El portavoz socialista de Agricultura, Alejandro Alonso, destacó hoy que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para paliar daños producidos por sequía, que será convalidado mañana, jueves, por el Pleno del Congreso de los Diputados, contempla más de 84 millones de euros en exenciones de tarifas de aguas.

   Según el portavoz socialista de Agricultura, el Real Decreto-Ley establece dos tipos de medidas: prorroga las adoptadas en años anteriores para la gestión de la sequía y establece otras ayudas nuevas a los titulares de uso de derechos de agua para riego que hayan tenido una dotación inferior al 50% de la normal, a la mancomunidad de los Canales de Taivilla para paliar el desequilibrio económico producido por la adquisición de derechos de uso de agua y al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel por los recursos aportados para paliar su difícil situación ecológica.

   Alonso subrayó que la prórroga de las medidas de gestión no necesitan dotación presupuestaria adicional, pero sí las segundas que suponen un ahorro por exención de tarifas de utilización de aguas públicas de 84,5 millones de euros. «En la Cuenca del Segura, el ahorro para los usuarios es de 51 millones y en la Cuenca del Guadalquivir, de 31 millones», detalló.

   El portavoz socialista de Agricultura calificó de «gran importancia» que el Real Decreto establezca «la declaración de utilidad pública y, por tanto, de urgente necesidad de ocupación de un listado de obras en todas las Cuencas Hidrográficas», y entre ellas destacó las del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Segura, informó el PSOE en nota de prensa.

Parece que el Congreso de los Diputados va a recoger el ‘guante’ que se ha lanzado desde Castilla-La Mancha para lograr un Pacto Nacional del Agua. Así se solicitó en una resolución unánime aprobada por las Cortes regionales en el pasado Debate sobre el Estado de la Región, y también lo reivindicó el presidente autonómico, José María Barreda, cuando subió a la tribuna el 14 de octubre en el debate de la toma en consideración en las Cortes generales del proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía.

El portavoz de los diputados nacionales socialistas, José Antonio Alonso, explicó ayer la intención de su Grupo de impulsar la creación de una Subcomisión que derive en un Pacto nacional que supere los criterios «partidistas» y las «diferencias territoriales» que ha suscitado esta cuestión en los últimos años. Este anuncio llega precisamente cuando el Estatuto castellano-manchego está en proceso de enmiendas en la Cámara Baja. Entre su articulado se recoge la caducidad del trasvase Tajo-Segura, algo que ha reabierto la ‘guerra del agua’.

Quizá para superar ese ‘escollo’, el Congreso de los Diputado comience a trabajar para lograr un Pacto nacional del Agua, un objetivo que contentaría a los representantes de Castilla-La Mancha. Así lo han manifestado anteriormente y siempre que garantice agua suficiente para la región tanto en cantidad como en calidad. Con estas palabras defendió Barreda esta vía en el Congreso: «Estaríamos de acuerdo en apoyar un Pacto de Estado que, dejando atrás polémicas sobre los planes anteriores, y sin que nos condicionaran, capaz de abordar la cuestión con vocación de encontrar soluciones globales desde las posibilidades que ofrecen el presente y el futuro».

El portavoz de los socialistas en el Congreso manifestó ayer que todavía se desconocen las fechas de cuándo podría empezar a funcionar este nuevo órgano, dado que todavía tiene que recabar la información del resto de formaciones politicas sobre la Subcomisión de Agua. Una vez creada, su misión será la de estudiar un modelo global y de Estado de gestión del agua. Uno de los objetivos ya lo expresó ayer José Antonio Alonso, que confía en alcanzar una solución «coherente» que evite enfrentamientos entre comunidades autónomas.

«una bendición». Mientras el Congreso de los Diputados abre nuevos foros para discutir la política hidrológica de España, la reforma del Estatuto de Autonomía sigue su proceso. El portavoz de los diputados socialistas, pero en este caso de las Cortes regionales, Santiago Moreno, expresó ayer que la nueva ampliación del plazo de enmiendas es una «bendición». En su opinión, lo «deseable» es que las enmiendas se presenten cuando los partidos políticos estén de acuerdo, de ahí que acepte como una ‘buena señal’ la prórroga. «De lo contrario, a lo que asistiremos es a una guerra de la que nadie saldrá beneficiado», alertó.

