La cuenca del Júcar es la cuarta de mayor crecimiento de todas las de España en agua embalsada de los últimos diez años, y actualmente hay casi un 52% más de reserva en los embalses de esta cuenca que hace un año.
Según la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, actualmente se dispone de un 32,6% total de la reserva, lo que suponen 1.090 hectómetros cúbicos, aumentando esta semana la reserva en 45 hectómetros cúbicos respecto de la semana pasada (un 1,4%).
Respecto al año pasado, el agua embalsada ahora es un 11,1% superior y un 17,1% sobre 2007, así como de un 7,3% sobre la media de los últimos cinco años y de un 6,6% sobre la de la última década.
El incremento de agua embalsada en la cuenca del Júcar supone un incremento del 28,4% respecto a la media de los últimos diez años, situándose solo por delante las de Galicia Costa, Segura e internas de Cataluña.
Por detrás de la cuenca del Júcar quedan, por ejemplo, Ebro con un 23,8% o la del Tajo y la del Guadiana que registran incrementos negativos.
La media nacional de incremento se sitúa por debajo de la media de incremento que ha tenido la cuenca del Júcar en los últimos diez años, según las mismas fuente

ASAJA de Castilla La Mancha ha hecho hincapié en la falsa liberalización del mercado eléctrico, con la desaparición de las tarifas especiales de riego que ello supone y que, en la práctica, no ha fomentado la competencia entre operadores sino que ha supuesto un aumento de los costes energéticos para los agricultores del 40 por ciento.

Al incremento de las tarifas eléctricas y los cambios de contrato hay que sumarles otros aspectos negativos como el nuevo modo de facturación de las compañías. A diferencia de como venía haciéndose, las facturas son mensuales, mientras que la medición de la energía consumida se establece cada dos meses. Esto supone que uno de los meses se cobra por estimación, sin ajustarse, en la mayoría de los casos, a la realidad.

Ante esta preocupación, el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha ha mostrado total interés y se ha comprometido a actuar dentro de las competencias asignadas para esta Institución.

No obstante, ASAJA C-LM ha transmitido otros constantes problemas que está sufriendo el campo en los últimos tiempos. Así, los robos en el campo, han pasado de pequeños hurtos a grandes delitos de bandas organizadas que tienen a los agricultores y ganaderos atemorizados.

La Organización Agraria también se ha referido al gran diferencial existente entre los precios en origen y lo que paga el consumidor. Este factor, junto con la coyuntura económica del momento, está llevando a la desaparición a un sector estratégico para la sociedad.

José Manuel Martínez Cenzano se ha interesado profundamente en los diferentes temas y se ha comprometido con ASAJA de Castilla-La Mancha a transmitir al Defensor del Pueblo de la Nación aquellas cuestiones que le competen, tales como el tipo de facturación de las tarifas eléctricas por estimación y los abusos existentes en el gran diferencial entre lo que se le paga al agricultor por producir y lo que paga el consumidor en las grandes superficies.

Asimismo, el Defensor del Pueblo de la Región, protegerá los intereses de los usuarios y consumidores castellano-manchegos trasladando los problemas con los contratos energéticos y exigiendo una información transparente para los agricultores, ante la Administración Regional y, concretamente, ante la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente.

Los agricultores de la zona de Barrax están alarmados por la oleada de robos de transformadores eléctricos que se están produciendo en los regadíos. Estos delitos se están incrementando y provocando daños muy cuantiosos en las instalaciones de riego.

Según los propios afectados, una misma finca ha sido objeto de tres robos de equipos (en tres días distintos); se han llegado a sufrir cuatro sustracciones en una sola noche.

Los ladrones, aseguran, son extranjeros y están muy organizados, tanto para localizar los objetivos de sus asaltos como para desmontar los transformadores, que pueden pesar unos 800 kilos.

Alfonso Calderón, agricultor y vocal de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental, confirmó que la situación se agrava por días: «siempre ha habido robos en el campo, por aquí el año pasado robaban cables, equipos de los pívots, cosas así. En Ciudad Real sí robaban transformadores; ahora han dado el salto aquí, son gente extranjera muy organizada. Por el día recorren el campo, con la excusa de buscar trabajo, y así localizan lo que se van a llevar por la noche, porque están llegando a sitios muy difíciles de encontrar».

