a una presidenta del PP regional, María Dolores de Cospedal, que «ni sí, ni no, ni mú», porque «no dijo nada nuevo y se retrotrajo a otras épocas del Estatuto y a otras realidades».

   En este sentido, aseguró comprender el problema y el papel que tiene De Cospedal en Madrid, con el caso del presunto espionaje a varios miembros del partido en la Comunidad ‘popular’, pero ese problema, advirtió, «no puede afectar a los intereses de los castellano-manchegos».

   En definitiva, Rodríguez señaló que el acuerdo del PSOE es «un buen acuerdo», pero que el problema es que De Cospedal «no quiere echarse encima» a los presidentes de Murcia y de Valencia.

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 29.137 hectómetros cúbicos, 5.481 más que el pasado año y 1.627 menos que la media de los últimos 10 años, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses de las cuencas internas del País Vasco, al 90,5 por ciento de su capacidad; las del Cantábrico que están al 89,6 por ciento; Galicia Costa, al 82,3 por ciento;  Miño-Sil 75 por ciento; Cuencas internas de Cataluña al 74,9 por ciento; Ebro, al 74,1 por ciento y la del Duero al 60,9 por ciento.

Ya por debajo del 50 por ciento está el Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), al 48,3 por ciento; la cuenca del Tajo que se incrementa al 48 por ciento; la cuenca Atlántica Andaluza, al 47,2 por ciento, la cuenca del Guadalquivir, al 41,7 por ciento de su capacidad total y la cuenca Mediterránea Andaluza, al 40,4 por ciento.

En situación más crítica permanecen la del Júcar, al 31,2 por ciento, y la del Segura, que está al 24,7 por ciento.

Los embalses de las cuencas españolas pueden acoger un total de 54.308 hm³, aunque la cantidad de agua embalsada es de 29.137 hm³. De éstos, 21.351 hm³ corresponden a las cuencas de la vertiente atlántica y 7.786 hm³ a las de la vertiente mediterránea.

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra un real decreto del Gobierno, del 21 de octubre de 2005, por el que se adoptaban medidas excepcionales contra la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo.
El Supremo anula en consecuencia dicho real decreto, y fundamenta su decisión en que la administración central no cumplió el preceptivo trámite de audiencia a las Juntas de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas afectadas.
El tribunal admite así el recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra el real decreto 1265/2005 de 21 de octubre, «por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo».
El real decreto, adoptado por el Consejo de Ministros ante la sequía, otorgaba a los órganos rectores de las Confederaciones Hidrográficas de las tres cuencas un elenco de facultades extraordinarias para afrontar esta situación.

contenido de la sentencia. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el tribunal recuerda que el artículo 58 de la Ley de Aguas faculta al Gobierno a adoptar, mediante real decreto y en circunstancias de sequías extraordinarias, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de Concesión, para la superación de circunstancias de necesidad, urgencia, anómalas o excepcionales.
Sin embargo, el tribunal recuerda que la Ley, en su artículo 28, obliga a que las Juntas de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas sean oídas en trámite de audiencia antes de la aprobación del real decreto.
De este modo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha impugnó el real decreto por este único motivo, al entender que no habían sido oídas las respectivas Juntas de Gobierno de las tres confederaciones hidrográficas.
Pese a las diversas alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado, el Tribunal Supremo falla que no existe prueba alguna de que la Administración central cumpliera con este trámite y, por consiguiente, anula el real decreto, que declara disconforme a derecho.  

SENTENCIA T. SUPREMO RECURSO 115-05 CONTRA RD 1265-2005 DE SEQUIA

• El decreto fue aprobado por el Gobierno en octubre de 2005
• En él mismo se autorizaban medidas de emergencia contra la sequía
• Castilla – La Mancha lo impugnó porque no se cumplieron los trámites legales

EFE MADRID 29.01.2009El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha contra un real decreto del Gobierno, del 21 de octubre de 2005, por el que se adoptaban medidas excepcionales contra la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo.

