La planificación hidrológica nacional vuelve a dar un giro bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Desalación frente a trasvases fue la primera decisión de su Ejecutivo bajo la batuta de la defenestrada ministra de Medio ambiente, Cristina Narbona.

Esa radicalidad en el planteamiento segó de raíz el Pacto Nacional del Agua que se alcanzó con un consenso superior al 80% y que contemplaba, entre otras, la ejecución del trasvase del Ebro. La presión ejercida en esa primera legislatura por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que condicionó el apoyo a Zapatero en los presupuestos a la derogación del citado trasvase resultó definitiva.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, fue quien estampó su firma en la defunción -siquiera temporal- de esa conducción. Cuatro años después, la tortilla ha dado la vuelta casi por completo y el Gobierno socialista se presenta como valedor de los trasvases.

Vuelta al «interés general»

El motivo es obvio: la guerra del agua se ha extendido en este último lustro como un reguero de pólvora afianzando en los diferentes territorios autonómicos a sus gobiernos que realizaban encendidas defensas de sus derechos hídricos.

La vuelta al «interés general» es lo que auspicia este giro copernicano en la planificación del Gobierno de España. Marcelino Iglesias en Aragón, José María Barreda en Castilla-La Mancha, Francisco Camps en la Comunidad Valenciana, Josep Lluís Carod-Rovira en Cataluña y Ramón Luis Valcárcel en la Región de Murcia han protagonizado los principales duelos dialécticos entre territorios con cuencas excedentarias y deficitarias. Javier Arenasen Andalucía también ha levantado la voz con dureza para reclamar más recursos hídricos, algo que Manuel Chaves ha obviado, mientras que Esperanza Aguirre se sumaba en el último año a la solidaridad que pedía Camps y que también reclamó para el sistema de financiación autonómica.

El órdago de Castilla-La Mancha en su reforma estatutaria (analizada ahora en el Congreso de los Diputados) ha acabado por romper la baraja de los discursos nacionales de PP y PSOE en la materia. Primeros espadas de ambas formaciones como María Dolores de Cospedal o el propio Barreda se han visto involucrados en una guerra interna que las direcciones nacionales de Génova y Ferraz han querido cortar.

El consenso está más cerca -aunque en ningún caso es inminente- y se pretende no ahondar más en la herida del «agua para todos», pero la conclusión es que cinco años después Zapatero vuelve a ceder ante ERC y también ante su «compañero» de partido, el presidente catalán, Josep Montilla.

La presión de las fuerzas políticas catalanas ha sido suficientemente insoportable para el Gobierno de España como para obligarle a abandonar la idea del trasvase del Ebro y retomar «otro Tajo-Segura» en el curso medio del río a la altura del embalse de Valdecañas.

Extremadura, con su presidente Guillermo Fernández Vara a la cabeza, no pondrá tantas objeciones si obtiene alguna compensación económica (factible en la cercana reforma del sistema de financiación).

El Ebro sigue en el horizonte

Zapatero busca también que uno de los principales ejes de reivindicación de los Gobiernos valenciano y murciano quede desactivado, ofreciéndoles igual cantidad de agua que la que llegaría del Ebro.

La realidad, no obstante, es que el trasvase del Ebro seguirá en los próximos años como un proyecto «irrenunciable» para el Consell, tal como ha asegurado su presidente en varias ocasiones. No se entiende la demonización de esta conducción para acabar haciendo otra en un lugar diferente del país con coste elevado.

La politización, pues, de la planificación hidrológica nacional dista pues mucho de solucionarse. Mientras, los regantes seguirán padeciendo dificultades si los años hidrológicos son tan secos como los últimos porque la alternativa de la desalación se desvanece -al menos en su condición masiva-por su elevado coste medioambiental y energético.