Explica que ante esa delincuencia los agricultores apenas tienen defensa; sólo hay un agente de policía local en Barrax, y no hay puesto de la Guardia Civil. Los robos se producen de noche en fincas aisladas, no es fácil controlar las grandes superficies de riego que se extienden entre Albacete, Barrax, La Gineta y La Roda.

Alfonso Calderón explica que los robos necesitan una cierta preparación: «tienen que llevar algún tipo de grúa, porque bajan los transformadores, que pesan setecientos u ochocientos kilos, al suelo, los desmontan, dejan la carcasa y se llevan lo de dentro. Aquí se usan transformadores grandes, de doscientas o trescientas kaveas (cada cien kaveas pueden costar millón y medio a dos millones de pesetas), de manera que para lo que ellos puedan sacar, al agricultor le hacen un destrozo enorme».

Mucho tajo

Lo peor, asegura, es que «el agricultor, claro, tiene que reponer lo que le han robado si no quiere perder el cultivo; pero pones otro transformador y pueden volver a robártelo, ya se saben el camino. A mí mismo se me han llevado hace poco los cables de una bomba, que valen sobre un millón; no se llevaron el transformador porque no les debió dar tiempo. Seguramente volverán y se lo llevarán, pero, ¿qué podemos hacer? ¿ponerme junto al pozo con una escopeta? ¿quién nos va a resarcir? No hay Guardia Civil, y la poca que hay, no sabemos qué instrucciones tiene, porque pasan cosas increíbles, como el otro día, que atascaron en el barro unos de los que iban a robar; se llamó a la Guardia Civil, y dijeron que si no había sangre no iban. ¿Qué tiene que pasar para que se haga algo para cortar ésto?»

Alerta este regante sobre lo que puede suceder si no se ataja el problema: «un transformador cubre unas sesenta o setenta hectáreas, y hay unas cien mil hectáreas de regadío, así que se pueden echar cuentas del tajo que tiene esta gente si no se les frena».

Denuncia que «en el fondo, es un problema de que aquí el Gobierno ha dejado venir a gente sin control; igual que viene gente a trabajar, que a mí me parece muy bien, también han dejado venir a gente que viene a delinquir, que son bandas organizadas; están metiéndose en sondeos muy difíciles de encontrar, y luego son capaces, por ejemplo, de coordinarse en una noche para hacer varios robos en sitios alejados varios kilómetros en muy poco tiempo».

El asunto ya se ha llevado a las organizaciones profesionales para ver si consiguen una respuesta de las autoridades; Alfonso Calderón comenta, finalmente que «la situación del campo está ya bastante mal para tener que cargar además con un lastre como éste».

El secretario de la Junta Central de Regantes, Herminio Molina (que también fue víctima de robo de material) recordó que ya hubo reuniones con la Subdelegación del Gobierno, y que la Guardia Civil practicó algunas detenciones. Indicó que es un problema complejo, ya que se trata «de bandas organizadas; han dado el salto, y ya no nos enfrentamos a raterillos que se llevan lo que pueden. En este caso, están causando un daño enorme, porque cuando te quitan el transformador, además de la pérdida económica, que es importante, te causan una parada de la instalación que te puede repercutir en la cosecha».

Insistió en que es un daño más para la actividad agraria, ya bastante castigada, y se mostró partidario de que «si es imposible que las fuerzas de seguridad nos protejan, al menos que se nos indemnice como víctimas de estos casos; hay una gran preocupación por lo que está pasando».

Lamentó también la permisividad que hay a la hora de combatir esta delincuencia: «mi experiencia como víctima de uno de estos robos no fue buena; parece como si las leyes estuvieran hechas más para dar garantías al delincuente que a la víctima. Resulta que ellos saben lo que dicen las normas, intentan actuar de manera que se consideren hurtos y no robos, y eso tiene un tratamiento legal mucho más leve, aunque al perjudicado le provoquen un perjuicio enorme».

