El de Alarcón, con capacidad para 1.118 hectómetros cúbicos, se sitúa esta semana en el 12,10 por ciento, con 135,22 hectómetros embalsados, 2,62 hectómetros más que la semana pasada.

Los embalses del sistema Júcar-Turia, La Toga, Alarcón y Contreras, cuya capacidad total es de 1.980,1 hectómetros cúbicos, almacenan esta semana 289,54 hectómetros cúbicos, 4,29 más que la semana anterior, según los datos aportados ayer por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El embalse de La Toba, con capacidad para albergar 9,7 hectómetros, bajó 0,43 hectómetros cúbicos y acumula 3,71 hectómetros de agua embalsada, por lo que se encuentra al 38,23 por ciento de su capacidad.
El de Alarcón, con capacidad para 1.118 hectómetros cúbicos, se sitúa esta semana en el 12,10 por ciento, con 135,22 hectómetros embalsados, 2,62 hectómetros más que la semana pasada.

CONTRERAS. Finalmente, el embalse de Contreras, con capacidad para 852,4 hectómetros cúbicos, sube sus reservas en 2,10 hectómetros, por lo que se encuentra al 17,67 por ciento de su capacidad, con 150,61 hectómetros cúbicos embalsados.
Otros sistemas como el de Almansa se encuentra a cero con una capacidad de 1,6.    

Cuando el debate sobre la inclusión de una cláusula de caducidad del trasvase Tajo-Segura se halla más vivo que nunca, el Consejo de Ministros aprobó ayer la puesta en marcha de otro trasvase que tomará el agua desde la cabecera de esta infraestructura, en Cuenca, y la irá repartiendo por toda la Mancha hasta Puertollano (Ciudad Real).

La transferencia, conocida como «tubería manchega», cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros, cifra similar al coste del trasvase Júcar-Vinalopó, y cuenta con el beneplácito -no en vano, son las impulsoras de la obra- de dos de las administraciones públicas más beligerantes con los trasvases en España: el Gobierno central y la Junta de Castilla-La Mancha.

Con la aprobación de la inversión, además, el Ejecutivo socialista evidencia una doble vara de medir. Mientras que la Junta amenaza con poner fin al Tajo-Segura en 2015 y el Gobierno central avisa que los trasvases al Segura irán reduciéndose con el tiempo -aunque ayer, coincidiendo con la del nuevo trasvase manchego, se aprobaron 24,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento a poblaciones y 20 hectómetros cúbicos para el riego para Murcia y Alicante-, el Consejo de Ministros dio vía libre a una nueva transferencia, que se nutre de esta conducción.

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, aclaró el pasado jueves esta contradicción: «La tubería manchega supone el fin del Tajo-Segura como se concibió, llevándose el agua sin dejársela a los castellanomanchegos». Es decir, que se dirija a la Mancha en detrimento de Murcia y Alicante.

El proyecto, que recoge 424 kilómetros de canalizaciones que se extienden a lo largo de cuatro provincias, se remonta al Gobierno de Felipe González. El plan permaneció congelado hasta que en 2005, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, opositora acérrima de los trasvases entre cuencas hidrográficas, firmó con el presidente castellanomanchego, José María Barreda, el comienzo de las primeras obras -la canalización principal ya está, en parte, en marcha-. Y es que el Plan AGUA, que no incluyó el Trasvase del Ebro, recogía esta conducción.

Pese a que parte de los recursos se utilizarán para recargar los acuíferos de las zonas húmedas del Guadiana -entre las que se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel-, lo que supone una intercambio entre cuencas, Narbona dio el plácet a la obra.

Otra faceta del proyecto aprobado radica en el ofrecimiento del Gobierno de Extremadura de un trasvase desde el Tajo medio al Tajo-Segura para satisfacer las necesidades hídricas de Murcia y Alicante. Se daría la paradoja que la conducción atravesaría toda la Mancha «regada» por la «tubería manchega».

Agua de más calidad

La razón por la que el Gobierno castellanomanchego no se plantea tomar los recursos hídricos por esta toma se hallaría en la calidad de sus aguas: en la cabecera del Tajo es notablemente mejor que en su curso medio -la que se ofrece a la Comunidad y a Murcia-, que ya ha recogido las aguas residuales de Madrid y su área metropolitana y de la que se duda que sea apta incluso para el regadío por su alta contaminación.

