La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) considera que la política en materia de aguas y regadío desarrollada durante el año 2008 ha venido marcada, principalmente, por el “impasse” que provocó el cambio de legislatura tras las elecciones del pasado mes de marzo. Si bien los regantes reconocen la voluntad mostrada por el Ejecutivo para aliviar las pérdidas económicas derivadas de la falta de lluvias, recuerdan que el año 2008 se despide sin haber encontrado soluciones consensuadas a la subida de la factura eléctrica.

La Federación considera “decepcionante” que, tras la moratoria concedida por el Gobierno y que abría una aparente puerta a la negociación, el Ministerio de Industria decidiera suprimir definitivamente el pasado julio las tarifas especiales para regadío. La eliminación de estas tarifas, unida a la subida anunciada desde este mes de enero, supondrá para los agricultores un incremento en la factura eléctrica del orden del 90%, haciendo inasumibles los costes energéticos derivados del proceso de modernización de regadíos.

Supresión de las tarifas especiales, un freno a la modernización

Esta situación y la “inacción” del Ministerio de Industria, que obligó a los regantes a buscar soluciones a la subida tarifaria a través de acuerdos privados con las principales compañías eléctricas, llevó a Fenacore a anunciar una posible convocatoria de movilizaciones generalizadas en 2009. Con esta medida de protesta, los regantes quieren quemar su “último cartucho” para hacer oír su voz, de manera que paguen únicamente por la potencia realmente utilizada y se les aplique un tipo reducido de IVA en el suministro de electricidad por ser “usuario finalista”, tal y como sucede en Italia.

Fenacore teme que, si el Gobierno no adopta medidas inmediatas que permitan su adaptación a las nuevas tarifas eléctricas, se vea “muy frenada” la segunda fase del proceso de modernización de regadíos Horizonte 2015, impidiendo la transformación de más de un millón de hectáreas, y poniendo en grave peligro la viabilidad económica de las modernizaciones ya realizadas en esta primer horizonte del Plan Nacional de Regadíos (PNR), que finalizará mañana, día 31 de diciembre

Infraestructuras, una asignatura pendiente

En este sentido, la Federación reconoce que si bien el Ejecutivo Central contribuyó en 2008-a través de la aprobación del Real Decreto Ley de ayudas contra la sequía- a “aliviar” las pérdidas derivadas de la falta de lluvias, lamenta, sin embargo, que no se haya avanzado más ágilmente en la puesta en marcha de medidas complementarias que permitan a los regantes tener agua garantizada para compensar el esfuerzo económico derivado de la modernización de regadíos.

La Federación insiste en que la falta de infraestructuras sigue siendo “uno de los grandes retos de cara el nuevo año” aunque reconoce que hay otras medidas que se están desarrollando, como la cesión temporal de derechos de agua entre comunidades de regantes –o los denominados bancos públicos de agua- que están comenzando a ser utilizados casi con normalidad.

En su opinión, la solución a la sequía en que está inmersa España desde hace cuatro años pasa por la construcción sostenible de embalses y trasvases intercuencas, además de seguir avanzando en otras medidas de gestión de la demanda, la cesión de derechos al uso privativo del agua, la desalación, la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, la recarga de acuíferos o la reutilización de aguas regeneradas urbanas, etc.

Dos carteras en una

Por otro lado, Fenacore recuerda que el año 2008 se despide también con la fusión de las carteras de Agricultura y Medio Ambiente en un solo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, lo que supuso un reconocimiento explícito al papel que la agricultura de regadío desempeña para la conservación del medio ambiente y una esperanza en que los trámites medioambientales de las actuaciones derivadas del uso del agua en la agricultura sean más fluidos.

La “territorialización” de la gestión del agua

En otro orden, la Federación de Regantes estima que la “territorialización” de la gestión de las aguas, que han “asumido” algunas comunidades autónomas, mediante la reforma de sus estatutos con el respaldo de la Administración Central, pueden derivar en 2009 en un modelo autonómico “insolidario” y en auténticas “guerras del agua” entre territorios incluso de una misma comunidad. Como ejemplo, en Andalucía la gestión provincial además de generar conflictos, es incompatible con la gestión por cuencas hidrográficas, como especifica nuestra legislación y la Directiva Marco de Aguas (DMA) que obliga a los países de la UE.