Moreno confía en que los Grupos parlamentarios alcancen un consenso para que el Estatuto salga como se aprobó en Castilla-La Mancha de la ‘criba’ del Congreso. También habló ayer de las reivindicaciones de la región para participar en los órganos de gestión de cuenca de los ríos. La propuesta es que cada comunidad tenga el peso que le corresponda en proporción con el ‘porcentaje’ de cauce que discurra por su territorio. El objetivo, «hacer de la gestión del agua una adecuación al Estado de las Autonomías».

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, anunció hoy que su Grupo pedirá la creación de una subcomisión que estudie el modelo de gestión del agua para evitar disputas «partidarias o territoriales».

Según explicó en rueda de prensa, el objetivo es consensuar un MODELO (XGMD.MCMODELO

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Última noticiaIU Ávila cree que el Guisasola «tiene en mente» el modelo sanitario de Esperanza Aguirre, lo que sería «desesperanzador» Ver más resumen  noticias  perfil  gráficos  histórico  )de gestión del agua que supere esas discusiones, «que existen de hecho» entre algunos territorios y formaciones políticas, y que recoja la cooperación de las comunidades autónomas en la gestión de las cuencas.

Los socialistas tienen intención de someter esa propuesta a los demás partidos, por lo que Alonso no quiso avanzar el plazo de tiempo en el que podría trabajar la subcomisión o el tipo de comparecencias que acogería.

La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó en rueda de prensa posterior que el PSOE no había contactado aún con ellos para exponer esa iniciativa. No avanzó si la respaldarán o no, aunque sí reiteró que su objetivo es «poner remedio» a los problemas relacionados con el agua.

Para la portavoz del PP, esa iniciativa del PSOE certifica «el desastre» de política de agua emprendida por el Gobierno en los últimos años, y comporta toda una «declaración de culpas».

Acusó a los socialistas de haber generado «un lío monumental» al suscitar enfrentamientos entre territorios sin haber resuelto las carencias de suministro de un bien esencial que debe ser distribuido de acuerdo con el principio de solidaridad.

La reserva de agua de los embalses de la cuenca del Júcar duplica «prácticamente» su capacidad respecto a las reservas contenidas dos años antes. En la actualidad, la capacidad de los embalses registra  un 24,2 por ciento, lo que supone un total de 810 hectómetros cúbicos (Hm3), mientras que hace dos años la cantidad de agua era de un 12,7 por ciento, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana.

   Según las citadas fuentes, son los mejores registros respecto al año pasado y la media de agua embalsada de los últimos cinco y 10 años, de manera que en la actualidad los embalses de la cuenca de este río disponen de un 0,1 por ciento más que hace una semana de reserva de agua (810 Hm3 frente a 808 Hm3), un 5,8 por ciento más que hace un año y un 11,5 por ciento más que hace dos años.

   Asimismo, estos embalses han registrado un 1,8 por ciento más que la media de los últimos cinco años y un 1,9 por ciento más que en los últimos 10 años. En concreto, hace un año los pantanos disponían de 617 Hm3 y ahora 810, es decir, 193 Hm3 más. La media de los últimos 10 años era de 726 Hm3, mientras que ahora son 810 más, es decir, 84 Hm3 más.

Algunas zonas de las cuencas hidrográficas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar siguen sufriendo los embates de la sequía y registran problemas para el suministro de agua, pese a las abundantes lluvias caídas en el país recientemente.

Los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino sitúan en el 43,9% el nivel medio de la reserva hídrica del país, con 23.843 hectómetros cúbicos (hm3) de agua embalsada.

Pese a que cuencas como las internas del País Vasco, la Norte III (País Vasco, excepto cuencas internas) y Norte II (Asturias y Cantabria) están al 81%, 74,6% y 68,1%, respectivamente, las del Segura, Júcar y la Mediterránea Andaluza alcanzan tan sólo el 17,3%, 24,1% y 27,3% de su capacidad.

Por esta razón, el pasado 24 de octubre entró en vigor un real decreto ley aprobado por el Gobierno para tratar de paliar los efectos de este cuarto año de sequía en determinados ámbitos de las cuencas hidrográficas del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar.