La Consejería de Industria ha dado el visto bueno a la instalación de una planta de tratamiento de adormideras con fines médicos y alimenticios, después de que el proyecto haya superado el estudio de Impacto Ambiental. La industria, que estará ubicada en el paraje de los Pinares del Júcar, ocupará una parcela de más de 300 hectáreas, y prevé una producción de 700 toneladas al día.
El cultivo de la llamada Papaver Somniferum, la común adormidera o amapola blanca, será destinado a la producción de medicamentos -para lo que se utiliza la paja de la planta- y a pastelería o futuras plantaciones -el grano. La empresa responsable del proyecto, Agrarias Manchega Hellinera, prevé para la actividad vallar una superficie de cuatro hectáreas para proteger el cultivo, tal y como recoge el propio estudio de Informe Ambiental al que la Consejería de Industria y Medio Ambiente dio publicidad esta pasada semana.

la PRODUCCIÓN DIARIA. De las 700 toneladas al día que puedan producirse en la futura industria albaceteña, la separación de grano y paja será en un porcentaje de 60-40%, con una producción de 420 toneladas al día de grano y 280 toneladas de paja. En el caso del tratamiento para la industria farmacéutica, la papaver somniferum tiene aplicaciones en la producción de morfina y codeína.
En el caso de las aplicaciones que el opio tiene para la pastelería y productos de alimentación, ya que el aceite que se extrae de la planta está exento de las sustancias alcaloides, y tiene utilidad tanto para dar aroma como para la propia decoración.    

En octubre de 2008, se hicieron cuatro años desde que el Tribunal Supremo anuló varios artículos clave del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar de 1998 que, en esencia, dejaron sin efecto casi todo el ámbito territorial de su Confederación Hidrográfica.
Desde entonces, nadie ha sido capaz de encontrar la fórmula mágica que permita, por una parte, aplicar esta sentencia y, por la otra, lograr un punto de acuerdo que permita aprobar por consenso el citado Plan Hidrológico, cuya revisión se encuentra completamente atascada.
La constatación más clara de este fracaso se publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 10 de enero. Ese día, se publicaba una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, por la que se emplaza a las partes afectadas para que se personen ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
En concreto, el acto legal que ha provocado este emplazamiento ha sido la presentación de un recurso, por parte de la Generalitat Valenciana, contra el Real Decreto 125/2007, «por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas».
Por esta causa, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ha emplazado a las partes, para que puedan comparecer y personarse en este recurso en el plazo máximo de nueve días. Dicho plazo vence a mediados de la semana entrante.
LA SECCIÓN QUINTA. Que este recurso se tramite ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no es casualidad. Fue esta misma sección la que, en octubre de 2004, anuló los artículos número 1, 20, 21, 22, 23, 24 (apartados 3, 15 y 16-b), 25, 26, 27 y 28 del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar (Orden Ministerial de 13 de agosto de 1999 y correspondientes del Real Decreto 1664/98, de 24 de julio), lo que supuso la práctica y total anulación de los sistemas de explotación de recursos establecidos dentro del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar de 1998.
En virtud de la sentencia del Supremo, dictada a instancias de la Fundación para el Progreso de Albacete, quedó anulada la inclusión en el plan de cuenca de ocho sistemas, que son Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón, Palencia-Los Valles, Turia, Serpis, Marin a Alta, Marina Baja y Vinalopó-Alacantí.
El motivo es que estas cuencas son cuencas internas, esto es, se encuentran dentro del ámbito de una sola Comunidad Autónoma. Y, conforme a lo que dictan la propia Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, su gestión es plena competencia del gobierno de la región vecina, la Generalitat.
Como señalaron en su día los portavoces de la Fundación para el Progreso de Albacete, Alfonso Calera y Francisco Delgado, uno de los motivos por los que la sequía es tan fuerte en la cuenca del Júcar es que al río, como tal, «le han colgado una serie de ámbitos territoriales que, en sentido estricto, no son suyos».
Sin estos ámbitos adicionales, la situación del Júcar sería, sin duda, más desahogada. Ambos portavoces, además, señalaron que, en buena lógica, este fallo «debería dejarse notar» en la revisión del Plan de Cuenca y en el Real Decreto 125/2007, que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.
EL REAL DECRETO. Dicho Real Decreto, cuya tramitación fue de lo más accidentada, es lo que ahora, precisamente, se ha recurrido por parte de la Generalitat.
Este Real Decreto es un paso previo a la revisión de los planes de cuenca, que empezó hace ya un año y que sigue completamente atascada. Intenta definir, en términos generales, qué es y qué no es Júcar, en el caso que nos ocupa.
En octubre de 2006, el Gobierno de la Nación presentó al Consejo Nacional del Agua, órgano consultivo en el que están presentes tanto Valencia como Castilla-La Mancha, un borrador del Real Decreto en el que se daba total cumplimiento a la sentencia.
El problema es que, en febrero de 2007, cuando dicho Real Decreto se publicó en el BOE, la redacción definitiva ya no era exactamente tan positiva porque incluía una disposición transitoria que adscribía de forma «provisional» las cuencas internas del Júcar a la Confederación Hidrográfica, en tanto la Generalitat Valenciana no diese cumplimiento a la sentencia, asumiendo sus cuencas internas, como ya han hecho, por ejemplo, las comunidades históricas o Andalucía, en el caso del río Guadalquivir.
De inmediato, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunció que recurriría esta disposición, por entender que se quería dejar sin efecto el dictamen del Supremo. Pero, por razones parecidas, aunque opuestas, la Generalitat Valenciana también presentó su recurso.
Y esto es lo que, precisamente, ha hecho que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino haya emplazado a las partes. Mientras tanto, y tal y como denunciaron los ecologistas y numerosas asociaciones y entidades, tanto de Castilla-la Mancha como de Valencia, la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca sigue totalmente atascada y sin visos de resolverse adecuadamente.    

