La reserva de agua en los embalses de la Cuenca del Júcar representa en la actualidad un total de 972 hectómetros cúbicos, lo que supone un 39,9 por ciento más de agua que hace un año, cuando la cifra acumulada era de 695 hectómetros cúbicos, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

   Así, en este momento se dispone de un 29 por ciento del total de la reserva de los embalses de la Cuenca del Júcar, una cifra muy similar a la registrada la semana pasada, cuando el total acumulado era del 28,3 por ciento y había 946 hectómetros cúbicos, comentaron las mismas fuentes.

   En la actualidad, la cuenca del Júcar supone el 3,69 por ciento del total de agua embalsada peninsular; hace un año era el 3,03 por ciento y la media de los últimos 10 años era del 2,7 por ciento.

   El porcentaje de agua en la cuenca de hace un año era del 20,8 por ciento, y el de hace dos años, del 14,6 por ciento, mientras que la media de los últimos cinco años es del 24,7 por ciento, y la media de los últimos diez años, del 24,9 por ciento.

   Asimismo, se dispone de un 14,4 por ciento más que hace dos años;  un 4,3 por ciento más que la media de los últimos cinco años y un 4,1 por ciento más que en los últimos diez años. En concreto, hace un año se disponía de 695 hectómetros cúbicos y ahora de 972, es decir, 277 hectómetros cúbicos más, señalaron.

   Por lo que se refiere a la media de los últimos diez años es de 815 hectómetros cúbicos, y ahora el acumulado asciende a 972 hectómetros cúbicos, lo que supone una diferencia de 157 hectómetros cúbicos, según las mismas fuentes.

Archiva la denuncia del Gobierno de Castilla La Mancha contra la Confederación del Segura por los sondeos para paliar la sequía

El Ministerio Fiscal sostiene que no hay un trasvase encubierto

El Gobierno de Castilla La Mancha ha perdido la guerra sobre la apertura y explotación de los pozos de Hellín puesto que el fiscal jefe de Albacete ha archivado la denuncia que presentó el Ejecutivo de José María Barreda contra los sondeos que realizó la Confederación Hidrográfica del Segura para paliar la sequía de los últimos años. El fiscal considera que no ha existido un trasvase encubierto de agua de Albacete a Murcia y que no se han cometido los delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y de desobediencia que denunciaron los Servicios Jurídicos de Castilla La Mancha.

El fiscal jefe Gil Navarro Ródenas estima que los informes técnicos aportados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) «desvirtúan» los indicios delictivos que el propio Ministerio Fiscal apreció el pasado verano, cuando se puso la denuncia. En aquella ocasión el fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo, sobre la base de la denuncia, instó a la CHS a que cerrara temporalmente los sondeos y extracciones al considerar que se estaba produciendo de forma encubierta «un trasvase de aguas subterráneas de la provincia de Albacete con destino desconocido». Añadió que los sondeos realizados por la Confederación Hidrográfica para hacer frente a la sequía «eran arbitrarios» aunque tuvieran cobertura legal.

Este fiscal hizo suyas la posición del Gobierno castellano manchego de que se estaba atentando contra el medio ambiente sobreexplotando los acuíferos de la zona, así como trasvasando aguas a la cuenca del Segura de forma ilegal y sin la preceptiva declaración de impacto ambiental. El perjuicio medio ambiental afectaría a varios ecosistemas de la Sierra de Alcaraz, Cañones del Segura, Pitón de Cancarix y Saladar de Agramón, entre otros.

Ajustado a la ley

Ese aparente expolio, según el fiscal jefe, no se ha producido, entre otros motivos porque la zona donde se realizaron los sondeos está dentro de la Demarcación del Segura, donde rige la unidad de gestión de todos los recursos englobados en una misma cuenca.

Los pozos de la discordia se abrieron al amparo del decreto de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno de la Nación para combatir la sequía. Cuando se puso la denuncia, en junio del año pasado, la Confederación tenía en explotación 11 pozos en la comarca de Hellín, y preveía ampliarlos hasta 31 para extraer unos 35 hecómetros cúbicos, según argumentó el Ejecutivo de Barreda.

El fiscal jefe de Albacete ha precisado que la Confederación del Segura tenía «una cobertura legal extensa» para abrir los pozos debido al real decreto del Ministerio de Medio Ambiente del año 2005 para aplicar medidas excepcionales, que ha ido prorrogando en años sucesivos. Entiende que es el Ministerio de Medio Ambiente el que ha autorizado a la Confederación para abrir los sondeos de forma provisional y satisfacer las necesidades más perentorias.