En la exposición de motivos, el texto señala que estas cuencas sufren «acusados problemas» para el suministro de agua, tanto para abastecimientos a poblaciones como para explotaciones agrícolas y ganaderas.

Durante el pasado año hidrológico, los niveles de los acuíferos subterráneos de las cuencas del Júcar y del Guadiana se han recuperado, principalmente a causa de una disminución en los bombeos, según reconoce el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM).

Así lo señala el propio Ministerio, en el denominado Informe de Coyuntura Ambiental, en el que se comparan los datos de las aguas superficiales y subterráneas que había en septiembre de 2008 con sus homólogos de septiembre de 2007, esto es, entre el inicio y el final del año hidrológico 2007-2008.

Los datos proceden tanto de las series históricas de los últimos 20 años, como de los registrados por una red de 375 piezómetros repartidos por toda la geografía española. En el capítulo, precisamente, de las evoluciones piezométricas, el Júcar tiene gran protagonismo, y además en sentido positivo. «Las diferencias entre septiembre de 2008 y septiembre de 2007 son negativas en el Norte, Guadalquivir y Cuenca Mediterránea Andaluza; prácticamente iguales en el Tajo y el Guadiana y positivas en el resto -señala el documento- destacando el Júcar y el Duero, con más de dos metros por encima, lo que se traduce en un volumen de reservas superior respecto del final del año hidrológico 2006-2007».

Los gráficos de evolución piezométrica señalan que, en el caso de la Cuenca del Júcar, llegó a haber subidas máximas mensuales en los acuíferos subterráneos de hasta 15 metros respecto al nivel que había en septiembre de 2007. Los máximos se alcanzaron entre marzo y mayo de 2008. El datos concuerda con las abundantes lluvias registradas durante la primavera pasada, cuando las precipitaciones superaron sus valores medios en Valencia, la mayor parte de Murcia y el sureste de Castilla la Mancha, entre otras zonas de la Península. Estas subidas fueron picos estacionales, porque la media de subida del nivel en los acuíferos de la demarcación fue más moderada, de cinco metros, respecto al inicio del año hidrológico 2007-2008. Se subraya que la diferencia porcentual de llenado, entre septiembre de 2007 y de 2008, es positiva sólo en dos cuencas, que son Duero y Júcar.

Las Corts Valencianes rechazaron hoy, con los votos del PP y la abstención del PSPV, una proposición no de ley de Compromís para declarar sobreexplotado el acuífero de la Mancha oriental y pedir al Consell que inste al Gobierno central a revertir la situación actual de los ríos de la cuenca del Júcar con la recuperación de caudales naturales para este río y la Albufera que actualmente se emplean en la zona para el cultivo de productos subvencionados por la PAC.

Los populares rechazaron la iniciativa al mostrarse la coalición en contra de una emnienda suya -que anunciaron que presentarán posteriormente como proposición no de ley- que incluía la exigencia de la recuperación del trasvase del Ebro mientras que los socialistas negaron que el acuífero esté sobreexplotado y cifraron en un 25 por ciento el descenso de las extracciones respecto a las realizadas bajo Gobierno del PP.

El portavoz adjunto de Compromís, Enric Morera, defendió que en materia hídrica «los valencianos no vamos bien», alertó de que la admisión a trámite en las Cortes Generales del Estatuto de Castilla La Mancha puede comportar la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 y aunque señaló que actualmente no hay una «urgencia» de agua, es necesario «prepararse para cuando la situación no sea buena».

Según agregó, la Comunitat está «mal preparada y posicionada y en situación de pérdida» en esta materia por lo que isntó a ofrecer a la opinión valenciana un «mensaje de unidad» y reivindicar el «agua que nos es negada». En este sentido, manifestó que el acuífero de la Mancha está sobreexplotado y que del Júcar, «de donde no hay no se puede sacar», una situación que afecta especialmente a Valencia, que bebe del río, y a las comarcas del Camp de Morverdre y de l´Horta Sud.