Fernando Ortega se dice «triplemente satisfecho» por la reciente anulación del Decreto de Sequía. En su calidad de alto cargo de la administración regional, en la de habitante de Castilla-La Mancha y, sobre todo, en su calidad de albaceteño, porque su provincia era, con mucho, la más afectada por la norma anulada por el Tribunal Supremo.
¿Qué consecuencias tiene la anulación del Decreto de Sequía en el Tajo, Júcar y Segura?
En primer lugar, que no se pueden hacer las cosas de cualquier manera. La sentencia, de hecho, anula el decreto porque no se dio audiencia a las comunidades autónomas. No se puede legislar por las bravas, sin hablar antes con las partes implicadas y afectadas, como pueden ser las administraciones o los usuarios. En definitiva, que hay un procedimiento y unas normas de participación, y que todos tenemos que aplicarlas, incluyendo el Gobierno de la Nación.
¿Tendrá consecuencias en otros contenciosos como, por ejemplo, el del ámbito de la futura Demarcación del Júcar?
Son procesos diferentes. Pero creo que hay un denominador común, y es que las cosas no se pueden hacer de cualquier manera, como ya le dije. El Supremo ha anulado el Real Decreto de Sequía porque la ley obligaba, por ejemplo, a convocar la Junta de Gobierno de las Confederaciones Hidrográficas afectadas antes de aprobarlo, y no se hizo. Y el Supremo anuló en octubre de 2004 el ámbito territorial del Júcar porque la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana obligan a la Generalitat Valenciana a asumir la gestión de sus cuencas internas. En definitiva, que nadie por está por encima de la ley, y que las leyes y sentencias no se negocian, se acatan y se cumplen.
¿Qué pasará con los pozos de Hellín después de la anulación del Real Decreto de Sequía?
Que pasan a ser simple huecos en el suelo, porque ya no pueden ser pozos de sequía. La Confederación Hidrográfica del Segura los perforó y los usó para derivar aguas a la cuenca baja del Segura amparándose, precisamente, en este Decreto. Ahora, esas decisiones, así como las que se pudieran haber tomado en el futuro con estos pozos, quedan sin cobertura legal.
¿Vamos a tener Plan de Cuenca del Júcar en 2009, como está previsto?
Ni del Júcar ni de ninguna otra parte, vamos con mucho retraso en todas las cuencas. Es cierto que algunas van más adelantadas que otras, como por ejemplo el Segura, que ya tiene publicado, de forma provisional, el esquema de temas importantes. Pero si uno coge los plazos que están marcados ve que, aunque se llevase todo sin recursos, sin conflictos ni discusiones, se ve que es materialmente imposible. Y eso llevándolo bien.
Entonces, ¿2010?
Eso espero, porque sería una barbaridad irse más allá. Hagamos, si me permite, unas cuentas someras. Supongamos, subrayo, supongamos, que estuviese listo el esquema de temas importantes del Júcar. Una vez publicado de forma provisional, hay seis meses para hacer alegaciones, como ya hemos hecho en el Segura; pasado el plazo, iría al Consejo del de Agua de la Demarcación…
Perdone, pero ¿ese Consejo existe?
Pues no, no existe aún, ése es otro problema añadido. Pero sigamos suponiendo. Llegamos al Consejo del Agua y éste, en un plazo más o menos breve, logra llegar a un documento provisional de Plan Hidrológico. Después, viene otro plazo de alegaciones de seis meses, en definitiva, que 2009 es imposible, no puede ser.
Y entretanto, ¿qué ocurre con la gestión del Plan?
Que seguimos metidos en un círculo vicioso, con el Plan anterior, el de 1998, cuyo ámbito territorial ha sido anulado por el Supremo en virtud de la sentencia de 2004.
¿Cómo se puede romper esta situación?
Cumpliendo la ley y segregando del Júcar las cuencas internas. El problema es que ahí topamos con la indecisión en la que se mueve la Generalitat Valenciana, que no sólo no cumple la Constitución y una sentencia del Supremo, sino que encima se niega a cumplir su propio Estatuto de Autonomía, que marca que las cuencas internas las tiene que gestionar ellos. Pero ahí están, sin decir qué van a hacer o dejar de hacer, negándose a cumplir sus propias leyes y frenando el proceso de revisión del Plan de Cuenca del Júcar más allá de todo límite razonable.    

Unas 15.000 personas, según la Policía Local, se manifestaron hoy en Murcia bajo el lema ‘En defensa del trasvase Tajo-Segura. No al Estatuto de Castilla-La Mancha’, como «primer toque de atención» a los políticos que está negociando la reforma del texto estatutario, a quienes los regantes pidieron que «no cedan ni un ápice, pues está en juego el futuro de la sociedad a la que representan».