La reserva de agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sube y, además, algunas de las anomalías que arrastraba la cuenca parece que empiezan a corregirse, ya que el embalse con más reservas almacenadas es el de Contreras, con 145,66 hectómetros cúbicos.
Como se recordará, durante el anterior año hidrológico, uno de los principales problemas de la CHJ era que apenas llovía en cabecera, lo que complicaba en grado sumo la gestión de la cuenca. Este problema, por ejemplo, fue uno de los fac tores que contribuyó a la desecación de un tramo del río la pasada primavera.
Ahora, y según informa la CHJ, sus reservas hídricas totales subieron 18,73 hectómetros cúbicos durante la pasada semana y se han situado en los 922,90, lo que supone el 27’74 por ciento de los 3.346,6 hectómetros cúbicos de su capacidad total.
Además, y aunque el sistema Júcar sigue siendo el que peor está de los cuatro que, de momento, integran la CHJ (21,27%) también es el que registra variaciones más significativas y, además, en sentido positivo. Contreras es el que más agua almacena, Tous-La Ribera es el que más subió en una semana (6,03 hectómetros) y Alarcón, el de mayor capacidad, también sube 2,06 hectómetros.
En total, estos tres embalses suman 402,37 hectómetros cúbicos, por encima de la curva de garantía establecida en el Convenio de Alarcón para el mes de enero, que es de 326 hectómetros.  

AVA-ASAJA denuncia la “mala fe” demostrada por el Mi­­nisterio de Industria que, presionado seguramente por las eléctricas y sin ad­ver­tirlo ni ne­go­ciarlo con las organizaciones agrarias, ha impuesto cam­bios de última hora en los horarios que marcan los precios de los riegos de alta tensión así como en las tarifas de baja tensión.

05/01/2009 (Noticia leida 232 veces)

AVA-ASAJA- Así lo re­co­gió, el 31 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la orden ITC/3.801/2008 de 26 de diciembre por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2009. “En 2008 hemos afrontado una falsa liberalización del mercado eléctrico que, en la práctica, no ha fomentado la competencia entre operadores sino que ha supuesto un aumento ‘se­mipactado’ de los costes energéticos para los agricultores del 40% y ahora, en la víspera de No­chevieja con nocturnidad y estoy por decir que también con alevosía, el Gobierno impone más modificaciones que seguro su­pondrán nuevas subidas”.

Los cambios en los horarios de riego que recoge el BOE se aplicarán sin haber de­jado margen alguno a las entidades de regantes para informarse y readaptarse a la nueva situación. De otro lado, la entrada en vigor de esta orden se producirá tam­bién sin que las eléctricas, que son las únicas que tienen acceso a los contadores de estas ins­ta­laciones, se hayan preocupado por adaptar sus contadores a la nueva disposición. AVA-ASAJA, que integra a más de un millar de entidades de riego valencianas y a varios mi­llares de ins­talaciones de goteo y explotaciones agrarias adheridas a ellas, ha remitido en la mañana de hoy y nada más tener cono­cimiento de la nueva disposición una carta a Iberdrola –la com­pa­ñía dominante en la Comunidad Valenciana- apre­miándola a que readapte sus contadores.

La organización agraria ad­vierte a este respecto que sus asociados -al tratarse de una circunstancia ajena al usua­rio, al que tam­poco se le ha informado en tiempo y forma- no se harán cargo de los nuevos incrementos en la factura eléctrica que se generen a causa de es­tos cambios hasta que los técnicos de las eléctricas no procedan al ajuste de los conta­do­res. “Acudiremos donde haga falta para evitar que se pa­gue un euro más de lo que fije el contador”, advierte Aguado.

Tras hacer desaparecer este año las tarifas especiales de riego y abo­car al sector a afrontar un mercado supuestamente liberalizado, el ministerio ha cam­biado hoy las franjas para el riego en horas ‘valle’ (en las que resulta más barato), ‘punta’ (más caro) y ‘llano’ (con un coste intermedio) para las líneas de alta tensión. Para las de baja, que son minoritarias pero que también afectan a algunas entidades de riego, se ha suprimido el sistema de franjas horarias para pasar a imponer el de periodos del año con tarifas ‘valle’, ‘punta’ y ‘llano’, plazos de tiempo en el que también se aplicarán tarifas más caras, con nuevos incrementos de hasta el 45% a sumar a los ya aplicados desde julio de en torno al 40%.

Por primera vez, se han fijado los límites precisos entre las cuencas hidrográficas de los ríos Júcar y Guadiana, en las provincias de Albacete y Cuenca. Hasta ahora, esa frontera hidrológica se había mantenido confusa, dando lugar a problemas y pleitos cada vez más complejos.