Sostiene asimismo que «no estamos ante un trasvase, ya que la cuenca del Segura tienen un carácter intercomunitario» y afecta a varias comunidades, entre ellas la de Castilla La Mancha. Concluye que no hay delito contra el medio ambiente ni sobre explotación de recursos hídricos porque los acuíferos han recuperado sus niveles. «Los volúmenes de agua subterráneas bombeados por la CHS representa una mínima parte de los recursios renovables que anualmente recargan dichos acuíferos», apunta el fiscal.

La Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental ha terciado en la polémica del tren de alta velocidad, y lo ha hecho reclamando de modo enérgico la unidad social e institucional en la reivindicación de esta mejora ferroviaria

Se espera que para esta primavera se pueda visitar la recuperación de la ribera del Júcar

Hasta un plazo de quince días tendrán los integrantes del Consejo Local de Medio Ambiente de Albacete para presentar sus propuestas y sugerencias a la recuperación del último tramo del Canal de María Cristina que discurre entre Aguas Nuevas y El Salobral.

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estudiará estas alegaciones e incorporará aquellas que estime oportuno en la redacción del proyecto, con el fin de licitarlo y adjudicarlo a la mayor brevedad posible.

La idea inicial de la Confederación es el acondicionamiento de los dos márgenes del canal, uno de ellos a través de la reforestación y el otro mediante la creación de un vial para senderistas y ciclistas.

Las acciones a realizar consistirán en la creación de un corredor ecológico, un vial exclusivo para el tráfico rodado y otro para realizar deporte, así como en la limpieza del vaso del canal para que tenga una mayor pendiente.

Con la recuperación y acondicionamiento de este nuevo tramo, de casi seis kilómetros de recorrido, y en el que se empleará casi un millón y medio de euros, la CHJ y el Ayuntamiento dan por culminado la restauración de los 35 kilómetros del Canal de María Cristina aguas arriba, mientras se sigue trabajando en la reparación de otros 15 kilómetros aguas abajo entre Albacete capital y Tinajeros.

Adecuación del Júcar

Así lo pudo conocer la Comisión Local de Medio Ambiente, reunida en la tarde del pasado martes después de más de dos años sin ser convocada. En este encuentro, según informó ayer el concejal del área, Ramón Sotos, también se pudo conocer el proyecto de adecuación de la ribera del Júcar a su paso por Albacete, un añejo proyecto que, según la Confederación Hidrográfica del Júcar, podría ser inaugurado y visitado en la próxima primavera.

La única novedad presentada ante el Consejo Local de Medio Ambiente es que, ante los problemas para acreditar la titularidad pública de algunos caminos, la CHJ ha tenido que actuar en el Cordel del Camino Ancho hasta Cuasiermas, y no ha podido hacerlo en el tramo que discurre entre La Marmota y Cuasiermas, si bien Ramón Sotos avanzó que el Ayuntamiento «no renunciará» a la recuperación de este trazado.

Con esta iniciativa, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha recuperado un total de seis tramos (cincuenta kilómetros) del río Júcar a su paso por el término municipal de Albacete.

El de Alarcón, con capacidad para 1.118 hectómetros cúbicos, se sitúa esta semana en el 12,10 por ciento, con 135,22 hectómetros embalsados, 2,62 hectómetros más que la semana pasada.

Los embalses del sistema Júcar-Turia, La Toga, Alarcón y Contreras, cuya capacidad total es de 1.980,1 hectómetros cúbicos, almacenan esta semana 289,54 hectómetros cúbicos, 4,29 más que la semana anterior, según los datos aportados ayer por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El embalse de La Toba, con capacidad para albergar 9,7 hectómetros, bajó 0,43 hectómetros cúbicos y acumula 3,71 hectómetros de agua embalsada, por lo que se encuentra al 38,23 por ciento de su capacidad.
El de Alarcón, con capacidad para 1.118 hectómetros cúbicos, se sitúa esta semana en el 12,10 por ciento, con 135,22 hectómetros embalsados, 2,62 hectómetros más que la semana pasada.

CONTRERAS. Finalmente, el embalse de Contreras, con capacidad para 852,4 hectómetros cúbicos, sube sus reservas en 2,10 hectómetros, por lo que se encuentra al 17,67 por ciento de su capacidad, con 150,61 hectómetros cúbicos embalsados.
Otros sistemas como el de Almansa se encuentra a cero con una capacidad de 1,6.    