En este sentido, Fenacore recuerda con otro ejemplo que esta confrontación política ha tenido su reflejo durante el año pasado en el caso de Castilla-La Mancha, que en su nuevo estatuto –admitido a trámite en el Congreso- contempla el fin del trasvase Tajo–Segura para el año 2015, vulnerando los derechos de las provincias vecinas (Murcia, Alicante y Almería), cuando, en realidad, las competencias en materia de planificación fluvial en cuencas intercomunitarias corresponden “única” y “exclusivamente” al Estado Central tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2.

Más “voz y voto” en los órganos consultivos

Finalmente, Fenacore recuerda que para el nuevo año todavía “queda en el tintero” la reforma de la Ley de Aguas planteada en marzo de 2007 y que aplazaba hasta 2010 la puesta en marcha de la polémica “tasa por prestación de servicios”.

La Federación estima que uno de los artículos relacionados con la reforma y sobre los que el Ministerio de Medio Ambiente deberá reflexionar en 2009 es la exclusión de las Comunidades de Usuarios de su participación en el Comité de Autoridades Competentes, cuando, en realidad, estos deberían estar integrados de una manera efectiva dentro de la planificación, gestión y protección del agua, sin limitar su participación en los órganos de las demarcaciones hidrográficas.

La Generalitat Valenciana ha renunciado a gestionar el río Vinalopó y los recursos hídricos en L’Alacantí haciendo uso de las competencias que le otorga el Estatut de Autonomía y la sentencia de Tribunal Supremo de octubre de 2004, que invalidó algunos artículos del Plan Hidrológico del Júcar y recordó que son los gobiernos autonómicos quienes tienen que ejercer las competencias hídricas en las cuencas hidrográficas intracomunitarias.
La Generalitat había eludido hasta ahora pronunciarse sobre qué cuencas quiere gestionar en cumplimiento del propio Estatut y de la Constitución, pese a que su indefinición está provocando ya importantes retrasos en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Júcar que debería estar finalizado en 2009.
Según pudo saber Levante-EMV, el Consell ha remitido un documento al Ministerio de Medio Ambiente en el que finalmente se constata la derrota de las tesis «autonomistas»- partidarias de asumir las competencias sobre el mayor número posible de cuencas hidrográficas- y el triunfo de quienes creen que es mejor dejar en manos del Estado la mayor parte de la gestión del agua, incluso renunciando a las competencias en sistemas de explotación como el de Vinalopó-L’Alacantí, uno de los más problemáticas, por otra parte.
Según esta posición ya oficial, la Generalitat solo quiere asumir las cuencas que «objetivamente» son intracomunitarias, lo que incluye los actuales sistemas de explotación del río Serpis y los de Marina Alta y Baja. Sin embargo, existen otros dos sistemas «mixtos» gestionados históricamente en la Confederación que son el Cenia-Maestrazgo, donde el Cenia sería intercomunitario y Maestrazgo intracomunitario; y el Vinalopó (intercomunitario)-Alacantí (intracomunitario).
Para el primer caso es posible una división de modo que el Maestrazgo sería competencia autonómica y el Cenia estatal. Sin embargo, la Generalitat no quiere saber nada del Alacantí-Vinalopó.
Finalmente, la tesis que ha triunfado en la Generalitat es la que persigue mantener una Demarcación Júcar fuerte gestionada por el Estado y con el mayor territorio posible y población perteneciente a la Comunitat Valenciana, mientras pretende que Castilla-La Mancha tenga menos peso geográfico y poblacional para evitar que asuma una posición mayoritaria en los órganos de gestión de la futura demarcación del Júcar, que sustituirá a la actual Confederación Hidrográfica del Júcar.
Respecto al Vinalopó, Castilla-La Mancha quiere que salga de la demarcación Júcar para convertir la transferencia en construcción en un verdadero trasvase en términos administrativos y exigir a continuación que se regule por una ley como la del Tajo-Segura.
En la actualidad, el trasvase Júcar-Vinalopó es solo una «transferencia» dentro de la misma gran cuenca hidrográfica-la el Júcar- y en la Generalitat se piensa que asumirlo como cuenca propia en el sistema Vinalopó-Alacantí, daría luz verde a Castilla-la Mancha para comenzar a cuestionar el «trasvase», como hace con el Tajo-Segura, y reclamando prioridad para los consumos en la Mancha en detrimento de los envíos al Vinalopó.
Además, podría intentar un traslado de la sede de la Confederación del Júcar a Albacete.
Mientras tanto, fuentes del ministerio de Medio Ambiente estiman que el «poder» de las autonomías en la gestión de las futuras demarcaciones hidrográficas no supera «un tercio» de la composición de los órganos de Gobierno, por lo que no acaban de ver «sentido» a las estrategias lanzadas desde Castilla-La Mancha y Valencia.
Territorio
En esta partida de ajedrez en la que Castilla-La Mancha quiere sacar no solo el Vinalopó sino incluso el Turia y la propia Albufera de la cuenca del Júcar y la Generalitat Valenciana juega justo a lo contrario: Desde el Gobierno valenciano se ha instado al Gobierno a que la junta castellano-manchega se quede para gestión propia con la cuenca endorreica de Pozohondo, una zona sin cauces definidos situada en medio de la llanura manchega y que actualmente está adscrita al Júcar. Son solo 256 kilómetros cuadrados, pero todo cuenta.
Probablemente, la delimitación de las demarcaciones tenga que resolverse finalmente en el Tribunal Supremo si no se alcanzan acuerdos durante la negociación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar.