El Supremo anula en consecuencia dicho real decreto, y fundamenta su decisión en que la administración central no cumplió el preceptivo trámite de audiencia a las Juntas de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas afectadas.

El tribunal admite así el recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha contra el real decreto 1265/2005 de 21 de octubre, «por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales para la gestión de los recursos hidráulicos y para corregir los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar, Segura y Tajo».

El real decreto, adoptado por el Consejo de Ministros ante la sequía, otorgaba a los órganos rectores de las Confederaciones Hidrográficas de las tres cuencas un elenco de facultades extraordinarias para afrontar esta situación.

El Gobierno no cumplió con todos los trámites

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el tribunal recuerda que el artículo 58 de la Ley de Aguas faculta al Gobierno a adoptar, mediante real decreto y en circunstancias de sequías extraordinarias, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de Concesión, para la superación de circunstancias de necesidad, urgencia, anómalas o excepcionales.

Sin embargo, el tribunal recuerda que la Ley, en su artículo 28, obliga a que las Juntas de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas sean oídas en trámite de audiencia antes de la aprobación del real decreto.

Así, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha impugnó el real decreto por este único motivo, al entender que no habían sido oídas las Juntas de Gobierno de las tres confederaciones.

Pese a las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado, el Tribunal Supremo falla que no existe prueba alguna de que la Administración central cumpliera con este trámite y, por lo tanto, anula el real decreto, que declara disconforme a derecho.

Para los ecologistas albaceteños parte de la solución en el caso del Júcar pasa porque no se permitan realizar nuevas extracciones mientras que no se habilite una reserva estratégica en Alarcón de 250 hectómetros cúbicos. Esa es al menos una de las propuestas que elevarán en la negociación de la revisión del Plan Hidrológico del Júcar, según indica Escribano. «Ahora mismo no se deberían tocar en absoluto los recursos de Alarcón», añade el representante de la organización ecologista, a la par que pide que no se avance hacia nuevos abastecimientos.

Otra de las piezas que los ecologistas consideran esencial es el acuífero de la Mancha Oriental. De hecho advierten por activa y por pasiva que «pedirán la sobreexplotación y que se vaya a un nivel de extracciones cero».

Desde la organización ecologista cifran además en torno a un 50% la bajada que han sufrido los niveles de precipitación en la cuenca alta del Júcar en los últimos 15 años. Una situación que achacan, según Escribano, al cambio climático, a malas reforestaciones y a las modificaciones que se han realizado en los cauces naturales.

La situación en la cuenca del Segura, a juicio del portavoz de Ecologistas en Acción, es incluso peor.

«En el Segura la situación de alarma es permanente», señala asegurando que se trata de una cuenca sobreexplotada tanto en lo que se refiere a las aguas superficiales como a las subterráneas.

No obstante, Escribano destaca lo que considera un avance. Y es que en el proceso de revisión de los planes hidrológicos, la cuenca del Segura va mucho más avanzada que la del Júcar.

La solución en uno y otro caso para los ecologistas no viene dada por un buen año en cuanto a la pluviometría. «Hay que reservar y planificar con otra mentalidad», afirma.

Regantes, ecologistas y expertos abogan por una buena gestión del agua

Afirman que, pese a la evolución, las reservas son inferiores a un año medio

Las precipitaciones que, en forma de lluvia y nieve, se han sucedido en la provincia desde que comenzase el nuevo año hidrológico han contribuido a mejorar el estado de los embalses que afectan a Albacete.

De hecho la práctica totalidad de los embalses albaceteños de las cuencas del Segura y del Júcar tienen almacenada a día de hoy el doble de agua que hace un año. En la cuenca del Júcar, Alarcón y Contreras tienen embalsada un 13,15 y un 18,31% de su capacidad respectivamente. Hace un año las reservas de Alarcón apenas si eran de un 5,91% de su capacidad total. Otro tanto ocurría con el embalse de Contreras que contaba hace doce meses con un 6,36% de su capacidad.