La fuerte explotación de las aguas subterráneas en esa zona, y los sucesivos intentos planificadores y de control por parte de la Administración se han sumado para enredar la cuestión hasta que, finalmente, ha sido necesario que el Gobierno se decidiera a dibujar esta raya sobre el mapa de Minaya, Villarrobledo, La Roda y Casas de Haro.

Acaba de publicarse la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que delimita con precisión esa frontera. Y no es que antes no se hubiera intentado, porque hay una sucesión casi inacabable de leyes y reales decretos que definían el ámbito de estas cuencas; el problema es que, como reconoce el propio ministerio, las normas eran muchas, pero esas disposiciones no incluían una delimitación cartográfica precisa.

De modo que ni la Administración ni los propietarios de las tierras de esta comarca estaban nunca del todo seguros de si una parcela particular estaba en territorio de una o de otra cuenca.

Y estar en una u otra cuenca tiene consecuencias importantes, porque cada una regula, por ejemplo, las extracciones para riego de una manera.

La del Guadiana, por ejemplo, tiene declaración de sobreexplotación, y acaba de aprobar un Plan Especial que también se verá beneficiado de esta definición territorial. Esta confusión de linderos ha permitido, además, a algunos regantes reclamar en los tribunales con el argumento de que la Confederación con la que pleiteaban no era, en realidad, la que tenía competencias en ese lugar. Hay sentencias tanto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha como del Tribunal Supremo que se basan precisamente en esta confusión de límites.

Según explica el propio Ministerio, «en la zona situada en el entorno de la Unidad Hidrogeológica de la Mancha Occidental, la identificación de esta divisoria resulta especialmente complicada debido a que la orografía es extremadamente suave.

Estudio técnico

Ello ha llevado a que existan diferentes propuestas de delimitación, sin que hasta el momento haya existido un acuerdo general respecto al trazado más adecuado. Se da la circunstancia, además, de que las aguas subterráneas son objeto aquí de un intenso aprovechamiento, hasta el punto de haber sido efectuada por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana la declaración de sobreexplotación y la aprobación del plan de ordenación de extracciones».

El Gobierno, en la propia orden, puntualiza que fijar con precisión este límite «no puede considerarse que altere la situación establecida en cuanto a los derechos e intereses de los usuarios y de los ciudadanos sino que, por el contrario, evita situaciones de inseguridad jurídica».

Con ese objetivo, la Dirección General del Agua encargó un estudio al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento (Cedex), que lo elaboró en octubre del 2007.

En él, asegura el Ministerio, se han considerado «exclusivamente criterios topográficos e hidrológicos», en la zona comprendida entre las inmediaciones de los vértices geodésicos de Moharras, en el término municipal de Villarrobledo, y Monte Viejo, en el término municipal de Casas de Haro. Informaron también sobre él las dos confederaciones afectadas, por medio de sus servicios técnicos.

Esta delimitación, y los mapas que la reflejan, son, ya, la norma que regula la actuación de estas dos confederaciones, y también sirven a los propietarios afectados para conocer su situación particular, ya que la cartografía se ha realizado de forma detallada y sobre los propios planos catastrales de los lugares por donde se ha trazado.

Esta delimitación tiene consecuencias también sobre el dominio público hidráulico de los acuíferos Mancha Occidental y Mancha Oriental.

Los embalses conquenses del sistema Júcar-Turia, cuya capacidad total es de 1.980,1 hectómetros cúbicos, almacenan esta semana 280,48 hectómetros cúbicos, 3,12 más que la semana anterior, según los datos aportados hoy por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

   El embalse de La Toba, con capacidad para albergar 9,7 hectómetros, subió 0,13 hectómetros cúbicos y acumula 3,89 hectómetros de agua embalsada, por lo que se encuentra al 40,12 por ciento de su capacidad.

   El de Alarcón, con capacidad para 1.118 hectómetros cúbicos, se sitúa esta semana en el 11,71 por ciento, con 130,93 hectómetros embalsados, 1,06 hectómetros más que la semana pasada.

   Finalmente, el embalse de Contreras, con capacidad para 852,4 hectómetros cúbicos, sube sus reservas en 2,06 hectómetros, por lo que se encuentra al 17,09 por ciento de su capacidad, con 145,66 hectómetros cúbicos embalsados.