La preocupación del sector por la subida de la luz es generalizada en toda España. Tanto es así que desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ya han anunciado su intención de realizar movilizaciones generalizadas en todo el país durante el próximo año.

¿El objetivo? Evitar que el Gobierno se «cruce de brazos» y exigirle que ponga en marcha con carácter urgente soluciones orientadas a facilitar la adaptación de los agricultores regantes a las nuevas tarifas eléctricas.

Desde Fenacore también lamentaron lo que consideraron «una falta de implicación» por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a la hora de buscar soluciones consensuadas a la subida de la factura eléctrica para regadío, tras la supresión en julio de las tarifas especiales y el anuncio de un nuevo incremento.

Lo advirtieron antes de que se produjese la modificación de las tarifas eléctricas. Casi medio año más tarde ya sufren de lleno sus consecuencias en forma de varapalo económico. Una situación que desde el sector ya auguran que les obligará a introducir significativos cambios en el mapa de cultivos de la provincia.

Y es que al aumento de la factura eléctrica se suman otros fuertes incrementos del resto de costes de producción, especialmente en el caso de los fertilizantes pero también de la semilla.

En clave económica

Circunstancias que obligan, tal y como reconoce el secretario de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Herminio Molina, a decidir lo que se sembrará no ya en base a la climatología o a otros condicionantes. Ahora, según explica, se cultiva en base al resultado de las muchas cuentas que deben realizar los agricultores para garantizar al menos que las pérdidas sean las menores posibles.

Consideraciones que también ratifican desde la Comunidad de Regantes Príncipe de España, que aglutina a unos 500 socios que cultivan unas 3.200 hectáreas en la zona de Los Llanos, y desde la Cooperativa Agrícola de Barrax (Coaba), integrada por unos 50 socios que tienen aproximadamente unas 2.000 hectáreas de secano y otras 2.000 de regadío.

El gerente de esta cooperativa, Alfonso Calderón, estima que la factura eléctrica ya ha aumentado un 40% desde el mes de julio, pese a lo que se dice desde las industrias eléctricas.

Una de las cuestiones que más ha perjudicado a los regantes, según señalan, es la eliminación de la discriminación horaria de la que podían beneficiarse con anterioridad. Hasta julio el sector agrario disponía de mejores condiciones económicas para regar los fines de semana. El problema es que ahora «con el nuevo sistema ya no hay discriminación horaria durante el fin de semana», matiza Calderón.

Estos y otros temas se pusieron sobre la mesa recientemente en una reunión que mantuvieron los agricultores adscritos a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental con responsables de la compañía eléctrica Iberdrola. Un encuentro que lejos de abrir una puerta a la esperanza para el sector, frustró las expectativas de los regantes. En este sentido, el gerente de Coaba asegura que el encuentro no sirvió de nada y que la reforma del sistema eléctrico introducida en julio no ha supuesto una liberalización real del mercado, tal y como se apuntaba.