Por ello, instó a los grupos, a quienes reclamó «altura de miras», buscar un «punto de encuentro» para pedir, como «toque de aviso», a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que declare sobreexplotado el acuífero -señaló que en Castilla la Mancha hay 60 pozos ilegales que extraen agua sin autorización del organismo de cuenca- y subrayó que si no hay consenso en las Corts, los valencianos perderán «posiciones».

Por su parte, el diputado popular José Císcar reconoció que la proposición de Compromís hace referencia a un problema «real y grave» y consideró que ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la Confederación Hidrográfica del Júcar adoptan medidas suficientes para el uso sostenible del agua, situación agravada porque el PSOE suprimió el trasvase del Ebro que era «fundamental para abordar las necesidades de agua a largo plazo».

En esta línea, señaló que la Comunitat sufre un «perjuicio grave por la dejadez» del Gobierno central y agregó que la Generalitat debe cargar además con el peso de construir infraestructuras, depuración de aguas y la modernización de regadíos. Al respecto, indicó que si bien coinciden en la sustancial con Compromís, cree que su proposición se queda «corta» porque es necesaria una respuesta «más contundente» que contemple que las Corts exijan la recuperación del trasvase del Ebro.

Morera reprochó al parlamentario popular querer «dinamitar» el acuerdo con otros puntos sobre los que no hay consenso y consideró «hipócrita» la propuesta, lo que rechazó Ciscar, quien alegó que «qué problema hay» si la iniciativa tiene el «complemento del trasvase», que aseguró que no dejarán de «reivindicar» porque sostuvo a la Comunitat están «castigándonos» en esta materia con una alternativa, el Plan AGUA, que calificó «de borrajas». Según el diputado del PP, en materia hídrica no reclamar el trasvase es «firmar el acta de defunción» y ahí «no estarán» los populares.

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario socialista en las Corts, Francesc Signes, afirmó que el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana firmó en 1998 un pacto que hizo concesiones «excesivas» en relación con el acuífero, que supuso «restricciones» para los agricultores valencianos, pero consideró que actualmente no es cierta la premisa de que esté sobreexplotado ya que los informes de los puntos de muestra de la CHJ muestran una evolución «favorable» por la estabilización de las extracciones agrícolas.

Además, sostuvo que en el actual año hidrológico las extracciones han disminuido en 89 hectómetros cúbicos en relación con 2000 -de los que 80 corresponden a los años 2004-2008- y son 24 hectómetros menos que los contemplados en el «excesivo Plan de Cuenca».

Francesc Signes, diputado del PSPV, aseguró ayer desde la tribuna de las Cortes que el plan hidrológico de la cuenca del Júcar que entrará en vigor a mediados de 2009 incluirá «una reducción sustancial» del límite legal de extracciones autorizadas en el acuífero de La Manchuela, en la Mancha Oriental, que está fijado en la actualidad en 320 hectómetros cúbicos al año. Ese límite fue pactado por Eduardo Zaplana y José Bono cuando se elaboró el primer plan de cuenca, que entró en vigor en 1998.

Luna acusa a la Generalitat de invertir menos de lo que presupuesta

Enric Morera, diputado de Compromís, invitó a las Cortes a denunciar la sobreexplotación del acuífero en territorio manchego en detrimento de los regantes valencianos. «Hay más de 600 pozos ilegales para regar 100.000 hectáreas de secano y solo porque los cultivos están subvencionados por la Unión Europea», denunció Morera.

José Císcar, del PP, subrayó la sobreexplotación del acuífero pero insistió en incorporar una reivindicación del trasvase del Ebro para apoyar la iniciativa del secretario general del Bloc.

Signes llamó al orden a ambos. El socialista señaló que «legalmente» el acuífero no está sobreexplotado porque en el último año hidrológico se extrajeron 296 hectómetros cúbicos, según datos obtenidos por la Confederación Hidrográfica del Júcar a través de unos sensores instalados en el acuífero desde 2004. Signes recordó que el Consell es uno de los muchos implicados en las negociaciones del plan de cuenca y sugirió que la Generalitat debería ejercer presión para forzar aún más ese «recorte sustancial».

José Ramón García Antón, consejero de Agua, abandonó el hemiciclo cuando arrancaba el debate. A la postre, el PP rechazó condenar la sobreexplotación del acuífero y los socialistas se abstuvieron.