La lluvia ha llenado los pantanos aunque los que abastecen a zonas de Alicante siguen siendo los más deficitarios. Las precipitaciones caídas a final de año en la Comunitat han aumentado el agua almacenada en los embalses de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Segura. Las reservas de agua a 29 de diciembre se sitúan al 27,2% de la capacidad de la CHJ y al 19,4% en la del Segura con 912,37 hectómetros cúbicos en el primer caso y 219 hectómetros cúbicos en el segundo, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente.

Con estos datos, los embalses del Júcar han aumentado en 19 hectómetros cúbicos su capacidad respecto a la semana anterior, pero sólo cuentan con una parte de los 3.346 hectómetros cúbicos totales que puede almacenar. Por su parte, los pantanos del Segura han incrementado sólo en 6 hectómetros cúbicos, cantidad que no permite que se alcance más del 20% del total de 1.129 hectómetros cúbicos.

Las lluvias de los últimos meses han favorecido el aumento del agua embalsada. En 2008, las precipitaciones fueron muy abundantes en todo el territorio nacional, un 5% por encima de la media de los valores habituales, sobre todo en primavera y las del mes de octubre, según explicó el meteorólogo de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), Antonio Vercher.

Así, durante el pasado año el invierno entrante fue seco, aunque la primavera muy lluviosa, sobre todo en los meses de abril y mayo. Luego, en la segunda mitad del año, incluyendo el verano, este otoño e inicio del invierno, el volumen de precipitaciones se ha situado en torno a los valores normales, según informó Vercher.

«Abril, mayo y octubre han compensado el déficit de lluvias que hubo en los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto», indicó, al tiempo que apuntó que 2007, en cambio, fue un año «bastante seco» en general, donde llovió hasta un 20% menos que en 2008.

En cuanto a la distribución de precipitaciones «lo que sí se observa es un valor por encima de lo normal en la mayor parte de la vertiente mediterránea, y también en la cantábrica, norte de Galicia y todas las regiones del Cantábrico», explicó el meteorólogo de la Aemet.

Todas estas lluvias han hecho que la reserva hidráulica nacional se cerrara con los embalses españoles casi a la mitad de su capacidad. Los embalses se encuentran, a finales de año, al 47,7%, con 25.903 hectómetros cúbicos, unos 3.400 más que hace un año. Los embalses del Júcar han cerrado el año al 21,06% y los del Túria al 55,58%. En Alicante, la Marina Baixa/Serpis dispone del 76,69% de su capacidad. Sin embargo, y en comparación con la media nacional, las cuencas del Segura (19,4%) y Júcar (27,2%) siguen siendo las más deficitarias.

En el sistema de la Marina Baja, el embalse de Amadorio tiene un 73% de agua almacenada, mientras que el de Guadalest está al 82,34%. En el Serpis, el pantano de Beniarrés tiene el 76,14% de su capacidad cubierta total.

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE) considera que la política en materia de aguas y regadío desarrollada durante el año 2008 ha venido marcada, principalmente, por el “impasse” que provocó el cambio de legislatura tras las elecciones del pasado mes de marzo. Si bien los regantes reconocen la voluntad mostrada por el Ejecutivo para aliviar las pérdidas económicas derivadas de la falta de lluvias, recuerdan que el año 2008 se despide sin haber encontrado soluciones consensuadas a la subida de la factura eléctrica.

La Federación considera “decepcionante” que, tras la moratoria concedida por el Gobierno y que abría una aparente puerta a la negociación, el Ministerio de Industria decidiera suprimir definitivamente el pasado julio las tarifas especiales para regadío. La eliminación de estas tarifas, unida a la subida anunciada desde este mes de enero, supondrá para los agricultores un incremento en la factura eléctrica del orden del 90%, haciendo inasumibles los costes energéticos derivados del proceso de modernización de regadíos.

Supresión de las tarifas especiales, un freno a la modernización

Esta situación y la “inacción” del Ministerio de Industria, que obligó a los regantes a buscar soluciones a la subida tarifaria a través de acuerdos privados con las principales compañías eléctricas, llevó a Fenacore a anunciar una posible convocatoria de movilizaciones generalizadas en 2009. Con esta medida de protesta, los regantes quieren quemar su “último cartucho” para hacer oír su voz, de manera que paguen únicamente por la potencia realmente utilizada y se les aplique un tipo reducido de IVA en el suministro de electricidad por ser “usuario finalista”, tal y como sucede en Italia.