Propuestas

En el encuentro mantenido, la compañía eléctrica presentó varias propuestas a los regantes. Propuestas que, a juicio del administrador de la Comunidad de Regantes Príncipe de España, Santiago González, en la provincia de Albacete son difíciles de implantar. Es el caso del contrato de temporada que ofrece la eléctrica, así se pasa de contratar durante todo el año a un periodo de cinco meses consecutivos. Periodo en todo caso inalterable una vez que se ha suscrito el contrato, según apunta González.

El problema es que en la provincia es muy difícil circunscribir los cultivos que se desarrollan a ese periodo de cinco meses. Un aspecto en el que incide Calderón quien señala que esa medida sólo tiene sentido cuando se trata de zonas de monocultivo. Algo que no sucede en la provincia donde además es necesario llevar a cabo una rotación de cultivos.

Ante estas situaciones los regantes auguran un negro futuro para el sector, especialmente para las pequeñas explotaciones de la provincia. Asimismo insisten en que se impone un cambio del mapa de cultivos. Por ejemplo, desde Coaba advierten que cultivos como el maíz que centra gran parte de su producción podría verse mermado considerablemente.

También podría verse perjudicada seriamente la modernización de los sistemas de regadío en la que durante años se ha estado trabajando en la provincia. Con el cambio de las tarifas eléctricas el esfuerzo que se hizo para ir hacia sistemas que ahorren recursos hídricos se ha vuelto totalmente en contra de los agricultores albaceteños ya que, desde julio, regar a pie es mucho más barato que haciendo uso de sistemas modernos de gestión del regadío. Toda una paradoja.

El Júcar y el Cabriel discurren sobre la Mancha Oriental. Bajo el susbsuelo, está el gran acuífero 18. Pero en la zona también hay regatos, arroyos, torrentes, fuentes, humedales y afloramientos de agua. O los había, según denunciaron ayer en rueda de prensa Gregorio López y Cipriano Escribano.
López, miembro de la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela (ACEM), y Escribano, de Ecologistas en Acción, recordaron que esos cursos de agua, aparentemente insignificantes, esconden una riqueza natural y humana que ahora se encuentra amenazada.
«Esas pequeñas masas de agua son semilleros de biodiversidad, hay una riqueza cultural y social enorme -afirmaba ayer Gregorio López- pero nadie se acuerda de ella, es la gran olvidada del Plan de Cuenca del Júcar».
López habló de pequeños ecosistemas, de cultivos tradicionales, de comunidades humanas, cuya existencia se debe a estas minúsculas masas de agua, que antes eran abundantes y ahora se encuentran en regresión.
«A mediados del siglo pasado, había un gran número de humedales, grandes y pequeños, por esta parte de la provincia -recordó Escribano- y algunos llegaban hasta el término de la propia ciudad de Albacete; hoy, casi todo esto se ha perdido».
Y lo poco que queda está en regresión, entre otras cosas porque a casi nadie le importa, subrayaron ambos ecologistas. De hecho, en los grandes debates de la revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar, apenas existen, son meras notas a pie de página, ocultas tras los grandes debates, como las dimensiones de la futura demarcación, la interacción entre el río y el acuífero 18, la política de desembalses o el futuro de la Albufera de Valencia.
«La gran paradoja es que, si uno se lee la Directiva Marco del Agua, se supone que la revisión del Plan se hace para proteger el buen estado de las masas de agua, pero parece que eso es lo último que importa», se lamentaron.
LOS REGADÍOS INDUSTRIALES. Ambos ecologistas culparon ayer a los grandes regadíos abastecidos con aguas subterráneas de la desaparición de estos ecosistemas, por lo que pidieron, una vez más, su eliminación y sustitución por otros sistemas agrícolas.
«Nosotros no nos vamos a oponer a la agricultura -afirmaron- porque los agricultores han mantenido muchos de estos ecosistemas, pero también creemos que ciertas formas de producción son totalmente inadecuadas para esta zona del país».
Tanto para López como para Escribano, los grandes regadíos industrializados han provocado un acusado descenso de los niveles piezométricos, y éste se ha manifestado, entre otros síntomas, en la desaparición de muchos pequeños ecosistemas asociados al agua.
«Nosotros ya hemos iniciado un estudio para la comarca de La Manchuela -avanzó Gregorio López- pero hace tiempo hicimos este estudio para Casas Ibáñez, y salió que, de 20 pequeños ecosistemas acuáticos que había en los año 60, sólo quedaban la mitad y en un estado muy precario».
Lo que solicitan ACEM y Ecologistas en Acción es que los regadíos se ciñan al acuífero, esto es, que no se extraiga más agua de la que éste pueda recargar de forma natural. Y, a ser posible, regresar al mismo nivel de extracción que había en los años 60 del pasado siglo.
Preguntados sobre el valor exacto de la recarga del acuífero, los ecologistas declinaron dar una cifra exacta, «aunque lo que es evidente es que ahora mismo se extrae más de lo que se puede recuperar el acuífero porque, de lo contrario, los niveles piezométricos no bajarían un años tras otro», aseveraron ambos.    