El Consell, que preside Francisco Camps, suprimirá el céntimo sanitario con el que grava los combustibles cuando el Gobierno revise el sistema de financiación autonómica. Así lo aseguró ayer el consejero de Economía, Gerardo Camps, en la sesión de control al Consell celebrada en las Cortes Valencianas, en respuesta a las preguntas de Compromís.

Los diputados de Compromís pel País Valencià, con su portavoz, Mònica Oltra, a la cabeza, quisieron poner en evidencia la política fiscal del Consell que preside Camps en un momento de crisis económica. Para ello, Oltra acusó a Camps de olvidarse del notable incremento del paro, del alto fracaso escolar y de la baja calidad de la sanidad valenciana y afirmó que la nueva deducción para paliar la subida de tipos de interés en las hipotecas se traducirá en una desgravación en el tramo autonómico del IRPF de 95 euros, o lo que es lo mismo una ayuda de 7,5 euros al mes. «Los 7,5 euros al mes son más ridículos que los 400 de Zapatero», sentenció.

Camps defendió su política fiscal porque la menor presión genera más ingresos y combatió la imagen de los 7,5 euros mensuales con grandes cifras. El jefe del Consell indicó que la deducción para paliar el coste de las hipotecas supondrá ingresar 50 millones de euros menos en la Generalitat, cuyas deducciones fiscales se cifran en cerca de 2.000 millones de euros «para las clases medias y bajas». Luego intervino el vicepresidente económico, Gerardo Camps, para combatir de nuevo la cifra de los 7,5 euros al mes con ejemplos y explicó que para un joven soltero, una pareja de 30 años o un matrimonio con dos hijos la deducción superará los 275 euros al año, «una cantidad más que razonable».

El portavoz socialista, Ángel Luna, también interpeló a Camps a cuenta de la crisis y le reprochó que desde que logró la presidencia de la Generalitat las inversiones han crecido porcentualmente menos que los presupuestos. Y que la ejecución de las inversiones presupuestadas nunca se ha cumplido del todo.

Luna también acusó a Camps de hacer programaciones plurianuales que nunca se cumplen y que siempre se trasladan de un año para el siguiente. «Está descapitalizando la sociedad valenciana, para usted la ilusión es más importante e igual le sirve que venga James Bond a rescatarnos al módico precio público de 100.000 euros por dos horas de presencia, pero a los ciudadanos normales no les va a rescatar de nada», sentenció Luna.

El presidente de la Generalitat recurrió a compararse con la época socialista de hace 13 años para argumentar que las inversiones se habían incrementado en un 139%. Camps acusó a Luna de quitar de sus datos un 40% de las inversiones realizadas en depuradoras, colegios y ferrocarriles -extremo que Luna negó con vehemencia-, de estar en contra de la mejora de los salarios de los funcionarios y de formar parte de un partido que, en su opinión, castiga a la Comunidad Valenciana en los presupuestos generales del Estado para 2009.

Les Corts Valencianes rechazaron ayer, con los votos en contra del PP y la abstención del PSPV-PSOE, una proposición no de ley de Compromís pel País Valencià, en la que se proponía instar a la Confederación Hidrográfica del Júcar a declarar sobreexplotado el acuífero de la Mancha oriental.

Los populares rechazaron apoyar esta iniciativa después de que Compromís no aceptara el último punto de la enmienda transaccional que habían presentado, y en el que se exigía la recuperación del trasvase del Ebro, mientras que los socialistas negaron que este acuífero se encuentre sobreexplotado.

El portavoz adjunto de Compromís Enric Morera afirmó que estaba dispuesto a aceptar la primera parte de la enmienda popular, en la que se instaba al Gobierno central a revertir la situación de sobreexplotación y a revisar las asignaciones para riego, pero aclaró que no haría lo mismo con el trasvase del Ebro.

Advirtió de que se está poniendo en juego el que la ciudad de Valencia y las comarcas del Camp de Morvedre y l’Horta Sud, «puedan beber agua limpia del Júcar», ya que «se está mermando la capacidad del río por la existencia de pozos ilegales que no se cierran» y porque las asignaciones de caudales que se hicieron en el plan de cuenca «no respondían a la realidad».