Mientras que los políticos de Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia discuten sobre el posible final del Tajo-Segura para 2015, el Consejo de Ministros en su reunión de ayer volvió a abrir el grifo del acueducto. Como ya es habitual cada tres meses, el Gobierno central aprobó una nueva derivación de agua al Levante, en este caso de 44,5 hectómetros cúbicos. De todo este volumen, 24,5 hectómetros cúbicos irán destinados a consumo humano, mientras que otros 20 serán para regadío.
La vicepresidenta del Gobierno central, María Teresa Fernández de la Vega explicó que esta decisión se ha tomado «como siempre se hace en base a los criterios de máxima precaución y prudencia, racionalidad y cautela». Sin embargo, las consecuencias serán notables para los embalses de la cabecera del Tajo, desde donde parte el acueducto.
En concreto, los pantanos de Entrepeñas y Buendía tienen en la actualidad 357 hectómetros cúbicos, sólo 117 por encima de la raya de 240 por debajo de la cual la Ley impide trasvasar. Entrepeñas se encuentra al 22% de su capacidad y Buendía al 11,20%.
Además esta nueva derivación de agua frena la recuperación de los niveles de la cabecera del Tajo. De hecho, cuando se aprobó el anterior trasvase en el mes de octubre, Entrepeñas y Buendía acumulaban unos 317 hectómetros cúbicos. Con las lluvias otoñales habían conseguido aumentar en estos tres meses sus niveles en 40 hectómetros más. Sin embargo, este incremento se verá de nuevo paralizado por la aprobación ayer de un trasvase de 44.

de la vega lo explica. María Teresa Fernández de la Vega, indicó ayer que con esta derivación «se garantiza el abastecimiento de agua potable» a la población atendida por la mancomunidad de los canales del Taivilla, en la que residen 2,5 millones de personas en más de 70 municipios de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.
El problema viene en cambio con los 20 hectómetros aprobados para riego de socorro. La Junta nunca ha negado agua para consumo humano, pero hasta el momento ha recurrido en 21 ocasiones ante el Tribunal Supremo los trasvases para regadío.