Les preocupa el deterioro progresivo y, a su juicio, «gravísimo» que han sufrido diferentes espacios hídricos en las provincias de Cuenca y Albacete, y fundamentalmente en ésta última. Una situación ante la que Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de la Manchuela (Acem) no quieren permanecer impasibles. Máxime cuando se está trabajando ya en la revisión del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ). Por ello quieren hacer oír su voz y que en este proceso se atiendan sus reivindicaciones. El representante de Acem, Gregorio López, acompañado por uno de los responsables de Ecologistas en Acción, Cipriano Escribano, mostró su preocupación por el estado que presentan especialmente los ríos Júcar y Cabriel. En ese sentido, denunció la desaparición de un buen número de manantiales y fuentes naturales del Júcar y del Cabriel. Reto Una situación ante la cual desde las dos organizaciones ecologistas solicitaron a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que lleve a cabo un estudio riguroso sobre la situación en la que se encuentran estos manantiales y fuentes naturales, cuáles se han secado y los motivos de ello. López indicó que en zonas como Casas Ibáñez más de la mitad de estos recursos han desaparecido en las últimas décadas con la consiguiente pérdida de riqueza natural y patrimonial. Asimismo insistió en la necesidad de cuantificar los espacios que se han perdido y la relación de su secado con la caída de los niveles del acuífero. Y es que ésta es otra de las cuestiones que inquieta tanto a Ecologistas en Acción como a Acem, tal y como subrayó López. El responsable de la Asociación Ecologista para el Desarrollo de la Manchuela abogó por la recuperación de los niveles piezométricos del acuífero de la Mancha Oriental. López señaló que no se puede utilizar el agua si ello implica «daños para el medio ambiente y la vida». Desde Acem advirtieron que en los últimos 30 años los niveles piezométricos de este acuífero han bajado una media de 30 metros «debido a la intensidad de los regadíos». Por ello, y ante la negociación del Plan Hidrológico del Júcar, pidieron que «los bombeos no sean superiores a los bombeos históricos que podían existir en los años 60». No obstante, aseguraron que no están en contra de las prácticas agrícolas. Igualmente solicitaron que no se dediquen recursos para usos urbanísticos que requieren una gran cantidad de agua. Por su parte, Escribano auguró un negro futuro si no se toman cartas en el asunto de una vez por todas. «La sobreexplotación del acuífero está suponiendo una carga para los municipios porque los están dejando sin agua», manifestó alertando de que en un futuro próximo «nos podríamos quedar sin agua para las poblaciones».

Recientemente, el Boletín Oficial del Estado publicaba dos resoluciones de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, referidas a las cuencas del Segura y el Guadiana.
En virtud de las mismas, se abrían sendos plazos de consultas, en relación al «procedimiento de evaluación estratégico» de sus respectivos planes hidrológicos, que por ahora se encuentran en proceso de revisión.
Sin embargo, se echa de menos ese mismo paso para la cuenca del Júcar, la cuenca más importante para la provincia de Albacete. De hecho, las últimas novedades oficiales relacionadas con la Cuenca del Júcar son de noviembre.
La revisión del Júcar sigue sin avanzar y el denominado Esquema de Temas Importantes sigue depende de definir un solo tema: qué es y qué no es parte del Júcar.
«El problema es muy sencillo -explica Alfonso Calera, profesor de la UCLM- hay una sentencia que se debe aplicar; si no se aplica, el plan que salga del proceso de revisión nacerá en medio de una enorme inseguridad jurídica».
Calera se refería a la sentencia del Supremo que exige la segregación de las cuencas internas de la Comunidad Valenciana, la célebre sentencia del Supremo de octubre de 2004. Un fallo que se logró a instancia de la Fundación para el Progreso de Albacete, a la que él mismo que pertenece.
Una sentencia que se ha convertido en todo un nudo gordiano para la Confederación Hidrográfica, según fuentes de los regantes manchegos.
«En estos momentos, el organismo de cuenca se encuentra en una encrucijada -explicaban ayer a La Tribuna- y es que las sentencias no se negocian, se aplican; pero si éste se aplica, muchas prácticas y costumbres en la parte baja de la Cuenca del Júcar dejarán de serlo».
En la parte de baja de la cuenca, también son conscientes de ello. En unas recientes declaraciones la prensa valenciana, el propio consejero valenciano de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, reconocía que la revisión del Plan de Cuenca del Júcar aún está «verde».
No obstante, en esas mismas declaraciones, García Antón decía que su departamento era «consciente» de que la ley obliga a administrar por separado los ríos que discrurren por una sola región de los ríos que discurren por varias.    