Cuando el debate sobre la inclusión de una cláusula de caducidad del trasvase Tajo-Segura se halla más vivo que nunca, el Consejo de Ministros aprobó ayer la puesta en marcha de otro trasvase que tomará el agua desde la cabecera de esta infraestructura, en Cuenca, y la irá repartiendo por toda la Mancha hasta Puertollano (Ciudad Real).

La transferencia, conocida como «tubería manchega», cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros, cifra similar al coste del trasvase Júcar-Vinalopó, y cuenta con el beneplácito -no en vano, son las impulsoras de la obra- de dos de las administraciones públicas más beligerantes con los trasvases en España: el Gobierno central y la Junta de Castilla-La Mancha.

Con la aprobación de la inversión, además, el Ejecutivo socialista evidencia una doble vara de medir. Mientras que la Junta amenaza con poner fin al Tajo-Segura en 2015 y el Gobierno central avisa que los trasvases al Segura irán reduciéndose con el tiempo -aunque ayer, coincidiendo con la del nuevo trasvase manchego, se aprobaron 24,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento a poblaciones y 20 hectómetros cúbicos para el riego para Murcia y Alicante-, el Consejo de Ministros dio vía libre a una nueva transferencia, que se nutre de esta conducción.

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, aclaró el pasado jueves esta contradicción: «La tubería manchega supone el fin del Tajo-Segura como se concibió, llevándose el agua sin dejársela a los castellanomanchegos». Es decir, que se dirija a la Mancha en detrimento de Murcia y Alicante.

El proyecto, que recoge 424 kilómetros de canalizaciones que se extienden a lo largo de cuatro provincias, se remonta al Gobierno de Felipe González. El plan permaneció congelado hasta que en 2005, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, opositora acérrima de los trasvases entre cuencas hidrográficas, firmó con el presidente castellanomanchego, José María Barreda, el comienzo de las primeras obras -la canalización principal ya está, en parte, en marcha-. Y es que el Plan AGUA, que no incluyó el Trasvase del Ebro, recogía esta conducción.

Pese a que parte de los recursos se utilizarán para recargar los acuíferos de las zonas húmedas del Guadiana -entre las que se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel-, lo que supone una intercambio entre cuencas, Narbona dio el plácet a la obra.

Otra faceta del proyecto aprobado radica en el ofrecimiento del Gobierno de Extremadura de un trasvase desde el Tajo medio al Tajo-Segura para satisfacer las necesidades hídricas de Murcia y Alicante. Se daría la paradoja que la conducción atravesaría toda la Mancha «regada» por la «tubería manchega».

Agua de más calidad

La razón por la que el Gobierno castellanomanchego no se plantea tomar los recursos hídricos por esta toma se hallaría en la calidad de sus aguas: en la cabecera del Tajo es notablemente mejor que en su curso medio -la que se ofrece a la Comunidad y a Murcia-, que ya ha recogido las aguas residuales de Madrid y su área metropolitana y de la que se duda que sea apta incluso para el regadío por su alta contaminación.

La Consejería de Industria ha dado el visto bueno a la instalación de una planta de tratamiento de adormideras con fines médicos y alimenticios, después de que el proyecto haya superado el estudio de Impacto Ambiental. La industria, que estará ubicada en el paraje de los Pinares del Júcar, ocupará una parcela de más de 300 hectáreas, y prevé una producción de 700 toneladas al día.
El cultivo de la llamada Papaver Somniferum, la común adormidera o amapola blanca, será destinado a la producción de medicamentos -para lo que se utiliza la paja de la planta- y a pastelería o futuras plantaciones -el grano. La empresa responsable del proyecto, Agrarias Manchega Hellinera, prevé para la actividad vallar una superficie de cuatro hectáreas para proteger el cultivo, tal y como recoge el propio estudio de Informe Ambiental al que la Consejería de Industria y Medio Ambiente dio publicidad esta pasada semana.

la PRODUCCIÓN DIARIA. De las 700 toneladas al día que puedan producirse en la futura industria albaceteña, la separación de grano y paja será en un porcentaje de 60-40%, con una producción de 420 toneladas al día de grano y 280 toneladas de paja. En el caso del tratamiento para la industria farmacéutica, la papaver somniferum tiene aplicaciones en la producción de morfina y codeína.
En el caso de las aplicaciones que el opio tiene para la pastelería y productos de alimentación, ya que el aceite que se extrae de la planta está exento de las sustancias alcaloides, y tiene utilidad tanto para dar aroma como para la propia decoración.    