Fenacore teme que, si el Gobierno no adopta medidas inmediatas que permitan su adaptación a las nuevas tarifas eléctricas, se vea “muy frenada” la segunda fase del proceso de modernización de regadíos Horizonte 2015, impidiendo la transformación de más de un millón de hectáreas, y poniendo en grave peligro la viabilidad económica de las modernizaciones ya realizadas en esta primer horizonte del Plan Nacional de Regadíos (PNR), que finalizará mañana, día 31 de diciembre

Infraestructuras, una asignatura pendiente

En este sentido, la Federación reconoce que si bien el Ejecutivo Central contribuyó en 2008-a través de la aprobación del Real Decreto Ley de ayudas contra la sequía- a “aliviar” las pérdidas derivadas de la falta de lluvias, lamenta, sin embargo, que no se haya avanzado más ágilmente en la puesta en marcha de medidas complementarias que permitan a los regantes tener agua garantizada para compensar el esfuerzo económico derivado de la modernización de regadíos.

La Federación insiste en que la falta de infraestructuras sigue siendo “uno de los grandes retos de cara el nuevo año” aunque reconoce que hay otras medidas que se están desarrollando, como la cesión temporal de derechos de agua entre comunidades de regantes –o los denominados bancos públicos de agua- que están comenzando a ser utilizados casi con normalidad.

En su opinión, la solución a la sequía en que está inmersa España desde hace cuatro años pasa por la construcción sostenible de embalses y trasvases intercuencas, además de seguir avanzando en otras medidas de gestión de la demanda, la cesión de derechos al uso privativo del agua, la desalación, la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, la recarga de acuíferos o la reutilización de aguas regeneradas urbanas, etc.

Dos carteras en una

Por otro lado, Fenacore recuerda que el año 2008 se despide también con la fusión de las carteras de Agricultura y Medio Ambiente en un solo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, lo que supuso un reconocimiento explícito al papel que la agricultura de regadío desempeña para la conservación del medio ambiente y una esperanza en que los trámites medioambientales de las actuaciones derivadas del uso del agua en la agricultura sean más fluidos.

La “territorialización” de la gestión del agua

En otro orden, la Federación de Regantes estima que la “territorialización” de la gestión de las aguas, que han “asumido” algunas comunidades autónomas, mediante la reforma de sus estatutos con el respaldo de la Administración Central, pueden derivar en 2009 en un modelo autonómico “insolidario” y en auténticas “guerras del agua” entre territorios incluso de una misma comunidad. Como ejemplo, en Andalucía la gestión provincial además de generar conflictos, es incompatible con la gestión por cuencas hidrográficas, como especifica nuestra legislación y la Directiva Marco de Aguas (DMA) que obliga a los países de la UE.

En este sentido, Fenacore recuerda con otro ejemplo que esta confrontación política ha tenido su reflejo durante el año pasado en el caso de Castilla-La Mancha, que en su nuevo estatuto –admitido a trámite en el Congreso- contempla el fin del trasvase Tajo–Segura para el año 2015, vulnerando los derechos de las provincias vecinas (Murcia, Alicante y Almería), cuando, en realidad, las competencias en materia de planificación fluvial en cuencas intercomunitarias corresponden “única” y “exclusivamente” al Estado Central tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2.

Más “voz y voto” en los órganos consultivos

Finalmente, Fenacore recuerda que para el nuevo año todavía “queda en el tintero” la reforma de la Ley de Aguas planteada en marzo de 2007 y que aplazaba hasta 2010 la puesta en marcha de la polémica “tasa por prestación de servicios”.

La Federación estima que uno de los artículos relacionados con la reforma y sobre los que el Ministerio de Medio Ambiente deberá reflexionar en 2009 es la exclusión de las Comunidades de Usuarios de su participación en el Comité de Autoridades Competentes, cuando, en realidad, estos deberían estar integrados de una manera efectiva dentro de la planificación, gestión y protección del agua, sin limitar su participación en los órganos de las demarcaciones hidrográficas.