UPA- Esto ha supuesto que se incremente la destrucción de empleo en el campo (la ocupación en la agricultura y la ganadería se ha reducido a un ritmo de 300 ocupados al día) y se agudice la crisis de los sectores extensivos agrarios y de los ganaderos.

El análisis realizado por los servicios técnicos de UPA, a partir de diferentes fuentes oficiales, señala que la renta general del sector –en la que se incluye el valor de los productos en el mercado, las subvenciones recibidas y los costes de producción- puede disminuir en 2008 entre el 4 y el 6%, en términos corrientes, respecto al año anterior.

La evolución de las producciones agrícolas confirma que 2008 ha sido un buen año, en el que no ha habido elementos climatológicos relevantes que hayan reducido significativamente las producciones.
Sin embargo, hay que destacar la evidencia de los efectos de las sucesivas reformas de la Política Agrícola Común (PAC) con descensos de las producciones muy importantes en los cultivos industriales. Destaca la reducción de un 59% de la producción de algodón o de un 35% de la remolacha.

En lo que se refiere a la evolución de los precios agrarios en este año que termina, cabe destacar que en general se han comportado mal para el sector agrario y que tan sólo la evolución positiva de las frutas y la leche han salvado la cara en este capítulo.
Y ello porque veníamos de un muy mal comportamiento de estos dos sectores en la pasada campaña, por lo que el análisis comparativo ha sido favorable. El final del año se está caracterizando en el aspecto de precios, por un hundimiento generalizado de los mismos en origen, destaca el descalabro de los cereales, del aceite de oliva, de la uva, de los cítricos, de la leche, del cerdo ibérico…

Paralelamente a esta situación, durante buena parte del año el IPC en alimentación ha sido uno de los más altos. Sigue persistiendo una diferencia injustificable entre los precios percibidos por los agricultores y los que pagan los consumidores. Y esto es especialmente significativo cuando se produce hundimiento del precio en origen, ya que nunca se termina repercutiendo ese descenso al consumidor.

Sin duda el elemento que ha jugado un papel más relevante en el resultado último de la renta agraria ha sido el capítulo de los costes de producción, con un incremento medio respecto al año pasado de más del 13%, Destacan el incremento espectacular que han tenido los fertilizantes (incremento del 70%), la energía (subida superior al 25%) y los piensos (subida de este insumo del 19%)

En cuanto a la evolución del empleo, durante 2008 se ha acentuado la tendencia de años anteriores, con la pérdida de unos 109.000 ocupados en el sector agrario, lo que supone un ritmo de 300 personas ocupadas menos cada día en actividades agrícolas o ganaderas. El año 2008 pasará a la historia como el momento en el que la cifra de ocupados en el sector agrario bajó de los 800.000.

En el sector del vino, en 2008 se ha comenzado a aplicar la reforma de la OCM vitivinícola, con la presentación en Bruselas del Programa de apoyo al sector vitivinícola español para las próximas 5 campañas y con la aceptación de los primeros arranques de viñedo primados (73.377 has).