En la cuenca del Segura, el embalse de la Fuensanta ha duplicado sus recursos pasando de tener almacenado un 5% de su capacidad en 2008, a un 10% este año. El pantano del Cenajo ha pasado de tener un 11% de su capacidad total a contar con un 20% de agua almacenada. Tan sólo el embalse del Talave presenta una merma de sus reservas al pasar de tener un 52% de su capacidad el año pasado a un 25% a principios de 2009.

Y aunque el incremento de las reservas de los embalses y la evolución que ha registrado la pluviometría, tras varios años de acusado déficit hídrico, son celebrados por regantes, y ecologistas, estos no dudan en asegurar que esta mejora es insuficiente aún.

«Alarcón tiene embalsados 147 hectómetros cúbicos, eso en un embalse con capacidad para más de 1.000 no es nada», apunta Cipriano Escribano, de Ecologistas en Acción.

Extrema debilidad

Y es que la situación de partida de los embalses de las cuencas del Segura y del Júcar era de «extrema debilidad», tal y como señala el responsable de la organización ecologista.

Desde la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) recuerdan que, a pesar de haber duplicado el volumen embalsado del año anterior, las reservas de los embalses se encuentran por debajo de lo que es un año medio.

Una cuestión en la que también incide el director del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA), José María Tarjuelo, quien advierte además que las precipitaciones han sido muy desiguales dependiendo de la zona de la cuenca en cuestión. Así en la cabecera alta del Júcar y del Tajo las lluvias han sido mucho menores, según afirma.

Ante esta situación tanto el director del CREA, como los regantes y los ecologistas abogan por la necesidad de llevar a cabo una buena gestión hídrica y de «ahorrar» recursos para que en años sucesivos no se vuelva a repetir la situación que se ha vivido en plena sequía y sin reservas.

Mejoras

El secretario de la Junta Central de Regantes, Herminio Molina, en este sentido subraya que hay que trabajar para que se cumpla lo establecido en el Plan Hidrológico del Júcar. Entre las asignaturas pendientes, insiste en la necesidad de que los regantes tradicionales modernicen sus sistemas de regadío, pero también que los desembalses en el caso de Alarcón se realicen conforme a lo establecido en el Plan Hidrológico del Júcar.

Situación actual del embalse de Fuensanta: Tiene 21,112 hectómetros cúbicos, el 10% de su capacidad.

Situación del embalse de Fuensanta en 2008: 10,112 hectómetros, el 5% de su capacidad.

Situación actual del embalse del Talave: Tiene embalsados 8,640 hectómetros cúbicos, el 25% de su capacidad.

Situación del embalse del Talave en 2008: 18,135 hectómetros, el 52% de su capacidad.

Situación actual del Cenajo: Tiene embalsados 88,549 hectómetros cúbicos, el 20% de su capacidad.

Situación del Cenajo en 2008: 47,479 hectómetros, el 11% de su capacidad.

Situación actual del pantano de Alarcón: 147,03 hectómetros cúbicos embalsados, el 13,15% de su capacidad.

Situación del embalse de Alarcón en 2008: 66,06 hectómetros, el 5,91% de su capacidad.

Situación actual del pantano de Contreras: 156,11 hectómetros cúbicos embalsados, el 18,31% de su capacidad.

Situación del embalse de Contreras en 2008: 54,20 hectómetros, el 6,36% de su capacidad.

Pero, ¿qué esperan de este año? Desde la JCRMO confían en que la climatología siga acompañando. Y es que si el nivel de precipitaciones se mantiene, se podría incrementar el volumen de sustitución de bombeos que en el último año apenas si ha sido de 4 hectómetros. En esta campaña aseguran que lo deseable sería llegar a los 15 hectómetros.