   Así lo aseguró el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Francisco del Amor, en el manifiesto que leyó al término de la protesta, en el que exigió que el trasvase «no sea usado por nadie como bandera política, ni como arma de confrontación entre comunidades que son vecinas y hermanas», así como la necesidad de llegar a «un gran Pacto Nacional del Agua, ya que el agua debe servir como elemento de unión y nunca como arma de división».

   Y es que, según Del Amor, aprobar las propuestas en materia de agua recogidas en el texto de la reforma del Estatuto «sería nuestra muerte inmediata», ya que «todo el tejido socieconómico del sureste español –más de 2,5 millones de habitantes que beben agua y 70.000 familias de regantes– depende del trasvase, generando un empleo estable que mitiga los efectos de las épocas de crisis económica».

   «No podemos permitir que se pierda esta riqueza a nivel nacional», recalcó Del Amor, quien advirtió que «las falsedades que algunos transmiten al resto de la nación no hacen más que provocar incomprensión y tensiones entre regiones hermanas que a nada conducen».

   Del Amor, quien recordó que los regantes del Tajo-Segura llevan «pagados escrupulosamente» 200 millones de euros a las CCAA por las que discurre el Tajo «para su propio desarrollo y bienestar», insistió en que «estamos amparados por la Ley», rechazando que se pretenda poner una fecha de caducidad al trasvase (2015), aumentar la reserva estratégica no trasvasable a 600 hm3, impedir las cesiones de derechos y controlar el acueducto desde Castilla-La Mancha. «Todo ese es potestad del Gobierno de España», apostilló.

   El presidente del SCRATS reconoció estar «emocionado» por «vuestro multitudinario apoyo en defensa del trasvase», pues la protesta de hoy se concibió en origen como una concentración, que acabó en una manifestación que superó las previsiones de la organización.

«ACCIONES CONTUNDENTES».

   No obstante, avisó que «en caso de que finalmente el texto definitivo que se apruebe sea contrario a nuestros legítimos derechos, el SCRATS, junto con la sociedad y el Comité de Crisis ante la Sequía, os volverá a pedir vuestro apoyo». «No dudéis que, en ese caso, las acciones que tomaremos en el futuro serán contundentes», aseveró.

   La protesta estuvo precedida de una asamblea general abierta a toda la sociedad, que por primera vez celebra el SCRATS en sus 30 años de historia, con carácter extraordinario y con la reforma estatutaria como único punto del orden del día. En la misma, que dejó pequeño el salón de actos de la Cámara de Comercio de Murcia, se acordó por rotunda aclamación rechazar el texto y salir en manifestación por la Gran Vía hasta la plaza Fuensanta.

   En la primera fila de esa asamblea general estuvieron los secretarios generales del PP y el PSOE en la Región, así como el presidente del Parlamento murciano, entre otros, aunque la presencia de diputados regionales y nacionales de ambos partidos fue multitudinaria, así como de miembros del Gobierno regional, agentes sociales, colectivos agrarios y, sobre todo, comunidades de regantes, que vinieron en varios autobuses procedentes de diversas localidades, tanto de la Región de Murcia como de Alicante y Almería.

   La manifestación, que al inicio estuvo algo desorganizada puesto que el recorrido iba a la inversa del sentido circulatorio de la Gran Vía, lo que generó que mucha gente se pusiera delante de la pancarta, transcurrió sin incidentes entre pitos y música como ‘Agua dulce, agua salá’, ‘Mediterráneo’, ‘La Parranda’, el himno valenciano y flamenco.

REACCIONES.

   Entre los participantes, la portavoz del Ejecutivo murciano, María Pedro Reverte, aseguró que «no podemos permitir que un Estatuto recoja competencias que atentan contra los principios constitucionales». «Es un agua de todos los españoles», aseveró, tras lo que puso de manifiesto que el de hoy es un día «importante» y en donde «nos estamos jugando mucho».

   El presidente de la Asamblea Regional, Francisco Celdrán, argumentó que «lo sorprendente es que después de 30 años recibiendo el agua del Tajo, tengamos que salir a la calle a clamar por que no nos la quiten». «En esta Región –dijo– fuimos muchos los que nos rasgamos las vestiduras, nos escandalizamos cuando hay una ley aprobada por más de 200 diputados en el Congreso que nos otorgaba agua de otras cuencas españolas y fue derogada».