recurso al supremo. La derivación aprobada ayer podría suponer el recurso número 22. En un comunicado el Gobierno regional indicó ayer que los servicios jurídicos de la Junta están estudiando interponerlo. Según explica el Ejecutivo autonómico la decisión adoptada por Madrid «no cumple la ley por las condiciones de excepcionalidad en las que se encuentran los embalses de Entrepeñas y Buendía». Por el momento, el Supremo no ha dado ninguna respuesta con sentencia firme.
En el invierno del año pasado el Consejo de Ministros aprobó también un trasvase a Levante de 48,8 hectómetros cúbicos, a pesar de que los niveles de cabecera estaban en los 322. Aunque el volumen trasvasado fue mayor hace un año, en 2009 se ha duplicado la petición de agua para regadío.
Si el nuevo trasvase fue mal acogido en Castilla-La Mancha, ocurrió todo lo contrario en Murcia. Así lo pusieron de manifiesto las declaraciones del secretario general de PSOE en esta región, Antonio Saura, que consideró que «el trasvase Tajo-Segura está más vivo que nunca».

agua para la crisis. A juicio de Saura, «el Gobierno de España ha tomado una decisión que implica garantizar el abastecimiento hasta la primavera». Según su opinión, esta nueva aportación de recursos hídricos «implica reforzar al sector agroalimentario del Mediterráneo, especialmente en un momento de crisis, con la apuesta sincera y valiente por un sector estratégico para luchar contra las dificultades económicas».  

El Xúquer ha pasado de ser una cuenca piloto presentada ante la Unión Europea, en 2005, como ejemplo de cómo se debe diagnosticar la salud de un río a convertirse en el farolillo rojo de la planificación hidrográfica de toda España. La cuenca del Xúquer ostenta actualmente el dudoso honor de ser el único río de toda España sin un borrador del plan de cuenca que el Gobierno debe entregar a la Comisión Europa para demostrar que ha hecho los deberes y cumple con la directiva marco del Agua (en vigor desde 2000 y traspuesta a las leyes españolas en 2003).
Además, el tiempo corre porque en 2009 el Plan de Cuenca del Xúquer debería estar aprobado. En 2010, la Unión Europea exige que empiecen a repercutirse los costes de las infraestructuras en el recibo del agua y en 2015 los ríos europeos deben estar en perfecto estado de revista ecológico. Pero a las tres administraciones públicas con intereses en el Xúquer (La confederación hidrográfica, la Generalitat y Castilla-La Mancha) aún ni han empezado a debatir el aeiou de lo que debe ser el Plan de Cuenca del Xúquer: las cuencas que se incluyen (si el Xúquer sólo o con el Vinalopó, por ejemplo) y que peso tienen cada administración en las decisiones que se tomen sobre el río. «Hace falta voluntad política para recuperar y proteger nuestros ríos, acuíferos, fuentes, manantiales y marjales», denunciaron ayer en Valencia y Albacete, de forma simultánea, las entidades ecologistas sentadas en la mesa de participación para la elaboración del plan de cuenca. Se trata de los representantes de Ecologistas en Acción de Albacete y Valencia, la Asociación para la conservación de los ecosistemas de la Manchuela, Xúquer Viu, Acció Ecologista Agró, WWF/Adena Valencia, Seo/Birdlife, Fundación Nueva Cultura del Agua y CC OO.
Cinco representantes de estas entidades criticaron ayer que desde mediados de 2008 la mesa de participación no se reúne, que el Xúquer aún no tiene ni el borrador del Plan de Cuenca y que, ante este panorama, estudian pedir la ampliación de la denuncia ante la Comisión Europea que abrió en 2005 un procedimiento de infracción al Gobierno de España por incumplir la directiva marco de agua.

La revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar está tan retrasada que, a estas alturas, ni siquiera se ha tomado una decisión acerca de lo que pertenece, o no pertenece, a esta cuenca hidrográfica.
Por este motivo, los representantes de la Asociación por la Conservación del Ecosistema de La Manchuela, Gregorio López, y de Ecologistas en Acción de Albacete, Cipriano Escribano, pidieron ayer al Gobierno central que intervenga «de forma urgente» para superar el «bloqueo» que vive el citado proceso de revisión.
«A estas alturas, todo el mundo parece haberse resignado a que serán los tribunales los que culminarán el proceso de revisión -señalaba Escribano- pero eso nos parece, sencillamente, un disparate, la situación del Júcar es tan delicada y su gestión tan compleja que no podemos estar años esperando por una sentencia firme, sería una catástrofe para el río».
Además, indicaron, y para más escarnio, resulta que esta situación se da, precisamente, en la cuenca hidrográfica que, en su día, la Unión Europea designó como cuenca piloto para la aplicación de la Directiva Marco del Agua.
«Es increíble que la Confederación que más retraso lleva sea justo la cuenca piloto -indicó- pero es así, hasta tal punto que cuencas en las que se esperaban tensiones mucho mayores, como la del Segura, y cuya revisión empezó más tarde nos han adelantado y ya tienen, por ejemplo, definidos sus esquemas de temas importantes».
Dichos esquemas son los listados de asuntos que, a juicio de administraciones y usuarios, deben estar presentes en cada Plan de Cuenca. Pero, en el caso del Júcar, no se han cerrado aún porque nadie ha tomado una decisión clave, determinar, precisamente, qué forma parte del Júcar y qué no.
Sobre este asunto, Gregorio López señaló que, a su juicio, y siguiendo lo establecido en la ya famosa sentencia del Supremo de octubre de 2004, hay que dejar fuera de la futura Demarcación del Júcar las cuencas internas de la Comunidad Valenciana.
«Nosotros creemos que el abastecimiento a Valencia, el abastecimiento a Sagunto y el trasvase Júcar-Vinalopó son, precisamente, trasvases -indicó- porque forman parte de las cuencas internas de la Comunidad Valenciana y deberían quedar fuera del ámbito del Júcar».
Los ecologistas también señalaron que, a su juicio, el acuífero 18, el de la Mancha Oriental, debería declararse sobreexplotado debido al elevado consumo de agua de los regadíos conquenses y albaceteños. Pero lo que, a su juicio, sí debería quedarse dentro del Júcar es la Albufera de Valencia.
«Nosotros admitimos que, de acuerdo con la Ley de Aguas de 1985, la Albufera no tenía cabida en el Júcar -concedió López- pero en el 2000, se aprobó la Directiva Marco del Agua de la UE, con una definición de cuenca hidrográfica menos restrictiva, y por creemos que, conforme a la DMA, la Albufera sí tendría cabida».
En todo caso, y al margen de posturas concretas sobre qué es y qué no es Júcar, los ecologistas lanzaron duras críticas hacia la Confederación Hidrográfica, la Generalitat Valenciana y la Junta de Comunidades y hacia el propio Gobierno central.
«Creemos que su inacción es una grave irresponsabilidad -señalaron ambos- porque el Júcar necesita un Plan de Cuenca; nadie quiere tomar decisiones ni pagar el coste de asumirlas, pero estas decisiones son urgentes».
Por eso, exigieron al Ministerio de Medio Ambiente que tome una decisión que rompa el «bloqueo» del Plan del Júcar, «porque si no hay acuerdo, será la Unión Europea quien intervenga con sanciones, al incumplir con todos los plazos previstos».    

El último documento del PSOE y del Gobierno central sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, entregado el pasado lunes al PP, es compartido en muy buena medida por su dirección nacional. Ahora bien, no lo dicen ni alto ni claro a la espera de convencer a los presidentes del PP de Valencia y Murcia, Francisco Camps, y Ramón Luis Valcárcel de que no bloqueen el texto. La oposición de Valencia y Murcia es total a que el Estatuto de esa comunidad contemple que el trasvase del Tajo al Segura pueda caducar en 2015, tal como figuraba originariamente en el estatuto que aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha con el voto del PSOE Y del PP. 

Pero la última propuesta de los socialistas respecto al agua parece razonable al PP. La novedad está en el establecimiento de una reserva estratégica de agua de 600 hectómetros cúbicos, no trasvasables, en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Actualmente, esa cantidad es de 240. Así figura en la nueva redacción del punto tres de la disposición transitoria primera que ha ofrecido el PSOE al PP. La fórmula de la reserva figura en el Estatuto de Aragón con una cantidad de 6.500 hectómetros cúbicos y tuvo el apoyo del PSOE y del PP. Los socialistas llaman la atención sobre la diferencia de cantidades con el objetivo de indicar que su pretensión es moderada. También se les antoja moderada la redacción y ubicación que se ha dado al deseo de caducidad del trasvase para 2015. Ha pasado de una dispoción transitoria, es decir del articulado, al préambulo. Con ello, pierde su carácter obligatorio y queda como declaración de principios.