Sin embargo, la campaña iniciada el 1 de agosto ha transcurrido hasta el momento sin que se hayan desarrollado gran parte de las normas de regulación, lo cual ha supuesto una gran incertidumbre por parte de los diversos operadores.
A pesar de contar con una producción (38,4 millones de hectolitros) un 3,6 % inferior a la de la campaña pasada, los precios de la uva en origen han tenido unas cotizaciones cercanas a un 25% por debajo de la campaña anterior, con la consiguiente repercusión negativa en la renta de lo viticultores, que ven su futuro con gran desesperanza.

Por su parte, los cultivos herbáceos han vivido durante el año 2008 dos momentos muy diferenciados. El año comenzaba con unos precios históricamente altos en todos los mercados, que a partir del verano se desplomaban hasta alcanzar cotizaciones extremadamente bajas. La cosecha fue similar a la de la campaña anterior, gracias al aumento de la superficie sembrada que compensó el descenso de los rendimientos. Por último el aumento del precio de los fertilizantes ha limitado en gran medida las perspectivas para la próxima campaña, ya que está provocando un menor uso de fertilizantes en la sementera.

La producción de aceite de oliva durante esta campaña oleícola ha alcanzado las 1.236.000 t, un 11,2% más en relación a la campaña anterior y un 13,8% por encima de la media de las cuatro últimas campañas.
Las exportaciones de aceite se han incrementado un 8,3% y el consumo interior ha descendido un 5,9% en relación a la campaña anterior.

Por su lado, las explotaciones olivareras se están enfrentando esta campaña a un continuo descenso de las cotizaciones del aceite de oliva. En relación al año pasado, el precio medio del aceite de oliva ha descendido un 4,3%, mientras que los costes de producción han experimentado fuertes incrementos.

El sector remolachero-azucarero ha vivido durante este año un período muy intenso. Tras el acuerdo de reestructuración alcanzado por las empresas azucareras en marzo, quedó definido el mapa del sector para las próximas campañas, al quedar únicamente activas cinco fábricas de molturación: cuatro en Castilla y León y una en Andalucía. En cuanto a la producción, el sector está notando de manera espectacular los efectos de la reforma de la OCM como demuestran las reducciones del cultivo superiores al 35%.

En el último trimestre del año se produjo la venta de Azucarera Ebro a la compañía británica British Sugar y el acuerdo entre la cooperativa ACOR y la empresa francesa Tereos para refinar y comercializar azúcar en nuestro país.

La producción de cítricos en la campaña 2007-2008 ha sido inferior a la anterior, obteniéndose una mejora en los precios percibidos por el agricultor en relación a la campaña previa que fue desastrosa.

La nueva campaña de comercialización se ha iniciado con el hundimiento del precio en origen entre un 50-60% con respecto a los de la pasada campaña. Esta caída está poniendo al sector productor en una situación realmente crítica, al unirse la bajada de precios a los incrementos de los costes de producción.

En relación a la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas, aprobada en junio de 2007, es de destacar que durante 2008 se han publicado los Reales Decretos correspondientes a la Regulación del reconocimiento las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFHs), así como el Real Decreto sobre Fondos y Programas Operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas que transponen la normativa europea a la normativa nacional.

En cuanto a los cultivos industriales, en 2008 el sector del algodón ha vivido la revisión del sistema de ayudas, tras al sentencia del Tribunal Europeo. Tras todo el proceso de reforma, el sector del algodón está en una situación muy crítica con descensos espectaculares tanto de la superficie sembrada como de los rendimientos.