La Generalitat Valenciana ha renunciado a gestionar el río Vinalopó y los recursos hídricos en L’Alacantí haciendo uso de las competencias que le otorga el Estatut de Autonomía y la sentencia de Tribunal Supremo de octubre de 2004, que invalidó algunos artículos del Plan Hidrológico del Júcar y recordó que son los gobiernos autonómicos quienes tienen que ejercer las competencias hídricas en las cuencas hidrográficas intracomunitarias.
La Generalitat había eludido hasta ahora pronunciarse sobre qué cuencas quiere gestionar en cumplimiento del propio Estatut y de la Constitución, pese a que su indefinición está provocando ya importantes retrasos en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Júcar que debería estar finalizado en 2009.
Según pudo saber Levante-EMV, el Consell ha remitido un documento al Ministerio de Medio Ambiente en el que finalmente se constata la derrota de las tesis «autonomistas»- partidarias de asumir las competencias sobre el mayor número posible de cuencas hidrográficas- y el triunfo de quienes creen que es mejor dejar en manos del Estado la mayor parte de la gestión del agua, incluso renunciando a las competencias en sistemas de explotación como el de Vinalopó-L’Alacantí, uno de los más problemáticas, por otra parte.
Según esta posición ya oficial, la Generalitat solo quiere asumir las cuencas que «objetivamente» son intracomunitarias, lo que incluye los actuales sistemas de explotación del río Serpis y los de Marina Alta y Baja. Sin embargo, existen otros dos sistemas «mixtos» gestionados históricamente en la Confederación que son el Cenia-Maestrazgo, donde el Cenia sería intercomunitario y Maestrazgo intracomunitario; y el Vinalopó (intercomunitario)-Alacantí (intracomunitario).
Para el primer caso es posible una división de modo que el Maestrazgo sería competencia autonómica y el Cenia estatal. Sin embargo, la Generalitat no quiere saber nada del Alacantí-Vinalopó.
Finalmente, la tesis que ha triunfado en la Generalitat es la que persigue mantener una Demarcación Júcar fuerte gestionada por el Estado y con el mayor territorio posible y población perteneciente a la Comunitat Valenciana, mientras pretende que Castilla-La Mancha tenga menos peso geográfico y poblacional para evitar que asuma una posición mayoritaria en los órganos de gestión de la futura demarcación del Júcar, que sustituirá a la actual Confederación Hidrográfica del Júcar.
Respecto al Vinalopó, Castilla-La Mancha quiere que salga de la demarcación Júcar para convertir la transferencia en construcción en un verdadero trasvase en términos administrativos y exigir a continuación que se regule por una ley como la del Tajo-Segura.
En la actualidad, el trasvase Júcar-Vinalopó es solo una «transferencia» dentro de la misma gran cuenca hidrográfica-la el Júcar- y en la Generalitat se piensa que asumirlo como cuenca propia en el sistema Vinalopó-Alacantí, daría luz verde a Castilla-la Mancha para comenzar a cuestionar el «trasvase», como hace con el Tajo-Segura, y reclamando prioridad para los consumos en la Mancha en detrimento de los envíos al Vinalopó.
Además, podría intentar un traslado de la sede de la Confederación del Júcar a Albacete.
Mientras tanto, fuentes del ministerio de Medio Ambiente estiman que el «poder» de las autonomías en la gestión de las futuras demarcaciones hidrográficas no supera «un tercio» de la composición de los órganos de Gobierno, por lo que no acaban de ver «sentido» a las estrategias lanzadas desde Castilla-La Mancha y Valencia.
Territorio
En esta partida de ajedrez en la que Castilla-La Mancha quiere sacar no solo el Vinalopó sino incluso el Turia y la propia Albufera de la cuenca del Júcar y la Generalitat Valenciana juega justo a lo contrario: Desde el Gobierno valenciano se ha instado al Gobierno a que la junta castellano-manchega se quede para gestión propia con la cuenca endorreica de Pozohondo, una zona sin cauces definidos situada en medio de la llanura manchega y que actualmente está adscrita al Júcar. Son solo 256 kilómetros cuadrados, pero todo cuenta.
Probablemente, la delimitación de las demarcaciones tenga que resolverse finalmente en el Tribunal Supremo si no se alcanzan acuerdos durante la negociación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar.

La preocupación del sector por la subida de la luz es generalizada en toda España. Tanto es así que desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ya han anunciado su intención de realizar movilizaciones generalizadas en todo el país durante el próximo año.