También se alude a la directiva europea medioambiental y a la refundición de la Ley de Aguas que debe producirse en 2015, «fecha que las Cortes de Castilla-La Mancha han fijado como la de la definitiva extinción del mencionado trasvase, sin perjuicio de nuestro compromiso solidario para socorrer a otros territorios en caso de necesidad de agua para consumo humano». El PP está preparando una respuesta con una redacción propia, pero en principio acepta la filosofía.

La negociación ahora se centra en buscar el acuerdo con Murcia y Valencia. El PP murciano presiona estos días a través de dos de sus diputados, Jaime García-Legaz y Arsenio Pacheco, que han hecho saber que no apoyarán en el Congreso un estatuto que mencione el final del trasvase, incluso, aunque sea en el preámbulo. Ambos ya rompieron la disciplina de voto en la admisión a trámite del estatuto en el Pleno del Congreso. García-Legaz, que se ausentó en aquella votación, es el secretario general de FAES y mano derecha de José María Aznar.

A pesar del acercamiento en los contenidos, las dificultades son notables, como lo demuestra que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aún no ha respondido a la llamada que le hizo el pasado lunes el presidente de la comunidad, José María Barreda, para fijar una reunión, a pesar de que compartió el protagonismo en la aprobación del estatuto.

Última propuesta

«El trasvase Tajo-Segura como infraestructura impuesta por la historia que en modo alguno puede comprometer el desarrollo presente y futuro de Castilla-La Mancha, sometida al cumplimiento de los objetivos medioambientales fijados por la directiva marco citada y por el texto refundido de la Ley de Aguas que han de alcanzarse en el año 2015, fecha que las Cortes de Castilla-La Mancha han fijado como la de la definitiva extinción del mencionado trasvase, sin perjuicio de nuestro compromiso solidario para socorrer a otros territorios en caso de necesidad de agua para consumo humano. (…) Se recoge la garantía de establecer una reserva estratégica de 600 hectómetros (ahora es de 240) de agua no trasvasable en los embalses de Entrepeñas y Buendía».

El Gobierno murciano no piensa aceptar que se cambie agua de la cabecera del Tajo por otra de Extremadura. Estima que si se abre el grifo en Cáceres será «como complemento» al acueducto que ya funciona desde los pantanos de Guadalajara y Cuenca, ha señalado el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá. La opción de Extremadura se está barajando como la pieza de un difícil puzzle que trataría de contentar a todas las regiones implicadas en el conflicto del agua. Está guardada en la recámara a expensas de la negociación sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, que está bloqueada debido al rechazo del PP y PSOE de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana.

El consejero Antonio Cerdá considera que el canal de Extremadura «beneficiará principalmente a Castilla-La Mancha y permitirá resolver muchos de sus problemas». «Nosotros no vamos a renunciar al agua de la cabecera del Tajo, recogida por ley. No aceptamos ese trueque. Estamos hablando de un trasvase consolidado por otro que tendría que proyectarse y ser aprobado». Los regantes murcianos son de la misma opinión y no aceptan ese cambio que ya le sugirió el Ministerio de Medio Ambiente. Tampoco están por la labor los socialistas liderados por Pedro Saura.

«Que se retire»

Sobre el bloqueo del Estatuto de Castilla La Mancha, Antonio Cerdá manifestó que el presidente Rodríguez Zapatero «tiene ahora la oportunidad de poner orden en este caos sobre el agua. Debe pronunciarse sobre el Trasvase Tajo-Segura, que lleva 30 años funcionando y que es vital para nuestra Región y para la economía nacional».El consejero negó que el Gobierno de Murcia esté paralizando la negociación. «Nosotros mantenemos la misma postura de siempre en defensa del trasvase. No vamos a ceder un ápice. Tal y como está la situación, lo lógico es que el Estatuto se retire y se devuelva a las Cortes de Castilla La Mancha, ya que las posturas son inamovibles debido a que se presentó en el Congreso un texto que va demasiado lejos. Contiene al menos nueve artículos y disposiciones que son inconstitucionales. Ha sucedido lo que era previsible».