   Desde las filas del PP, su secretario general y alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, recordó que esta infraestructura «nos ha dado agua, prosperidad y nos permite crear empleo», razón por la que remarcó que «no se permitirá que nadie nos quite el agua, porque el trasvase es intocable y nos da esperanza y confianza en el futuro». Así, auguró que «esta batalla, todos juntos la vamos a ganar», y afirmó que se conseguirá, del mismo modo, el trasvase del Ebro «para garantizar el futuro de Murcia».

   En términos similares se pronunció el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Juan Carlos Ruiz, quien incidió en que lo de hoy «es un aviso para navegantes», porque «tan sólo se ha convocado una concentración y tenemos una afluencia masiva».

   «Los murcianos tenemos ganas de decir que ya está bien de jugar con nuestras cosas, porque ya se jugó y se derogó el trasvase del Ebro y ahora se está jugando con el Tajo-Segura», apuntó Ruiz, en lo que coincidió con el alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, quien consideró que «esto es un grito más de la sociedad en la Región, diciendo basta ya a un Gobierno socialista que está atacando y perjudicando constantemente a la Región».

   El diputado nacional del PP por Murcia, Vicente Martínez-Pujalte, quien estuvo acompañado por los también parlamentarios en el Congreso del PP por Murcia Jaime García Legaz, Arsenio Pacheco y Pilar Barreiro, recordó que desde este partido «siempre hemos defendido lo mismo», y destacó que la posición al respecto es «clara». «El agua es de todos, es un derecho, y el trasvase es un derecho de murcianos, alicantinos, almerienses», por lo que, advirtió, «no se va a tolerar que se nos quite ni una gota de agua del trasvase».

   Desde el PSRM-PSOE, el secretario general, Pedro Saura, destacó que la Región «necesita agua, el Tajo-Segura, ya que es una infraestructura fundamental no sólo para Murcia, sino también para la Comunidad Valenciana, Andalucía y el conjunto de España». Por ello, declaró que «el mensaje que hoy enviamos es de unidad al resto de la sociedad española y fundamentalmente a las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha».

   «El Tajo-Segura es una obra fundamental para la Región y España y el que desaparezca es un elemento de insolidaridad, va contra la cohesión social y económica de España», expresó Saura, tras lo que destacó que hoy «está unida la sociedad murciana, peleando con los intereses de la Región». Entre los asistentes también estuvo el diputado socialista por Murcia en el Congreso, Javier Mármol.

   Finalmente, la alcaldesa de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, destacó la «solidaridad de Comunidad Valenciana y Murcia, que demuestran siempre que nunca han dejado de defender los trasvases». «Siempre somos los mismos los que damos ejemplo de solidaridad territorial: los que no tenemos agua», concluyó. 

Miles de personas. Esa era la previsión que hacía ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, Francisco del Amor, para la manifestación que comenzará hoy, a las 17 horas, en Murcia, bajo el lema «En defensa del Trasvase Tajo-Segura: No al Estatuto de Castilla-La Mancha», y para la que se fletarán casi un centenar de autobuses desde tres provincias. El punto de partida de la protesta será la plaza San Bartolomé, lugar que dejarán los manifestantes para, posteriormente, dirigirse a la Gran Vía para finalizar en la plaza Fuensanta. Y es que, recalcó Del Amor, tanto la reforma del Estatuto, como el nuevo plan de cuenca del Tajo, supondrían «el fin del Trasvase, y eso es algo que no podemos consentir, ni como regantes, ni como ciudadanos, porque del agua del Trasvase regamos y bebemos».
La cantidad de adhesiones recibidas ha hecho que lo que se pensó inicialmente como una concentración, a modo de «toque de atención» a los políticos que están pactando la reforma del Estatuto, sea ya una manifestación que quiere ir más allá de un «tirón de orejas» para ser un «tirón a la conciencia», apuntó Del Amor.
Asimismo, el presidente del Sindicato comentó que están recibiendo adhesiones de «muchísimos ayuntamientos» de las tres provincias que abastece el Trasvase Tajo-Segura -Murcia, Alicante y Almería-, así como de los tres partidos políticos con representación en la Asamblea Regional de Murcia.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, aseguró hoy que la Junta de Comunidades ha presentado alegaciones a los Planes de Cuenca de los ríos Tajo y Segura, con el objetivo que también se persigue con el Estatuto de Autonomía, actualmente tramitándose en el Congreso de los Diputados, que es el de «conseguir el agua necesaria para Castilla-La Mancha».