EN cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, en toda Europa estamos inmersos en la elaboración de los nuevos planes de gestión del agua en unos momentos de grave crisis financiera, económica, social y ecológica, de la que algunos de los principales problemas que afectan al agua son expresión directa. Las presiones que padecen los ecosistemas acuáticos han alcanzado, en muchos casos, un nivel preocupante: buena parte de nuestras aguas presentan un grave deterioro, con el consiguiente empobrecimiento de los servicios que prestan al bienestar humano. El cambio climático ya está manifestándose en perturbaciones del ciclo hidrológico, dando lugar a alteraciones de la calidad y a reducciones significativas de las aportaciones hídricas en las cuencas hidrográficas  .
En estas condiciones, la conservación y restauración de los ecosistemas acuáticos son objetivos ya impostergables, como establece el actual marco legal europeo. Tomarse en serio estos objetivos exige una reorientación de las prioridades de la política del agua, cuyo requisito previo es frenar el deterioro de los ríos y acuíferos. Por este motivo, el planteamiento de los límites del incremento del uso del agua, de la presión sobre los ecosistemas acuáticos, emerge con fuerza como un tema clave en la nueva política del agua y más concretamente en los planes hidrológicos actualmente en elaboración.
Los márgenes de aumento de la eficiencia y de ahorro en los usos urbanos, industriales y agrarios del agua son muy elevados. Uno de los principales retos actuales es aplicar los recursos que se liberan por modernización de sistemas de abastecimiento y riego a la recuperación de la calidad de los ríos y acuíferos, con la consiguiente mejora de los servicios que prestan a las sociedades humanas. Por su parte, las nuevas tecnologías de tratamiento y depuración están permitiendo intensificar procesos de reciclaje e introducir en el ciclo de usos las aguas residuales, salobres y salinas, que aportan nuevos recursos disponibles. Estas tecnologías, sin embargo, no pueden ser una trampa para intensificar el crecimiento y acabar de desconectar el desarrollo territorial de los condicionantes y límites naturales.
Las cuestiones relacionadas con la ética y la equidad adquieren una importancia crucial en los debates sobre el agua. Existe un nivel básico de derecho al agua, el agua vida, el agua que necesitamos para mantener funciones vitales, abastecimientos domésticos básicos y la salud de los ecosistemas. Los niveles y las condiciones del agua vida constituyen el objeto de lo que se entiende por derecho humano al agua, cuya satisfacción no debe condicionarse a criterios de eficiencia o racionalidad económica.
El acceso a una dotación de agua doméstica suficiente tiene y puede ser un derecho garantizado, independientemente de la capacidad de pago de la población. Pero más allá de los recursos necesarios para cubrir las necesidades vitales, las sociedades modernas nos hemos dotado de servicios de abastecimiento y saneamiento domiciliario de cobertura universal, en cuya gestión es necesario aplicar criterios de eficiencia y de responsabilidad ciudadana. En la gestión del agua urbana venimos aceptando como normal y deseable, por ejemplo, la idea de la tarificación progresiva: los que más consumen pagan más por unidad consumida. Por otra parte, la buena administración y la eficiencia no están reñidas con la gestión pública. Por el contrario, el mantenimiento de estos criterios de buena administración aconseja rechazar la mercantilización y la privatización de estos servicios: la experiencia internacional acumulada recomienda la defensa de modelos de gestión pública eficiente, participativa y bajo control social.
Además de cubrir esas necesidades vitales y esos abastecimientos domésticos, el 90% de los recursos disponibles se usan como un factor de producción en actividades económicas agrícolas, industriales o terciarias. En todos estos casos, el uso del agua requiere responsabilidad y racionalidad económica. Todavía existe un alto nivel de subvención pública para actividades privadas lucrativas, que no deben confundirse con el ámbito de los derechos humanos o ciudadanos. Por no hablar del grave problema del descontrol e ilegalidad que rodea con frecuencia estos usos productivos, sobre todo en lo que se refiere a la extracción de aguas subterráneas y a los vertidos de aguas residuales a los cauces.
Ya hace tiempo que está fuera de cuestión que los problemas del agua son inseparables de los procesos territoriales, urbanísticos, agrario-forestales, industriales y energéticos. Una de las condiciones de partida de los nuevos planes es la de plantear sus diagnósticos y propuestas en directa conexión con los agentes sociales implicados y con las administraciones competentes en todos esos campos. Pero, además, es imprescindible incorporar las dimensiones, culturales, patrimoniales, paisajísticas y de identidad colectiva que implica el agua. Por todo ello, los condicionantes de la conservación de los ecosistemas y los paisajes del agua deben constituir puntos de referencia fundamentales de la política territorial. Los responsables del urbanismo, agricultura, industria, turismo y energía tienen que estar directamente implicados en la elaboración de los nuevos planes, pero los condicionantes del agua deben de respetarse mucho más que hasta ahora lo han sido por estos sectores.
La complejidad, las incertidumbres, la dimensión ética y emocional del agua, los riesgos implicados y la multiplicidad de actores motivan que los enfoques tecnocráticos convencionales sean insuficientes para abordar los problemas del agua: es imprescindible impulsar las visiones integradas, la transparencia y la participación social activa en la producción compartida de conocimiento y en la gestión y la evaluación de los procesos de decisión.