En octubre de 2008, se hicieron cuatro años desde que el Tribunal Supremo anuló varios artículos clave del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar de 1998 que, en esencia, dejaron sin efecto casi todo el ámbito territorial de su Confederación Hidrográfica.
Desde entonces, nadie ha sido capaz de encontrar la fórmula mágica que permita, por una parte, aplicar esta sentencia y, por la otra, lograr un punto de acuerdo que permita aprobar por consenso el citado Plan Hidrológico, cuya revisión se encuentra completamente atascada.
La constatación más clara de este fracaso se publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 10 de enero. Ese día, se publicaba una resolución del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, por la que se emplaza a las partes afectadas para que se personen ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
En concreto, el acto legal que ha provocado este emplazamiento ha sido la presentación de un recurso, por parte de la Generalitat Valenciana, contra el Real Decreto 125/2007, «por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas».
Por esta causa, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ha emplazado a las partes, para que puedan comparecer y personarse en este recurso en el plazo máximo de nueve días. Dicho plazo vence a mediados de la semana entrante.
LA SECCIÓN QUINTA. Que este recurso se tramite ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no es casualidad. Fue esta misma sección la que, en octubre de 2004, anuló los artículos número 1, 20, 21, 22, 23, 24 (apartados 3, 15 y 16-b), 25, 26, 27 y 28 del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar (Orden Ministerial de 13 de agosto de 1999 y correspondientes del Real Decreto 1664/98, de 24 de julio), lo que supuso la práctica y total anulación de los sistemas de explotación de recursos establecidos dentro del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar de 1998.
En virtud de la sentencia del Supremo, dictada a instancias de la Fundación para el Progreso de Albacete, quedó anulada la inclusión en el plan de cuenca de ocho sistemas, que son Cenia-Maestrazgo, Mijares-Plana de Castellón, Palencia-Los Valles, Turia, Serpis, Marin a Alta, Marina Baja y Vinalopó-Alacantí.
El motivo es que estas cuencas son cuencas internas, esto es, se encuentran dentro del ámbito de una sola Comunidad Autónoma. Y, conforme a lo que dictan la propia Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, su gestión es plena competencia del gobierno de la región vecina, la Generalitat.
Como señalaron en su día los portavoces de la Fundación para el Progreso de Albacete, Alfonso Calera y Francisco Delgado, uno de los motivos por los que la sequía es tan fuerte en la cuenca del Júcar es que al río, como tal, «le han colgado una serie de ámbitos territoriales que, en sentido estricto, no son suyos».
Sin estos ámbitos adicionales, la situación del Júcar sería, sin duda, más desahogada. Ambos portavoces, además, señalaron que, en buena lógica, este fallo «debería dejarse notar» en la revisión del Plan de Cuenca y en el Real Decreto 125/2007, que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas.
EL REAL DECRETO. Dicho Real Decreto, cuya tramitación fue de lo más accidentada, es lo que ahora, precisamente, se ha recurrido por parte de la Generalitat.
Este Real Decreto es un paso previo a la revisión de los planes de cuenca, que empezó hace ya un año y que sigue completamente atascada. Intenta definir, en términos generales, qué es y qué no es Júcar, en el caso que nos ocupa.
En octubre de 2006, el Gobierno de la Nación presentó al Consejo Nacional del Agua, órgano consultivo en el que están presentes tanto Valencia como Castilla-La Mancha, un borrador del Real Decreto en el que se daba total cumplimiento a la sentencia.
El problema es que, en febrero de 2007, cuando dicho Real Decreto se publicó en el BOE, la redacción definitiva ya no era exactamente tan positiva porque incluía una disposición transitoria que adscribía de forma «provisional» las cuencas internas del Júcar a la Confederación Hidrográfica, en tanto la Generalitat Valenciana no diese cumplimiento a la sentencia, asumiendo sus cuencas internas, como ya han hecho, por ejemplo, las comunidades históricas o Andalucía, en el caso del río Guadalquivir.
De inmediato, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunció que recurriría esta disposición, por entender que se quería dejar sin efecto el dictamen del Supremo. Pero, por razones parecidas, aunque opuestas, la Generalitat Valenciana también presentó su recurso.
Y esto es lo que, precisamente, ha hecho que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino haya emplazado a las partes. Mientras tanto, y tal y como denunciaron los ecologistas y numerosas asociaciones y entidades, tanto de Castilla-la Mancha como de Valencia, la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca sigue totalmente atascada y sin visos de resolverse adecuadamente.