   A preguntas de los medios, Rodríguez insistió en que las propuestas son muy similares a las que contempla el texto castellano-manchego, que pasan por alcanzar la reserva estratégica en la cabecera del Tajo de 600 hectómetros cúbicos, o de los 700 según las previsiones realizadas para 2017, año en el que se volvería a revisar el Plan de Cuenca.

   El Gobierno regional también ha pedido mantener la reserva ecológica del río Tajo a su paso por Aranjuez en los 12,7 hectómetros, lo que demuestra que «no estamos parados, sino que estamos actuando, tanto en la negociación del Estatuto, como por otras vías, para conseguir lo mejor para la región en materia de agua».

   La razón, prosiguió Rodríguez, es que el Gobierno autonómico está «convencido» de que hay que trabajar y seguir insistiendo para conseguirlo, y el Plan de Cuenca «es muy importante para el futuro del río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha».

   En cuanto al Plan de Cuenca del río Segura, la portavoz subrayó que la Junta de Comunidades ha pedido un estudio «para ver cómo tendríamos que plantear la cuenca del Segura cuando llegue el agua del trasvase del Tajo».

   En definitiva, reconoció que dichas alegaciones se han presentado con la confianza de que sean contempladas, y advirtió que la única solución que queda para conseguir beneficios positivos en la región es «trabajar, trabajar y trabajar».

   No obstante, Isabel Rodríguez recordó que las condiciones que se plantean en las alegaciones al Plan de Cuenca «podrían estar ya aprobadas si el Partido Popular, con María Dolores de Cospedal a la cabeza, hubiese admitido la propuesta que ha puesto el PSOE, en materia de agua, encima de la mesa», en referencia al Estatuto de Autonomía.

PLENO EXTRAORDINARIO

   En esta línea, la portavoz autonómica explicó que durante la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada ayer, se hizo un análisis exhaustivo del pleno extraordinario del pasado lunes, dedicado a unificar posiciones en torno al Estatuto de Autonomía.

   En dicha reunión se analizó, por un lado, la posición «muy clara» del presidente José María Barreda, que puso sobre la mesa un buen acuerdo en materia de agua, y por otro lado, a una presidenta del PP regional, María Dolores de Cospedal, que «ni sí, ni no, ni mú», porque «no dijo nada nuevo y se retrotrajo a otras épocas del Estatuto y a otras realidades».

   En este sentido, aseguró comprender el problema y el papel que tiene De Cospedal en Madrid, con el caso del presunto espionaje a varios miembros del partido en la Comunidad ‘popular’, pero ese problema, advirtió, «no puede afectar a los intereses de los castellano-manchegos».

   En definitiva, Rodríguez señaló que el acuerdo del PSOE es «un buen acuerdo», pero que el problema es que De Cospedal «no quiere echarse encima» a los presidentes de Murcia y de Valencia.

En total, el agua acumulada en las cuencas españolas alcanza los 29.137 hectómetros cúbicos, 5.481 más que el pasado año y 1.627 menos que la media de los últimos 10 años, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.

Los mayores caudales se encuentran en los embalses de las cuencas internas del País Vasco, al 90,5 por ciento de su capacidad; las del Cantábrico que están al 89,6 por ciento; Galicia Costa, al 82,3 por ciento;  Miño-Sil 75 por ciento; Cuencas internas de Cataluña al 74,9 por ciento; Ebro, al 74,1 por ciento y la del Duero al 60,9 por ciento.

Ya por debajo del 50 por ciento está el Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura), al 48,3 por ciento; la cuenca del Tajo que se incrementa al 48 por ciento; la cuenca Atlántica Andaluza, al 47,2 por ciento, la cuenca del Guadalquivir, al 41,7 por ciento de su capacidad total y la cuenca Mediterránea Andaluza, al 40,4 por ciento.

En situación más crítica permanecen la del Júcar, al 31,2 por ciento, y la del Segura, que está al 24,7 por ciento.

Los embalses de las cuencas españolas pueden acoger un total de 54.308 hm³, aunque la cantidad de agua embalsada es de 29.137 hm³. De éstos, 21.351 hm³ corresponden a las cuencas de la vertiente atlántica y 7.786 hm³ a las de la vertiente mediterránea.