Antonio Cerdá invitó a Rodríguez Zapatero y a la vicepresidenta Fernández de la Vega a que «digan públicamente qué proponen y qué están negociando. El PSOE quiere poner como sea la fecha de caducidad del 2015 en el Estatuto y nosotros nos estamos dispuestos a eso». Señaló por último que la situación es culpa de los socialistas. «Primero votaron a favor de la derogación del Ebro en el 2004 y un año después apoyaron la disposición transitoria primera que modificó el Plan Hidrológico Nacional y que recoge la reducción progresiva de los caudales del Tajo al Segura», concluyó.

La cartografía hidrogeológica de 12 países europeos ya puede ser consultada en Internet, gracias a la puesta en común de 12 institutos geológicos europeos: Austria, Dinamarca, Emilia-Romagna de Italia, Francia, Hungría, Países Bajos, República Checa, Lituania, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y España.

El proyecto europeo eWater, sistema de información multilingüe de las aguas subterráneas en Europa, ha finalizado tras más de dos años de trabajo. Se trata de un portal web con un sistema de información asociado que proporciona un acceso multilingüe (13 idiomas) y transfronterizo a las bases de datos sobre aguas subterráneas y acuíferos del Viejo Continente.

Entrando en www.ewater.eu cualquier especialista o gestor del agua de la Administración o de la empresa privada encontrará información de más de 800.000 pozos y manantiales europeos; datos de niveles piezométricos, caudales y características químicas del agua; un catálogo de metadatos (información sobre los datos); un visualizador de mapas; un diccionario multilingüe online para la traducción de términos hidrogeológicos e, incluso, una aplicación eWater móvil para el acceso a datos de aguas subterráneas sobre el terreno, mediante un dispositivo móvil con GPS.

El portal se conforma como una herramienta que mejorará la eficacia en la gestión del agua subterránea. Gracias al mismo se multiplica la disponibilidad, la accesibilidad y la utilización de los datos espaciales sobre la localización, cantidad, calidad y el uso de las aguas subterráneas, contribuyendo a salvar los problemas a la hora de compartir información hidrogeológica espacial y homogénea a través de las fronteras de la Unión Europea.

Servirá, además, para el análisis conjunto de los múltiples aspectos que afectan a la gestión de los recursos hídricos a escala nacional y comunitaria.

EWater cumple con la Directiva INSPIRE, que establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea.

Juana López Bravo, responsable del proyecto en el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) junto a Javier Rodríguez Arévalo (actualmente en el CEDEX), afirman que «el proyecto ha supuesto un salto importante en la interoperabilidad de mapas digitales«.

Y es que el portal cuenta con servicios web que hacen posible que un usuario pueda recibir información desde cualquier país y trabajar con ella independientemente de la tecnología que utilice para crear mapas.

«La infraestructura de datos espaciales hidrogeológicos y el sistema desarrollado en eWater son pioneros y los 15 socios del proyecto hemos trabajado con el objetivo de contribuir al desarrollo de la Directiva Marco del Agua (DMA) y ser una herramienta hacia la construcción del Sistema de Información sobre el Agua en Europa (WISE)».

La implicación del IGME en este proyecto europeo, de 1,2 millones de euros de presupuesto, ha sido muy activa. El Instituto acumula información geocientífica desde hace más de 150 años y sus bases de datos e informes representan uno de sus principales activos.

El equipo español ha liderado los trabajos de interoperabilidad de mapas digitales además de la definición de un mapa hidrogeológico común para toda Europa, que se basa en una leyenda armonizada y que ya puede consultarse en www.ewater.eu.

Durante los próximos tres años (2009-2011), los 12 servicios geológicos y las 3 compañías de tecnología de la información, GIM (Bélgica), Geodan (Países Bajos) y I.T. (Lituania), que han participado como socios en este proyecto, se ocuparán del mantenimiento de este portal que se enmarca en el área de trabajo de Información Geográfica del programa europeo eContentplus (2005-2008) aprobado por el Parlamento y el Consejo Europeo con objeto de hacer más accesible y explotable la información digital.