Desde que la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) iniciara su defensa en contra de la supresión de las tarifas especiales para regadío, hace casi dos años, no hemos dejado de esforzarnos por recabar el apoyo de las distintas formaciones políticas con el fin de conseguir la aprobación de una serie de medidas que permitieran un acceso al mercado liberalizado lo menos traumático posible.

Desde el pasado mes de julio, los regantes deben afrontar una nueva tarificación, con un sobrecoste de más de 50 millones de euros para el sector, lo que unido a la subida de la factura desde el pasado enero, supone un sobrecoste aún mayor que puede frenar el proceso de consolidación de regadíos e incluso hacer inviable algunos de los proyectos de modernización ya en curso. A pesar de las dificultades, los esfuerzos de la Federación por conseguir el apoyo político no han cesado y, a pesar de las trabas, nuestras reivindicaciones siguen adelante.

En el plano político, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado presentó el pasado mes de junio una moción por la que se instaba al Gobierno a adoptar determinadas medidas ante la eliminación de las tarifas oficiales eléctricas para riego. El objetivo de esta moción era asegurar los mecanismos necesarios que garantizaran una transición en las mejores condiciones posibles al mercado liberalizado, de manera que el sector agrario no quedara abocado a las condiciones de precio que las grandes eléctricas quisieran imponer.

En concreto, esta moción planteaba una prórroga mínima de dos años de la tarifa especial de riego así como la aplicación de un tipo reducido de IVA del 4% -que podría ser del 7% en el peor de lo casos- en el suministro de electricidad para la explotación de instalaciones de regadío, bombeo y evacuación de agua, tomando como antecedente inmediato el caso exitoso de Italia. Los populares estaban convencidos de que este tratamiento fiscal permitía obtener las devoluciones de IVA con periodicidad mensual en lugar de anual, como ocurre en el régimen general.

En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular planteaba dos medidas -valoradas en 120 millones de euros- que hubieran permitido al sector agrario aliviar el fuerte encarecimiento de la factura eléctrica que los regantes estamos sufriendo -entre un 20% y 40% en la nueva campaña de riego- castigando injustamente el esfuerzo de quienes estamos modernizando nuestras explotaciones para ahorrar agua.

Una enmienda a favor y otra en contra

Asimismo, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado también quiso hacer su particular aportación a finales de junio a este debate, presentando una enmienda a la moción del Grupo Parlamentario Popular en la que instaba el Gobierno a modificar la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de elevar el tipo reducido hasta el 7% a los suministros de gas natural y electricidad. Además, con gran acierto, CiU supeditaba la prórroga del actual sistema de tarifas eléctricas oficiales hasta la entrada en vigor de este tipo superreducido que veníamos demandando insistentemente hasta la fecha.

Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista presentaría también a finales de junio en el Senado una enmienda de sustitución a la moción de los populares instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias ante la eliminación de las tarifas oficiales para riego, pero desde un punto de vista “estructural”, según el boletín de sesiones, y no “coyuntural”. En definitiva, los planteamientos del grupo socialista hablaban de moderar el crecimiento de los costes de producción, regularizar los ingresos, lograr unos precios justos, potenciar el cooperativismo y la universalización de los seguros, pero no encerraban ninguna medida en firme para hacer frente a la subida de las tarifas.

El debate político no podía ser más participativo y, a pesar de la moción socialista, que echaba un «jarro de agua fría» a las expectativas de los regantes, existían señales de que los esfuerzos de la Federación por conseguir un aplazamiento de las nuevas tarifas o, en su defecto, medidas para paliar sus efectos podrían salir adelante…

Finalmente, el 30 de junio fue aprobada la moción en el Senado, con los votos a favor del PP, CIU y BNG, y con los votos en contra del PSOE y Grupo mixto Entesa y la abstención del PNV.