¿El objetivo? Evitar que el Gobierno se «cruce de brazos» y exigirle que ponga en marcha con carácter urgente soluciones orientadas a facilitar la adaptación de los agricultores regantes a las nuevas tarifas eléctricas.

Desde Fenacore también lamentaron lo que consideraron «una falta de implicación» por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a la hora de buscar soluciones consensuadas a la subida de la factura eléctrica para regadío, tras la supresión en julio de las tarifas especiales y el anuncio de un nuevo incremento.

Lo advirtieron antes de que se produjese la modificación de las tarifas eléctricas. Casi medio año más tarde ya sufren de lleno sus consecuencias en forma de varapalo económico. Una situación que desde el sector ya auguran que les obligará a introducir significativos cambios en el mapa de cultivos de la provincia.

Y es que al aumento de la factura eléctrica se suman otros fuertes incrementos del resto de costes de producción, especialmente en el caso de los fertilizantes pero también de la semilla.

En clave económica

Circunstancias que obligan, tal y como reconoce el secretario de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO), Herminio Molina, a decidir lo que se sembrará no ya en base a la climatología o a otros condicionantes. Ahora, según explica, se cultiva en base al resultado de las muchas cuentas que deben realizar los agricultores para garantizar al menos que las pérdidas sean las menores posibles.

Consideraciones que también ratifican desde la Comunidad de Regantes Príncipe de España, que aglutina a unos 500 socios que cultivan unas 3.200 hectáreas en la zona de Los Llanos, y desde la Cooperativa Agrícola de Barrax (Coaba), integrada por unos 50 socios que tienen aproximadamente unas 2.000 hectáreas de secano y otras 2.000 de regadío.

El gerente de esta cooperativa, Alfonso Calderón, estima que la factura eléctrica ya ha aumentado un 40% desde el mes de julio, pese a lo que se dice desde las industrias eléctricas.

Una de las cuestiones que más ha perjudicado a los regantes, según señalan, es la eliminación de la discriminación horaria de la que podían beneficiarse con anterioridad. Hasta julio el sector agrario disponía de mejores condiciones económicas para regar los fines de semana. El problema es que ahora «con el nuevo sistema ya no hay discriminación horaria durante el fin de semana», matiza Calderón.

Estos y otros temas se pusieron sobre la mesa recientemente en una reunión que mantuvieron los agricultores adscritos a la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental con responsables de la compañía eléctrica Iberdrola. Un encuentro que lejos de abrir una puerta a la esperanza para el sector, frustró las expectativas de los regantes. En este sentido, el gerente de Coaba asegura que el encuentro no sirvió de nada y que la reforma del sistema eléctrico introducida en julio no ha supuesto una liberalización real del mercado, tal y como se apuntaba.

Propuestas

En el encuentro mantenido, la compañía eléctrica presentó varias propuestas a los regantes. Propuestas que, a juicio del administrador de la Comunidad de Regantes Príncipe de España, Santiago González, en la provincia de Albacete son difíciles de implantar. Es el caso del contrato de temporada que ofrece la eléctrica, así se pasa de contratar durante todo el año a un periodo de cinco meses consecutivos. Periodo en todo caso inalterable una vez que se ha suscrito el contrato, según apunta González.

El problema es que en la provincia es muy difícil circunscribir los cultivos que se desarrollan a ese periodo de cinco meses. Un aspecto en el que incide Calderón quien señala que esa medida sólo tiene sentido cuando se trata de zonas de monocultivo. Algo que no sucede en la provincia donde además es necesario llevar a cabo una rotación de cultivos.

Ante estas situaciones los regantes auguran un negro futuro para el sector, especialmente para las pequeñas explotaciones de la provincia. Asimismo insisten en que se impone un cambio del mapa de cultivos. Por ejemplo, desde Coaba advierten que cultivos como el maíz que centra gran parte de su producción podría verse mermado considerablemente.

También podría verse perjudicada seriamente la modernización de los sistemas de regadío en la que durante años se ha estado trabajando en la provincia. Con el cambio de las tarifas eléctricas el esfuerzo que se hizo para ir hacia sistemas que ahorren recursos hídricos se ha vuelto totalmente en contra de los agricultores albaceteños ya que, desde julio, regar a pie es mucho más barato que haciendo uso de sistemas modernos de gestión del regadío. Toda una paradoja.