De la negociación política a la privada

Sin embargo, el último Consejo de Ministros del mes de junio daba luz verde sin paliativos a la supresión de las tarifas especiales para regadío, truncando así las esperanzas de los regantes, que confiaban en que el Gobierno acometiera las modificaciones legislativas necesarias para que las nuevas tarifas no excedieran la subida del IPC, tal como adelantó el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, en su intervención en la Expo de Zaragoza.

Esta negativa llevó a los regantes a abandonar temporalmente el escenario político de la negociación para saltar al ámbito empresarial privado donde las principales suministradoras eléctricas parecían más predispuestas a ratificar una serie de convenios marco que facilitaran a los regantes el acceso al mercado liberalizado.

Después de arduas negociaciones, Fenacore suscribió a finales de julio -en un tiempo casi récord- sendos acuerdos marco de colaboración con las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola con el objetivo de obtener condiciones más competitivas en la contratación de energía eléctrica que permitieran hacer frente al fuerte encarecimiento experimentado por las tarifas de regadío.

En virtud de estos acuerdos marco, los regantes asociados a Fenacore están formalizando individualmente convenios de colaboración específicos con ambas suministradoras de acuerdo a sus necesidades concretas de riego, definiendo una tarifa «personalizada» y «específica» adaptada a su consumo en función de las particularidades de sus territorios, climatología y cosechas.

Dificultades en el camino

Si bien en esta senda negociadora se ha ido avanzando lentamente, también han ido surgiendo algunas trabas que hemos tenido que ir sorteando con mayor o menor dificultad. Desde mediados de septiembre las comunidades de regantes pueden beneficiarse de descuentos especiales en su factura eléctrica siempre y cuando estén acogidas a tarifas de riego y no al régimen general, lo cual ha obligado a la Federación a tener que intervenir con el fin de gestionar condiciones específicas para casos muy particulares.

Por otro lado, a finales de septiembre se aprobó un Real Decreto por el que se establecían las denominadas Tarifas de Temporada que permitían a las comunidades de regantes formalizar contratos de suministro de energía con las compañías eléctricas siempre y cuando la duración fuera inferior o igual a cinco meses. De esta forma, los precios del término de potencia se incrementan en un 35% para los meses de temporada alta, en lugar de un 100% como establece la legislación, y en un 15% para los restantes meses, siempre y cuando se cumplan unas condiciones determinadas.

Sin embargo, la aplicación de este Real Decreto que, en principio, suponía una leve mejora para los regantes, ha conllevado diversas irregularidades ya que algunas comunidades han tardado más de un mes en ver materializada su aplicación desde la firma del contrato. A modo de ejemplo basta citar el caso de algunos comuneros que, a pesar de contar con varias estaciones de bombeo, sólo disfrutan de los descuentos estipulados en la mitad de ellas.

Una negociación que debe llegar a buen puerto

A pesar de las dificultades en el camino, Fenacore, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, continúa tratando de conseguir sin éxito un acercamiento al Ministerio de Industria con el objetivo de reducir, a través de las medidas legislativas necesarias, el coste del término de potencia, de manera que los agricultores regantes paguen sólo por la potencia realmente utilizada.

Por otro lado, la Federación continúa insistiendo en la necesidad de la aplicación de un tipo reducido de IVA en el suministro de electricidad para los regantes por ser “usuario finalista”, de acuerdo a lo previsto en la Directiva 2006/112/CE del Impuesto sobre el Valor Añadido, tomando como antecedente inmediato el caso de Italia y haciendo valer la moción aprobada en el Senado el pasado 30 de junio.

Los regantes somos conscientes de que el camino de la negociación es duro; pero estamos dispuestos a recurrir a movilizaciones generalizadas en toda España con el fin de hacer oír nuestra voz y conseguir que se estudien los diferentes costes energéticos en el regadío y se analicen, sobre bases firmes, las modificaciones específicas propuestas por Fenacore, con el fin de facilitar la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado.

Andrés del Campo

Presidente de Fenacore